La Negociación Colectiva en Centroamérica

INTRODUCCION

En el presente artículo pretendemos realizar una breve reseña de la negociación colectiva en Centroamérica, tratando de precisar – en la medida de lo posible – las orientaciones que sobre la misma se manifiestan y/o anticipan en el desarrollo de este componente de la Libertad Sindical.

Para cumplir con lo anterior es necesario, por una parte, una breve referencia al concepto de negociación colectiva y algunas de sus implicaciones, y por otra, una consideración un poco más extensa, respecto a la función que se asigna – desde la ley laboral – a la negociación colectiva en la sociedad.

  • 1.* Para cumplir con lo primero, es necesario partir del enunciado que contiene la normativa internacional, según el cual la negociación colectiva, en un sentido general comprende “todas las negociaciones que tienen lugar entre un empleador, un grupo de empleadores, o una organización o varias organizaciones de empleadores, por una parte, y una organización o varias organizaciones de trabajadores, por otra, con el fin de: fijar las condiciones de trabajo y empleo, o regular las relaciones entre empleadores y trabajadores, o regular las relaciones entre empleadores o sus organizaciones y una organización o varias organizaciones de trabajadores, o lograr todos estos fines a la vez”. (Convenio No. 154, Sobre el fomento de la negociación colectiva, 1981.)

Como es evidente, se trata con ello de comprender en un mismo concepto dos modalidades diversas en cuanto al procedimiento mismo: por una parte la negociación colectiva que como procedimiento se encuentra reglamentada por el Estado a través de la ley laboral (negociación colectiva reglamentada oficial) y aquella otra que, si bien podría ser reglamentada por las propias partes interesadas, no se encuentra detallada en la ley laboral y que bien puede denominarse como negociación colectiva no pública u oficial.

FRENTE A UNA DEMAGÓGICA POSICIÓN DE COMBATE A LA POBREZA

Señor
Alejandro Urbina
Director de La Nación
Presente

Estimado señor:
Reciba, en primer término, un respetuoso saludo de nuestra parte.
Estamos plenamente convencidos de que el siguiente comentario no saldrá publicado en el periódico que usted dirige; y, si “por chiripa” sale, será mutilado, como es usual en los derechos de respuesta que reclamamos, pese a que la ley nos asiste, cuando La Nación ataca a la ANEP.

En esta ocasión nos referimos a la principal “información” resaltada en la primera página de la edición del pasado jueves 9 de marzo, la cual aparece con el título de “Administración consume 28% de dinero para pobres”; precedida del antetítulo, “IMAS destina 7.500 millones a planilla, materiales y alquileres”.

Al respecto, nos pareció importante indicar lo siguiente:

Primero: No hay duda de que es más que obvia la intencionalidad manipuladora de dicha “información”, para indisponer a la persona lectora en contra del IMAS y de su personal. De buenas a primeras, se procura el enojo de la población lectora de La Nación (dicen que en reducción, por cierto), para que haga conclusiones inducidas de que la “burocracia” del IMAS (como despectivamente La Nación califica a la clase trabajadora del Sector Público), se “gasta” la plata de los pobres.

Segundo: Tenemos en este caso un nuevo ejemplo de cómo la posición ideológica de La Nación impregna, completamente, su línea “informativa”; descalificando los mínimos preceptos de objetividad que presupone la profesión periodística. En su loca carrera por la neoliberalización completa de la sociedad costarricense, La Nación, como es su costumbre, la arremete contra la institucionalidad de la Seguridad Social costarricense, haciendo víctima en esta ocasión al IMAS, dentro su estrategia en tal sentido.

Tercero: El proceso de ideologización informativa de La Nación, la lleva a invisibilizar el Estado de Derecho en el caso del IMAS; pues, como indicaron las autoridades consultadas para tal “información”, la ley de creación de esta noble institución, la obliga a una relación presupuestario-financiera de 70 % en inversión social y de 30 % para su operación. La intencionalidad de desprestigiar al IMAS, a través de la manipulación informativa, lleva a La Nación a destacar, con letras grandes, en la primera página y en la interior, la cifra de “…7.500 millones a planilla, materiales y otros en el 2005”, minimizando al máximo la cifra de los 19.500 millones que se destinaron a ayudas directas a familias pobres.

Cuarto: ¡Claro que hace más falta plata para combatir la pobreza!; pero, ¿qué quiere La Nación?, ¿Qué se cierre el IMAS, ahora que su candidato asumirá la Presidencia de la República? ¿Será que los “7.500 millones a planilla, materiales y otros”, que quedarían “libres” con el cierre del IMAS, es toda la plata que ha de necesitar el nuevo gobierno para atender la pobreza de las zonas marginales que le dieron muchos votos al candidato de La Nación?

Quinto: La Nación, pese a la profunda carga ideológica que la está atosigando cada día más, debería ser un poquito más racional, políticamente hablando, para que comprendiera que, todo lo contrario, lo que corresponde en una revitalización estratégica del IMAS en el nuevo escenario gubernativo que se avecina. Se trata de impulsar un combate a la pobreza de otra perspectiva más integral, que el mero asistencialismo o la “caridad institucionalizada” que el bipartidismo histórico concibió como política pública en el combate a la pobreza, en tiempos de neoliberalismo.

Sexto: La plata que le falta al IMAS, que es mucho más que ese 28% de su presupuesto, malsanamente destacados como gastos operativos; está en otro lado y La Nación muy bien lo sabe. Para citar tan solo uno de esos lados, ella misma ha publicado los espantosos datos de la evasión tributaria en el país (por cierto que “La Nación S. A.”, recientemente tuvo un lío al respecto porque, presuntamente, habría incurrido en una irregularidad de este tipo, según la administración tributaria del país); cifras siderales que cambiarían, radicalmente, la calidad de vida del más de millón de compatriotas que viven en la dolorosa pobreza.

Sétimo: Finalmente, la ANEP, cuya presencia laboral en el IMAS está legitimada por una importante membresía, no puede más que repudiar este tipo de enfoque noticioso de La Nación que lesiona no solamente la institucionalidad de una entidad como el IMAS; sino que golpea la autoestima de todo su personal que, silenciosamente, haciendo gala de un gran compromiso solidario y con salarios cada vez más restrictivos porque no son nada estimulantes, todos los días debe lidiar con esa pobreza, generada a partir de las políticas económicas neoliberales que tan ardorosamente defiende La Nación.

Muy atentamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Édgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Yamileth Céspedes Garro
Directiva Nacional – Presidenta Seccional ANEP-IMAS

Secretaría General

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Albino Vargas Barrantes
Secretario General
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Walter Quesada Fernández
Secretario General Adjunto
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ASISTENTE DE SECRETARIA GENERAL

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María Laura Sánchez Rojas
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Unidad de Desarrollo Organizacional – U.D.O.

Deiby Porras Arias
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Iris Cervantes Paniagua
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Mario Retana Retana
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Giovanny Ramírez Guerrero
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Gerardo Cascante Amador
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Randall Vega Alvarado
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Llámenos, escríbanos o visítenos:
San José, Costa Rica, Casa Sindical “Lic. Mario Alberto Blanco Vado” Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de Niños, frente a Coopeservidores, R. L., Teléfonos 2257 82 33 – 2257 99 24 – 2257 99 32 – 2257 99 51 – 2257 99 59 – 2257 83 43 – Fax 2257 88 59 – Apartado Postal 5152-1000 San José

En Costa Rica no existe Libertad Sindical
en el Sector Privado

En ANEP desde hace dos años venimos trabajando con los trabajadores y con las trabajadoras de la empresa privada, de una manera sistemática.

Como debe comprenderse, no podemos realizar un trabajo abierto pues pondríamos a esos trabajadores y a esas trabajadoras en un delicada situación, como candidatos al despido.

Por ello que hemos diseñado un estrategia de trabajo que pasa por el trabajo comunal, fundando grupos en los barrios donde es mas difícil para la patronal detectarles. En estos barrios impartimos talleres sobre la legislación laboral, auto estima, temas de género y otros que son del interés de los trabajadores y de las trabajadoras.

Actualmente trabajamos con trabajadores y trabajadoras de la maquila textil, oficiales de seguridad privada, choferes de autobús, empleados de comercio, transporte turístico y empresas de limpieza. En estos sectores tenemos grupos de empresa y de barrio, según las condiciones de cada grupo. Para quienes laboran en Seguridad Privada editamos, cada mes, el Boletín “El Vigilante”.

Para los otros grupos no tenemos una publicación periódica; pero sí lo hacemos cada vez que consideramos importante realizar alguna denuncia. Es importante manifestar que para brindar un mejor servicio, las oficinas centrales de ANEP abren los sábados hasta medio día, a fin de facilitar la atención a aquellas personas trabajadoras del Sector Privado que laboran jornadas de doce horas y más, de lunes a viernes.

El sábado (y como todos los otros días de la semana), estos trabajadores y estas trabajadoras son atendidos por los promotores del Sector Privado, los abogados del Departamento Legal y se presta el servicio de recepción para contestar las consultas telefónicas.

Dentro de las más comunes violaciones a la legislación laboral, tenemos el acoso laboral, no permitir la organización sindical en sus empresas, pago irregular de las horas extras, jornadas extenuantes, atraso en los salarios, pago irregular del aguinaldo, despido de mujeres embarazadas, no entregan el comprobante de pago, pago irregular de los feriados de pago obligatorio. Dentro de las empresas que en nuestro país más incumplen la legislación laboral son las productoras de piña, de limpieza, seguridad privada y construcción.

Si usted amigo trabajador, amiga trabajadora, siente que le están perjudicando, llámenos o visítenos, tendremos mucho gusto de orientarle.

San José, Costa Rica, Casa Sindical “Lic. Mario Alberto Blanco Vado” Calle 20 (Norte), 300 N. Hospital Nacional de Niños, frente a Coopeservidores, R. L., Teléfonos 257 82 33 – 257 99 24 – 257 99 32 – 257 99 51 – 257 99 59 – 257 83 43 – Fax 257 88 59 – Apartado Postal 5152-1000 San José

¡DEMANDAMOS JUSTICIA!

Trabajadoras del Instituto Nacional de las Mujeres, INAMU, solicitaron al Presidente Abel Pacheco la destitución inmediata de la Ministra de la Condición de la Mujer Georgina Vargas Pagán o en su defecto la intervención de algunas áreas consideradas neurálgicas en el proceso de despidos injustificados y reestructuración institucional.

En conferencia de prensa las Licenciadas Ibelis Velasco Fuentes, Presidenta de la Seccional de ANEP en el INAMU, Flor de Lis Monestel Corrales, Directiva Nacional de ANEP y Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP, solicitaron al Presidente Pacheco su intervención urgente y destituya a la Ministra Pagán e intervenga el área legal de la institución antes de que se realicen más despidos. “Durante el último año, veinte trabajadoras y trabajadores se encuentran fuera de la institución. Cuatro por despido, y el resto por renuncias forzadas debido al clima de acoso y persecución laboral e ideológica.”, declararon los dirigentes y agregaron que “Además, una parte importante de trabajadoras se ha visto sometida a órganos administrativos (más de veinte en el último año y medio), una práctica de gestión que busca encontrar culpables de supuestas faltas y que sirven de excusa para “eliminar” a las trabajadoras que defienden a la institución y el marco nacional e internacional de defensa de los derechos de las mujeres.”.

La solicitud al Presidente Abel Pacheco se hace en el marco de la celebración del Día Internacional de La Mujer, “celebración que este año cobra un particular significado para nosotras, ya que desde hace un año hemos estado resistiendo los embates de la gestión de la Ministra Vargas Pagán, centrada en la censura, la persecución de funcionarias, la violación sistemática de los derechos humanos y laborales, así como el debido proceso consagrado en nuestra Constitución Política. Se ha promovido desde el uso del poder arbitrario el desprestigio del INAMU, con miras a desvirtuar su razón de ser.”, manifestó el colectivo de ANEP en el comunicado de prensa .

“Apelando a la Justicia, al Estado de Derecho y al derecho fundamental a laborar en un ambiente libre de violencia, exigimos al Presidente de la República que acoja de manera inmediata, las recomendaciones de la Defensoría de los Habitantes.”, dijo Albino Vargas y agregó que la Ministra Pagán no puede aducir ignorancia sobre los casos denunciados ya que la Defensoría de los Habitantes ha expuesto cada uno de los 115 casos en su informe.

“El Informe de la Defensoría no es el único que denuncia las irregularidades que se vienen presentando en el INAMU, la Comisión Legislativa de la Mujer también ha evidenciado que las denuncias planteadas por las trabajadoras están bien fundamentadas y esas mismas instancias solicitan la destitución de la Ministra. Además hay resoluciones de la Sala Constitucional que no ha querido acatar la Ministra Pagán y ya se está ventilando en Sede Penal su desobediencia” concluyó Albino Vargas.

Por último dijeron que “no podemos seguir permitiendo que se sigan violando los derechos de las trabajadoras y funcionarios del INAMU, que se les siga intimidando como lo viene haciendo la Ministra Vargas Pagán, que se supone debe velar por esos derechos a todas las mujeres”, “la nueva administración que asume en mayo debe designar a una persona que verdaderamente conozca la temática que trabaja el INAMU para que este tipo de cosas no vuelvan a suceder.”.

El miedo al Poder Ciudadano:
Radicalicemos la Democracia


La corrupta clase política tradicional, esa que cambia constituciones “por la cocina”; esa que prostituyó la institucionalidad republicana convirtiéndola en un asunto de negocios con los servicios públicos; esa que abjuró de su ser costarricense para prosternarse al capital transnacional a cambio de ser su socio marginal o de servidumbre; le tiene terror a la posibilidad de que el pueblo costarricense convierta la democracia en una cuestión de vida de todos los días.

El tránsito de una añeja democracia representativa, esa donde las “irregularidades” electorales son ya “normales”, hacia una democracia participativa, genera una gran tensión entre aquellos segmentos del poder político tradicional acostumbrados a manejarnos como si fuéramos rebaño; a partir de estarnos sometiendo a gigantescas campañas de manipulación mediática, invirtiendo en ellas, en muchos casos, dineros de dudosa procedencia, como el que financia la agresión psicológica propangadística a favor del tal TLC.

Conceptos de gran valor democrático como Referéndum de la Calle, Lucha Cívica y Resistencia Pacífica, de gran valor universal, pretenden ser asociados con valores negativos como sedición, subversión y hasta terrorismo. Se “olvidan” que la Resistencia Pacífica de Ghandi hizo grande a la India. Se “olvidan” que el Referéndum de la Calle derribó los regímenes dictatoriales disfrazados de socialismo de la Europa Oriental, para citar tan sólo dos ejemplos de valor universal.

Esa es la visión que anida en cierta parte de los grandes ricos nacionales por nacimiento, que no por convicción de ser costarricense; quienes, desesperados por un rumbo de participación democrática que ya no podrá ser detenido, son los que agreden a esa nueva vivencia democrática de la nacionalidad costarricense que está cogiendo fuerza.

Por eso es que estamos convencidos de que en la actual etapa histórica que vivimos, la más patriótico que podemos hacer es impulsar, fuertemente, una radicalización de la democracia, concepto éste que lo escuchamos, por primera vez, expresado por un costarricense universitario de pura cepa, profesor y formador de jóvenes valores, don Gerardo Morales.

, hay que radicalizar la democracia, con el Referéndum de la Calle, para responder a la agresión cotidiana vía ondas radiofónicas de una entidad empresarial que, aprovechando el uso de frecuencias que son de todo el pueblo (del Estado), las utiliza para favorecer los intereses de una pequeña parte; atropellando así la válida idea pacifista de la equidad en cuanto a democracia informativa.

, hay que radicalizar la democracia, con la Resistencia Pacífica, para defendernos de cierta agresión mediática, de campañas publicitarias mentirosas financiadas con dineros que huelen mal.

, hay que radicalizar la democracia, con la Lucha Cívica, siguiendo el noble ejemplo de nuestros valerosos compatriotas de 1856, que salvaron la integridad moral de Costa Rica, enfrentando al poder invasor que pretendía convertirnos en colonia. Ciento cincuenta años después de ese glorioso 1856, el mismo desafío, con otras características, habremos de afrontar.

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PACTO FISCAL:UN ACUERDO PARA ENFRENTAR LOS DESAFIOS DEL SIGLO XXI

Costa Rica se encuentra en un camino descendente y excluyente para amplias capas de la población. Como ejemplo, dos de los principales motores de movilidad social, la educación y la salud, se van fragmentando más y más, representando dos caras distintas de un mismo país. Cada vez son menos las personas que acceden a un sistema educativo y a uno de salud de primera, y cada día son más las que acceden a sistemas de salud y educativos que se deterioraran paulatinamente, o que sencillamente ya no pueden del todo acceder a ellos.

Es evidente que lo más urgente que tiene el país es revertir este descenso, para lo cual se necesitan una serie de herramientas. La primera es el ordenamiento de las finanzas publicas, para lo que se requiere de un Pacto Fiscal.

Para ello, es necesario establecer una política de desarrollo incluyente, como la columna vertebral que puede dar sentido a la utilización de herramientas, como un Pacto Fiscal..

Este pacto no sólo debe estar íntimamente relacionado con el desarrollo que proponemos, sino que, además, debe ser realmente ambicioso: lo opuesto a un mero paquete tributario

No es el pacto en sí mismo lo que hará la diferencia, sino la concreción de sus contenidos, con el aporte de todos permitiendo dirigir al país hacia la consolidación del desarrollo y del bien común , ya que un Pacto Fiscal implica acuerdos sobre el estilo de sociedad que se desea construir

Son acuerdos específicos sobre como asegurar los recursos que el Estado requiere para crear las condiciones que permitan a los costarricenses dejar atrás la pobreza y beneficiarse de los frutos del desarrollo, basado en un conjunto de principios. Acuerdos sobre el monto, origen y destino de los recursos con que debe contar el Estado para cumplir con sus funciones. Compromisos recíprocos del Estado y de los ciudadanos de Costa Rica sobre una política fiscal de largo plazo con visión de país.

Para no caer en soluciones fáciles o cortoplacistas, un Pacto Fiscal debe necesariamente abarcar los componentes que señalamos a continuación.

Principios relativos al Sistema de Desarrollo que deben enmarcar un Pacto Fiscal:

· El Ser Humano como principio y fin de todas las acciones en pro del desarrollo.
· Bien común como objetivo de toda acción.
· El deber del Ser Humano para con el Ser Humano y con el medio ambiente.
· El desarrollo debe ser ambiental y socialmente sostenible y debe darse en el marco de un respeto absoluto a los Derechos Humanos integrales.
Para cumplir con estos principios se tiene que generar un cambio de mentalidad del costarricense, y en particular un cambio en la cultura tributaria de los costarricenses, sustentada en la solidaridad para con la sociedad.

Principios orientadores de un Pacto Fiscal:

· La promoción de la equidad como responsabilidad de la sociedad
· La promoción de la solidaridad, el progreso como sociedad, en donde el progreso colectivo es complementario con el progreso individual
· El fortalecimiento de la institucionalidad democrática, permitiendo que el Estado pueda realizar las funciones que se le asignen.

Objetivo general del Pacto Fiscal:

Ser una herramienta de la política desarrollo, al construir un acuerdo nacional que permita repartir los costos de la financiación del Estado y los beneficios del gasto del mismo Estado en forma equitativa y solidaria.

Objetivos específicos:

1. De Corto Plazo: Establecer medidas para atender la emergencia actual, en particular reducir el porcentaje del gasto que se aplica a los intereses de la deuda interna, de tal forma que el sobrante pueda ser utilizado en inversión social y en infraestructura.

2. De Largo Plazo: Generar una sostenibilidad en las finanzas publicas por encima de varios periodos gubernamentales, estableciendo medidas graduales para el manejo de la hacienda pública en el largo plazo.

La lógica de los componentes de un Pacto Fiscal:

Un Pacto Fiscal debe tener la siguiente lógica en el desarrollo de sus componentes, creando un circulo “virtuoso”:

1. Definición de las prioridades del país: Nivel de importancia y de urgencia de las prioridades. Para qué se quieren los recursos adicionales: para inversión en educación, salud, infraestructura (agua potable, seguridad energética, carreteras, puertos, y otros), para atender la deuda interna, para eliminar el déficit fiscal? Para establecer estas prioridades se requiere claridad sobre el papel del Estado y sobre el sistema de desarrollo que queremos como país.

2. ¿Cuánto cuestan y como se concretan las prioridades definidas?

3. ¿Quién va a pagar ese costo? Reforma y estructura tributaria, y asignación del gasto.

4. Administración tributaria y aduanera adecuada para administrar eficazmente el sistema.

5. Cultura tributaria. Fortalecimiento de una buena cultura tributaria.

6. Evaluación de la gestión pública (incluyendo la tributaria) y del gasto público.

Es importante tener claro que una Reforma parcial es solamente un Paquete Tributario, si sólo se aborda la estructura tributaria, sin entrar en los otros componentes.

Líneas generales de un Pacto Fiscal:

En nuestra opinión las líneas generales de un Pacto Fiscal deben definirse respecto al gasto, ingresos, déficit, formas de financiarlo, deuda y rendición de cuentas, debiendo en cada una de ellas concretarse áreas especificas de operación y acción.

En materia del gasto:

Para precisar en qué se va a invertir el gasto público es necesario establecer una planificación para el desarrollo, es decir definir la magnitud del Estado y sus funciones económicas y sociales. Lo que incluye considerar la solidaridad del gasto, la mejora del impacto del gasto público, la cultura de la gestión pública, la evaluación de resultados, la transparencia del gasto y la incidencia fiscal. Áreas específicas a resolver son:

1. Priorización del gasto público.
2. Gasto corriente y gasto de capital.
3. Financiamiento de la inversión pública. 4. Asignaciones específicas.
5. Financiamiento sostenido en el largo plazo.

En materia de ingresos fiscales:

El quién y cómo se pagan los ingresos fiscales se debe basar en el concepto de equidad: que cada cual pague según sus ingresos. Esto permitirá concretar cuál va a ser la estructura tributaria y su respectiva reforma. El éxito de lo anterior se basa en el fomento de una cultura tributaria, es decir que todos paguen responsablemente. Áreas especificas a determinar son:

1. Tamaño de la carga tributaria.
2. Fortalecimiento de los ingresos tributarios, a través de reformas en los impuestos directos e indirectos. Equidad en la progresividad del sistema tributario, particularmente en los impuestos directos
3. Definición sobre los niveles de exoneraciones.
4. Fortalecimiento de la administración tributaria, combate a la evasión, la elusión y al contrabando.

En materia del Déficit Fiscal:

Si al déficit se le considera un instrumento, su problema es como se le financia y cuál debe ser el tamaño que el país puede soportar. Las áreas principales a resolver son:

1. Intereses de la Deuda Interna, son considerados actualmente el principal problema del déficit, por lo tanto debe priorizarse su solución.
2. Sostenibilidad del endeudamiento público a mediano y largo plazo para financiar el déficit

En materia de Deuda Publica:

Deuda Interna:

El país siempre va a tener una deuda interna, las áreas específicas a decidir son:

1. Nivel y uso del endeudamiento.
2. Costo del servicio de la deuda y ¿cuánto se puede pagar?
3. Condonación en los casos que sea posible.
4. Renegociación del principal y de las tasas de interés.
5. Política monetaria y endeudamiento.

Deuda Externa:

Igualmente el país siempre va deuda externa. Las áreas especificas a delimitar son:

1. Nivel del endeudamiento y ¿para qué?
2. Costo del servicio de la deuda.
3. ¿Se debe cambiar deuda interna por deuda externa?
4. Uso del endeudamiento externo.

En materia de rendición de cuentas:

Uno de los aspectos más importantes es como evaluar los resultados tanto cuantitativos como cualitativos de la inversión fiscal. Aspectos a determinar:
1. Evaluación del gasto.
2. Evaluación del ingreso. (cantidad y sistema de cobro)
3. Auditoria en materia de acceso, calidad y oportunidad de los servicios públicos.
4. Acceso a información por parte de la sociedad civil, y mecanismos para valorarla y sancionar a las autoridades responsables del ingreso, el gasto, el acceso, la oportunidad y la calidad de los servicios públicos.

¿El porqué proponemos un Pacto Fiscal?:

Nuestro reto es “como pasar del dicho al hecho”, por ello fue que en mayo del 2001 fue suscrita la propuesta “Costa Rica: Hacia la Tercera Republica frente a los desafíos nacionales del Siglo XXI”, por la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), y en diciembre del 2001 se adhirió el Movimiento Solidarista.

Esta propuesta es una respuesta a la inquietud de los sectores empresariales y laborales de ser propositivos en función del bien común, asumiendo como parte de la sociedad civil, la responsabilidad y la decisión de construir el futuro a heredar a las siguientes generaciones.

La propuesta se fundamenta en principios generales que orientan los planteamientos en pro del bienestar, enmarcados en un Sistema Nacional de Desarrollo transparente y perfectible.

El desarrollo del Sistema requiere del engarzamiento de las políticas especificas, para la concreción coherente y efectiva de las soluciones a los problemas que enfrenta el país. Sin embargo, la magnitud de los problemas a solucionar llevó a un establecimiento de prioridades, resumidas en la propuesta en cuatro grandes desafíos, definiéndose líneas de acción en lo político, social y económico para enfrentar los mismos. Por el impacto que tiene el facilitar la solución especifica de muchos de los problemas, se consideró que la acción prioritaria era el establecimiento de un Pacto Fiscal.

Para concretar lo anterior, las cuatro organizaciones que suscribieron la propuesta indicada arriba, trabajan actualmente con un grupo de destacados economistas, quienes con su experiencia y diferentes visiones contribuyen con la elaboración de la propuesta de Pacto Fiscal, la cual estaremos presentando a la opinión publica a finales del mes de abril.

Sin embargo, queremos aprovechar la ocasión para hacer un llamado a la sociedad civil y a los partidos políticos para que todos lleguemos a un acuerdo que permita concretar soluciones en el tema fiscal. Llamado que en particular hacemos a los Candidatos a la Presidencia, a los nuevos Diputados electos, y a los Partidos Políticos en general.

Creemos que en virtud de un nuevo Gobierno y un nuevo Congreso, debe aprovecharse la oportunidad para tomar las decisiones que en materia fiscal son prioritarias para el país.

Por su lado, el Gobierno actual ha venido haciendo un esfuerzo con una comisión integrada por seis ex -Ministros de Hacienda. La idea es que un momento dado, sobre la base de una concertación transparente, se puedan encontrar las convergencias entre lo que ellos proponen, lo que nosotros proponemos y lo que en general los costarricenses esperan que sea una política fiscal.

Nuestro objetivo es poner sobre la mesa propuestas, que apoyen la toma de decisiones, y con una actitud de colaboración, facilitar una negociación transparente, de forma que el país cuente con una política fiscal en función del bien común, que ha sido el denominador de nuestra propuesta para que el país cuente con un Sistema Nacional de Desarrollo, con el que orientar las políticas y acciones tanto en el corto, mediano y largo plazo.

Este documento se suscribe el 3 de abril del 2002.

Antonio Burgués Terán
Presidente
Cámara de Exportadores de Costa Rica
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Enrique Acosta Granados
Presidente
Movimiento Solidarista
Gilberth Brown Young
Secretario General
Confederación Rerum Novarum