Comisión Especial Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal (CMPF) Segunda Parte (Síntesis del debate en los meses enero, febrero y primeros días de marzo de 2003) Plataforma de los Quince Puntos

Múltiples ocupaciones, principalmente las relacionadas con la estrategia que tuvimos que planificar y llevar a cabo de cara al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos (de lo cual, estamos seguros, ustedes han leído bastante en los diferentes correos electrónicos que hemos enviado en estas primeras semanas del año), hizo imposible mantener el ritmo de comunicación con ustedes que nos caracterizó en la primera fase.

Es bueno agregar, como otro factor de consideración de la interrupción de comunicación que ha habido, un despegue lento y dubitativo en esta segunda parte de la CMPF, que estudia y analiza las mejoras y los correctivos necesarios para el eficiente funcionamiento de la Administración Tributaria y Aduanera costarricense; así como la búsqueda de nuevas alternativas para el desarrollo económico del país.

La primera sesión de la presente segunda fase de la CMPF, realizó el lunes 20 de enero. La discusión se centró (a pedido del señor Presidente de la misma, Dip. Mario Redondo), en discutir cómo se establecía la metodología y se regulaba el trabajo que se tenía por delante. No obstante, se presentó una discusión de fondo, planteada por nosotros, sobre algunas tareas que habían quedado pendientes del cierre del proceso de la primera parte, el año pasado; específicamente una moción que presentara el señor Dip. Bernal Jiménez (PLN), para que se hiciera presente el señor Ministro de Hacienda a explicar el recorte presupuestario de los ciento veinte mil millones. Retomamos este punto pues nos pareció de vital importancia por la gravedad de esta medida y la poca discusión que hasta el momento había tenido.

Los diputados del PAC y del PLN respaldaron nuestra posición, fijando fuertes posiciones en contra del recorte en partidas que estaban destinadas a las áreas sociales del Estado y a las estratégicas de las diferentes instituciones autónomas. Luego de una “justificación” del Presidente de la CMPF, el mismo se comprometió a convocar al Ministro de Hacienda de manera inmediata (comparecencia de la que más adelante hablaremos).

Por otro lado, sobre el tema del gasto, la Dip. Epsy Campbell Barr (PAC), cuestionó el excesivo impacto e influencia que tenía sobre las decisiones de Gobierno, las recomendaciones generadas por la Comisión de Gasto que se había creado por parte del Poder Ejecutivo (presidida por don Otto Guevara). Indicó que esas recomendaciones, de una u otra forma, estaban rozando con los planteamientos que la Comisión Mixta iba a formular de cara a la regulación del gasto público en el país.

Luego de esta discusión, el Presidente de la CMPF, Dip. Redondo Poveda, retomó a la palabra para tratar de encontrar puntos en común, de una discusión en donde no se encontraba una salida metodológica para funcionar. Seguidamente hizo una breve presentación don Miguel Gutiérrez Saxe, Coordinador del Proyecto del Estado de la Nación, entidad que producto de acuerdo de las partes, iba a convertirse en la Secretaría Técnica de la CMPF. Él expuso sobre el trabajo que estaba realizando con los diferentes sectores que conforman la comisión, a los cuales estuvo encuestando días antes del inicio de la misma, para obtener algún consenso sobre cuáles deberían ser los temas y la posible metodología; pero que aún no era posible hacer una propuesta ya que algunos diputados de la comisión todavía no se habían entrevistado, a la altura de ese momento.

Como la discusión no se terminó se acordó darle un espacio a los diferentes sectores para concretar sus propuestas en cuanto a la metodología a seguir, y se acordó recibir al Ministro de Hacienda para la próxima sesión.

La sesión del jueves 23 de enero se suspendió, por lo que se trasladó la convocatoria del Ministro de Hacienda para la sesión del lunes 27 de enero, sesión a la que no pudimos asistir por participar en el Parque Nacional, junto con otros grupos sociales que firmamos la “Proclama de los Sectores Sociales Costarricenses Frente al TLC con los EUA”. Recordemos que este día fue el de la apertura oficial del proceso de negociación para tales efectos.

No obstante, según nos informamos, podemos hacer un breve comentario de lo que ocurrió en dicha sesión, indicando que la exposición del señor Ministro de Hacienda, don Jorge Wálter Bolaños, sobre el tema del recorte presupuestario, se fundamentó en una frase que caracteriza mucho a dicho jerarca quien indica, constantemente, que la decisiones que se toman desde su ministerio se fundamentan en “la Costa Rica que queremos y el conjunto de aspiraciones que se tienen para lograr ese objetivo”. A nuestro entender, esa frase encierra una única aspiración que va dirigida a debilitar el Estado Social, sus instituciones y los mecanismos que tenemos los y las costarricenses para defendernos. Es decir, la Costa Rica que visualiza el ministro Bolaños y el equipo económico del Gobierno es una nación polarizada, organizada en los sectores del poder económico y desorganizada en los sectores populares. Esto se demuestra en el posicionamiento ideológico del nombrado funcionario, en el siguiente extracto del acta de esa sesión: “En resumen, como ustedes ven, este plan de racionalización del gasto no está fijando recortes, sino que esta limitando el crecimiento de todo el sector público. …” (Acta No. 50, página 20, 27 enero 2003); frase más lapidaria no hubiésemos podido encontrar para entender por donde va el pensamiento de don Jorge Wálter Bolaños y del equipo económico del Gobierno del Presidente Pacheco.

Ante este discurso pro-debilitamiento del Estado, acucioso como siempre en su guerra personal contra los trabajadores del Sector Público, tuvo la primera participación el diputado Malavassi, quien nuevamente deja entrever en sus declaraciones un empecinamiento contra las instituciones del Estado y sus trabajadores. En síntesis, el señor Ministro J. W. Bolaños no respondió a preguntas de fondo, pues su exposición no puntualizó cuáles eran las partidas que se estaban recortando, sino que indicó que eso quedaba a potestad de cada jerarca en las diferentes instituciones, por lo que entendemos que la discusión no fue más allá. Se levantó la sesión.

No nos volvimos a reunir por razones no claras aún, sino hasta el jueves 6 de febrero en donde nuevamente, y a solicitud del diputado Bernal Jiménez del PLN, se habló del tema de la comparecencia del señor Ministro de Hacienda; retomando un pensamiento de éste en cuanto a que “el déficit fiscal es la razón del desarrollo económico: es decir hizo unas manifestaciones muy simplistas de que el país que tiene superávit se desarrolla y el que tiene déficit no…”. Y a partir de ahí empezó toda una discusión ideológica de la cual tenemos que decir nos parece muy consecuente el pensamiento de don Bernal, con el cual coincidimos en no pocos análisis, y que finaliza con la tesis de que no es cierto que para que una economía se desarrolle, deba existir el déficit cero. Como recordarán una de las posiciones fundamentales del Grupo de la Tercera República es que no creemos en el déficit cero.

Ante esta discusión, el Presidente de la CPMF, Dip. Redondo, optó por cortar, abruptamente, la discusión diciendo que no pretendía reabrirla sobre la comparecencia del Ministro J.W. Bolaños. Aún así, algunos diputados siguieron insistiendo sobre el tema, llevando al diputado presidente a formular un planteamiento para organizar el trabajo de la comisión. Primero propuso crear tres subcomisiones: una de evasión fiscal, otra de racionalización del gasto público y la tercera de competitividad y reactivación económica; pero esto fue objetado por la mayoría de los señores diputados y las señoras diputadas. Se realizó otro proceso de discusión y al final de la sesión se acordó lo siguiente: “Crear dos subcomisiones: una de reactivación económica y competitividad, y la otra de racionalización del gasto público; las mismas se reunirán los días jueves, dejando entonces como único día hábil de sesiones del pleno de la comisión los lunes. En cuanto a los temas de eficiencia tributaria, se acordó convocar el proyecto de ley de la ANAT para ser discutido los días lunes en la sesión ordinaria de la comisión “. Se levantó la sesión.

La conformación de las subcomisiones, que fue comunicada en el transcurso de la semana por el Presidente de la Comisión es la siguiente:

SUBCOMISION RACIONALIZACION DEL GASTO, TRANSPARENCIA, E INFORMES DEL PODER EJECUTIVO. Diputados/as: Margarita Penón Góngora (PAC), Coordinadora; Nury Garita Sánchez (PLN), Ricardo Toledo Carranza (PUSC). Asesores externos: Rodrigo Aguilar (CTRN), Albino Vargas (ANEP, Plataforma de los Quince Puntos), Enrique Acosta (Mov. Solidarista), Carlos González (Viceministro de Hacienda).

SUBCOMISION DE REACTIVACION ECONOMICA. Diputados/as: Mario Redondo (PUSC), Federico Malavassi (ML); Bernal Jiménez (PLN) y Epsy Campbell (PAC). Asesores externos: Víctor Morales (CONACOOP), Doris Osterlof (CADEXCO).

Pasamos a la sesión del día lunes 10 de febrero, en la cual el diputado libertario Federico Malavassi pidió la palabra para dar inicio a una discusión sobre la creación de las subcomisiones arriba mencionadas, aduciendo que no hubo acuerdo o votación alguna; expresando, en realidad, un fuerte cuestionamiento a dicho esquema de trabajo, argumentando que se estaba “renunciando” al ejercicio soberano del diputado de legislar. Hasta ese momento no se había hecho presente el señor Presidente de la CMPF, Dip. Redondo, por lo que la Presidenta ad-hoc, diputada Campbell, indicó que la decisión de creación de esas subcomisiones era potestad del Presidente. No obstante, en una posición poco comprensible (bueno, en realidad, no tan poco comprensible), para la mayoría de quienes participamos de esa sesión, el diputado libertario presentó una apelación a dicha decisión, lo que alargó la discusión por más de una hora. Algunos pensamos que esto sería, otra vez, el comienzo del proceso obstruccionista de los libertarios, tal y como tuvimos que vivirlo en la parte del proyecto de Contingencia Fiscal. Al final se votó la moción y fue rechazada.

El diputado presidente se hizo presente, luego de justificar su ausencia por un acto político en la Ciudad de Cartago, pidiendo a los representantes del Ministerio de Hacienda que realizaran la exposición sobre las propuestas que se refieren al combate de la evasión fiscal y mejora en la eficiencia tributaria. Hay que recordar que sobre el tema hay, puntualmente, tres propuestas presentadas. Una es el proyecto de las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios; la segunda se refiere a la creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria (ANAT); y la tercera es la reforma al Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la reforma a la Ley de Impuesto sobre la Renta.

A este efecto, tomó la palabra el Lic. Adrián Torrealba, Director General de Tributación Directa, para hacer una exposición técnica de los proyectos arriba mencionados; pero no vamos a ahondar porque consideramos conveniente para mejor información de nuestros lectores y nuestras lectoras, realizar ese análisis de fondo una vez se estén viendo los proyectos por separado, para así poder plasmar nuestra posición con respecto a cada uno.

Luego de esta exposición se procedió a realizar las consultas por parte de los miembros de la CMPF y se empezó a discutir, formalmente, el proyecto de Ley de creación de la Agencia Nacional de Administración Tributaria (ANAT), pero el grueso de la discusión de planteo para la siguiente sesión.

Entramos a la sesión del lunes 17 de febrero en la cual, nuevamente, el diputado Malavassi, vuelve a apelar sobre la votación de la moción de apelación a la creación de las subcomisiones que él había planteado en la sesión anterior. Se vuelve a abrir otra discusión infructuosa, que hace perder bastante tiempo de la sesión de ese día. Al final se rechaza la apelación. Pasamos a escuchar más a fondo la propuesta del proyecto de Ley de Creación de la ANAT. Dicha exposición puntualizó sobre los problemas que tiene actualmente la Administración Tributaria, además de compartir algunas posibles soluciones según tendencias modernas de la Administración Tributaria; sin pretender, según su dicho, que la propuesta fuera totalmente aceptada, sino que entre todos procedamos a encontrar mejores soluciones a esos problemas, de modo que el proyecto se pudiera reformar.

El Lic. Torrealba formuló su explicación de los problemas básicos, aduciendo que uno de los principales era el hecho de que el Servicio Civil, amarra a la Administración Tributaria y no le permite crecer, pues el Servicio Civil no tiene especialización en temas tributarios; indicando problemas para determinar reglas de cómo ingresa alguien a la administración, el manual de puestos, y otros elementos esenciales. Cuestionó, también, el sistema de proveeduría del Ministerio de Hacienda, que toma decisiones sobre contratación administrativa, sin tener mayor conocimiento de las necesidades y de la Administración Tributaria.

Otro problema, según dicho jerarca, es la falta de competitividad en los salarios, pues son tan bajos que no se puede contratar personal más calificado en materia tributaria; y clamó por mayor inversión en la Administración Tributaria. En resumen, planteó que la solución ideal para todos esos problemas se da con la creación de la ANAT, pues obtendríamos soluciones coherentes, equilibradas, que impidan abusos y que daría la posibilidad de hacer una gran gestión de carácter empresarial de los tributos; y que se le puedan exigir resultados. En síntesis, una administración que rinda cuentas y en donde la inversión encuentre un retorno.

El Presidente de la CMPF trató de que se expusiera sobre todos los temas (ANAT, Código de Normas, IVA y Renta), y al final hacer las consultas y propuestas del caso, pero no encontró eco. Principalmente tomamos la palabra para advertir sobre la necesidad de ir paso a paso, dado la poca claridad del tema y la falta de información sobre algunos temas esenciales que se venían tocando; indicando que la velocidad del proceso podía cercenar la discusión de fondo y hacernos incurrir en error. Ante esto y otros planteamientos similares se procedió a presentar una moción por parte del presidente, en donde se proponía dejar en el primer lugar del orden del día el proyecto de la ANAT, y su discusión hasta el final del mismo. Esta moción fue aprobada.

Se continuó, entonces, con la discusión del proyecto de la ANAT y se pasaron el resto de proyectos para el mejoramiento integral de la gestión tributaria para el final de la agenda. Las críticas a la “independencia” de la Administración Tributaria vía ANAT, no se hicieron esperar. Se criticó el hecho de que se quería hacer un ente autónomo, sin el control del mismo Ministerio de Hacienda. Se indicó que entonces para qué se quería Ministerio de Hacienda si su facultad principal no la iba a realizar, cual es la de cobrar tributos, pues esta función la ejercería la ANAT. Nosotros, en particular, cuestionamos la tesis del Lic. Torrealba, de que era necesario salir del Servicio Civil para mejorar los salarios de los trabajadores de la Administración Tributaria. Para nosotros ese mejoramiento salarial y las mejoras restantes que se proponen se pueden realizar dentro del Servicio Civil y a un menor costo en la gestión y el control; tan solo es un asunto de voluntad política y de los señores diputados y diputadas para adecuar la actual legislación del Servicio Civil. En síntesis, indicamos que no estábamos convencidos de que la ANAT sea la solución, pues nos parece que es un asunto de cultura tributaria, de equidad y de sistemas sancionatorios, más que otra cosa. Las restantes intervenciones fueron en el mismo sentido, la mayoría criticando este proyecto de ley.

La diputada Epsy Campbell (PAC), recordó que ya se había estudiado por parte de una subcomisión, durante el proceso de aprobación de la Ley de Contingencia Fiscal, el tema de la ANAT; agregando que era importante retomar el criterio de esta subcomisión y el análisis que del proyecto inicial se había realizado, por lo que se acordó escuchar el dictamen de esa comisión en la próxima sesión. Por otro lado, podríamos decir que tantos fueron los cuestionamientos a este proyecto en esta sesión que el mismo Viceministro de Hacienda anunció la proposición de un texto sustitutivo, dando inicio al proceso de entierro del proyecto ANAT. Resultó obvio que el Gobierno ya tenía claro que tal iniciativa no tendría futuro en el seno de la CMPF.

La sesión del 24 de febrero, sesión No. 54, fue la que cavó la tumba del proyecto de la ANAT. Ese día se desecho por completo y se acordó la presentación de un texto sustitutivo, lo cual fue muy coincidente con lo que había propuesto en su dictamen la subcomisión de la ANAT que rindió su informe en ese sentido. Pero también se presentaron varias sorpresas, como lo fue el cambio de posición del Director General de Tributación, don Adrián Torrealba. Ahora sí, manifestó su esperanza de que dentro del Servicio Civil se podían realizar las mismas mejoras que se habían propuesto dentro de la ley de Creación de la ANAT, lo cual nos dejó con mucha satisfacción por la corrección de una posición muy radical en esa línea de los funcionarios de la jerarquía tributaria costarricense.

Después de esto la sesión no se alargó mucho y se quedó en solicitar, de manera formal, el texto sustitutivo al proyecto de ley en discusión, a los representantes del Ministerio de Hacienda.

El trabajo de las subcomisiones apenas comienza y en ambas se está buscando una metodología de trabajo; tratando de posicionar los temas sobre los que discutirán según orden de prioridades, por lo que una vez definidas estas acciones y cuando estén las discusiones de fondo informaremos más al respecto.

En la sesión del día 3 de marzo se conoció la presentación de lo que sería la Dirección Nacional de Tributos, entidad que sustituiría la propuesta rechazada de la ya fallecida ANAT. Sólo se conoció esta nueva propuesta no hubo mayor discusión. Este lunes 10 se empezó a hablar de la DNT, aunque se recibió en audiencia al señor Erick Thompson, experto en materia tributaria quien, a pesar de la nueva situación en la CMPF sobre este tema, insistió en defender la tesis de la ANAT.

Otra vez, presentamos a ustedes nuestras sinceras disculpas por la interrupción en el envío de estas minutas sobre la CMPF en su segunda fase. Gracias por leerlos y gracias por hacerlo en lo futuro. Realizado el “mea culpa” de rigor, con honestidad, nos comprometemos a recuperar la sistematicidad en el envío de nuestras impresiones sobre este trascendental proceso para nuestro país.

La redacción general de esta síntesis corrió a cargo del compañero Rafael Mora Solano, revisando y complementando, el compañero Albino Vargas Barrantes. Hasta la próxima.


Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del
Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Grupo Indígena IETSAY

La agresión militar de Estados Unidos a Irak: LA PAZ ES POSIBLE. NOS MANIFESTAMOS CONTRA LA GUERRA

De los 24 millones de habitantes de Irak, 10 millones necesitarían ayuda después del ataque militar estadounidense; habrá miles y miles de muertos y heridos. La niñez y la adolescencia iraquí serán, dolorosamente, quienes más sufrirán (el 48 % de la población iraquí tiene menos de 14 años). Hasta un millón de personas tendrán que abandonar sus hogares, convirtiéndose en refugiadas de guerra.

Si bien Irak está gobernado por un hombre con poderes dictatoriales y que ha atropellado los Derechos Humanos de poblaciones étnicas distintas a las de su propio origen (como la población kurda); esta no es causa suficiente para la descomunal agresión militar estadounidense que se avecina. Estamos de acuerdo en que el régimen político iraquí debe ser despojado de cualquier arma de destrucción masiva, pero jamás la vía de la agresión militar debe legitimarse para ello. Es más, creemos que ningún país del planeta debe tener armas de semejante impacto destructivo, por más poderoso que sea.

Las razones de un eventual ataque de los Estados Unidos contra Irak son otras. Por ejemplo, la necesidad de tener control directo sobre los 112 mil millones de barriles de petróleo que tiene Irak en su subsuelo (las segundas reservas más grandes del planeta, después de las de Arabia Saudita), es una de las verdaderas razones para semejante agresión.

Otra razón no menos poderosa es la necesidad de la reactivación que necesita, con urgencia, la economía estadounidense, cuya industria de guerra es vital en tal sentido. El gasto militar estadounidense, público y privado, está detenido, por la acumulación en bodega de enormes cantidades de material bélico que ya se está volviendo obsoleto; así como la imperiosa necesidad de probar los nuevos inventos para la guerra, como la bomba eléctrica.

A pesar de la inminencia de esta agresión militar, que jamás puede conceptuarse como una verdadera guerra, en ANEP creemos que la paz es posible y desde ya, condenamos, de manera enérgica la acción bélica estadounidense contra el pueblo iraquí. En su momento, con la misma energía y vehemencia, condenamos los viles ataques terroristas del 11 de setiembre del 2001, que tanto dolor provocaron en la gran nación del norte de América y en todo el mundo.

Sabemos que el pueblo trabajador de ese gran país, que es los Estados Unidos de América, no comparte la acción de su gobierno. Sabemos que las grandes transnacionales que controlan la comunicación mundial, manipulan la información en torno a Irak. Todavía queda mucha gente confundida y/o engañada; pero, aún así, pese a la engañosa estratagema desinformativa, millones y millones son ya plenamente conscientes de las verdaderas intenciones del Presidente Bush y de sus socios de las compañías petroleras y de la industria militar.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su condena enérgica a las acciones militares estadounidenses contra el pueblo iraquí. Nos unimos al amplio, diverso y creciente clamor mundial a favor de una solución pacífica en el caso de Irak. Hacemos un llamado para que todos y todas nos pronunciemos por la paz.

San José, Costa Rica,
25 de febrero del 2003

ANEP PIDE INVESTIGACION A LA CONTRALORIA

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha solicitado una investigación a la Contraloría General de la República, en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), encabezado por la Licda. Vilma Villalobos; para determinar la procedencia del dinero con que se pagan los salarios de varias personas que están clasificadas como “personal de confianza” de dicho despacho ministerial; según se desprende del Acuerdo Ejecutivo No. 26-MEIC, fechado 3 de setiembre del 2002 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, No. 183, del martes 24 del mismo mes y año.

Tenemos la presunción de que esas personas no están pagadas por el presupuesto oficial del MEIC, determinado en la Ley General de Presupuesto de la República; sino que los dineros que financian esos salarios proceden de una entidad denominada “Fundación CRUSA”, creyendo entender que “CRUSA”, son las siglas que definen las expresiones geográficas y políticas “Costa Rica” y “United States Of America”.

Estamos hablando de las siguientes personas:
Leonardo Campos Castillo
Mabel Castro Valverde
Melissa Molina López
Andrea Gallegos Rodríguez
Melanie Bacherer Arends
Ricardo Madrigal Jiménez
Camilo Monterrosa de León
Patricia del Bo
Isabel Cristina Araya
Erick Borbón
Ileana Cruz
Flor Soto
Laura Castro
Maríaminta Quirce
Karla Plá
Edwin Fallas

La carta que la ANEP envió al Lic. Luis Fernando Vargas Benavides, Contralor General de la República, solicita que la investigación a desarrollar tenga aspectos como los siguientes:

1- Determinar qué es la denominada Fundación CRUSA en toda su dimensión: registro, directiva, misión, fuentes de financiamiento, etc.
2- Si efectivamente todas esas personas realizan o realizaron laborales para el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), luego de la llegada al poder de la actual administración del país.
3- Cuál es el nombre del puesto y el salario correspondiente para cada una de ellas.
4- Establecer las fuentes de financiación de tales puestos y si se confirma que esos dineros provienen de la denominada Fundación CRUSA.
5- Qué tipo de labor realiza cada una de esas personas en esos puestos.
6- Qué tipo de vínculo podría haber en cada una de esas labores, con relación al proceso que vive el país para establecer negociaciones comerciales; particularmente, el proceso del Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos (incluida Costa Rica) y los Estados Unidos de América.
7- Cuál es el grado de legitimidad jurídica que les asiste para trabajar, ordenar, tener personal subalterno, usar la infraestructura institucional (planta física, servicios de oficina, equipos, teléfonos, luz, agua, etc.); en una institución de servicio público, cuyo presupuesto lo aprueba la Asamblea Legislativa.
8- Si se confirma que sus salarios provienen de la denominada Fundación CRUSA, cómo gira ésta tales dineros a cada una de esas personas, ¿directamente?, ¿a través de una sociedad?, ¿cómo?
9- Se debe determinar si pagan impuesto sobre la renta esos salarios y si, tal y como técnica y sistemáticamente se les rebaja en el Sector Público a los trabajadores y a las trabajadoras objeto de tal tributo, así se aplica a los salarios que se estarían pagando por la modalidad indicada.
10- Adicionalmente, solicitamos que el ente contralor bajo su digna dirección proceda, también, a investigar si la mencionada “Fundación CRUSA” estaría financiando pago de personal en los ministerios de Hacienda y de Comercio Exterior.

Considerando que el proceso que el país ya está viviendo en torno a la eventual suscripción de un tratado de libre comercio con los Estados Unidos de América, es más que urgente establecer la veracidad de nuestra denuncia, considerando el importante papel que el MEIC tiene en este proceso.

San José, 14 de febrero del 2003.

ICE: HORA DE DEFINICIONES

La perversa estrategia del equipo económico neoliberal del Gobierno del Presidente Pacheco de la Espriella, está en su apogeo: el estrangulamiento financiero de la institucionalidad pública de este país, particularmente la del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE)

Su destrucción ha sido la máxima aspiración de los poderosísimos grupos económico-financieros que han logrado influenciar las principales acciones políticas de las administraciones Monge Alvarez, Arias Sánchez, Calderón Fournier, Figueres Olsen, Rodríguez Echeverría, y ahora, Pacheco de la Espriella.

Tal influencia, sobredimensionada por el manejo manipulador de la opinión pública a través de los negocios periodísticos de esos grupos, llegó a ser tan contundente como para mandar al cementerio político los ideales socialdemócratas y socialcristianos en los cuales, cínicamente, decían inspirarse esos gobiernos.

Afortunadamente, el pueblo se dio cuenta de tal embuste y pasó la factura: quiebre del bipartidismo histórico, alto abstencionismo electoral, descrédito de la acción político-partidista; y, lamentablemente, el deterioro de la institucionalidad democrática. Y, como era de esperarse, todos hicieron el “mea culpa”, se rasgaron las vestiduras y pidieron perdón por la traición a los principios filosóficos, políticos y sociales de una Costa Rica solidaria, de capas medias, con integración y movilidad social y cierta equidad distributiva; valores que nos dieron una identidad particular como nación, que nos ganó la admiración mundial.

La abusiva directriz para un absurdo recorte del gasto público, por el orden de los 120 mil millones de colones para este año 2003, tiene en el ICE el primer conflicto institucional evidente. Pero hay más conflictos y es nuestro deber apoyar para una articulación de resistencia en la que ya estamos trabajando.

En estos momentos cruciales, conviene preguntar, públicamente y a viva voz; con todo respeto pero con gran vehemencia:

A la fracción parlamentaria del Partido Liberación Nacional (PLN):

1. ¿Qué fue del otrora glorioso Partido Liberación Nacional, arquitecto de la sociedad de capas medias que nos dio paz y honra ante el mundo?;
2. ¿Es real que pretenden reconstruirse como alternativa política y recuperar su papel ante la ciudadanía, la cual les cobró carísimo su traición al ideal socialdemócrata?;
3. ¿Qué harán ahora para demostrar que, esta vez, sí defenderán (como no lo hicieron en el 2000), la institución emblema de la obra de don Pepe Figueres?

A la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC):

1. ¿Qué podemos esperar de la fracción del PAC, cuyas curules son producto de la enorme ola de descontento ciudadano generada a partir de los movimientos sociales del combo del ICE en el año 2000?;
2. ¿Honrarán, de verdad, la confianza de los grandes sectores de capas medias que les votaron en el 2002; esas capas medias que tienen en el ICE el símbolo de un modelo de desarrollo que nos dio equidad y paz social?;
3. ¿Asumirá, toda la fracción en bloque, el enorme compromiso histórico del rescate de nuestra institucionalidad lesionada o continuarán algunos de sus integrantes comportándose como furgón de cola del tren neoliberal del Gobierno actual; tal y como es percibido (a lo mejor, injustamente), en el ambiente de los sectores sociales.

A la fracción parlamentaria del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC):

1. ¿Cómo actuarán aquellos legisladores y aquellas legisladoras quienes, a pesar de ser integrantes de la fracción parlamentaria oficialista, han nutrido sus carreras políticas con los mejores aportes del pensamiento progresista mundial y, particularmente, de la filosofía de la Doctrina Social de la Iglesia Católica, profundamente humanista?;
2. ¿Dejarán que las erráticas, fanáticas, fundamentalistas y antisociales políticas del equipo económico oficialista, nos arrastren a una serie de confrontaciones sociales de mayor intensidad a las que hubo en el año 2000?
3. ¿Serán capaces de desmarcarse de la gestión oficialista neoliberal del equipo económico que arrastra a su partido al enfrentamiento abierto con la sociedad civil?

Miles y miles de trabajadores y de trabajadoras esperarán respuestas al gran desafío aquí planteado. Cientos de organizaciones sociales de la más diversa naturaleza, articulándose ya para los graves momentos de lucha cívica que se avecina, esperan claras definiciones.

San José, 13 de febrero del 2003.

Don Ronulfo Jiménez debe irse

Las decisiones políticas y las actitudes para con la sociedad, que ha venido adoptando el equipo económico del Presidente Pacheco de la Espriella, conducen, en línea directa, hacia la confrontación social.

El país está siendo sometido a una elevada tensión, producto de visiones y decisiones económicas profundamente ideologizadas, que están minando, seriamente, el mejor activo que el presente Gobierno ha venido exhibiendo hasta ahora: la credibilidad del actual mandatario. Sobran razones para cambios radicales en la orientación económica que se ha impuesto al país. Veamos:

Insisten en forzar a la sociedad a aceptar la escandalosa decisión de una privatización carcelaria, a través de una concesión que de concretarse, implicará casi 10 mil millones de colones anuales. La oportuna intervención de la Defensoría de los Habitantes de la República y la acción laboral del Sistema Penitenciario Nacional, le han dado al país un respiro con el cuestionamiento constitucional de esa abusiva concesión.

No se sabe a ciencia cierta cuál es la realidad del déficit fiscal, pues se han manipulado las cifras, con objetivos poco claros. En determinado momento aterrorizaron a la sociedad, diciendo que el déficit se acercaba al 6 % del Producto Interno Bruto (PIB); luego, al finalizar el año 2002, se informó que era de 3.9 %.

Fijan, unilateralmente, el monto del reajuste salarial para el Sector Público, despreciando los esfuerzos de negociación, sin haber agotado todas las posibilidades para lograr un acuerdo; relegando, además, a un segundo plano el papel del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Establecen una directriz de reducción del gasto público sumamente drástica (120 mil millones de colones), provocando una severa crisis en diversos programas institucionales, muchos de ellos de corte social. Esto producirá numerosos conflictos sectoriales a lo largo de las semanas venideras. El caso del ICE es tan sólo el primero en hacerse evidente.

Burlándose de la mayoritaria voluntad ciudadana contraria a las privatizaciones, diseñan una estrategia para el estrangulamiento económico de la institución emblemática del modelo costarricense de convivencia civilizada: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Pretenden así crear las condiciones para entregarle su mercado a las transnacionales estadounidenses, en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC). Ante la resistencia civil a estas maniobras, ahora pretenden chantajear al pueblo, diciéndole que debe pagar más por la luz y el teléfono, para que el ICE pueda hacer inversión.

Se entromenten en las decisiones técnicas para designar un nuevo gerente para el Banco de Costa Rica, la entidad financiera más rentable de todo el Sistema Bancario Nacional, incluida la banca privada. Atropellan su autonomía buscando posicionar figuras que impulsen y profundicen la desaparición de la banca pública.

Sobran las razones para cambios drásticos en el equipo económico del Presidente Pacheco de la Espriella. Al menos, el señor Ronulfo Jiménez debe salir del Gobierno para que éste pueda tener acceso a otras visiones, menos fundamentalistas y dogmáticas, del desarrollo económico del país, con equidad y sin extremismos. Esos fundamentalismos son contrarios al humanismo cristiano que defiende el Presidente de la República.

Si se dan esos cambios, se abrirán nuevos espacios de confianza y de transparencia hacia la búsqueda de grandes consensos nacionales en esta hora crucial del país. El Presidente Pacheco está obligado a darse una nueva oportunidad y propiciar esos cambios que demandamos.

San José, 6 de febrero del 2003.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

Carta Abierta: Asunto: ANEP apoya lucha contra «Biombos».

San José, 5 de febrero de 2003.
Doctor S.G. 0062-03
Doctor
Eliseo Vargas García
Presidente Ejecutivo
Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)
Su Despacho

Estimado señor:

Vergonzoso, inadmisible, increíble, antiético, fuera de contexto. Así califica nuestra organización sindical la noticia sobre nuevos cobros por servicios de salud en las instalaciones públicas de la CCSS (“biombos”). La verdad es que se trata de un problema viejo que no ha sido atacado, adecuadamente, por quienes tienen la opción de erradicar la corrupción y el lucro con la Salud Pública.

Pensamos que sólo se han asumido medidas paliativas, esporádicas y un tanto simplistas. Consideramos se requiere una contundente acción preventiva que anticipe al acto de quien tenga éstas malsanas intenciones, las que muchas veces se concretan y quedan en el anonimato; y, lo que es peor, en el olvido y, consecuentemente, en la impunidad.

Por otra parte, reiteramos a su autoridad nuestra demanda para que se cierren las pensiones privadas que operan en la Caja; asimismo, para que se derogue el reglamento que fuera aprobado en la administración anterior, el cual habilitó la opción de brindar servicios privados dentro de la institución, utilizando el recurso material y humano propio de la CCSS, que pagamos todos los contribuyentes sin obtener ningún beneficio particular que sí reciben algunos profesionales médicos.

La corrupción debe atacarse en su raíz. Los “biombos” no son un síntoma; son la manifestación más clara de la descomposición social de nuestro país, como una enfermedad que avanza a pasos agigantados y que urge detener.

Mientras esto sucede en nuestra Costa Rica, en El Salvador son, precisamente, los médicos quienes defienden el sistema de Salud Pública, en un movimiento que alcanza casi ciento veinte días. ¡Qué ironía!

Cierren las pensiones y deroguen el reglamento y así empezará a eliminarse las puertas por donde entra la corrupción a la Caja. Mientras eso no se haga, el problema tendrá un “tufillo” de legalidad y servirá para que algunos inescrupulosos hagan sus negocios personales con la salud de este pueblo.

Cuente con el apoyo de nuestra organización en las acciones que concreten la eliminación de estas prácticas en forma definitiva en la institución.

Atenta y respetuosamente,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Geovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional
Responsable ANEP-Sector Salud

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  • Trabajadores y Trabajadoras de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
  • Dr. Horacio Solano, Gerente Médico CCSS.
  • Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica.
  • Medios de Comunicación Colectiva.
  • Sindicatos de la CCSS.
  • Junta Directiva Nacional ANEP.
  • Archivo.

Proclama de los sectores sociales costarricenses frente al Tratado de Libre Comercio (TLC) de los países centroamericanos con los Estados Unidos de América

CIUDADANAS Y CIUDADANOS:

Nos reunimos hoy, 27 de enero del 2003, momento en el cual se inicia, oficialmente, en suelo costarricense, el proceso de negociaciones tendientes a la eventual suscripción de un tratado comercial (TLC) entre los países de la América Central (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica), con los Estados Unidos de América; para proclamar, ante el Pueblo Costarricense, ante los Pueblos Hermanos Centroamericanos, ante el Pueblo Estadounidense y ante los Pueblos del Mundo que, nunca, bajo ninguna circunstancia, los pueblos centroamericanos podríamos aceptar otra alternativa que no fuera la del comercio totalmente justo, teniendo presente la realidad social y económica de nuestras naciones, radicalmente diferente de aquella que presentan, por ejemplo, los países desarrollados. Por tanto:

Nos hemos unido para indicar, con potente voz cívica, que la paz en la Tierra se tiene que construir, necesariamente, con el profundo respeto entre las naciones y entre los pueblos; y que, en consecuencia, cuando se trata de relaciones económicas, el comercio justo es la única vía correcta para el desarrollo compartido, en un marco de equidad y de solidaridad. Partiendo de este postulado, hoy hacemos un llamado a la lucha cívica. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben partir de una base sólida de comercio justo, que tome en cuenta las dimensiones de nuestras economías, el acceso tecnológico, las posibilidades infraestructurales, el manejo de capital, el tamaño del mercado y las particularidades socioculturales, ecológicas e institucionales que, soberanamente, hemos adoptado como naciones civilizadas.

Nos hemos unido para señalar, con absoluta claridad y contundencia, que la serie de reformas económicas impulsadas en la región en los últimos años, aunque con distintos grados de intensidad, no han generado las condiciones necesarias que abran el tránsito hacia una sociedad de mayores oportunidades pues, contradictoriamente, la senda elegida es la de la concentración del ingreso y la desaparición paulatina de nuestras estructuras productivas Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben partir de la base de la realidad inobjetable de las abismales asimetrías que presentan las economías involucradas en este proceso, pues es imposible creer que la igualdad de condiciones sea una sana y correcta base de partida.

Nos hemos unido porque es necesario e imprescindible mencionar que nuestras naciones centroamericanas arrastran altísimas cargas económicas producto de su crónico endeudamiento externo, lo que dificulta, aún más, la inserción económica que se ha venido promoviendo; presentándose, en consecuencia, gigantescas desventajas para impulsar sociedades justas en tal marco de condiciones. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben considerar y definir políticas de atenuación, readecuación y/o condonación de nuestras abultadas deudas externas.

Nos hemos unido para indicar, a nuestros gobiernos y a nuestros parlamentos, que los intereses patrios en función del anhelo de una sociedad con desarrollo y bienestar social y económico, integrada y de oportunidades para todas las personas, debe animar todas y cada una de sus acciones, en el marco del desafío que se nos planteado con la posibilidad de un TLC con Estados Unidos. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones, imprescindiblemente, deben estar impregnadas de la más profunda transparencia, la más amplia divulgación y la profunda participación ciudadana, real y decisoria; tanto institucionalmente, como en la vía parlamentaria, a través de la sociedad civil organizada y sus expresiones más dinámicas y representativas.

Nos hemos unido para dejar constancia de nuestra más firme decisión de luchar por la preservación y la defensa del patrimonio nacional, de carácter público, que cuenta en su haber (como en el caso costarricense), con importantes empresas estatales de servicio público; mismas que, de una forma u otra, han estado asociadas al perfil de sociedad democrática de oportunidades que nos ha dado una convivencia pacífica. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben considerar decisiones ciudadanas ya contundentes contrarias a la apertura de monopolios públicos o a la enajenación, en cualesquiera de sus formas, de los bienes de la nación, como en el caso de Costa Rica.

Nos hemos unido para dejar constancia de que queremos restaurar, desarrollar y preservar el histórico sitial que, a todo lo largo de nuestra vida republicana, ha jugado el campesinado nacional, en sus distintas manifestaciones económicas y sus diferentes niveles productivos; constatando que las condiciones para su vulnerabilidad se han potenciado, razón de más para ponernos en guardia ante el desafío del denominado “libre“comercio que se nos propone con los Estados Unidos, país que sí tiene en alta estima y potencia el papel de sus propios agricultores. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben contemplar condiciones totalmente iguales para el intercambio comercial, de lo contrario, estaremos suicidándonos al hipotecar para siempre, la alicaída soberanía alimentaria que todavía nos queda y al profundizar la inequidad social y la pobreza en las comunidades rurales.

Nos hemos unido para renovar la senda que como país nos hemos trazado para la defensa a ultranza de nuestra rica biodiversidad y riquezas naturales, de forma tal que la producción nacional avance a una plena armonía con las demandas por la preservación de un entorno, cuyo paulatino deterioro amenaza la vida, la de las personas que habitamos en estas privilegiadas tierras y la de los demás seres vivos. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones, deben incluir la sustentabilidad y soberanía ambiental, como obligación para con las futuras generaciones.

Nos hemos unido para ratificar que nuestro Estado Social de Derecho, aún maltrecho por las diversas acciones políticas de los últimos años, consagra un apartado fundamental en su estructura para garantizar una producción que respete la naturaleza; que promueva las formas productivas con equidad social y adecuada distribución de la riqueza; así como el trabajo digno para las personas que integran nuestra clase trabajadora. De esta manera, las Garantías Ambientales que se impulsan en nuestro país, el desarrollo de las organizaciones de la economía social, así como la promulgación del Código de Trabajo; representan herencia fundamental de patriotas de distintas visiones que confluyeron en el concepto de humanización del trabajo humano, a través de reglas de obligada observación. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben establecer la concepción del apoyo, promoción y financiamiento de la producción ambiental, laboral y socialmente sustentable, creando las instancias vinculantes de denuncia, censura, sanción y verificación que sean necesarias, funcionales y transparentes.

Nos hemos unido para resaltar la circunstancia de que somos una nación cuyas unidades productivas, en casi un 100 %, son micro, pequeñas y medianas empresas; las cuales, huérfanas de apoyo institucional, luchan todos los días por sobrevivir en un mercado cada vez más transnacionalizado y voraz. Las negociaciones tendientes a establecer un tratado comercial con nuestras naciones deben contemplar, imprescindiblemente, esta circunstancia, sin restricción alguna, de forma tal que la actividad económica, especialmente la pública, les proporcione condiciones de protección, apoyo y mecanismos que privilegien la compra de su producción.

No es transparente lo que no se ve. Es transparente lo que puede verse de manera fiel. No hay transparencia sin información publica ciudadana: información completa, oportuna, y verificable, no sólo de la situación nacional que se verá impactada por estas negociaciones, sino y fundamentalmente, del desempeño de las personas, sus acciones, decisiones y posiciones, a cargo de la negociación en nombre del país.

Para ello necesitamos mecanismos de participación, no solo de diálogo sino también de negociación y de rendición de cuentas, de la posición internacional de Costa Rica. Rendir cuentas es más que ser transparente: es dar explicaciones pero también y sobre todo corregir decisiones y acciones si la decisión ciudadana así lo indica.

Por tanto, nos comprometemos, en este solemne acto, al pie del Monumento Nacional, inspirados en su profundo significado patriótico y soberano; a fortalecer nuestra alianza y unidad, convocando a toda la ciudadanía patriótica, costarricense y centroamericana, a tomar parte activa en esta hora crucial de nuestro desarrollo histórico y democrático.

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Alianza de Lucha Antipetrolera (ADELA)
Asociación Nacional de Empleados Judiciales (ANEJUD)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Asociación Nacional de Profesionales en Enfermería (ANPE)
Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE)
Asociación de Talleres Integrales Costarricenses (A-TICOS)
Asociación ecologista COECOCeiba-Amigos de la Tierra (AT)
Central del Movimiento de los Trabajadores Costarricenses (CMTC)
Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN)
Consejo de Defensa de la Institucionalidad (CDI)
Consejo Nacional de Cooperativas (CONACOOP)
Corporación Nacional de Pequeños Productores de Arroz (CONARROZ)
Federación Costarricense para la Conservación del Ambiente (FECON)
Federación Nacional de Trabajadores de los Servicios Públicos
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Foro de Acción Política “Otra Costa Rica es posible, otro mundo es posible”
Grupo indígena IETSAY
Mesa Nacional Campesina (MNC)
Mesa Nacional Indígena
Sindicato de Empleado del Ministerio de Hacienda (SINDHAC)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)
Unión Nacional de Empleados del Instituto de Desarrollo Agrario (UNEIDA)
Unión Nacional de Pequeños y Medianos Productores Agropecuarios (UPANACIONAL)

San José, Costa Rica, 27 de enero del 2003

ANEP APOYA CAUSA COSTARRICENSE

La carta de la ANEP, entregada en las embajadas del Reino Unido, de Francia, de Italia, de Alemania, de España, de Bélgica y de Holanda, expresa que si se concreta dicha pretensión, habrá implicaciones devastadoras para los más de 45.000 trabajadores que laboran en forma directa en esas producciones agrícolas; exponiéndose, además, la desaparición de unos 100 mil empleos indirectos.

Destaca la exhortación de la ANEP a los embajadores de países de la UE acreditados en Costa Rica, que una proporción importante de esos empleos son de mujeres; de las cuales, cerca de un 26 % son jefas de hogar, ubicadas en zonas geográficas en las cuales el porcentaje de pobreza supera el 25 %.

La ANEP resalta en su misiva que la Unión Europea tiene una política beligerante en cuanto al impulso de estándares laborales dignos y propicia un sistema de producción limpia; razón por la cual sería un contrasentido excluir a Costa Rica de sus ventajas arancelarias, para comprarle productos agrícolas a países que no se esfuerzan como el nuestro, en la promoción de trato digno para su clase trabajadora y para con la protección del entorno.

La ANEP pide a cada uno de los embajadores de los países citados, que intercedan ante sus respectivos gobiernos para que mediten sobre las implicaciones que tendría Costa Rica si se concreta la pretensión de dejar al país fuera del sistema europeo de preferencias arancelarias; solicitándoles mantener las mismas.

San José, 24 de enero del 2003.

EQUIPO ECONÓMICO MANIPULA A LA CIUDADANÍA

La información revelada en esta fecha, concerniente a que la cifra de déficit fiscal para el año 2002, en realidad es de un 3.95%, deja al desnudo la estrategia manipuladora y engañosa del equipo económico neoliberal del Presidente Pacheco; pues a los largo de varias semanas y en diferentes foros, así como ante la prensa nacional, han venido planteando cifras que, incluso, se acercaban al 6%.

Esta perniciosa estrategia, de aterrorizar a la ciudadanía con la presunta existencia de un déficit fiscal catastrófico, merece nuestra más enérgica condena. Se han burlado de los señores diputados y de las señoras diputadas de la Comisión Mixta Legislativa para el Pacto Fiscal.

También, se han burlado, a la vez, de las representaciones sociales en la misma, las que, con responsabilidad y buena fe, han estado brindando su aporte constructivo para buscar una salida al problema fiscal y tributario que, supuestamente, enfrentan el país.

Mal hace el Presidente Pacheco en tolerar que el manejo de la política económica de su Gobierno, sea con base en manipulaciones de las cifras fiscales (esto suponiendo que él no estaba siendo, también engañado), lo cual le generará perder credibilidad y legitimidad ante la ciudadanía.

De ahora en adelante quedamos notificados de que las cifras macroeconómicas oficiales son manejadas manipuladamente, según las circunstancias e intereses políticos de los jerarcas del equipo económico neoliberal del Presidente Pacheco.

San José, 23 de enero del 2003.

SECTORES SOCIALES FRENTE AL TLC

Sectores campesinos, laborales, ecologistas, magisteriales, cívicos, académicos, religiosos, comunales y de otra índole, mostrarán su fuerte oposición a la negociación de un tratado en el cual no prive la transparencia, la divulgación y la participación con poder decisorio, del pueblo costarricense. Repudiarán, además, el secretismo que hasta ahora ha imperado en las conversaciones previas.

Se contará con la presencia del Lic. José Manuel Echandi Meza, Defensor de los Habitantes de la República, quien recibirá de parte de las organizaciones, una solicitud para exigir que se haga pública toda la documentación del proceso y que se hable con toda claridad a la ciudadanía costarricense y a los otros pueblos centroamericanos.

Posteriormente, representantes de las delegaciones participantes buscarán a los señores diputados jefes de fracción de las distintas representaciones políticas, así como a otros legisladores y a otras legisladoras; para demandar un involucramiento activo, con poder decisorio, de parte de la Asamblea Legislativa; y evitar que a ésta la pongan a definir la aprobación de algo en lo cual no ha tenido la más mínima influencia.

En este evento del lunes 27, los organizadores del evento esperaran una asistencia de unos mil dirigentes sociales, en esta primera actividad de una cadena de acciones, de la más diversa naturaleza, a lo largo de este año 2003, para evitar un TLC que, entre otros efectos perniciosos, aniquile lo poco que queda del agro nacional; que abra paso a las privatizaciones de las empresas públicas, bajo la modalidad de las “aperturas”; que degrade el ambiente y que entregue nuestras reservas de agua y la rica biodiversidad nacional; así como que lleve a una aplicación flexible y hasta anule, la vigencia de nuestro Código de Trabajo.

San José, 21 de enero del 2003.