Página 524 – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

ESTAMOS DE LUTO

Publicada el 31/03/2006 | por | Dejar un comentario

Nuestra organización sindical, durante cinco años de denuncia sistemática, ha puntualizado las irregularidades que contiene el proceso de concesión de Puerto Caldera:

1- Inicio. El hoy cuestionado Expresidente de la República, Miguel Angel Rodríguez Echeverría, pactó con dos organizaciones sindicales la compra de conciencia de los trabajadores para que no se opusieran a la entrega del puerto a manos privadas y renunciaran a defender su derecho fundamental al trabajo.

2- La emisión del reglamento que regularía el proceso, casi un año después de haberse publicado las licitaciones y cuando ya se conocían las ofertas. ¿Un traje hecho a la medida?.

3- Más de 100 modificaciones sustanciales a los carteles de licitación por la vía contractual (incluyendo los dos adendum presentados a última hora).

4- Las presiones de 41 diputados y diputadas a la Subcontralora para que hiciera una aplicación “proactiva” del derecho; sea, para que refrendara los contratos. ¿Funcionó?.

5- Las manifestaciones públicas del Presidente Ejecutivo del INCOP, jactándose de negociaciones extraoficiales con los personeros de la Contraloría, que a lo postre pudieron terminar en dos adendum modificando cláusulas.

6- El incumplimiento por parte del concesionario, de requisitos legales previos, como el estudio de viabilidad ambiental y la aprobación de la estructura tarifaria.

7- El hecho de que el monto inicial pagado por los concesionarios sea insuficiente para cubrir la indemnización prometida a los trabajadores. Seremos los y las costarricenses quienes terminaremos pagando para que empresas privadas se hagan de un jugoso negocio.

Ante esas denuncias, la institucionalidad costarricense ha prestado oídos sordos.

El Presidente de la República ha procedido a acusar recibo y ha guardado un silencio cómplice, que ha permitido que las autoridades del INCOP y del MOPT continuaran con un proceso vergonzoso que culminará con el aumento de la exclusión y la pobreza en la provincia de Puntarenas.

La Asamblea Legislativa, con algunas distinguidas excepciones (como los diputados José Miguel Corrales Bolaños y Humberto Arce Salas, así como los y las de la fracción legislativa del Partido Acción Ciudadana), lejos de cumplir con su deber de control político y conociendo de un informe rendido por la Diputada Joyce Zurcher Blen, desnudando los vicios del proceso; le pide a la Subcontralora General de la República que apruebe el contrato, porque no hay otra opción a corto plazo para resolver el “colapso” en el que ha caído el puerto. Se “olvidó” que ese colapso, precisamente, ha sido provocado por los políticos-empresarios y empresarios políticos de los partidos que han controlado el PLUSC bajo el esquema ideológico neoliberal.

Por su parte, la Contraloría General de la República, mediante Resolución DCA-0733 del 27 de marzo de 2006, a través de la Subcontralora General, Marta Acosta Zúñiga y del señor Manuel Corrales Umaña, han otorgado refrendo a un contrato que mantiene, en lo sustancial, los vicios de las dos versiones anteriores que fueron rechazadas.

La única esperanza que nos queda para resguardar la alicaída y violada institucionalidad de este país, es el Ministerio Público. Confiamos en que la Fiscalía General de la República proceda conforme a derecho, con las denuncias penales que hemos presentado a raíz de las barbaridades que han ocurrido en este proceso.

No podemos dejar pasar por alto, el papel de alguna prensa nacional que responde a los intereses de aquellos que solo piensan en desmantelar y hacer negocio con las instituciones públicas.

Por ejemplo, el periódico La Nación, gran enemigo de las Convenciones Colectivas de Trabajo, anuncia con bombos y platillos, que los 1.000 empleados del INCOP recibirán indemnizaciones por el orden de los 30 millones de dólares (más de 15 mil millones de colones). Por lo visto tratándose, de proteger un negocio, la Convención Colectiva del INCOP es “buena”, cae al pelo y, por tanto, La Nación la ve como “amiga”.

CALDERA: Otro RITEVE y otra ALTERRA. Ante el refrendo al Contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos de la Terminal de Puerto Caldera, nuestra organización sindical se pregunta ¿A dónde acudir en un país en donde los mecanismos institucionales resultan inútiles para hacer respetar el “Estado de Derecho y proteger el interés público” Impotencia, desilusión, frustración, indignación”. Tenemos razón para estar de luto.

Anhelamos, sinceramente, en lo más profundo de nuestro corazón, que el día de mañana a ninguno de esos políticos-empresarios, empresarios-políticos con gran influencia en la institucionalidad vigente; se les ocurra plantear que la Contraloría General de la República “colapsó” y que, por tanto, hay que “darla” en concesión.

Finalmente, muy pronto, muchas familias costarricenses, de esas que ya están en la dolorosa pobreza ó en gran riesgo de caer en ella (muchas encabezadas por mujeres solas); probablemente no entenderán la razón por la cual tendrán que pagar más caro el pan, las galletas y los macarrones (de los pocos artículos alimenticios que se pueden comprar con presupuestos familiares sensiblemente modestos). Seguramente ni se imaginarán que el negocio de la privatización de Caldera se los están cobrando a ellas por esta vía.

San José, 30 de marzo de 2006.

¡Herida de muerte, la patria llora!

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados – ANEP

Contraloría le guiña un ojo al entrante Gobierno

Publicada el 29/03/2006 | por | Dejar un comentario

Después de cinco años de oposición por parte de nuestra organización sindical (una oposición con gran solidez profesional y con un amplio criterio político), la Contraloría General de la República otorga el refrendo a uno de los negocios más leoninos de la historia de nuestro país: el Contrato de Concesión de Gestión de Servicios Públicos de Puerto Caldera.

Hoy denunciamos que el contrato refrendado por la Subcontralora General de la República, mediante oficio DCA-0733 del 27 de marzo de 2006, mantiene los mismos vicios que provocaron su rechazo las dos ocasiones anteriores.

Asimismo, expresamos el amargo sabor que nos causa el hecho de que una vez que ingresó el contrato para refrendo, la Administración del INCOP, que públicamente hizo alarde de que mantenía conversaciones extraoficiales con la Contraloría acerca del contrato, presentó dos adendum corrigiendo varias cláusulas.

En términos generales, el contrato mantiene las siguientes irregularidades:

INEXISTENCIA DE LEY MARCO: De acuerdo al Artículo 121 de la Constitución Política, los muelles son bienes que cuentan con una afectación especial y que requieren de una ley marco para ser otorgados en concesión.

En virtud de que la Ley de Concesión de Obra Pública prohíbe expresamente otorgar en concesión las instalaciones portuarias existentes, la Administración del INCOP, incurriendo a nuestro criterio en fraude de ley, optó por la figura de la concesión de gestión de servicios públicos de los artículos 74 y 75 de la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, estos artículos delimitan en términos amplios los alcances de la concesión de servicios, es decir, constituyen un tipo abierto que debe ser definido reglamentariamente.

En este caso, el Reglamento para los Contratos de Concesión de Gestión de Servicios Públicos Portuarios fue publicado en la Gaceta No. 10 del 15 de enero de 2002, pese a que el proceso licitatorio había iniciado un año antes, con la publicación de los carteles de licitación, en La Gaceta No. 68 del 5 de abril de 2001.

A nuestro criterio, este es uno de los pecados originales de este proceso, y el hecho de que la Contraloría General de la República haya otorgado el visto bueno aplicando este Decreto, podría constituir delito de prevaricato.

MODIFICACIONES AL CARTEL: Este contrato se aparta del cartel en cuestiones esenciales, lo cual lesiona los principios constitucionales de contratación administrativa y otorga ventajas desproporcionadas al adjudicatario.

Se amplió los bienes de la concesión al incluir el edificio administrativo, se amplió el objeto de la concesión porque se contempla dentro de este todos los servicios relacionados con las escalas comerciales realizadas por todo tipo de embarcaciones que soliciten atraque en Puerto Caldera; se incluye la atención a la carga atunera y a los cruceros, cuyas licitaciones habían sido declaradas desiertas.

ASPECTOS DE ÍNDOLE TARIFARIO: Las lesiones a las competencias de la ARESEP que contiene el contrato, no se originaron en el mismo, sino que son vicios que arrastra desde el cartel de licitación. En razón de la anterior, pretender corregir esta situación a estas alturas del proceso, sería absolutamente ilegal, puesto que constituye una lesión a los principios constitucionales de contratación administrativa.

Por último consideramos oportuno indicar que nuestra organización sindical, ha presentado dos denuncias penales ante la Fiscalía General de la República: una por tráfico de influencias y otra por fraude de ley. Consideramos que la única esperanza que nos queda para resguardar la institucionalidad es el Ministerio Público.

ASPECTOS SOCIALES: Serán graves las consecuencias para el costo de la vida, sobre en los sectores populares, pues habrá un encarecimiento de costos de los servicios portuarios de Caldera, a partir de la lógica de lucro y de recuperación de la inversión que reclamará el concesionario; encareciéndose, por ejemplo, el costo del pan, de las galletas, de los macarrones y otras harinas, cuyo grano de elaboración básica entra por este muelle.

Finalmente, en ANEP interpretamos que esta decisión del órgano contralor, debe interpretarse como una especie de guiño que la Contraloría General de la República le hace al nuevo gobierno, en esta delicada y polémica materia de concesión privada de servicios públicos, de que el camino marcado en tal sentido, no será variado. Esto, por supuesto, lo decimos con el mayor respeto que nos merece el ente contralor del país.

San José, 29 de marzo de 2006.

¿Qué se renegociaría?

Publicada el 28/03/2006 | por | Dejar un comentario

Ottón insiste en renegociar el TLC. Arias se niega en redondo. Comprensible. Ya sabemos que para ser un águila imperial –y no un vulgar zopilote– hay que pensar como el imperio. Pero también es cierto que las aves no son los especimenes más inteligentes del reino animal y que cuando descubrió la relatividad, Einstein era un simple caracol que trabajaba en una oficinilla insignificante. O sea, los del pueblo somos plebeyos pero no tontos. Pensemos un poco, pues, ¿qué significa “renegociar” el TLC?

Sin pretender ser exhaustivo, propongo un listado preliminar de asuntos que, inexcusablemente, deberían ser objeto de re-negociación:

1- La apertura y el estado de indefensión a que se condena la actividad agropecuaria de producción de alimentos, en virtud de lo cual se crean condiciones de ruina segura para el arroz, la carne de cerdo, la vacuna y la de pollo, el aceite, los lácteos y diversas legumbres y verduras, entre otros.

2- Revisión del capítulo de compras del sector público, a fin de preservar flexibilidad para su utilización selectiva como instrumento de promoción del desarrollo y de apoyo al cumplimiento de objetivos de equidad y protección ambiental.

3- Replanteamiento en profundidad de las abusivas condiciones de privilegio impuestas a favor de la inversión extranjera, de modo que el país* a)* conserve capacidad para regular los flujos de capital especulativo, cuyos efectos desestabilizantes han sido ampliamente comprobados; b) conserve intacta su capacidad soberana para negociar con la inversión extranjera en procura del cumplimiento de ciertas condiciones básicas propicias al desarrollo, tales como la transferencia de tecnología, la generación de empleo y el desarrollo de encadenamientos productivos; c) regular los mercados de servicios, de acuerdo con los requerimientos de nuestro desarrollo y la construcción de una sociedad democrática y equitativa; d) mantener la plena vigencia del régimen jurídico, inclusive para las empresas estadounidenses y no tan solo para los ciudadanos costarricenses.

4- En particular, y relacionado con el punto d) anterior, despojar a los inversores extranjeros del formidable y absolutamente desproporcionado instrumento de presión que les concede el “régimen inversionista-estado”, en virtud del cual –y toda vez que se sientan perjudicados en sus intereses pecuniarios– pueden demandar al Estado costarricense en tribunales de arbitraje internacional, cuyo estatuto es privado y cuyo funcionamiento no responde a ningún cuerpo legal conocido ni confiable. Esto debe incluir necesariamente la explícita eliminación de la peligrosísima e incierta noción de “expropiación indirecta” que el TLC incorpora.

5- Eliminar del tratado cualquier referencia a la eufemísticamente llamada “apertura” de las telecomunicaciones y los seguros. Estos asuntos deben ser resueltos en el marco de un amplio, equitativo y pluralista debate nacional, y en los plazos y de la forma que la ciudadanía costarricense considere necesarios y deseables.

6- Igual procedimiento debe observarse en relación con el convenio UPOV, al cual el TLC obliga compulsivamente a adherirnos. Este es un instrumento que tiene graves implicaciones desde el punto de vista de la apropiación privada de la propia vida. Esto es inaceptable por razones éticas, humanitarias y ambientales, pero también desde una perspectiva económica más pragmática, en cuanto facilita que el capital extranjero usufructúe de nuestra riquísima biodiversidad. En cambio, debe quedar plenamente reconocido el control soberano sobre toda nuestra riqueza natural.

7- Deben redefinirse las obligaciones en materia de patentes. En particular, deben suprimirse las triquiñuelas que buscan ampliar sus plazos de vigencia, y suprimirse el alargamiento –hasta por 10 años– de la protección sobre los datos de prueba, ya que esto limitaría gravemente el acceso a medicinas genéricas. En general, el país debe replantearse en profundidad sus opciones políticas en materia de propiedad intelectual, en el convencimiento de que las normativas que están siendo impuestas –inclusive aquellas, relativamente más laxas, contenidas en los acuerdos de la OMC– son tan solo barreras de acceso al conocimiento, que frenan el desarrollo de los países pobres y consolidan el control monopólico por parte de las gigantescas corporaciones trasnacionales.

8- Debe quedar absolutamente clara –y no sujeta a interpretaciones ambiguas e inciertas– la potestad nacional para regular los servicios públicos, en particular los de salud y educación. Igualmente debe afirmarse con total nitidez nuestro derecho sobre el agua y, por lo tanto, nuestra potestad para regular su uso y explotación. En cada uno de estos aspectos el TLC levanta graves amenazas en virtud de la opacidad de sus estipulaciones.

9- En materia laboral y ambiental el TLC es, en el mejor de los casos, ambiguo y omiso. En cambio, debe confirmarse con nitidez la responsabilidad del Estado en relación con la protección de los derechos de las clases trabajadoras y el medio ambiente.

10- En general, ha de quedar claramente establecida –sin margen alguno de duda– la superioridad de los derechos humanos, la democracia, la justicia social, la soberanía y el ambiente por sobre la ideología de libertad de comercio e inversión. Ésta última es el dogma que define la lógica fundamental del tratado. Las imprecisiones que en éste pululan, facilitarían que esa liturgia llegue a gobernar su aplicación práctica.

Agrego tres preguntas: a la vista de esta “listita” parcial ¿qué quedaría del TLC? Entonces, y más que de “renegociación”, ¿no sería mejor hablar de nuevas formas de negociar y relacionarnos con Estados Unidos? Por lo tanto, y más allá de águilas al servicio del imperio, ¿no estamos hablando de una revolución democrática y civilista que restablezca nuestro derecho a decidir sobre nuestra propia vida?

Qué hacer en el Ministerio de Salud

Publicada el 28/03/2006 | por | Dejar un comentario

Sobre esta necesidad, nuestro sindicato ya está haciendo circular un documento, cuyo objetivo es ponerlo a discusión entre los actores sociales involucrados en el tema, para luego hacer un diagnóstico que nos permita el análisis que, posteriormente, nos lleve a formular el reclamo correspondiente a las autoridades, sobre el ministerio que necesita nuestra sociedad en los actuales momentos que estamos viviendo y los por venir; que no parecen hada halagüeños para el común de la sociedad y la generalidad del pueblo costarricense.

Paralelamente, estamos analizando algunas otras dificultades que afectan la normalidad del desempeño de las labores, deteriorando la calidad y la eficiencia del servicio de salud que requiere nuestro pueblo; pretendiendo que antes que termine la presente administración queden, si no completamente resueltas, debidamente planteadas, en beneficio de todos y de todas. Veamos:

1- TRANSFORMACIÓN DEL VIÁTICO FIJO

2- RECONOCIMIENTO POR RECARGO DE FUNCIONES

3- RIESGO DE PELIGROSIDAD

4- VERTICALIDAD DEL PROGRAMA DE NUTRICIÓN

5- PRESUPUESTO PARA EL SECTOR SALUD

Pareciera que estos son los más inmediatos retos que debemos atender, antes que lleguen los nuevos inquilinos al Ministerio de Salud.

Si usted concuerda con nosotros y considera que los temas se deben tratar cuanto antes, anótese para que colabore en la estrategia a seguir y espere nuestro llamado. Antes de un mes le convocaremos para los primeros talleres de análisis discusión y de propuestas.

Inscríbase con nuestro promotor para que nos ayude a salvar el sector salud y dignificar, cada día más, nuestro trabajo Si no ha sido visitado por nuestro promotor y desea colaborar, solamente llámenos y solicite la inscripción, pronto le estaremos convocando.

LA SALUD ES UN DERECHO UNIVERSAL
EXIGIR UNA ATENCIÓN DE ÓPTIMA CALIDAD,
ES NUESTRA OBLIGACIÓN

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS
ANEP

Ahora la palabra la tiene el Sr. Presidente Electo:
Son los grandes ricos los que deben tributar

Publicada el 27/03/2006 | por | Dejar un comentario

01- Con suma complacencia hemos recibido la noticia de que la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, rechazó el paquete tributario aprobado recientemente por la Asamblea Legislativa, al detectar graves vicios en el procedimiento del trámite parlamentario.

02- Hablamos con complacencia toda vez que esta organización sindical, junto a otros sectores sociales y productivos, participó durante un año, de forma seria y responsable, en la Comisión Especial Mixta Legislativa del Pacto Fiscal que tramitó al principio un proyecto que fuera equilibrado en cuanto a equidad y a justicia tributaria.

03- Además, la representación de la ANEP en esa comisión renunció, desde la primera sesión, a recibir un solo centavo por pago de dietas; ejemplo éste que fue seguido por las otras entidades sociales y productivas que se integraron en la indicada comisión.

04- En el seno de esa comisión, ANEP dio importantes aportes con el objeto de cambiar en algo, la injusta estructura tributaria que impera en nuestro país. Lo logramos. Y de esa comisión salió un proyecto con dictamen de mayoría, que recogía nuestros objetivos de introducir importantes disposiciones de equidad y de justicia tributaria.

05- No obstante, los políticos tradicionales pertenecientes al grupo “PLUSC”, con la adhesión de los libertarios, no conformes con los contenidos de ese plan fiscal original (puesto que gravaba los intereses de los grandes ricos y además indicaba con toda claridad, cómo y dónde deberían invertirse esos recursos); se confabularon el 1º de mayo del 2003 y tomaron la decisión de expulsar a los sectores sociales y productivos del seno de la mencionada comisión.

06- A partir de ese momento y conforme al pacto de marras (pese a que el proyecto conservó aspectos fundamentales relacionados con el gasto público, la inversión social, la evaluación y rendición de cuentas); transformaron el plan fiscal en su parte tributaria, en un paquete de impuestos para los pobres, destinando los recursos que a éstos les sacarían por tal razón, para pagar la deuda del Banco Central; fortaleciendo así el ya de por sí lucrativo negocio de la deuda interna.

07- Eso llevó a que nuestra organización retirara el apoyo a dicho plan fiscal, pues los propósitos del mismo habían sido prostituidos por el pacto politiquero antes mencionado. Por eso y sobre todo, la resolución judicial que determina como inconstitucional su trámite, nos parece una oportunidad para retomar el cauce perdido.

08- Además consideramos que tal resolución le abre una puerta de fundamental importancia, al Presidente Electo, señor Oscar Arias Sánchez, para que cumpla con las promesas de campaña (recordemos que su apretado triunfo fue por los votos de los más pobres de las provincias marginadas de Limón, Puntarenas y Guanacaste, agobiadas por un mayor deterioro social), impulsando el mismo 8 de mayo, un paquete tributario de carácter progresivo, que lleve recursos sanos al Estado.

09- Este paquete tributario progresivo, que desde nuestra organización estaremos dispuestos a apoyar, deberá ser para obligar a los grandes ricos a tributar en cuanto tales; o sea, para que los políticos-empresarios y empresarios- políticos, que se han granjeado millonarias riquezas al amparo de las políticas neoliberales, paguen lo debido, sin escapatoria alguna.

10- No obstante, el Presidente Electo a quien adversamos fuertemente por su posición favorable al tipo de TLC que nos quieren imponer, tendrá el decidido apoyo de la ANEP si quiere promover un paquete tributario para gravar a los casinos, la banca offshore, el capital financiero, los grandes exportadores, las casas de apuestas, los vehículos de lujo y los megaproyectos turísticos, por ejemplo.

11- Será bueno para la democracia, por ejemplo, que el capital financiero, la banca privada, esa que obtuvo ganancias netas el pasado año 2005, por 57 mil millones de colones, ponga algo para la equidad y la justicia tributaria

12- También, el Sr. Presidente Electo puede poner a pagar a otro grupo que ha ganado inmensas fortunas con el modelo neoliberal, nos referimos al sector exportador. Según cifras oficiales, este sector tuvo ingresos por los 6,800 millones de dólares, unos tres billones de colones. No podemos aceptar, en tal sentido, el planteamiento del nuevo mandatario en cuanto a impulsar rebajas en el impuesto de la renta, con el pretexto de atraer inversiones, sin tener claridad de cuál será su repercusión para un desarrollo social incluyente.

13- En la misma línea, los empresarios-políticos y políticos-empresarios del negocio del turismo, deben tributar conforme a sus gigantescas rentas. Sabemos que en el año pasado los empresarios turísticos tuvieron ingresos por la suma de 1,800 millones de dólares; sea, más de 900 mil millones de colones.

14- Como es de notar, este país está nadando en dólares. El Sr. Presidente Electo, Oscar Arias Sánchez, tiene una oportunidad de oro para, no más entrando a ejercer el Gobierno de la República, aproveche esta oportunidad y elabore un paquete tributario profundamente progresivo, que grave a los pocos que nadan en dólares.

15- Finalmente, hacemos un reconocimiento a la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, por posibilitarle al país la oportunidad de reformar el injusto sistema tributario que tiene en la miseria a los pobres y a la clase media al borde del colapso financiero.

San José, 27 de marzo de 2006.

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL DE LA ANEP

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Los diez Mandamientos y el TLC

Publicada el 21/03/2006 | por | Dejar un comentario

Todo, absolutamente todo, deberá someterse al TLC, incluso la Ley de Dios, pues en palabras del Presidente electo, Sr. Oscar Arias Sánchez, “Es más fácil modificar los diez mandamientos que modificar el TLC…” Que todos y todas tomemos nota. Que lo expresado no pase indiferente.

Lo dijo en las propias narices de los representantes de Dios, aquí en la tierra costarricense, minutos después de haberse reunido con cuatro obispos de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR).

Estas palabras expresadas por el señor Presidente electo, no son gratuitas. Bien pueden ser entendidas como una blasfemia desde el punto de vista cristiano y doctrinal, por quienes crecimos al amparo de la religión católica.

Ciertamente y el propio señor Presidente electo lo sabe (y por eso lo expresa con tal contundencia), el TLC no solamente somete nuestra legislación nacional a sus mandatos; sino que, expresamente, en su texto se anota con toda puntualidad, que toda aquella ley que se le anteponga o contraponga quedará derogada.

Esto quiere decir que de ratificarse ese TLC, al país no podrá dictar ley alguna que se le anteponga, por más justa, cristiana, urgente y necesaria que esta resulte. La ley superior será este TLC, pase lo que pase. Por eso hemos indicado que ese TLC es anticristiano y antihumano.

El país quedará sometido a una ley sempiterna, de tal suerte que según el lenguaje del señor Presidente Electo, es más fácil cambiar la ley de Dios que la ley del TLC.

Sea, el TLC, prácticamente, llegará a someter la ley que Dios, Nuestro Señor, le dictó a Moisés en el Monte Sinaí. A esta blasfemia se atreven llegar los defensores del “capitalismo salvaje”, así llamados por su Santidad Juan Pablo Segundo, que hoy goza de la Gloria de Dios.

Que las palabras dichas por el señor Presidente Electo, nos llamen a las más profunda reflexión sobre lo que implica para nuestro país la ratificación de este TLC.

Hoy nos quieren obligar por medio de este TLC, a cambiar nuestra institucionalidad democrática. Mañana, por lo visto y escuchado, también nos dirán a los que somos creyentes que “los Diez Mandamientos dictados por Dios a Moisés”, se contraponen al nuevo dios, al dios mercado, representado jurídicamente en ese TLC.

Por tanto, solamente faltará que nos digan que llegó la hora de cambiar las leyes de Dios, puesto que según el Presidente electo es más fácil cambiar las leyes sagradas que lo escrito en ese TLC.

Más claro que el señor Presidente electo, nadie se había atrevido a decirlo. Aunque repudiamos su dicho y estamos dispuestos a realizar todos nuestros esfuerzos para oponernos a los designios de ese “nuevo” dios, sinceramente, lo felicitamos por su valentía, reconocer que es más fácil cambiar la ley de Dios que este TLC.

Por dicha que este instrumento maligno, mal llamado de libre comercio, aún no ha sido ratificado por nuestro país. Que Dios, Nuestro Señor, ilumine a nuestros diputados y diputadas, salientes y entrantes, para que no den sus votos a este tratado; y a nosotros, la ciudadanía, desde nuestras humildes posibilidades, coraje y dignidad para resistir hasta las últimas consecuencias a este enviado de Lucifer: el TLC.

Nuestro respetado compañero de labores, Edgar Quesada Morales, Secretario General Adjunto, concibió el presente artículo, cuyo contenido hacemos nuestro íntegramente.

¡¡Solidaridad con el pueblo ecuatoriano!!

Publicada el 21/03/2006 | por | Dejar un comentario

San José, 21 de marzo del 2006.
S.G 05-07-0451-06
URGENTE!

Doctor
Alfredo Palacios González
Presidente
República del Ecuador
Su Despacho

Señor Presidente:

Hemos sido informados por los medios de prensa internacional, sobre la forma brutal en que se ha ejercido la represión, de parte de su Gobierno, contra los movimientos indígenas y populares que se oponen a la firma de un TLC, entre su país y el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América.

La firma o no de un tratado comercial, entendemos y respetamos, es de ámbito exclusivo y soberano de los pueblos y gobiernos de cada país.

No obstante, como seres humanos, jamás podremos tolerar y mucho menos callar ante la represión, en razón de defender un modelo económico antihumano y anticristiano, como lo es el modelo neoliberal; modelo que se nos quiere imponer a toda Latinoamérica por medio de la firma de los mal llamados tratados de libre comercio.

Quizá señor Presidente, usted tenga una noción de nuestro país, Costa Rica, y entonces entenderá porqué nos hemos opuesto y resistido con todas nuestras fuerzas a la firma de un tratado de libre comercio con el poderoso país del norte.

Para que lo sepa señor Presidente de la hermana República de Ecuador, el TLC que a nosotros, en Costa Rica, nos están exigiendo ratificar, termina con nuestra institucionalidad, nos obliga a privatizar nuestras más rentables empresas públicas, termina con lo que nos queda de agricultura, pone en jaque nuestro sistema de Seguridad Social (el más avanzado, después de Cuba, en todo el continente); y, desde luego, pone en entredicho los derechos de los de por si ya excluidos sectores indígenas nacionales.

Tal vez, no sea de su incumbencia pero debe de saber que aquí, en Costa Rica y en toda Centroamérica, al igual que en el país que usted representa, hay un movimiento social, e indígena, compuesto por distintos sectores productivos, sindicales, estudiantiles, campesinos, cooperativos, de mujeres, ecologistas, intelectuales, políticos, que nos resistimos a estas políticas antihumanas representados en esos TLC’s.

Debe de saberlo, Sr. Presidente de Ecuador, que el dolor de los hermanos y hermanas que están siendo brutalmente reprimidas por su Gobierno, es también nuestro dolor.

Los pueblos tenemos derecho a ser escuchados, considerados, tomados en cuenta. No más modelos económicos, construidos sobre la miseria de nuestros pueblos.

Respetuosamente, le pedimos, cese la represión contra el pueblo de Ecuador.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Coordinador PSCC-Costa Rica

c.: Sindicatos, Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC).
c.: Sindicatos PSCC-Costa Rica
c.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
c.: Archivo.

La Libertad Sindical: Un Derecho Humano Fundamental

Publicada el 19/03/2006 | por | Dejar un comentario

INTRODUCCIÓN

En este trabajo se aborda el problema de la libertad de organización sindical en el país. Dadas las crecientes denuncias sobre irrespeto a la libertad sindical en el país, se ha buscado información que refutara o comprobara las preocupaciones planteadas por sectores de la dirigencia sindical de nuestro país.

Los problemas que se han denunciado han sido tanto en el sector público como en el privado, pero se sabe que el ámbito donde ha habido más problemas es en el privado.

El orden de exposición del trabajo es el siguiente:

1. En el primer capítulo, elaborado por Mario A. Blanco Vado, se fundamenta que Costa Rica es un estado de derecho, y por ende, el derecho de libertad sindical no sólo encuentra una regulación normativa, sino que forma parte de los Derechos Humanos fundamentales .

2. En el segundo capítulo se procede a exponer algunas de las principales tendencias que arrojan las denuncias por persecución sindical a nivel nacional. En ese sentido se exponen algunos casos concretos en donde ha sido puesta en cuestión la libertad sindical. Se han escogido casos variados y con distintos desenlace: esto es, casos en que se ha fallado a favor de los trabajadores, en contra, otros donde se archiva el caso, etc.

3. En el tercer capítulo se procede a sistematizar distintos mecanismos que se utilizan en las empresas para evitar que los trabajadores se sindicalicen, y se concluye en el sentido de cómo este conjunto de medidas generan una situación en la cual el trabajador se halla en franca desventaja respecto al patrono.

4. Por último, en el cuarto capítulo del trabajo, se procede a plantear algunas conclusiones básicas sobre el problema tratado, y se esbozan algunas posibles líneas hipotéticas para comprender el problema.

Participación Sindical en el Proceso de Concertación Nacional

Publicada el 19/03/2006 | por | Dejar un comentario

A partir del mismo día de su elección, (02-98) el entonces Presidente electo Miguel Angel Rodríguez anunció las líneas generales de un proceso de concertación nacional. Durante los meses siguientes, un equipo de asesores puntualizó esas orientaciones, y en junio de 1998, con un amplio despliegue publicitario, el nuevo Gobierno de la República emite el Decreto Ejecutivo que sienta las bases formales del proceso de Concertación Nacional. Conforme a esas definiciones gubernamentales, se establecen así los veinte sectores sociales participantes, la integración de una Mesa de Coordinación, y se puntualizan los diez temas de la agenda nacional.

Pese a que el proceso había venido siendo anunciado desde hacía más de seis meses, al momento de la publicación del Decreto (06-98) el movimiento sindical costarricense no había aún logrado una posición homogénea. La principal y más notoria discrepancia interna versaba sobre la conveniencia o no de la participación, y para el caso de optar por la misma, sobre cuáles deberían de ser los temas de la agenda definitiva.

Respecto a lo primero, no sin esfuerzo, el movimiento sindical logró al menos una unidad formal. En ese sentido, una amplia mayoría, representativa de las distintas corrientes sindicales optaron por la participación a la cual convocaba el Gobierno de la República. Al margen del proceso desde su propio inicio, se situaron únicamente los sectores sindicales agrupados en la Coordinadora de Sindicatos Universitarios (SINDEU, SITUN, AFITEC) y los cuales finalmente optaron – infructuosamente – por la constitución de un Foro alternativo junto a la disidencia del sector magisterial (SINPAE).

La Libertad Sindical: Su regulación y vigencia efectiva

Publicada el 19/03/2006 | por | Dejar un comentario

INTRODUCCIÓN

Al igual que durante los últimos años, el movimiento sindical centroamericano mantiene como una de sus reivindicaciones centrales y permanentes, la ampliación y consolidación de la libertad sindical como un derecho fundamental de todos los trabajadores. No obstante, tales requerimientos continúan por lo general siendo parte de las propuestas nacionales, sin lograr integrarse en un planteamiento sólido y unitario en el plano regional.

En la actual coyuntura, los sectores dominantes continúan implementando una estrategia de armonización dirigida hacia la homologación de las condiciones de trabajo en toda el área. Tales pretensiones, generadas y condicionadas por la implementación de un nuevo modelo económico en la región, no contemplan – desde la perspectiva empresarial – la ampliación o consolidación de los derechos colectivos, y menos aún de la Libertad Sindical como el más importante de ellos.

Abordar desde la perspectiva de los trabajadores y sus organizaciones, el tema de la armonización laboral – como respuesta a las indicadas pretensiones empresariales y gubernamentales – supone sin embargo, más que la elaboración de una propuesta de Código Laboral uniforme para todo Centroamérica. Supone por el contrario, la definición y desarrollo de contenido de un conjunto de temas fundamentales para las organizaciones sindicales. Entre tales temas, sin lugar a dudas la libertad sindical ocupa siempre un espacio de primer orden.

Tal apreciación obliga a la elaboración de una propuesta sindical que contemple varios factores: en primer lugar, es obvio que se requiere una valoración objetiva de las regulaciones legislativas existentes, máxime las modificaciones que en esta materia se han producido en algunos países durante los últimos años. Esa valoración debe comprender, además, y en la medida de lo posible el análisis comparativo con los principales instrumentos internacionales de la OIT en el tema, las definiciones de los órganos de control y las apreciaciones de los dirigentes sindicales sobre los niveles de cumplimiento efectivo en cada realidad.

En segundo lugar, y a partir de ese diagnóstico inicial, se contará con un insumo importante para avanzar en la elaboración de una propuesta mucho más sólida y uniforme en el plano regional, sobre los contenidos básicos del tema. Tal propuesta resulta necesaria no sólo en el marco de la integración centroamericana, sino también como una propuesta que pueda ser desarrollada en cada plano nacional.

Cumplir con ambos requerimientos en una sola investigación no ha sido posible. Por esa razón, en este primer trabajo se aborda sólo la primera etapa de diagnóstico, como un requerimiento previo de lo que sería, en una etapa posterior, la elaboración de una propuesta regional sobre el tema.

Esta investigación se dirige entonces a satisfacer el requerimiento del diagnóstico de la realidad centroamericana en materia de libertad sindical, a partir de un examen de contenido, amplio y crítico, de esa libertad fundamental. Se trata tanto su plano individual como colectivo, aunque debe advertirse que algunos temas o contenidos específicos, como es el caso de la huelga y la negociación colectiva, no han sido considerados en el análisis y quedan también como pendientes para futuros trabajos.

Pese a todo lo anterior, la investigación ha pretendido cubrir de manera profunda y detallada lo relativo al derecho de fundación,(adquisición de personalidad, depósito de estatutos, responsabilidad, etc.) el derecho de afiliación, y lo que es fundamental, la protección de la libertad sindical. Junto a todo ello, se han integrado los resultados de los talleres nacionales, efectuados en cada país durante los meses de marzo – abril de 1997, ampliando el análisis comparativo y sobre todo del nivel de aplicación efectiva. En igual sentido han sido consideradas algunas investigaciones anteriores, particularmente aquellas que han sido desarrolladas desde la perspectiva sindical (Los derechos sindicales en Centroamérica, 1990).