La transformación de la Cesantía en el marco del Ajuste Estructural

Hace algunos años (1993), a propósito de uno de los tantos proyectos para la transformación del auxilio de cesantía, la ANEP publicó un material de análisis sobre el tema. En ese entonces se señalaba ya a la iniciativa su tendencia hacia el fortalecimiento de la transformación del modelo socio económico emprendida por los sectores dominantes.

Hoy, nueve años después, como un aparente resultado del proceso de Concertación Nacional, nuevamente los sectores dominantes vuelven a la carga con su propuesta de transformación del auxilio de cesantía. Siendo que en esencia los señalamientos de entonces siguen siendo válidos, hemos tratado de complementar el análisis, y salvando las diferencias puntuales entre los proyectos de ley, reiteramos nuestras apreciaciones. Se trata de fomentar la discusión más allá del texto puro y simple de un proyecto de ley, tratando con ello de que al menos al interior del movimiento sindical se aclaren los alcances de la propuesta actual.

Para esos efectos, hemos actualizado el trabajo anterior, complementándolo además con dos anexos específicos: el texto del Acuerdo de Concertación Nacional, y el Proyecto de Ley presentado por el Poder Ejecutivo al conocimiento de la Asamblea Legislativa en los días recientes, denominado como Ley de Protección de los Trabajadores.

San José, 23 de Agosto de 1999

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Los retos del sindicalismo frente al año 2000

Introducción.

En mi opinión, tratar de establecer los retos del sindicalismo costarricense frente al nuevo mileno obliga a formular, por una parte un análisis más amplio en torno a la transformación del modelo económico social que sufre el país, y por otra, realizar una breve caracterización del movimiento sindical costarricense. Ambos elementos permitirán esbozar algunas de las tareas pendientes en el ámbito sindical.

Respecto a lo primero, (la transformación del modelo)ya no parece existir discrepancia en cuanto a que los sectores dominantes consolidan una transformación del modelo económico social, ejecutando medidas concretas para fortalecer el nuevo modelo exportador. Las propuestas que se relacionan con el ámbito laboral tienen que ver con esa transformación, se encuentran en muchos casos formalizadas en proyectos de ley. En ese sentido, la flexibilización parcial de la terminación de las relaciones laborales mediante la denominada transformación del auxilio de cesantía, la individualización de la seguridad social (pensiones complementarias), la liberalización de la fuerza de trabajo de los migrantes, la afectación del mercado de seguros, la restricción y/o eliminación de la negociación colectiva para el empleo público, e incluso las propuestas sobre el sector de las telecomunicaciones se encuentran expresamente expuestas por los principales voceros de los sectores dominantes y en algunos casos sometidas al conocimiento y resolución de las Autoridades Judiciales. Algunas otras propuestas en torno a este mismo tema se encuentran aún en proceso de elaboración, como es el caso de la reforma integral a la legislación laboral, denominada por algunos como la modernización del derecho del trabajo, o la transformación de la relaciones de empleo en la administración pública mediante una eventual Ley de Empleo Público.

Los Derechos Laborales en la agricultura del banano*

INTRODUCCION

La presente investigación fue propuesta a la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de América Latina en el marco del Proyecto SIDCOLSIBA para el análisis de los derechos laborales a los trabajadores de la agricultura del banano. Originalmente se pretendía reflejar con ello los principales incumplimientos desde la perspectiva de las organizaciones sindicales.

Por diversas razones el trabajo se limitó en su contenido a las respuestas que brindaron algunas de las organizaciones a los cuestionarios enviados; sin desechar ese material se decidió – ya en el curso del trabajo – realizar un análisis descriptivo de los derechos consagrados en cada una de las legislaciones, de manera que se pudiese – posteriormente – confrontar esas normas con las opiniones y experiencias de los propios interesados: los trabajadores de la agricultura del banano y desde luego con las direcciones de las organizaciones sindicales del sector. Como adelante se detalla, los Talleres previstos para efectuar ese segundo análisis tampoco pudieron ser realizados, de manera que el presente documento final consiste en una descripción de las legislaciones con la incorporación de las respuestas recibidas.

El relación al análisis de algunos de los principales temas de la legislación laboral, este informe se realiza partiendo de algunas consideraciones de carácter general, que permitan ubicar el contenido legislativo en el contexto de nuestros países y de una valoración o referencia específica a la libertad sindical en relación – fundamentalmente – al marco definido por los instrumentos internacionales, particularmente el Convenio Núm. 87 relativo a la Libertad sindical y el derecho de sindicación (1948).

En primer lugar, todas las legislaciones existentes en los países en estudio, al igual que la mayoría del derecho laboral Latinoamericano, mantienen una similitud evidente no sólo en el plano constitucional, sino también en el ámbito de los principios generales que informan su derecho ordinario. Para los efectos de la presente investigación, conviene precisar este aspecto, entre otras razones por la necesidad sindical de articular propuestas comunes que en su oportunidad ayuden a consolidar las instancias unitarias y a definir una estrategia común respecto al cumplimiento efectivo de las normas y su eventual modificación Adicionalmente, la legislación laboral – en el ámbito individual – contiene normas específicas para los trabajadores del sector agrícola mas que todo referidas a los trabajadores campesinos, aunque excepcionalmente también para la agricultura del banano. En este caso, se evidencian – como se verá – distintos niveles de discriminación o de aplicación parcial y/o disminuida, lo cual en su oportunidad bien puede justificar un análisis más detallado de la aplicación concreta de las normas. Pero pese a ello, también debe advertirse que en todos los casos se parte de la afirmación y mandato, según el cual a los trabajadores de la agricultura del banano deben aplicarse las normas protectoras básicas. Con lo anterior debe entenderse que, en principio, los trabajadores de la agricultura del banano, en el ámbito formal al igual que otros trabajadores de sectores específicos, no encuentran una regulación especial que implique respecto de ellos la exclusión absoluta de las normas laborales ordinarias, salvo contadas excepciones. Como se verá, estas excepciones legislativas a la regla no orientan a separar de manera definitiva o por completo del derecho laboral general a este importante sector de trabajadores y las mismas parecen obedecer a requerimientos históricos de los sectores dominantes.

En segundo lugar, dada la trascendencia que para las organizaciones sindicales reviste el tema de la libertad sindical, se efectúa además un análisis comparativo entre las distintas legislaciones, relativo a este derecho. El tema se trata restringido a los contenidos de mayor interés, y por las limitaciones del trabajo propuesto se prescinde de los temas de huelga y negociación colectiva. No obstante lo anterior, se analiza con bastante profundidad los aspectos relativos a la libertad de constitución y afiliación, ejes sobre los cuales las organizaciones interesadas formularon importantes comentarios. (Parte II).

En la medida de lo posible se incorporan al documento las observaciones que formularon algunas de las organizaciones sindicales que conforman la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones Sindicales Bananeras. No obstante debe advertirse que la respuesta de las organizaciones involucradas fue parcial: no todas las organizaciones enviaron la documentación requerida y aquellas que lo hicieron la limitaron a algunos de los temas propuestos; adicionalmente, y por razones ajenas a la voluntad del investigador, no fue posible efectuar el trabajo de campo previsto en el diseño de la investigación. Todo ello incide en que la valoración sobre el cumplimiento de las normas laborales en los países, sea evidentemente insuficiente. De todas formas, la descripción que se efectúa puede ser un documento base, para que en un futuro las organizaciones sindicales puedan precisar el verdadero nivel regional del incumplimiento de los derechos consagrados legislativamente y articular con ello una propuesta integral. Con ese mismo propósito se incluyen como anexos los documentos enviados por las organizaciones que respondieron a las solicitudes.

Finalmente debe dejarse constancia y agradecimiento por toda su colaboración a los compañeros Roberto B. Ellinton, Secretario General y al Lic. Jorge Enrique Sánchez de SITRACHILCO-BOCAS DEL TORO, a Guillermo Rivera Zapata, Presidente y Oswaldo Cuadrado, Claudia Buitrago y Euclídes Gómez del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Agropecuaria (SINTRAINAGRO), al Lic. Warren Flores Castillo de la Coordinadora de Sindicatos Bananeros de Costa Rica, a Marel Martínez Secretario General del Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal, Guatemala (SITRABI) y a Marco Vinicio Hernández Fabián de UNSITRAGUA de Guatemala.

Centroamérica: Las reformas al Derecho Colectivo del Trabajo

INTRODUCCION

En el presente documento se formulan, en primer lugar, algunas reflexiones sobre lo que podrían ser las principales tendencias en el desarrollo del derecho laboral colectivo en el área centroamericana, en el marco de un proceso de modificaciones que se han venido operando en toda la legislación laboral. En este aspecto, se trata de precisar la relación existente entre la transformación del modelo económico en ejecución en nuestros países y las reformas legislativas que en el marco de esa coyuntura se han producido en los últimos años o podrían estar por producirse en el corto y mediano plazo, en el ámbito del derecho colectivo del trabajo (Parte I).

Posteriormente, (Parte II) se efectúa un análisis teórico y de la legislación de cada país, respecto de la libertad sindical. En ese sentido, se consideró necesario precisar en detalle el contenido de la libertad sindical, al menos en dos planos distintos: por una parte un plano individual, en el cual la libertad sindical se manifiesta en función de los individuos o ciudadanos individualmente considerados, por otra parte, un plano colectivo en el cual es la organización ya constituida el sujeto de los derechos que derivan de la libertad sindical. En ambos niveles, un examen comparativo de las disposiciones de las distintas legislaciones permite efectuar una descripción de las regulaciones más importantes y establecer así las diferencias y similitudes entre nuestros países. En el indicado plano colectivo, hemos avanzado hasta incluir una primera descripción y análisis de los principales instrumentos de la negociación colectiva y de los requisitos formales para la declaratoria de la huelga legal (Parte III). Por ahora, en este aspecto nos hemos limitado al análisis comparativo entre las distintas legislaciones, en un afán por sentar una primera aproximación en la línea del examen regional de estas materias, lo que debe incluir un estudio posterior y pormenorizado, en relación a los contenidos y al cumplimiento regional de los Convenios Internacionales en la materia.

La intención es que en su conjunto, este material sirva para que las dirigencias y los afiliados sindicales tengan un mejor conocimiento de las principales regulaciones básicas que en torno a la libertad sindical existen en los distintos países y que a partir de ese conocimiento, se pueda llegar a la elaboración de propuestas nacionales y/o regionales que consideren las experiencias y las regulaciones ya existentes en cada uno de nuestros países.

Las regulaciones en materia de Salud Laboral

INTRODUCCION

Plantearse el análisis de las regulaciones en materia de salud laboral, su actualidad y perspectivas lleva implícitas algunas dificultades que posiblemente no se encuentren en otros ámbitos de nuestro derecho laboral costarricense.

En primer lugar, hasta ahora el tema ha sido escasamente abordado. Tanto desde la perspectiva de las organizaciones de trabajadores como de las entidades gubernamentales o de los propios empresarios.

En segundo lugar, se presentan dificultades en cuanto a la ubicación del material fundamentalmente reglamentario, en donde opera una profusa actividad de emisión pero una escasa labor de sistematización.

No obstante esas dificultades no impiden acometer un primer intento. En una primera parte se trata de señalar lo que podría denominarse como los caracteres fundamentales del sistema normativo costarricense en materia de salud ocupacional (aparte I); posteriormente se examinan las manifestaciones concretas que asumen tales principios en algunas de las regulaciones legislativas y reglamentarias (aparte II); para finalmente dejar planteadas algunas valoraciones sobre lo que desde una perspectiva sindical podría ser el futuro de la salud laboral en nuestro medio, tratando con ello de delinear las bases de una propuesta inicial (aparte III). En ningún caso se pretende dar por agotados los señalamientos; tan sólo se trata – si acaso – de dejar señalados algunos de los temas que requieren de un mayor análisis y de mayor profundidad.

Documento en Archivos Adjuntos

El referéndum de la calle:
El ejemplo de Francia

Expresamos hoy nuestro regocijo, admiración y solidaridad, con la trascendental e histórica lucha del pueblo trabajador francés, de sus sindicatos y de sus poderosos movimientos estudiantiles; lucha que vienen librando en las últimas semanas en contra de una de las más acariciadas reformas de los neoliberales, cual es, la de revertir derechos laborales, modificando los contratos de trabajo; o lo que es lo mismo, tal y como se denomina en Costa Rica, la_ “flexibilización laboral”_.

Por medio del Referéndum de la Calle, a lo largo y a lo ancho del territorio de toda Francia, millones de personas del pueblo galo (trabajadores y trabajadoras, estudiantes, ciudadanos y ciudadanas, intelectuales y otros movimientos civiles), han desfilado una y otra vez, repudiando la ley neoliberal denominada “Contrato de Primer Empleo” (CPE), un ataque artero a la juventud que se incorpora al mercado de trabajo.

La lucha actual del pueblo trabajador y del estudiantado francés tiene el mismo carácter, la misma circunstancia y el mismo desafío de la gigantesca lucha que tenemos en Costa Rica, contra el más decidido, virulento y descarnado ataque de los neoliberales en contra de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia y de nuestra paz.

Nos referimos al denominado tratado de “libre” comercio (TLC), el cual representa el asalto final de los más reducidos grupos de poder económico del país (hoy acostados, incestuosamente, con algunos de los más sangrientos capitales centroamericanos), a las más suculentas riquezas que todavía quedan como propiedad pública de todo el pueblo costarricense.

Por eso estamos felices, extremadamente optimistas, al ver la potencia irrefrenable del concepto de Referéndum de la Calle, el poder de la Democracia Callejera, ese que logra ponerle límite a la voracidad de esos poderes que siendo públicos, terminaron completamente al servicio de poderes privados de enorme dineral; poderes escudados en la sombra y que nunca se someten a escrutinios electorales, sino que, por lo general, pagan y ponen testaferros a su servicio en cada proceso electoral.

Si bien hoy estamos felicitando al valeroso pueblo francés, tampoco estamos envidiándole por esa valentía e hidalguía en esa histórica lucha de repercusión mundial que ha venido librando contra el denominado CPE. Ya nosotros, en esta adorada Tiquicia, pusimos en práctica el Referéndum de la Calle, en el año 2000, logrando arrebatarle de las manos al poder económico nacional, el querido ICE que ya tenían subastado, prácticamente.

Ahora que el pueblo francés está mostrando la potencia del poder civil expresado en el ejercicio de la Democracia Callejera, no nos cabe la menor duda de que, nuevamente pero esta vez con más contundencia, profundidad y cobertura, haremos gigante la gesta costarricense contra el TLC, desplegando el más ejemplarizante Referéndum de la Calle de la América Latina.

Nuestro Referéndum de la Calle en contra del TLC, ahora potenciado con los argumentos de la Defensoría de los Habitantes de la República y del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR), recientemente dados a conocer, tiene ya una fuerza ética, una potencia moral y una legitimidad política, completamente similar al Referéndum de la Calle del pueblo de Francia contra el CPE. ¡Vamos muy bien!

UCR advierte que TLC conducirá al
desmantelamiento del Estado costarricense

El estudio fue remitido a la Comisión de Asuntos Internacionales y Comercio Exterior de la Asamblea Legislativa, presidida por el socialcristiano Rolando Laclé, para que los diputados tengan en cuenta el efecto devastador del TLC, según se desprende del documento de 26 páginas.

“En este tratado se viola el ordenamiento nacional y el modelo de Estado y sociedad, de carácter social y de bienestar producto de las reformas sociales de los años 40-, por cuanto se privilegia el mercado y el modelo económico neoliberal, por encima del Estado social (justicia social, equidad, servicios públicos: educación, salud, vivienda)”, señala la UCR.

El análisis pone en duda que el TLC vaya a generar más empleo e inversiones extranjeras de gran cuantía, afirma que los sectores agrícolas serán barridos por los productos subsidiados importados desde Estados Unidos, indica que las empresa nacionales tendrán que entrar a una competencia donde imperará la ley de la selva, anuncia el fin de la seguridad social, y asegura que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) terminaría devorado por el oligopolio transnacional de las telecomunicaciones.

En riesgo lo que construyeron nuestros antepasados

“El proyecto de ley Tratado de Libre Comercio República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos define reglas supranacionales, con consecuencias políticas, económicas y sociales de largo alcance para todos los pueblos centroamericanos, en áreas claves para el desarrollo y el combate a la pobreza, como la propiedad intelectual, el ambiente, la inversión, la agricultura, los temas laborales, las disputas judiciales, las políticas públicas y el papel del Estado”, afirma el Consejo Universitario.

El tratado “contiene transformaciones radicales y profundas en la estructura y el funcionamiento del Estado costarricense, al limitar y redefinir el ejercicio de sus potestades esenciales. Estas transformaciones se traducen en pérdida de soberanía, pérdida de autonomía para establecer sus propias políticas de desarrollo, así como pérdida de la capacidad regulatoria del Estado para ordenar, conforme al interés nacional, el desempeño de actividades productivas en su territorio. En particular, se golpea la autonomía del Parlamento costarricense para dictar las propias leyes nacionales”

El Consejo Universitario señala que el TLC “puede afectar considerablemente y en forma irreversible el modelo de desarrollo solidario que hemos heredado de quienes nos antecedieron”.

Solo favorece a las transnacionales

La UCR es tajante cuando indica que “en toda la redacción del proyecto de ley se favorece, de manera sistemática, el funcionamiento libre de las empresas transnacionales en todas sus formas: capital financiero, industrias de comunicaciones, derechos de patente, etc”.

“La concepción general del Tratado es la de la paridad de condiciones y oportunidades del comercio entre los países firmantes, mientras la realidad presenta enormes asimetrías en tales condiciones y oportunidades que convierten las negociaciones comerciales en relaciones desiguales, en las que los resultados tienden inevitablemente a favorecer los intereses de la parte económicamente más poderosa en detrimento de los intereses de las partes más débiles”.

“El Congreso de los Estados Unidos en el proceso de aprobación (sección 102 de la HR 3045), deja claro que este convenio está por debajo de las leyes federales, estatales y locales, razón por la cual se da una asimetría jurídica, ya que Costa Rica aprueba un tratado que esta por debajo de la Constitución Política y por encima del resto del ordenamiento jurídico. Por su parte Estados Unidos lo que aprueba es un acuerdo agreement subordinado a todo su ordenamiento jurídico (esta ley se puede consultar en el sitio de internet oficial del Congreso de ese país)”, agrega.

“El hecho de que el DR-CAFTA obligue a ratificar una serie de convenios internacionales, algunos rechazados por la Asamblea Legislativa es una acción muy agresiva para el país”.

Y luego señala el documento de la UCR que “en este tratado se viola el ordenamiento nacional y el modelo de Estado y sociedad, de carácter social y de bienestar (Estado social: producto de las reformas sociales de 1943 y 1949), por cuanto se privilegia el mercado y el modelo económico neoliberal (a partir de los años ochenta, como efecto de la crisis de la deuda externa) por encima del Estado Social (justicia social, equidad, servicios públicos: educación, salud, vivienda)”.

No es solo un tratado de libre comercio

Según la UCR, el TLC va mucha más allá de un simple tratado que regula las relaciones comerciales, y abarca aspectos fundamentales para la economía del país y de la sociedad.

“A los países centroamericanos se les ha dicho que se ha negociado un “acuerdo comercial”, y además, de uno que les favorece, sobre todo por la consolidación de las preferencias comerciales otorgadas previamente por EE. UU. con la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC), pero el significado de comercio que se maneja es muy amplio. No abarca solamente el comercio de bienes, sino, también, áreas fundamentales de la economía y la sociedad como los servicios públicos, la propiedad intelectual, el trabajo, el medio ambiente, la forma de resolver disputas entre empresas y entre empresas y el Estado, las políticas de competencia, las inversiones y los derechos a los inversionistas, entre los más importantes. En ese sentido, el TLC debilita la democracia y con ello muchos de los derechos ya garantizados en la legislación nacional. Con estas negociaciones, más bien se fortalecen los derechos de los grupos inversores y se debilitan las capacidades de regulación interna de los gobiernos nacionales”, apunta el Consejo Universitario.

Asimismo, la UCR dice que “con este Tratado, Estados Unidos queda en una posición de clara ventaja, al haber conseguido, entre otros, la apertura de servicios, mayor protección a sus inversionistas, mayores plazos de protección para patentes y mayor protección para las marcas registradas, así como la desgravación acelerada o amplias cuotas de importación a productos agrícolas estadounidenses como la carne de cerdo, algunas frutas y hortalizas y sus derivados, maíz y sus derivados; y, a mayor plazo, arroz, carne de res y pollo”.

“Aún cuando el proyecto se denomina Tratado de Libre Comercio, se desea llamar la atención que la asimetría en muchas de sus propuestas restringe el concepto de libertad en el ejercicio de la soberanía nacional”, puntualiza el documento en su fase introductoria.

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Fracaso de la política económica neoliberal del “PLUSC”, completamente al desnudo

La circunstancia de que el 20% de los hogares más ricos concentren el 52.2% del ingreso nacional; de que una persona de clase alta gaste 17 veces más de lo que gasta alguien de clase baja; y de que el 20% más pobre de los y de las costarricenses debe repartirse el 4.6% del ingreso nacional; ponen al desnudo el fracaso de la poética económica neoliberal del PLUSC.

Particularmente, la clase trabajadora asalariada, tanto la del Sector Público como la del Privado, ha venido experimentando en carne propia, un angustiante y doloroso proceso de empobrecimiento, como consecuencia de las restricciones salariales, la alta inflación y la devaluación sistemática; elementos estos que han carcomido el poder de compra de las familias dependientes de un salario para vivir.

Los contundentes datos del INEC, importantes por el prestigio de tal entidad y la seriedad de su equipo profesional y técnico, certifican el fracaso de la política económica neoliberal seguida por los últimos gobiernos del alicaído PLUSC.

Hay que enseñar fuertemente el dedo acusador contra los partidos Liberación Nacional y Unidad Social Cristiana porque, el uno al abjurar de su originaria filosofía socialdemócrata y el otro renegando del humanismo cristiano que dijo haber adoptado cuando su fundación; generaron las condiciones para una gigantesca transferencia de capital hacia cada vez más reducidos grupos económicos que hoy nadan en millones de dólares.

Bueno sería demandar cuentas individualizadas, por ejemplo, a los personajes rectores de esas políticas económicas concentradoras de riqueza; personajes que al servicio de los grupos acumuladores de riqueza, han venido controlando el Banco Central y el Ministerio de Hacienda.

Entre otros, los señores Eduardo Lizano Fait, Francisco de Paula Gutiérrez Rosabal, Alberto Dent Zeledón y Leonel Baruch Goldberg, no deberían permanecer impunes pues son sus decisiones, adoptadas en los gobiernos del PLUSC, los que hoy tienen a Costa Rica en la ruta de la centroamericanización (pobreza extendida vs. riqueza concentrada).

Para colmo de males, esos mismos grupos ganadores de las políticas económicas neoliberales que hoy tiene a tantos miles de hogares costarricenses sumidos en la pobreza ó a poca distancia de caer en la misma, nos quieren imponer un TLC que contundentemente hará irreversible la constatación de que en Costa Rica, los ricos son cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres.

No hay la menor duda. La lucha social deberá incrementarse en grado sumo.

San José, 31 de marzo de 2006.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

ANEP contra nueva Ley de inmigración de la ultraderecha norteamericana

San José, 30 de marzo del 2006.
S.G. 05-07-0465-06

Señores senadores
Señoras Senadoras
Senado de los Estados Unidos de América.

Señor
George W. Bush
Presidente de los Estados Unidos de América.

Señores senadores:
Señoras senadoras:
Señor Presidente:

Estamos notificados del proyecto de Ley H.R.4437, Ley de Seguridad Fronteriza, Antiterrorismo y Actos de Control de la Inmigración Ilegal.

Señores senadores, señoras senadoras: Como centroamericanos, miembros de las organizaciones sindicales y sociales que pertenecemos a la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSCC), no podemos dejar pasar desapercibido el trámite de este tenebroso proyecto de ley en su respetado y poderoso país.

Como nación soberana, nada le impide al Senado de los Estados Unidos de América dictar, como le compete, sus políticas migratorias. Entendemos que tal menester es asunto absolutamente soberano que corresponde a su Gobierno y Senado. Gústenos o no somos respetuosos de ello.

Pero debe saber el Gobierno y el Senado de los Estados Unidos de América, que la aprobación de una ley como la planteada, profundizará, las condiciones de pobreza y pobreza extrema en la que han caído nuestros pueblos después de 20 años de aplicación de las llamadas política neoliberales, el famoso Consenso de Washington y sus brazos diabólicos conocidos como programas de ajuste estructural.

Estas políticas tienen a más del 60% de la población regional sumida en el desempleo; y, en el “mejor” de los casos, empleos precarios, sin acceso a la seguridad social y muy lejos de alcanzar un salario justo y digno.

Por otra parte, la acumulación de capital y de riqueza que han generado las políticas neoliberales, resultan odiosas y obscenas a los ojos de una inmensa mayoría de centroamericanos, quienes carecen de los medios económicos mínimos para el pleno desarrollo de sus facultades vitales.

No sobra señalar que la entrada en vigencia del CAFTA, en los países que ya lo han ratificado, profundizará la ruindad de este modelo. Sea, se nos empuja, lamentablemente, por el camino de una mayor pobreza y exclusión social, situación que generará naturalmente una mayor inestabilidad social en la región y, por tanto hará necesariamente que miles y miles de gentes de la región, opten por llegar al territorio de los Estados Unidos de América, en busca del sueño americano; sueño que el modelo impuesto les niega en sus países.

Respetuosamente señores Senadores, señoras Senadoras: No bastará con criminalizar la migración, construir gigantescos y largos muros para asegurar que los pobres producidos por el modelo neoliberal lleguen a su país. Cuando el derecho a la dignidad, a la libertad, a la vida, entra en movimiento, no hay nada que los detenga.

Deben saber señores Senadores, señores Senadoras, señor Presidente de los Estados Unidos de América, que los centroamericanos añoramos y soñamos con desarrollar nuestras potencialidades humanas en estas hermosas tierras que nos vieron nacer y viajar a su gran país, no por necesidad y en condiciones indignas para la vida humana, sino en condición de ciudadanos y ciudadanas centroamericanos, como hombres y mujeres del mundo.

Para eso necesitamos que su poderoso país, trate a nuestros pueblos con respeto; que negociemos tratados de libre comercio para el crecimiento y bienestar mutuos; que mantengamos relaciones comerciales que consideren las gigantescas asimetrías de producción y comercio que hay entre nuestras naciones.

Hace falta que globalicemos la solidaridad entre nuestros pueblos. Sólo entonces no hará falta que su Gobierno levante murallas vergonzantes, para detener las oleadas de personas expulsadas por un modelo económicos que socava la dignidad de nuestros pueblos.

En todo caso quién lo creería. Cayó el muro de Berlín; posteriormente, sin que nadie también lo creyera, la cortina de hierro, también se desboronó, como un terrón de azúcar en un vaso de agua.

Definitivamente, lo humano, la razón, la solidaridad terminarán por imponerse y no habrá ya más muros de miseria que nos separen. Los llamamos, respetuosamente a iniciar el tránsito por este urgente y necesario camino. Les solicitamos con vehemencia no aprobar esa inhumana ley. Consideren además que, lamentablemente, ya muchos de nuestros pueblos subsisten de la venta barata de su capital humano, como fuerza de trabajo, legal o ilegal en su poderoso país. Tal proyecto de ley, por tanto, conspira contra la frágil estabilidad democrática que hoy persiste en nuestra región.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto
Coordinador en Costa Rica
Plataforma Sindical Común Centroamericana
(PSSC)

c.:Organizaciones de la Plataforma Sindical Común Centroamericana (PSSC-CR).

c.:Junta Directiva Nacional de ANEP.

c.:Medios de Comunicación Colectiva.

c.:Archivo.

…y ahora sin Plan Fiscal, ¿Qué?

Tenemos mucho tiempo de insistir, de manera incasable, en cuanto a que Costa Rica ocupa una profunda transformación impositiva, una verdadera revolución tributaria. Ahora que el tan llevado y traído Pacto Fiscal está muerto, nuevamente se abre el espacio para que hablemos del tema de los impuestos con absoluta claridad.

Discúlpenos la inmodestia, pero en ANEP tenemos credenciales de sobra para hablar y cuestionar sobre el tema, puesto que durante el primer año de la tramitación del hoy fenecido plan fiscal, gastamos muchas energías y recursos, aportando ideas para que tal proyecto tuviera algo de equidad y justicia tributaria. Lo poco de verdadera equidad que tenía ese proyecto, se “malversó” (políticamente hablando), para destinarlo a pago de deuda y no a inversión social. Por eso es que nos alegra mucho que se pueda abrir un nuevo espacio de discusión sobre este tema.

Ahora conviene, nuevamente, poner el dedo en la llaga y demandar acciones políticas, legislativas y administrativas, contundentes y claras, para que el viejo pero no menos vigente principio de que “los ricos paguen como ricos y los pobres como pobres”, se cumpla a plenitud.

Le queremos indicar al nuevo Presidente cuáles son las fuentes de ingresos nuevos para que realice algunas de sus más notables promesas de campaña; por ejemplo, en el campo de la educación. Veamos:

1. Las astronómicas ganancias netas, óigase bien, netas, de los 16 grupos financieros privados que, tan solo en el año 2005, fueron de ¡57 mil 15 millones de colones!

2. Las exportaciones que generaron en ese año 2005, ¡7 mil millones de dólares!

3. Los ingresos generados por los megaproyectos turísticos, que superaron los 900 mil millones de colones (unos 1.800 millones de dólares)

4. El combate frontal a toda forma de evasión tributaria, declarando en situación de “Emergencia Nacional”, el robo de impuestos; a fin de fortalecer contundentemente la Administración Tributaria, dotándola de más personal, más equipo, más infraestructura, más tecnología, más armas legales. Si tan solo pudiera disminuirse la evasión en un 50% de una cifra conservadora de robo impositivo de 200 mil millones de colones anuales; habría 100 mil millones de colones frescos para inversión social, por ejemplo.

5. Se puede imitar el valor de Don Pepe Figueres, estableciendo un impuesto por única vez a los activos patrimoniales de las grandes fortunas para; por ejemplo, pagar las_ “pérdidas”_ del Banco Central que ahora nos quieren volver a cobrar; por segunda vez; pues, a final de cuentas, esas platas han de quedar entre los mismos. Esas grandes fortunas son, por lo general, grandes tenedores de bonos de deuda política.

Señor Presidente Electo, respetuosamente, tome nota: Este país nada en dólares, en inmensas cantidades de dólares. Las fortunas que se han amasado en estos años de neoliberalismo son impresionantes y abusivas. Es hora de que los pocos, muy pocos, que han acumulado tanto, tanto y en tan poco tiempo, paguen tributos. Los de abajo ya hemos sido suficientemente expoliados.

Tome nota usted, Sr. Presidente electo, que si bien estamos férreamente opuestos al TLC que usted defiende; si usted decide asumir un reto de justicia tributaria como el que planteamos, no dude en que contará, en esta materia, con nuestro respaldo.