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Efectivamente, su máximo titular, el Lic. José Manuel Echandi Meza, reconoció en entrevista periodística que acaba de publicarse que “El 46 % del impuesto de ventas no se paga y esto representa 188.000 millones que se dejan de recaudar por año, …”.

Con semejante dato y con la credibilidad que le asiste a quien lo ha dado a conocer, el Gobierno de la República, particularmente su Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón, quedan en el más absoluto y profundo descrédito, sin la más mínima autoridad; para seguir argumentando que no se puede hacer un incremento salarial justo para la clase trabajadora del Sector Público, “porque no hay plata”. Esto es absolutamente falso.

Es más, El Ministro Dent le debe explicaciones serias al país. La Ley de Contingencia Fiscal le autorizó 5 mil millones de colones para fortalecer la Administración Tributaria, específicamente en el campo de la recaudación y no lo hizo. Esa ley le permitió la contratación de entre 250 y 300 profesionales para tal efecto y no lo hizo. Con esos recursos pudo comprar equipo de cómputo, de transporte y otros para fortalecer la lucha contra el fraude fiscal y no lo hizo.

El Ministro Dent no tiene autoridad moral para hablar del problema fiscal del país. El Ministro Dent tiene pendiente explicaciones profundas sobre el carácter de su gestión como responsable máximo de la administración tributaria costarricense. Es más, el Ministro Dent debe irse del Gobierno porque se ha convertido en un provocador de la confrontación social.

Ya no hay duda de cuánto repudio genera la imposición de un nuevo decretazo salarial. La propuesta del 4 % es humillante, totalmente injusta, senci-llamente inhumana. Ya se generaron las condiciones para una acción laboral de gran arti-culación, en medio de la diversidad gremial que se ha estado manifestando desde el 29 de junio a la fecha, contra la política salarial de la presente Administración. Grandes acontecimientos estarían por venir en los próximos días.

San José, 30 de julio de 2004.

Hacia fines de abril del presente año, a Caja Costarricense del Seguro Social (CSSS) nos convocó (junto a otras organizaciones sociales y productivas), para discutir la sostenibilidad financiera del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM).

La comisión se compone de representantes empresariales, sociales y laborales puestos a analizar, discutir y hacer recomendaciones que mejoren la sostenibilidad financiera de IVM. Participan de esta comisión 16 representantes con voz y voto: 4 del Poder Ejecutivo (incluyendo la propia CCSS, el Instituto Nacional de las Mujeres INAMU y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); 4 empresariales; 4 sindicalistas; 2 cooperativistas y 2 solidaristas). Además, 3 representantes con voz pero sin voto: Defensoría de los Habitantes, Superintendencia de Pensiones (SUPEN), y organizaciones de mujeres.

El objetivo de esta comisión es elaborar recomendaciones a la Junta Directiva de la CCSS, en un plazo de 4 a 6 meses. Este plazo se dividió en dos fases: Una de nivelación de información acerca de cuál es la situación que se enfrenta, y otra de elaboración e intercambio de propuestas para el fortalecimiento del régimen.

En CONACOOP y en ANEP se tiene plena claridad de que las pensiones son esenciales para una vida digna, entre quienes por alguna razón carecen de capacidades o posibilidades de generar ingresos propios durante o al final de la vida laboral activa.

En Costa Rica, la enorme mayoría (96,5 %) de las personas que contribuyen o gozan ya de una pensión, dependen del Régimen de IVM de la Caja. Este brinda pensiones por vejez (al final de la vida activa de quienes han cotizando); pensiones por invalidez (cuando un accidente interrumpe la capacidad de generar ingresos a una edad temprana); y pensiones por muerte (ante el fallecimiento de personas aseguradas que generaban los ingresos del hogar).

Las pensiones de IVM se financian con el aporte obligatorio de las personas asalariadas y con el aporte voluntario (aunque en proceso de volverse obligatorio), de las personas independientes. Del fondo común que se nutre con estos recursos, se van pagando y se pagarán las pensiones del 45 % de la población ocupada actualmente cubierta por el régimen de IVM. De acuerdo a la Caja, el sistema de pensiones enfrenta un grave problema.

Con las condiciones actuales, este fondo comenzaría a reducirse para llegar al año 2040 con mayores egresos que ingresos. Habría, por lo tanto, problemas para que las personas reciban las pensiones para las que cotizaron a lo largo de su vida. La pregunta es, ¿qué pasaría si cambiaran las condiciones actuales y qué condiciones habría que cambiar?

Según datos procesados de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM), llevada a cabo por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); carecen actualmente de todo aseguramiento 657,450 personas ocupadas, es decir, un 39% de la población ocupada. De éstas, casi la mitad, 300,000 personas, son trabajadores y trabajadoras independientes y el resto asalariadas. De todas las personas excluidas del sistema, 282.000 tienen capacidad contributiva plena (un 17% de la población ocupada) y 364.000 tienen capacidad contributiva parcial (un 19,5% de la población ocupada) y por lo tanto requieren de una mayor participación estatal.

Carecen, además, de una pensión propia, 720,000 personas que realizan trabajo no remunerado, en su mayoría mujeres, entre las cuales sólo el 13% tienen una pensión y sólo el 3% cotizan, a pesar de que muchas viven con hogares cuyos ingresos sería suficiente para contribuir a su seguro. En síntesis, estamos frente a dos Costa Rica: una incluida y la otra excluida de lo que la Constitución Política, en su Artículo 73, define como un derecho universal, equitativo y obligatorio.

Desde el CONACOOP y desde la ANEP consideramos que el dilema principal para enfrentar la reforma de IVM, es si debemos cambiar los principios que orientan el régimen de IVM; o si debemos cambiar los instrumentos de política que lo hacen posible.

A nivel de primer pilar, la Ley de Protección del Trabajador (LPT) aprobó medidas que más bien permitieran lo segundo, a través de la ampliación de las pensiones de IVM, en particular a los trabajadores y las trabajadoras independientes, como el próximo paso para inclinar la balanza hacia una y no hacia dos Costa Rica.

El principal dilema actual es proteger las pensiones de IVM para quienes ya están dentro, haciendo el ajuste entre las personas recién ingresadas y minimizando el esfuerzo de ampliación de cobertura (posición que sostienen algunos altos jerarcas de la CCSS); ó mejorar las pensiones de IVM para todas las personas, incluyendo nuevas pensiones para los que están fuera. ¡Desde CONACOOP y desde ANEP es en esto último en lo que estamos!

El 8 de julio de 2004, la Junta Directiva de la CCSS tomó un acuerdo en el cual definió los criterios que la Gerencia de Pensiones y la Comisión Social deben seguir para reformas el sistema de pensiones. Estos criterios son:

1. “Construir un escenario de reformas del IVM que cumpla con el mandato constitucional que define y orienta la CCSS; es decir, cumpliendo con los principios de universalidad, solidaridad y contribución forzosa del Estado, patronos y trabajadores.

2. Construir una reforma que parta de la plena implementación de las medidas contenidos en Ley de Protección al Trabajador y las complemente con medidas creativas e integrales acordes a los principios del sistema.

3. Construir una reforma que sea responsable con la sostenibilidad financiera de IVM, en función de los siguientes elementos:

1. Debe tratarse de una solución integral y, por lo tanto, incorporar un conjunto amplio de medidas que mejoren los ingresos del régimen y armonicen la relación entre ingresos y egresos.
2. Debe ser una solución estructural, para el mediano y largo plazo.
3. Debe proteger montos de pensiones robustos que permitan a las personas mantener niveles de vida adecuados, aunque carezcan de fondos complementarios de segundo o tercer pilar.
4. Debe buscar el fortalecimiento de la capacidad del régimen de IVM de integrar tanto sectores de altos recursos como sectores de escasos recursos. Comuníquese a la Gerencia de Pensiones y a la Comisión de Análisis de la Reforma al Régimen de Invalidez., Vejez y Muerte (IVM). Acuerdo firme.”

Desde el CONACOOP y desde la ANEP compartimos esos criterios.

En las próximas semanas estaremos compartiendo con ustedes nuestras propuestas para ser coherentes con estos criterios.

San José, 26 de julio del 2004

Albino Vargas Barrantes
ANEP

Víctor Hugo Morales Zapata
CONACOOP

Mañana miércoles 21 de julio, el Señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Lic. Ovidio Pacheco Salazar, recibirá en su despacho a representantes sindicales del Sector Municipal, para discutir el tema de la vigencia de las Convenciones Colectivas de Trabajo en este importante sector de la Administración Pública. Dicha cita será a las 10 de la mañana.

Para los empleados de las municipalidades de Costa Rica, es vital la existencia de tales convenciones, pues les da cierta garantía de estabilidad laboral, ante los embates electoreros de cada cuatro años, con las elecciones de alcalde y de los concejos.

Los lideres municipales necesitan saber la posición del Gobierno de la República al respecto y para eso han pedido la audiencia al jerarca de Trabajo y Seguridad Social, quien los recibirá mañana en su despacho.

No se descarta que en el futuro cercano, la defensa de las Convenciones Colectivas de Trabajo del Sector Municipal se hagan en las calle; sin embargo, se consideró necesario agotar todas las vías del diálogo antes de llegar a tales extremos.

San José, 20 de julio de 2004.

La actividad se iniciará a las 10 a.m., frente a la sede central de la Universidad Nacional (UNA), para culminar, luego de recorrer varias calles, en el Palacio de los Deportes.

Esta manifestación es organizada por el MOVIMIENTO CIVICO “HEREDIA POR MEDIA CALLE”, el cual aglutina a las fuerzas vivas de la comunidad florense: sectores cívicos, juntas de Salud, estudiantado, representaciones laborales y diversas agrupaciones comunales. La ANEP está integrando tal movimiento, en la persona de la señora Ligia Solís Solís, Directiva Nacional de esta agrupación y vecina de Barreal de Heredia.

La manifestación del MOVIMIENTO CÍVICO “HEREDIA POR MEDIA CALLE”, da continuidad a un proceso de manifestaciones de diversa naturaleza, en fechas sucesivas, hasta lograr que la Caja hable claro con relación al tema de la construcción del nuevo Hospital San Vicente de Paúl y se defina, conjuntamente con dichas fuerzas vivas, su futuro; especialmente en momentos en los cuales, está emitida una orden sanitaria de cierre de sus actuales instalaciones.

San José, 9 de julio de 2004.