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Este tratado, dada la importancia de EE.UU. como nuestro primer “socio comercial”, estará definiendo para los próximos cincuenta años, el destino de nuestras economías y, por tanto, el futuro de nuestros pueblos.

Consideramos que estos tratados de libre comercio, sustentados también en las disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), han servido, principalmente, para abrir los mercados en beneficio del capital transnacional a costa del estrangulamiento de nuestras economías nacionales y el constante deterioro de la calidad de vida de nuestros pueblos; afectando sensiblemente, el empleo, la salud, educación, agricultura y la biodiversidad.

Adicionalmente, el proceso de “negociación” de este tratado se ha manejado de forma oculta. A las organizaciones sociales y sindicales, no se nos ha mostrado ningún documento de los que hasta ahora se han venido elaborando, que nos permita tener claridad de la clase de compromisos que se han venido asumiendo.

La transparencia ha sido la gran ausente en todo este proceso y si se nos ha llamado a alguna mesa, ha sido con el único objetivo de hacernos parecer ante la opinión pública, como partícipes, de algo que se nos ha negado conocer.

Por tanto, este proceso, tal y como se ha manejado, reviste la más perniciosa visión antidemocrática, renegando de la real y sana partición que los sectores sociales de nuestros países, responsablemente, hemos venido reclamando.

El Gobierno de los Estados Unidos sigue insistiendo en una mayor desregulación y liberalización de la economía; insisten en la privatización de las instituciones y empresas públicas; en la flexibilización de las normas del trabajo; en profundizar los instrumentos jurídicos para proteger la propiedad intelectual; en fin, asegurarse el control productivo y jurídico de nuestras economías.

Ante esta situación creemos, firmemente, que ha llegado la hora de reconocer lo nefasto y pernicioso que resulta para nuestros pueblos y concomías ese tipo de comercio.

Urge que nuestros gobernantes, visionaria y dignamente, reemplacen este sistema anexionista, inequitativo e injusto a que nos obliga el Gobierno de los EE.UU., por un nuevo concepto de comercio; que se base en la cooperación, el respeto y el justo intercambio entre las naciones y en función del bienestar social y el desarrollo económico de todos los pueblos.

Para darnos la oportunidad de plantearnos un nuevo concepto de intercambio comercial, se hace necesario que nuestros gobiernos, decreten sin demora, una moratoria en las actuales negociaciones del TLC; permitiendo así a la ciudadanía y a sus organizaciones conocer, analizar y participar en la definición de los contenidos de las diversas propuestas de negociación, como insumo base para la toma decisiones.

Desde nuestra visión, necesitamos avanzar hacia un modelo de integración regional que tenga como objetivo construir sociedades verdaderamente sustentables: donde se satisfagan las necesidades de las generaciones presentes y futuras, en un contexto de respeto de los ciclos y ritmos de la naturaleza.

Necesitamos proteger la diversidad cultural, biológica, económica y social; introducir políticas que prioricen las economías y el comercio local; asegurar el respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y laborales internacionalmente reconocidos; y, reclamar la soberanía de los pueblos, así como la vigencia de procesos democráticos de toma de decisiones a nivel regional, nacional y local.

Para lograrlo debemos definir nuevas reglas basadas en los principios de control y gestión democráticos de los recursos, de la sustentabilidad ecológica, de la equidad, de la cooperación regional e internacional.

Con fundamento en lo arriba mencionado, exponemos las siguientes demandas a nuestros gobiernos:

Decretar una moratoria al presente proceso de negociaciones, que permita conocer los documentos de fondo para el análisis y posterior toma de posición de cada sector frente a esta negociación. Luego deberá abrirse un espacio para la definición de posiciones nacionales y, posteriormente, poner en práctica un mecanismo democrático de rendición de cuentas.

Reiteramos nuestra oposición a la forma antidemocrática en que este proceso se conduce. Nuestros pueblos han luchado con mucho dolor por construir sociedades verdaderamente democráticas, para lo cual se requiere transparencia, participación, rendición de cuentas y absoluta libertad de información.

Exigimos que los derechos sociales y ambientales no sean supeditados a los intereses y reglas comerciales. Por lo tanto, las negociaciones no deben aplicarse a los aspectos fundamentales del bienestar humano y del equilibrio ecológico de nuestra región.

Consideramos que áreas como salud, educación, propiedad intelectual, seguros, finanzas, energía, telecomunicaciones, agroindustria, pequeña y mediana industria y otros servicios básicos prestados por el Estado, no deben ser sometidos a las actuales reglas internacionales de comercio.

Demandamos que haya un suministro continuo de información y, en primera instancia, se deben facilitar los documentos de fondo sobre los contenidos de las negociaciones y que los gobiernos a través de sus respectivos ministerios de Comercio Exterior y otros, apoyen un amplio proceso de discusión, tanto al nivel nacional como local.

Consideramos que el TLC tal y como está planteado, no es más que el fortalecimiento y consumación del paradigma conservador y neoliberal que hoy socava a nuestra América Latina. Aceptar este paradigma de modelo desarrollo que encarna el TLC que se nos propone, no es más que condenar a nuestros pueblos y territorios a la explotación del capitalismo salvaje y, por tanto, condenarlos a la miseria, a la exclusión social.

Reiteramos nuestro compromiso para lograr un sistema de comercio sustentable, social y ambientalmente justo, en un marco participación y rendición democrática de cuentas.

Por lo tanto, como primer paso, demandamos a nuestros gobiernos declarar la moratoria a estas “negociaciones” y llevar a cabo lo exigido en este documento, para erradicar la forma oculta y antidemocrática, como hasta ahora se ha manejado este proceso.

Señores Presidentes, nuestra región, nuestras comunidades y pueblos bien se merecen una oportunidad.

Atentamente,

Ciudad de Guatemala, 20 de setiembre del 2003.
—-
c.: Parlamentos de las Repúblicas Centroamericanas.
c.:Parlamento Centroamericano.
c.:Organizaciones Sociales Hermanas.
c.:Medios de Comunicación Colectiva de las Repúblicas Centroamericanas.
c.:Trabajadores y trabajadoras de nuestros pueblos.
c.:Juntas Directivas de nuestros sindicatos.

El próximo lunes 27 de enero, fecha en que se inicia la primera sesión negociadora hacia la eventual suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC) entre los países centroamericanos y los Estados Unidos de América, una amplia gama de representantes de diversos sectores sociales, se concentrarán en el Monumento Nacional (Parque Nacional), para anunciar al país su posición frente a un proceso de tanta trascendencia económica, social y política para las naciones de la América Central. El evento arrancará a partir de las 9 de la mañana.

Sectores campesinos, laborales, ecologistas, magisteriales, cívicos, académicos, religiosos, comunales y de otra índole, mostrarán su fuerte oposición a la negociación de un tratado en el cual no prive la transparencia, la divulgación y la participación con poder decisorio, del pueblo costarricense. Repudiarán, además, el secretismo que hasta ahora ha imperado en las conversaciones previas.

Se contará con la presencia del Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República, quien recibirá de parte de las organizaciones, una solicitud para exigir que se haga pública toda la documentación del proceso y que se hable con toda claridad a la ciudadanía costarricense y a los otros pueblos centroamericanos.

Posteriormente, representantes de las delegaciones participantes buscarán a los señores diputados jefes de fracción de las distintas representaciones políticas, así como a otros legisladores y a otras legisladoras; para demandar un involucramiento activo, con poder decisorio, de parte de la Asamblea Legislativa; y evitar que a ésta la pongan a definir la aprobación de algo en lo cual no ha tenido la más mínima influencia.

En este evento del lunes 27, los organizadores del evento esperaran una asistencia de unos mil dirigentes sociales, en esta primera actividad de una cadena de acciones, de la más diversa naturaleza, a lo largo de este año 2003, para evitar un TLC que, entre otros efectos perniciosos, aniquile lo poco que queda del agro nacional; que abra paso a las privatizaciones de las empresas públicas, bajo la modalidad de las “aperturas”; que degrade el ambiente y que entregue nuestras reservas de agua y la rica biodiversidad nacional; así como que lleve a una aplicación flexible y hasta anule, la vigencia de nuestro Código de Trabajo.

San José, 21 de enero del 2003.

Basándose en estos aspectos cruciales, los acuerdos para incrementar la integración económica, el comercio y la inversión, como el actual proyecto de Tratado de Libre Comercio Estados Unidos-Centro América y el SICA (Sistema de Integracion Centroamericana) deben beneficiar al conjunto de la sociedad. Por lo tanto, la elevación de la competitividad de las empresas en su disputa por la supremacía en los mercados regionales y mundiales, no puede realizarse excluyendo los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Por el contrario, el desarrollo económico y la intensificación del comercio en los países de la región deben servir a la elevación de las condiciones de vida de todos los pueblos y fortalecer el respeto de los derechos humanos y ambientales fundamentales, a través de una mejor distribución de los ingresos entre los países desarrollados y los no desarrollados, y dentro de cada sociedad nacional, de manera tal que el proceso de integración implique una real promoción del desarrollo social y de fortalecimiento de la democracia.

Se trata de asegurar que cualquier acuerdo de integración entre nuestros países sirva a los trabajadores y a todos los sectores sociales de la región y no solamente a las grandes empresas. Para ello, un acuerdo entre países debe basarse entre estos y otros aspectos:

a) Normas Básicas Laborales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Actualmente existen problemas en cuanto a la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores tanto en Centro América como en Estados Unidos. En Centroamérica la libertad sindical y el derecho a negociar convenciones colectivas, en los términos que señalan los instrumentos de la OIT, se violan permanentemente. A pesar de los compromisos que los países han asumido, obligándose a respetar la Declaración de la OIT relativa a los Principios y Derechos Fundamentales en el Trabajo, el derecho de asociación les está vedado a grandes cantidades de trabajadores en estos países. En Centro América como en Estados Unidos los empleadores pueden actuar con impunidad y despedir a aquellos trabajadores que intenten ejercer su derecho legal de afiliarse a sindicatos, y pueden también demorar y obstruir el proceso de negociación colectiva. La existencia de instituciones eficaces que permitan la resolución democrática y equitativa de los conflictos políticos contribuye a lograr mayor productividad, estabilidad y crecimiento sustentable.

En consecuencia, un tratado de integración económica debe requerir que los países participantes se comprometan a asegurar la aplicación efectiva las normas constitucionales y de sus propias leyes laborales, y a cumplir con las normas básicas contenidas en la Declaración de Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo y los convenios de la OIT ratificados por los Estados. Dichas obligaciones deben ser incorporadas dentro del texto central de cualquier acuerdo comercial. Con ello se motivaría y fomentaría el cumplimiento efectivo de estas normas. Asimismo, es necesario que se incluyan mecanismos de sanción por violaciones de las normas básicas para asegurar que los derechos fundamentales de los trabajadores sean respetados. Para ello será conveniente sujetar el cumplimiento de los derechos a los mismos mecanismos de resolución de disputas que el resto del acuerdo. Para la consolidación de estos derechos laborales, son un antecedente importante las primeras menciones realizadas por los Presidentes Centroamericanos en el marco del SICA, a través del Tratado de Integración Social Centroamericano, el protocolo de Guatemala, la Declaración de San Salvador II Cerro Verde, y la Declaración de los Presidentes Centroamericanos sobre Seguridad Social, en cuanto a promover: la no discriminación, la remuneración justa, la promoción del empleo, la movilidad de la mano de obra, la capacitación profesional y la seguridad social. Asimismo, desde el campo sindical, acaba de acordarse (Resolución de Antigua Guatemala, octubre 2002) que los acuerdos de integración no deben lesionar las garantías de los pueblos indígenas y tribales, y no deben tener impacto negativo a la protección del medio ambiente y la equidad de género.

b) Medidas compensatorias:

Los acuerdos de integración economica deben incorporar medidas compensatorias para equilibrar los desbalances productivos y laborales que resultaron de la reestructuración productiva vinculada a la construcción del mercado ampliado. Su objetivo es estimular la generación de empleos dignos, suficientes y productivos, así como formar y reinsertar a los trabajadores que perdieron sus empleos por la reestructuración económica. Deben servir para mejorar la aplicación de los derechos laborales mediante cooperación, asistencia técnica y asistencia financiera. Esta política podrá ser diseñada a partir de, como lo recomienda la Resolución de Antigua Guatemala, la realización de estudios técnicos sobre el impacto de la integración en los diferentes sectores económicos.

c) Inversión:

Las organizaciones sindicales centroamericanas reconocen la importancia y la necesidad de la inversión de capital para el desarrollo del mercado externo e interno y para la generación de nuevas industrias, ampliar servicios y crear nuevos empleos en las economías nacionales, jamás para que empresas transnacionales se apropien de las empresas que los estados han creado para producir y brindar servicios. Los tratados de integración económica no deben otorgar privilegios a las empresas transnacionales por encima de las leyes nacionales, incluyendo la facultad para demandar contra las leyes nacionales de interés público en tribunales secretos, como se ha establecido en el Tratado de Libre Comercio para América del Norte. Nuestros gobiernos deben proteger su propia facultad de regular a los inversionistas para que colaboren con el desarrollo económico adecuado mediante encadenamientos en lo productivo y lo fiscal y para que cumplan con objetivos sociales y ambientales. Además, los ciudadanos afectados deben tener el derecho de participar en cualquier resolución de disputa entre su gobierno y un inversionista extranjero.

d) Servicios Públicos:

Los Servicios Públicos han sido uno de los más afectados por las tendencias hacia su mercantilización. Ningún acuerdo de integración económico debe restringir el derecho de un gobierno de producir e invertir en servicios públicos de calidad para toda la población, ni prohibir la aplicación de políticas de adquisiciones públicas para avanzar hacia metas sociales legítimas. Ningún acuerdo comercial debe restringir el derecho de los gobiernos de regular los servicios privados de manera legítima para proteger el interés público, por ejemplo evitando incrementos injustificados de tarifas. Los resultados de las políticas neoliberales, demuestran en la práctica la agudización de la desigualdad en el ingreso y la inequidad de la riqueza, factores que se han acelerado a través de las reformas al sector publico. La tendencia de los estados neoliberales y los monopolios privatizadores, han impedido construir mayores márgenes de igualdad social.

e) Agricultura:

Los tratados de integración económica deben contemplar y proteger los derechos de los pequeños productores y los trabajadores rurales sin tierras y deben respetar los derechos tradicionales de los pueblos indígenas a vivir y producir colectivamente de sus tierras. Los subsidios sobre los productos agrícolas no deben darse a unos en detrimento de otros, y solo en casos necesarios y debidamente justificados, por apoyar a los pequeños y medianos productores y no a las grandes empresas agrícolas ni a la exportación. Los estándares sanitarios y fitosanitarios deben ser desarrollados por medio de consultas públicas con la intención de garantizar una alta calidad y seguridad sin dejar a los pequeños productores fuera del negocio al imponerles estándares que favorecen injustamente a la mega industria o la agricultura química intensiva. Los países participantes en los tratados deben tener el derecho a la soberanía alimentaria, entendido como el derecho a proteger a sus pequeños productores de los grandes flujos del mercado, especialmente cuando el no hacerlo implica trastornos sociales.

f) Migración:

La migración laboral se produce por varios factores incluyendo las inequidades que genera el modelo neoliberal, y por la búsqueda de una mejor calidad de vida. Los trabajadores migrantes contribuyen de manera positiva al desarrollo económico y social de los países. Las vulnerables economías centroamericanas se caracterizan por ser exportadoras de mano de obra barata, en su propia región y hacia otras naciones. En algunos casos los migrantes deben atravesar enormes dificultades y peligros para ingresar a otros mercados laborales de mayor renta (Estados Unidos y otros). Cualquier tratado de integración económica debe contemplar cláusulas que estimulen la generación de empleos dignos, suficientes y productivos para descartar la competencia comercial vía salarios bajos y condiciones laborales deplorables. Considerando el hecho de que los trabajadores inmigrantes y sus familias contribuyen a la economía del país receptor y hacen contribuciones en sus comunidades y en sus centros de trabajo, deben recibir el beneficio de un estado legal permanente. Por eso la AFL-CIO apoya la adopción de un programa nuevo de amnistía para los trabajadores inmigrantes en los Estados Unidos. Asimismo, los trabajadores inmigrantes deben disfrutar de todos los derechos que les corresponden en sus centros de trabajo y gozar de todas las protecciones de la ley. Las organizaciones sindicales centroamericanas y la AFL-CIO rechazamos las conductas discriminatorias hacia los trabajadores inmigrantes indocumentados quienes son reprimidos cuando ejercen sus derechos laborales en sus centros de trabajo. Además, rechazamos cualquier programa de trabajadores huéspedes en Estados Unidos cuya aplicación crea una clase de trabajadores fácilmente explotados y contribuye a la reducción de los derechos básicos de los trabajadores quienes laboran temporalmente en dicho país. Finalmente, no habrá una solución al problema de la migración hasta que haya un esfuerzo efectivo para estimular el desarrollo real y equitativo- con más y mejores empleos- en los países centroamericanos.

g) Deuda:

Los países latinoamericanos destinan más del 30% de sus exportaciones para el pago de su deuda externa e interna, esto hace totalmente inviable la posibilidad de que estas economías lleguen a un nivel de desarrollo. Por esta razón un tratado de integración económica de nuestros países debe incluir medidas para aliviar la deuda de los países centroamericanos, crear mecanismos de arbitraje internacional para reducir la deuda y permitir a los gobiernos imponer controles sobre el flujo de capital para evitar o alivar situaciones de crisis financiera. Un acuerdo comercial debe reconocer que los acreedores internacionales tienen tanta responsabilidad para el endeudamiento insostenible como los deudores y ellos deben jugar un papel más efectivo en la resolución de la crisis. Los países desarrollados también tienen una responsabilidad de contribuir al desarrollo por medio de asistencia técnica y financiera más amplia.

h) Transparencia, Difusión y Participación:

Todo proceso de acuerdo de integración deberá ser ampliamente difundido y contar con la participación real y efectiva de los actores sociales, tanto en su negociación como en su aprobación y luego en su evaluación y seguimiento. Por ejemplo, siguiendo recomendaciones de CIOSL-ORIT, las Federaciones Sindicales internacionales, la Alianza Social Continental, y la Resolución de Antigua Guatemala, nuestros gobiernos deben liberar el texto borrador en intervalos regulares; dar participación a la población en el tratamiento parlamentario del acuerdo, convocar a referéndum o consultas populares sobre los acuerdos, consultar con su propia población antes de iniciar cualquier disputa ocasionada por la aplicación del acuerdo, liberando los documentos y las decisiones tomadas; aceptar solicitudes de personas interesadas en una disputa y abrir los paneles de disputa al público en general. También recordamos que en el marco del SICA el Protocolo de Tegucigalpa definió un instrumento amplio de participación de la sociedad civil en el desarrollo del proceso de integración.

Por tanto:

Las organizaciones sindicales de Centro América, la AFL-CIO, estamos unidas en llamar a nuestros gobiernos para que implementen un modelo alternativo de integración económica y social en nuestra región. Nuestros gobiernos no deberían simplemente repetir el mismo modelo de libre comercio que aumenta el poder de las grandes empresas y el libre flujo de capital y productos, mientras disminuye el poder de los trabajadores, las comunidades y las estructuras democráticas de nuestros pueblos. Creemos que una integración más humana y justa es posible y es deseable con un sistema destinado a eliminar las grandes desigualdades socio-económicas tanto a nivel nacional o internacional, y si incluye los elementos arriba mencionados, entre otros: mecanismos fuertes y efectivos para la protección de los derechos laborales y sociales, políticas compensatorias para corregir las inequidades producidas por la reestructuración, mecanismos de transparencia y participación, claras políticas de anticorrupción, reglas justas sobre la inversión, los servicios, la agricultura y el medio ambiente, un régimen más humano de migración y politicas de alivio de la deuda. Nuestras organizaciones trabajaremos juntas, propiciando amplias alianzas sociales y productivas para avanzar nuestra visión de integración para la región y lucharemos en contra de cualquier acuerdo comercial que no alcance esta visión de desarrollo equitativo, sostenible y democrático para Centro América.

Firmamos en Heredia, Costa Rica el día 18 de noviembre del 2002 :

Estados Unidos de América
John J. Sweeney Presidente, AFL-CIO

*Guatemala *
Carlos Enrique Mancilla G.CUSG
José David Morales Calderón FESTRAS
Luis A. Lara B. SNTSG (UASP)

*Nicaragua *
Dalila Alemán García CST
Rafael Angel Sáncez Cruz FNT
Ana María Chavarría CUS-A

Costa Rica
Gilbert Brown Young CTRN
Edgar Morales Quesada ANEP
Rafael Mora Solano
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos

El Salvador
Dagoberto Ramírez Amaya FESTRASPES (CSTS)
Guadalupe Atilio Jaimes Pérez
FESTSSABHRA (CSTS)
Julio César Flores FS21 (CSTS)

Estimado señor:

Expresamos a su digna autoridad el más atento y respetuoso de nuestros saludos.

Ante la inminencia del inicio de negociaciones del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centro América, son muchos los sectores que hemos manifestado grandes e importantes preocupaciones y temores, tanto en el sector de las organizaciones de la sociedad civil, como en el sector de las organizaciones de productores.

A la fecha de hoy, únicamente se han abierto procesos de consulta que en la realidad han sido simples procesos para compartir información por medio de COMEX, que nosotros creemos son absolutamente insuficientes, y que en otros procesos han servido para hacer aparecer a diversas organizaciones como partícipes del proceso, cuando en realidad esto no es así.

Creemos, señor Presidente, que no existe a la fecha de hoy ninguna claridad ni transparencia en el proceso, y mucho menos de lo que el equipo negociador costarricense ha planteado como la posición de Costa Rica, en aspectos sumamente sensibles. Además, se hace necesario garantizar que no existan conflictos de intereses en el equipo negociador, sea por su vínculo con parte del sector empresarial o por ostentar doble nacionalidad.

Es por ello que, con el más profundo respeto, pero con la legitimación que nos da el ser costarricenses nos acercamos a Usted solicitándole que el Gobierno de La República, de forma transparente, clara y directa, deje claro ante la sociedad civil y ante los diversos actores políticos, cuál es la posición que defenderá, al menos en los temas específicos que más adelante indicamos, sin que por ello agotemos la consulta o que en el futuro podamos preguntar por otros temas.

Debemos recordar don Abel, que Usted, en muchos de ellos, asumió un compromiso directo con el pueblo y con las organizaciones de la sociedad civil, incluso responsablemente en forma escrita, cuando le planteamos una serie de aspiraciones frente a un eventual Gobierno encabezado por Usted. Nos permitimos en ese sentido, anexar el detalle de tales compromisos, suscritos por usted el pasado 21 de marzo en el Auditorio del Poder Judicial, ante una instancia de organizaciones indígenas, campesinas, ambientalistas y sindicales.

Es por ello que, partiendo de que cada país tiene el derecho a mantener dentro de sus decisiones soberanas, los mecanismos que considere convenientes para promover y proteger la seguridad y soberanía alimentarias, la agricultura de subsistencia, las prácticas agropecuarias humanitarias y la agricultura sostenible, la educación, los derechos laborales, los estándares ambientales, los derechos humanos y en general una política pública incluyente que combata la pobreza y distribuya solidariamente la riqueza, a continuación detallamos diversos aspectos sobre los cuales solicitamos nos indique la posición de Gobierno, relacionando los compromisos que Usted adquirió en aquel momento.

AGRICULTURA

1. Generación de políticas e implementación de programas para fortalecer la soberanía alimentaria, entendida como el derecho a proteger a la mayoría de sus productores, para que todas las personas tengan en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.

2. Respeto a los derechos tradicionales de los pueblos indígenas y del derecho a la propiedad de los pequeños productores y trabajadores rurales sin tierra.

3. Exclusión de liberalización de productos sensibles desde el punto de vista social y ambiental.

4. En atención a que en el caso de los pequeños y medianos agricultores y pescadores, en muchos casos los subsidios son necesarios, nos preguntamos cuál será la posición del gobierno frente a la política agrícola de los Estados Unidos. Asimismo, cuestionamos la posición asumida por el país dentro del Grupo Cairns, por estar desvinculada de la realidad de la producción nacional.

5. Estándares sanitarios y fitosanitarios desarrollados por medio de consultas públicas, sin dejar a pequeños productores fuera del negocio y sin permitir la imposición de estándares dirigidos a beneficiar a la mega industria o a la agricultura química intensiva.

6. Apoyo a producción orgánica y soberanía para establecer restricciones a productos transgénicos para proteger la salud y la biodiversidad.

TRABAJO

7. Respeto de los países partes del tratado de los derechos laborales fundamentales declarados por la OIT y por los instrumentos de derechos humanos.

8. Procedimiento de verificación de cumplimiento por organismos especializados e imparciales (OIT, tribunales arbitrales, etc.).

9. Participación activa de organizaciones sindicales y ONG´s para presentar conflictos, quejas y reclamaciones

10. Procesos de asistencia técnica entre países, y entre países y organismos internacionales especializados para promover el cumplimiento de los derechos laborales fundamentales.

11. Sanciones comerciales adecuadas y solo una vez que se agoten los procedimientos de cooperación y de investigación.

12. Sanciones dirigidas e empresas responsables y sólo si existe complicidad activa y recurrente de los Gobiernos se aplicarían sanciones relacionadas con las exportaciones de un país.

13. Generación de políticas y mecanismos que promuevan la producción laboral, ambiental y socialmente limpia, incluyendo incentivos para creación de empleo, financiamiento compensatorio, capacitación, desarrollo de infraestructura, apoyo científico y tecnológico, etc. para las empresas que participen y cumplan con programas de certificación gubernamental de producción limpia.

14. Considerando el hecho de que los trabajadores migrantes y sus familias contribuyen a la economía del país receptor y hacen contribuciones en sus comunidades y en sus centros de trabajo, deben disfrutar de todos los derechos que les corresponden en sus centros de trabajo y gozar de todas las protecciones de la ley. Para tal efecto se deben estimular políticas de generación de empleos dignos, suficientes y productivos para descartar la competencia comercial vía salarios bajos y condiciones laborales deplorables.

MEDIO AMBIENTE

15. Prioridad de los acuerdos ambientales sobre las reglas comerciales y de inversión, de acuerdo a la decisión que el país ha hecho de contar e impulsar un desarrollo sustentable que se plasma en parte en el proyecto de reforma constitucional para incluir un capitulo de garantías ambientales en nuestra carta magna.

16. Exigir que los países firmantes se comprometan a cumplir los convenios internacionales que como el de Kyoto y otros entendimientos mundiales buscan la protección del planeta.

17. Primacía y aplicación del principio precautorio (en caso de duda se llevará a cabo la acción más cautelosa a favor del ambiente).

18. Obligación de que la inversión privada cuente con tecnología que preserve el medio ambiente y se apliquen las cláusulas contenidas en diversos tratados internacionales referidas a la transferencia de tecnología, así como compartir tecnologías que preserven el ambiente.

19. Eliminación de subsidios para energía de combustibles fósiles, para tala, y otras actividades que degraden el medio ambiente y atenten contra los derechos ambientales de la población, creación de incentivos para conservación de suelos y recursos naturales, y moratoria de exploración de minería metálica y exploración petrolera.

20. Reconocimiento de la deuda ecológica de los países industrializados con respecto a los países en desarrollo, para efectos de subsidios, transferencias tecnológicas, etc.

21. Prohibición de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre formas de vida y en el conocimiento asociados a ellas, y protección de derechos colectivos de las comunidades locales en torno a conservación, siembra y cultivo de biodiversidad.

22. Soberanía de los países para establecer regulaciones a empresas e inversionistas para garantizar el cumplimiento de objetivos de desarrollo sustentable.

23. ¿Cómo se tratara el tema de las pretendidas patentes y propiedad intelectual así como de los transgénicos?, conociendo la posición que ha asumido Estados Unidos y los estudios científicos que alertan sobre los impactos en la salud, medio ambiente, sistemas productivos que estos conllevan y los derechos de los pueblos.

ADQUISICIONES GUBERNAMENTALES

24. Prioridad a micro, pequeña y medianas empresas nacionales en las adquisiciones gubernamentales.

25. Criterios de competencia que incorporen variables laborales, ambientales y sociales en políticas de adquisición gubernamental, así como formas organizativas solidarias de participación comunitaria, sin fines de lucro enmarcadas en la economía social.

INVERSIONES Y DEUDA

26. Las disputas deben ser resueltas por cortes del país anfitrión de la inversión, y solo posteriormente por tribunales internacionales.

27. Prohibición a inversionistas extranjeros de demandar contra leyes de interés público.

28. La compensación por la expropiación directa de bienes de un inversionista se determinará conforme a las leyes nacionales, considerando el monto de riqueza extraído al país mientras duró la inversión.

29. Derecho de ciudadanos de demandar a inversionistas por violaciones del acuerdo.

30. Soberanía nacional para establecer requisitos de desempeño de las inversiones extranjeras, para colaborar con entorno macroeconómico adecuado, con la transferencia tecnológica y con metas sociales, laborales y ambientales.

31. Posibilidad de que los gobiernos promuevan sectores estratégicos e inviertan en ellos por medio de gasto público.

32. Toda apertura económica debe ser vinculada directamente a un proceso de reducción y eventual condonación de deuda como parte de una estrategia económica integral para los países socios del comercio. Por esta razón un tratado de integración económica de nuestros países debe incluir medidas para aliviar la deuda de los países centroamericanos, crear mecanismos de arbitraje internacional para reducir la deuda y permitir a los gobiernos imponer controles sobre el flujo de capital para evitar o aliviar situaciones de crisis financiera o para canalizarla hacia actividades productivas.

ACCESO AL MERCADO

Consideramos que las más altas aspiraciones de la Sociedad Costarricense en búsqueda de una relación verdaderamente armoniosa con la Naturaleza deben ser un eje orientador de las políticas públicas, es decir también de las políticas de apertura comercial. Conforme a esto, toda inversión extranjera debe ser regulada en el marco de la construcción de sociedades verdaderamente sustentables, es decir con claros objetivos de desarrollo social verdaderamente justo, en armonía con la Naturaleza y respetando los equilibrios que toda economía demanda, incluyendo aspectos como balanza de pagos, reservas monetarias y otros. En razón de lo anterior, queremos conocer la posición del gobierno sobre los siguientes puntos:

33. El Gobierno debe velar por que los criterios de acceso a mercados no menoscaben su facultad de adoptar medidas para la protección de la salud, el bienestar de las personas y del ambiente, los derechos laborales, los derechos humanos y muchos otros.

34. Definición de productos y servicios con aranceles más bajos mediante un proceso transparente y participativo.

35. Definición de políticas de apoyo a la producción y asistencia técnica para generar mayor competitividad.

36. Trato especial diferenciado según tamaño de país y tamaño de la unidad productiva.

37. Eliminación de barreras no arancelarias salvo en materias sociales, laborales y ambientales.

RESOLUCIÓN DE DISPUTAS

38. Los mecanismos nacionales e internacionales de resolución de disputas comerciales, sociales, laborales y ambientales deben garantizar el derecho de los Estados a la promulgación y aplicación de leyes de protección, como un principio superior frente a la generación de ganancias para las corporaciones. Estos mecanismos deben garantizar también la participación de expertos no solo en temas de comercio.

39. Participación de sociedad civil en todos los niveles de resolución de disputas.

40. Publicidad y transparencia de procesos.

POLÍTICAS DE COMPETENCIA Y SERVICIOS

41. Servicios reservados al Estado deben ser producto de decisión soberana de cada país, al menos en las siguientes áreas:

· Energía
· Telecomunicaciones
· Manejo de agua potable
· Seguros
· Seguridad Social
· Refinamiento de petróleo

42. Exclusión de servicios públicos estratégicos de evaluación exclusiva basada en precio y competencia.

DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL

43. Primacía de acuerdos sobre derechos humanos, salud, seguridad alimentaria y biodiversidad frente a los acuerdos de propiedad intelectual y los acuerdos comerciales, tales como el Acuerdo de Propiedad Intelectual Relacionada con el Comercio (ADPIC) y el UPOV.

44. Licencias obligatorias para garantizar acceso a medicamentos esenciales así como a variedades vegetales.

45. Prohibición de patentes y derechos de propiedad intelectual sobre toda forma de vida.

46. Derecho de agricultores, comunidades locales y pueblos indígenas a guardar, usar, vender e intercambiar sus semillas, así como el deber del Estado de tutelar ese derecho.

47. Prioridad de los derechos colectivos a la propiedad comunal sobre las reglas de propiedad intelectual.

GÉNERO

Recordando que el estancamiento de la pobreza y la concentración de la riqueza en Costa Rica se acentúa durante el proceso de apertura comercial, mediante la promulgación de diferentes tratados de libre comercio y legislación afín (derechos de propiedad, etc.), y en atención a que el mismo Informe de Estado de la Nación señala claramente que la pobreza adquiere cada vez más un rostro femenino, es necesario definir una posición regional con respecto a lo siguiente:

48. Evaluación de impactos comerciales sobre las mujeres.

49. Políticas y leyes para cumplimiento de derechos civiles, laborales, reproductivos, sexuales y humanos.

50. Programas de asistencia y desarrollo para reinserción laboral de mujeres desplazadas por el tratado.

51. Programas para garantizar acceso a crédito, capacitación tecnológica y propiedad de la tierra

52. Implementación de iniciativa 20/20 de la ONU.

TRANSPARENCIA:

Partiendo de que los pueblos deben gozar del derecho a la autodeterminación y del derecho a conocer y decidir sobre los compromisos comerciales internacionales adquiridos por los Gobiernos, es decir el Derecho a Elegir en su acepción más profunda, se requiere que los procesos de toma de decisiones en las negociaciones y resolución de diferencias de las instituciones comerciales internacionales sean democráticos, transparentes, e inclusivos. Por esto solicitamos la posición del gobierno en los siguientes aspectos:

53. Las negociaciones de los tratados de integración económica deben hacerse en una forma transparente, sin “secretismos”, y deben incluir mecanismos de negociación real y efectiva con los actores sindicales y sociales, incluyendo los actores de economía social, de los países socios del comercio.

54. El texto borrador de cualquier tratado debe ser publicado en intervalos regulares; los procesos de consulta deben hacerse bajo reglas de juego claras para el pueblo, e incluir mecanismos que permitan que éstas se reflejen en las propuestas y posturas de los gobiernos y de sus equipos negociadores, así como de mecanismos para lograr acuerdos nacionales frente a la negociación.

55. Todas las decisiones que se toman en el marco de las negociaciones comerciales deben ser conocidas por el pueblo, el equipo negociador debe rendir cuentas de sus negociaciones y posiciones, y debe abrirse espacios que permitan una discusión sobre integración, no solo sobre libre comercio.

Es nuestra firme convicción, señor Presidente, que solamente si los anteriores temas son abordados por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y los países centroamericanos, será posible revertir los graves procesos de exclusión y concentración de la riqueza, de los que desdichadamente ya Costa Rica no escapa, así como para generar verdaderas sinergias entre los temas laborales, ambientales, productivos y las políticas públicas estratégicas para un desarrollo sustentable, de lo contrario, se agravarán seriamente todos los problemas.

Don Abel, respetuosamente le instamos a explicar al pueblo la posición de nuestro gobierno ante estos temas, y a abrir verdaderos procesos de construcción colectiva y no simples procesos de consulta que no permiten la generación de verdaderos acuerdos sobre el país que todas las personas queremos.

Atentamente,

Isaac Rojas
FECON

Fabio Chaves
FIT-ICE

Klaus Beisswenger
Grupo Indígena IETSAY

Cristina Zeledón
Colectivo ADELA

Pedro Pablo Aguirre
Mesa Nacional Campesina

Víctor Morales Zapata
CONACOOP

José Merino Del Río
Foro Acción Política

Donald Rojas
Mesa Indígena

Albino Vargas
ANEP

Manuel López
COECO Ceiba-AT

Rodrigo Carazo Odio
CDI

Rodrigo Aguilar
CTRN

Estimado señor:

Primeramente, expresamos a su digna autoridad el más atento y respetuoso de nuestros saludos.Como es de su conocimiento, ante la imposibilidad de conseguir cambios sustantivos en materia laboral en nuestro país en la última década, que permitan proteger y tutelar, efectivamente, los derechos de las personas trabajadoras; la ANEP, conjuntamente con otras agrupaciones sindicales, durante la administración de Rodríguez Echeverría, interpusimos ante diversas instancias, una serie de demandas o quejas; específicamente referidas a la imposibilidad material del respeto a la sindicalización en el Sector Privado de la economía costarricense, por un lado; y, por otro, a los graves problemas para el desarrollo de la Negociación Colectiva en el Sector Público.

Básicamente esas instancias son la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Departamento de Comercio del Gobierno de los Estados Unidos de América. En esta despacho tal interposición se realizó a través de la American Federation Of Labor-Congress Of Industrial Organizations (AFL-CIO), invocando las leyes estadounidenses de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe (ICC) y del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP).

Incluso, hemos conocido que existe preocupación en el Gobierno de Estados Unidos y en las organizaciones sindicales de ese país, sobre el avance de negociaciones comerciales con países que no hayan puesto su “casa en orden”, en materia laboral y ambiental.

En ese sentido, admiramos y aplaudimos el esfuerzo que usted ha realizado en torno a la moratoria petrolera y minera, a las garantías ambientales y a otros elementos, sumamente importantes, que nos pueden posicionar adecuadamente frente a esa negociación.

De igual forma, aplaudimos sus palabras pronunciadas en la Cumbre de Johannesburgo, en términos de hacer confluir las políticas laborales y ambientales, con la política productiva, económica y de comercio internacional.

Sin embargo, es nuestro sentir que la política productiva y económica, desde hace muchas administraciones, ha estado absolutamente divorciada, en nuestro país, de la política laboral y, en general, de las políticas sociales. No es casualidad en ese sentido que el Plan de Combate a la Pobreza, diseñado por su Administración, coloque como uno de los desafíos fundamentales para ese combate, el relacionamiento decidido de la política económica–productiva con los objetivos sociales, incluyendo el de combate a la pobreza.

Es nuestro parecer que, si realmente queremos avanzar estratégicamente sin precarizar las condiciones laborales de las personas y sin amenazar la sustentabilidad ambiental, tenemos que lograr dos objetivos fundamentales:

1. REFORMAS LEGALES LABORALES, que tutelen y promuevan, efectivamente, los derechos laborales fundamentales, sobre todo en el Sector Privado.

2. UNA POLÍTICA DE PROMOCIÓN DE LA PRODUCCIÓN SOCIAL, LABORAL Y AMBIENTALMENTE LIMPIA, que nos permita no sólo redistribuir oportunidades, adecuadamente, en el nivel nacional; sino posicionar a nuestro país, estratégica y dignamente, ante la negociación de tratados de libre comercio como el que Centroamérica está por negociar con los Estados Unidos de América.

3. REFORMAS LEGALES AMBIENTALES, en materias como declaración de Costa Rica como país libre de transgénicos, de la explotación petrolera y de la minería metálica, apoyo a la agricultura orgánica, rechazo a patentes sobre formas de vida, recurso hídrico, plan de ordenamiento territorial y la consolidación de las áreas protegidas públicas y privadas.

Estos objetivos son absolutamente coherentes con lo que el 21 de marzo del 2002, la Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON), la Mesa Nacional Campesina (MNC), el Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE), la organización indígena IETSAY, la Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP); le planteamos como parte de nuestras aspiraciones ante un nuevo Gobierno. Como recordará, tuvo usted la deferencia de dejarnos conocer con cuáles de esas aspiraciones podría usted asumir compromisos efectivos.

Así por ejemplo, usted nos indicó, entre otras cosas, que estaba de acuerdo con lo siguiente:

• Impulso a reforma procesal general con procedimientos especiales laborales: generada por el Poder Judicial, incorporando la reforma de procedimientos especiales en materias como la laboral.

• Políticas de apoyo a la producción social, laboral y ambientalmente limpia: política de inversión en las empresas en general, que sean respetuosas de estándares mínimos de carácter laboral y ambiental, por medio de un “Programa de Certificación de Producción Limpia”. Esta política debería incluir la transferencia tecnológica, capacitación, crédito por medio de banco de desarrollo, apoyo a la comercialización, contratación prioritaria del Estado, otorgamiento prioritario de incentivos fiscales, etc., para las empresas que inicien un proceso de certificación de su producción como laboral y ambientalmente limpia.

• Participación transparente de las organizaciones de productores, ambientales y laborales en las comisiones de definición de política comercial del COMEX y convocatoria del Gobierno a un proceso de diálogo y negociación, dirigido a la definición de los lineamientos estratégicos para la inserción de Costa Rica en el comercio internacional; con participación de las organizaciones de la sociedad civil y en el marco de políticas de desarrollo. De igual forma, con gran tino, usted nos indicó que siempre y cuando se evitaran abusos y prebendas, usted estaría de acuerdo con nuestras aspiraciones, en materia de negociación colectiva en el Sector Público, que concretamente eran los siguientes:

• Aprobación de convenios de la OIT: El No. 151 (sobre las condiciones de empleo en la Administración Pública) y el 154 (sobre el fomento de la Negociación Colectiva).

• Transformación en ley de la república, del Reglamento de Negociación de Convenciones Colectivas de Trabajo en el Sector Público: ya vigente, con una serie de modificaciones concertadas con el Gobierno anterior y con la Procuraduría General de La República.

• Modificación de artículo 192 de la Constitución Política: garantizando la negociación de convenciones colectivas en el Sector Público, salvo para los jerarcas y los niveles gerenciales, según proyecto concertado con el Gobierno y con la Procuraduría General de La República.

Se abre entonces, señor Presidente, claramente, una conjunción de intereses, aspiraciones y objetivos de los actores sociales y su Administración, tal y como ha sucedido en el marco de la Comisión Mixta para el Pacto Fiscal.

Es por ello don Abel, que, independientemente de que los diversos actores de la sociedad civil estemos o no de acuerdo con las actuales negociaciones comerciales internacionales, particularmente la eventualidad de un Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos de América; es de vital importancia que usted dimensione el papel central que tendrá en esos procesos el abordaje de los temas laborales y ambientales, y la gran oportunidad que tendremos para cambiar el rumbo precarizador de los derechos laborales y de la sustentabilidad ambiental de nuestro país.

En gran medida, la forma en que logremos incorporar estos temas en los acuerdos comerciales, podría evitar que se profundice el camino hacia la exclusión social que, desgraciadamente, estamos siguiendo; o, por el contrario, facilitarán un circulo virtuoso entre políticas sociales y productivas.

Realmente consideramos que las anteriores consideraciones merecen una atención de gran prioridad, esperando que usted indique las orientaciones por medio de las cuales, no solamente se honrarían los compromisos asumidos, hoy de carácter presidencial; sino, considerar las condiciones en que deberán darse los procesos de los tratados comerciales venideros; que, como indicamos líneas arriba, se pueden compartir o no, pero que no podrán obviar los temas apuntados.

Respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

º Lic. Ovidio Pacheco Salazar, Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
º Licda. Rina Contreras López, Ministra de la Presidencia.
º Lic. Alberto Trejos Zúñiga, Ministro de Comercio Exterior.
º Lic. Mario Redondo Poveda, Jefe de Fracción Parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
º Lic. Bernal Jiménez Monge, Jefe de Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN).
º Lic. Humberto Arce Salas, Jefe de Fracción del Partido Acción Ciudadana (PAC).
º Lic. Federico Malavassi Calvo, Jefe de Fracción del Partido Movimiento Libertario (PML).
º Lic. Carlos Avendaño Calvo, Fracción Legislativa del Partido Renovación Costarricense (PRC).
º Lic. José Francisco Salas Ramos, Fracción Legislativa Independiente.
º Señores Agregaduría Laboral de la Embajada de Estados Unidos de América en Costa Rica.
º Señores American Federation Of Labor-Congress Of Industrial Organizationes (AFL-CIO)-Representación en Costa Rica.
º Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON).
º Mesa Nacional Campesina (MNC).
º Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE).
º Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos.
º Grupo Indígena IETSAY.
º Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO),
º Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (UCCAEP).
º Confederación de Trabajadores Rerun Novarum (CTRN).
º Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP).
º Asociación Movimiento Solidarista Costarricense.
º Medios de Comunicación Colectiva.
º Junta Directiva Nacional de la ANEP.
º Archivo.