Autor:

San José, 24 de junio de 2010.
S.G. 09-11-0845-10

Licenciada
Rocío Aguilar Montoya
Contralora General de la República
Contraloría General de la República
Su despacho

REFERENCIA: DENUNCIA CONTRA EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES POR NOMBRAMIENTO DE LA VICEMINISTRA DE TRANSPORTES EN UN PUESTO CREADO AL MARGEN DEL ORDENAMIENTO JURIDICO

Estimada señora:

De conformidad con lo que establecen los artículo 6 de la Ley General de Control Interno, y 8 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, ponemos en conocimiento de la Contraloría General de la República (CGR), la presente denuncia contra el señor Ministro de Obras Públicas y Transportes, Lic. Francisco Jiménez Reyes, por presuntas irregularidades con el nombramiento de la Viceministra de Transportes, Licda. Maristella Vaccari Gil; para que se investigue, eventualmente se anule el nombramiento si procede y se denuncie si la investigación lo amerita, ante el Ministerio Público tales actuaciones.

Los hechos son los siguientes:

PRIMERO: El Poder Ejecutivo designó a la señora Maristella Vaccari Gil, cédula de identidad número 1-761-319, como Viceministra del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, según Acuerdo N° 002-P del 8 de mayo de 2010.

SEGUNDO: De conformidad con lo que establece el artículo 111, inciso 1), de la Ley General de la Administración Pública (LGAP), es funcionario público quien presta sus servicios a la administración, como parte de su organización, en virtud de un acto válido y eficaz de investidura. En este sentido, el acto de designación política del Poder Ejecutivo para que sea válido y eficaz de investidura, debe tener correlativamente a nivel de la organización donde va a prestar servicios la persona designada, el puesto o plaza debidamente autorizada por la Autoridad Presupuestaria (AP), así como su contenido presupuestario en la relación de puestos de cargos fijos del Presupuesto Nacional.

TERCERO: De acuerdo con la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del año 2010, Tomo II, en el Resumen Requerimientos de Recurso Humano para el año 2010, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes tiene autorizados dos viceministerios.

CUARTO: En el puesto correspondiente al Viceministerio de Obras Públicas está nombrada la Ing. María Lorena López Rosales; y en el puesto correspondiente al Viceministerio de Transportes, Puesto N° 031347, está nombrado desde el 8 de mayo de 2010, el señor Luis Carlos Araya Monge, cédula de identidad número 2 280 0568.

QUINTO: De lo anterior se demuestra que el nombramiento de la señora Maristella Vaccari Gil como Viceministra de Transportes aparte de ser una duplicidad de viceministros en una área de trabajo y ejerciendo en forma simultánea las mismas competencias sin una norma legal que lo ampare y devengando salarios iguales, no tiene una plaza o puesto dentro de la relación de puestos autorizada por la Ley de Presupuesto Nacional para el Ejercicio Fiscal del 2010, para que su nombramiento sea válido y eficaz.

SEXTO: Violando todas las disposiciones legales que se requieren para crear un nuevo viceministerio de transportes paralelo al que ya está creado, el Ministro de Obras Públicas y Transportes, Francisco Jiménez Reyes, emitió sin ningún fundamento legal o estudio técnico jurídico que lo ampare, la Resolución N° 000430, de las 15:30 horas del 13 de marzo del 2010, para convertir el Puesto 078988 de confianza, de chofer del Ministro, para nombrar a la señora Maristella Vaccari Gil como Viceministra de Transportes. Dice la parte resolutiva lo siguiente:

“EL MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES RESUELVE:

1º. Convertir el puesto No. 78988 denominado “Chofer de Ministro”, a la clase de Viceministro, esto último al no existir una plaza vacante de Viceministro, por lo que debe acudirse a la conversión mencionada, como solución que permite el ordenamiento jurídico.

2º. Dicha conversión se ejecuta por un lapso que corresponde del 8 de mayo del 2010 al 31 de diciembre del 2010, inclusive.

3º. Una vez vencido el plazo dispuesto en el punto 2 anterior, se procederá a revertir el proceso, para que el puesto No. 78988 se mantenga con las características iniciales, incluyéndose de esta forma en el presupuesto ordinario del año 2011:

Puesto No.
78988

Código clase Actual
03145

Descripción de la Clase Actual
Chofer de Ministro

+*Código Clase Propuesta* +
16600

+*Descripción de la Clase Propuesta* +
Viceministro

Fecha Rige y Vence
08 de mayo 2010 al 31 de diciembre 2010
_____________________________________
Rige a partir del 8 de mayo del 2010.”

SETIMO: Nótese la magnitud de las violaciones legales en que incurre dicha resolución ministerial, toda vez para la fecha de emisión de la resolución el día 13 de marzo de 2010, ni siquiera estaba nombrada formalmente la señora Vaccari Gil, quien en ese momento ocupaba el puesto de Secretaria del Consejo de Gobierno, de manera tal que pareciera que estamos en presencia de un acto de reconocimiento ilegal de beneficios laborales y prevaricación, toda vez que de acuerdo con la justificación del contenido de la resolución se crea dicha plaza “…al no existir una plaza vacante de Viceministro…”, lo cual no es cierto porque si existe dicho puesto en la Relación de Puestos de Cargos Fijos para el año 2010 en la Ley de Presupuesto Ordinario para el Ejercicio Económico del año 2010, pero curiosamente le ponen fecha de rige a partir del 8 de mayo de 2010, a sabiendas que nombraría en la plaza existente de viceministro al señor Luis Carlos Araya y en la otra creada al amparo de una plaza de confianza de chofer de equipo convertida, a la señora Vaccari Gil.

OCTAVO: Aparte de que hay una duplicidad de funciones en un mismo viceministerio de transportes con el nombramiento del señor Luis Carlos Araya Monge y la señora Maristella Vaccari Gil, la creación de viceministerios debe hacerse por ley o reglamento, al amparo del contenido del artículo 47 LGAP. La jurisprudencia administrativa vinculante de la Procuraduría General de la República ha sido reiterada a lo largo de los años, en el sentido de que en cada cartera ministerial sólo puede ser nombrado un viceministro; y en aquellos casos en que amerite nombrar más de un viceministro requiere, necesariamente, una norma con rango de ley o reglamentaria que la autorice, no una simple resolución administrativa como es el caso en estudio. La línea jurisprudencial de la Procuraduría al respecto, se sintetiza en el Dictamen 049-2003 del 24 de febrero de 2003, que en cuanto a la posibilidad de nombrar más de un viceministro dice lo siguiente:

“2. Sobre la posibilidad de que exista más de un Viceministro por Cartera

Se plantea si es posible que en un Ministerio, exista más de un viceministro.

Tal y como se afirmó supra, la Constitución Política no regula la figura del viceministro. La normativa general que se ocupa del tema es la Ley General de la Administración Pública, específicamente los artículos 47 y 48; pero este cuerpo normativo no indica expresamente si debe nombrarse sólo un viceministro por cartera. Eso sí, por ejemplo, en virtud de reformas legales que se han introducido al artículo 47, se ha indicado expresamente, que en el caso de los Ministerios de Obras Públicas y Transportes y de Cultura, Juventud y Deportes, habrá más de un viceministro.

Veamos el contenido de los citados numerales:

“Artículo 47.-

1. El Presidente de la República podrá nombrar Viceministros.

2. Los Viceministros deberán reunir los mismos requisitos que los Ministros y tendrán las atribuciones que señalen esta ley y el respectivo Ministro.

3. Los Viceministros sustituirán en sus ausencias temporales a los respectivos Ministros, cuando así lo disponga el Presidente de la República.

4. El Viceministro será el superior jerárquico inmediato de todo el personal del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto.

5. El Ministerio de Hacienda tendrá dos viceministros: uno encargado de la Sección de la Administración del Gasto y otro de la Sección de Ingresos y Recursos Financieros.
En ausencia del Ministro, lo sustituirá cualquiera de los dos viceministros.
Las atribuciones asignadas a los viceministros en esta Ley, serán ejercidas por cada uno dentro de sus respectivas áreas de acción.
(Así adicionado este inciso por el artículo 1º de la ley Nº 7444 de 2 de noviembre de 1994)

6. El Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes tendrá un viceministro de juventud y aquellos otros que nombre el presidente de la República.
(Así adicionado este inciso por el artículo 31 de la Ley N° 8261 de 2 de mayo del 2002, Ley General de la Persona Joven)”

“Artículo 48.-

Corresponderá al Viceministro:

a) Ejercer las potestades que le confiere su calidad de superior jerárquico subordinado;

b) Dirigir y coordinar las actividades internas y externas del Ministerio, sin perjuicio de las potestades del Ministro al respecto;

c) Ser el centro de comunicación del Ministerio, en lo interno y externo;

d) Realizar los estudios y reunir la documentación necesarios para la buena marcha del Ministerio;

e) Delegar, avocar, sustituir o subrogar funciones dentro de los límites de esta ley; y

f) Requerir ayuda de todo el personal del Ministerio para el cumplimiento de sus deberes.”
(Textos tomado del Sistema Nacional de Legislación Vigente)

Desde el año de 1979, nuestra jurisprudencia administrativa ha venido sosteniendo, que únicamente, puede haber un viceministro por Cartera. Específicamente, se ha indicado lo siguiente:

“Como claramente se desprende de las disposiciones transcritas, las funciones que ellas enumeran sólo pueden ser confiadas – en forma exclusiva – a una persona, pues resulta absolutamente ilógico que puedan coexistir en un Ministerio dos funcionarios que – en forma simultánea – sean titulares de tales atribuciones, ya que éstas, por su naturaleza, son exclusivas, unipersonales y, por ende, no susceptibles de ser compartidas.

Al concederle la ley al Viceministro el rango de superior jerárquico inmediato de todo el personal del Ministerio, y al encomendarle la dirección y coordinación de las actividades tanto internas como externas de la Cartera, siendo asimismo el centro de comunicación del Ministerio en lo interno y externo, debe concluirse necesariamente que el legislador decidió que tales funciones han de corresponder a un solo funcionario, puesto que en el desempeño de ellas la pluralidad de titulares no sólo sería imposible sino que – en el evento de que se diera en la práctica – produciría un inmediato e insuperable conflicto de competencias.” (Dictamen C-067-79 de 25 de mayo de 1979, reiterado, entre otros, por el C-229-83 de 13 de julio de 1983).

Como se observa de la lectura del texto anterior, las razones que en su momento privaron para establecer con línea jurisprudencial administrativa en punto a que en cada cartera sólo podía ser nombrado un viceministro, parten de un criterio lógico en el sentido de que dos funcionarios no pueden tener atribuidas, en forma simultánea, las mismas competencias.

Si bien dicho criterio lógico–jurídico se mantiene, procede ahora analizar lo que no se ha estudiado hasta el momento, la viabilidad de que un reglamento de organización y servicio venga no sólo a establecer la existencia de dos viceministros, sino que, además, distribuya y ordene el ejercicio de sus respectivas competencias ambos.

Aquí debe aclararse que en modo alguno se sugiere que mediante un reglamento se puedan otorgar competencias con potestades de imperio, porque ello se encuentra expresamente prohibido en el artículo 59 de la Ley General de la Administración Pública. Lo que se quiere analizar es en el caso de que se disponga designar a más de un viceministro por cartera, lo que constitucionalmente y legalmente está prohibido, si mediante un reglamento de organización y servicio se pueden distribuir las competencias ya otorgadas por ley a los viceministros. (…) Precisamente, en lo que interesa, el artículo 140 inciso 18) de la Carta Magna establece como atribución del Poder Ejecutivo, emitir los reglamentos que convengan para la mejor organización de sus despachos.

De otra parte, el artículo 47, aparte primero, de la Ley General de la Administración Pública, expresamente indica que el Presidente podrá nombrar viceministros sin que, de manera explícita, se señale alguna limitación en cuanto a su número por carteras.

En razón de que de lo anterior, y tomando en cuenta la atribución constitucional del Poder Ejecutivo para, mediante reglamento, establecer la organización adecuada de sus despachos, es que se considera que es constitucionalmente lícito y legalmente procedente, que mediante ese instrumento jurídico se distribuyan las competencias que tiene cada viceministro en un mismo ministerio.

Mediante este mecanismo se soluciona el problema planteado a la Procuraduría, y que llevó a la interpretación supra indicada, en el sentido de que es ilógico que coexistan simultáneamente, competencias compartidas entre dos o más funcionarios.

Amén de lo expuesto, otra de las razones apuntadas por este Órgano Asesor en el dictamen transcrito anteriormente, pero que tiene relación con lo anterior, es que la pluralidad de titulares conlleve a un “inmediato e insuperable conflicto de competencias”.

Efectivamente, es posible que la existencia de varios titulares, a pesar de su regulación a nivel reglamentario, en algún momento plantee este tipo de situaciones. Pero también es lo cierto, que la Ley General de la Administración Pública contiene una sección denominada “De los Conflictos de Competencia Dentro de un mismo Ministerio” (artículos 73 a 75), en la que precisamente se regula y se da solución a este eventual tipo de situaciones.

Debe tomarse en cuenta, también, que si la práctica determina la inconveniencia del sistema, el Poder Ejecutivo podría modificar el reglamento y volver al sistema de viceministro unipersonal (salvo que por ley se haya creado más de un viceministerio).

Eso sí, la regulación vía reglamentaria de la distribución de las competencias, presupondría la inexistencia de una ley que indique expresamente el número de viceministros que debe haber en una determinada cartera.

En razón de lo anterior, se reconsideran de oficio los dictámenes de este órgano asesor, la Procuraduría General de la República, C-067-79 de 25 de mayo de 1979, C-229-83 de 13 de julio de 1983 y C-216-2002 de 22 de agosto de 2002, en el tanto afirman que sólo es posible que exista un viceministro por cada cartera ministerial.

NOVENO: La investigación de la presente denuncia deberá contemplar, necesariamente, un análisis de las violaciones legales en que habría incurrido el Ministro de Obras Públicas y Transportes con el dictado de la resolución antes mencionada; en particular, si se violaron los artículos 52, 56, 57 y 58 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, en el tanto se analice si se presenta un tráfico de influencias, pues siendo ministro de la Administración Arias Sánchez (anterior), y sin haber designación formal de ministros y viceministros, emitió una resolución para favorecer el nombramiento de la señora Vaccari Gil en la Administración Chinchilla Miranda.

Se sigue de lo anterior que, además, hay que analizar si la mencionada resolución ministerial es un reconocimiento ilegal de beneficios laborales, con infracción del ordenamiento jurídico aplicable, ya que no parece lógico que existiendo una plaza de viceministro de transportes, se convierta –figura que no aparece autorizada por la Autoridad Presupuestaria-, una plaza de confianza de chofer del ministro para nombrar una viceministra de transportes, con lo cual hay afectación de la hacienda pública y duplicidad de funciones al más alto nivel jerárquico.

De igual manera debe analizarse si se violentó el mencionado artículo 57, en cuanto se haya ejercido una influencia indebida en contra de la Hacienda Pública utilizando cualquier maniobra o artificio tendiente a lesionar los intereses patrimoniales de la misma, o el interés público con dicha resolución; en el sentido de que dos funcionarios no pueden tener atribuidas, en forma simultánea, las mismas competencias, devengando salarios iguales; y por último, debe analizarse si la resolución ministerial de referencia se hizo en fraude ley en la función administrativa de conformidad con el artículo 5 de la Ley 8422.

DÉCIMO: Nos ha parecido relevante hacer mención a dos artículos de la Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, Ley No. 6955, del 24 de febrero de 1984, considerando que dos de sus artículos pueden dar aportes para el análisis integral de nuestra denuncia. Específicamente, en los apartados “De las plazas vacantes” (artículo 16); y “De las plazas nuevas y contrataciones” (artículo 29); artículos que de seguido transcribimos:

Artículo 16.- Para propiciar la racionalización del empleo en el sector público, la Autoridad Presupuestaria fijará los lineamientos en materia de empleo público, los cuales podrán incluir límites al número de puestos por institución. El cumplimiento de tales lineamientos quedará bajo responsabilidad de la máxima autoridad de la respectiva institución. Asimismo, las instituciones deberán remitir la información que se les solicite para verificar dicho cumplimiento.

(Así reformado por el inciso e) del artículo 126 de la Ley N° 8131 del 18 de setiembre del 2001, Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos)

Artículo 29.- El número total de plazas ocupadas por cargos fijos, jornales y servicios especiales, de todas las dependencias del Estado y del sector público, incluidos los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, las instituciones autónomas y semiautónomas, así como las empresas públicas y sus subsidiarias constituidas como sociedades, y toda aquella institución pública creada por ley general o especial, excepto las municipalidades, durante los ejercicios presupuestarios de los años 1987, 1988 y 1989, no podrá ser mayor al de las ocupadas al 2 de marzo de 1984. Sin la autorización previa de la Autoridad Presupuestaria, las entidades públicas no podrán llenar plazas para desarrollar funciones diferentes a las establecidas en el correspondiente manual descriptivo de puestos.

Las entidades públicas que aquí se señalan estarán obligadas a registrar ante la Contraloría General de la República, las plazas ocupadas al primero de enero de 1984, con los nombres, sueldos o salarios y otras remuneraciones de las personas que los ocupe, así como cualquier otra información que la Contraloría considere conveniente. En la liquidación de los presupuestos de 1984, 1985 y 1986, la Contraloría General de la República solamente podrá tomar en cuenta las plazas que aparezcan en el mencionado registro.

Tanto la Contraloría General de la República como la Autoridad Presupuestaria no tramitarán documentos de presupuestos, presupuestos o sus modificaciones, de entidades o instituciones públicas que no hayan cumplido con lo que aquí se dispone. A más tardar quince días naturales después de la entrada en vigencia de la presente ley, las entidades e instituciones públicas deberán presentar el registro de plazas antes citado ante la Contraloría General de la República, con copia a la Autoridad Presupuestaria.

La Contraloría General de la República fiscalizará la aplicación de este artículo.

(Así reformado por el artículo 17 de la Ley Nº 7055 de 18 de diciembre de 1986)

PETITORIA: Con base en los hechos denunciados, citas jurisprudenciales y legales, solicitamos que la Contraloría General de la República proceda a darle curso a la presente denuncia para que se investigue, eventualmente se anule el nombramiento de la Viceministra de Transportes Maristella Vaccari Gil, así como ordenar que sean devueltos los salarios percibidos por encontrarse el acto de nombramiento absolutamente nulo de conformidad con el artículo 172 LGAP.

Adicionalmente estimamos que no se puede arreglar a derecho ni por saneamiento, ni por convalidación, ya que como se mencionó anteriormente no existe en las normas y directrices presupuestarias la figura utilizada (conversión de puestos de confianza de chofer del ministro a un puesto de viceministra de transportes, lo cual impacta negativamente la Hacienda Pública), ya que una simple resolución administrativa no tiene la fuerza legal para manipular la Ley de Presupuesto Nacional vigente, toda vez que de conformidad con el Decreto Ejecutivo N° 35114-H, prima y exige todo un procedimiento, con plazos establecidos, lo cual no se cumplió en este caso, lo que denota una celeridad irregular en este trámite para favorecer un reconocimiento ilegal de beneficios laborales con tintes estrictamente políticos a favor de la señora Vaccari Gil.

Asimismo, en el Capítulo VII de ese cuerpo normativo se recurre al término conversión, para convertir puestos de cargos fijos a puesto de confianza, pero no se contempla la conversión de un mismo régimen de confianza variar la clasificación ya determinada en la Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el Ejercicio Económico del 2010.

Por otro lado, al ser dicho nombramiento absolutamente nulo y al haberse ordenado su ejecución, de conformidad con el artículo 170 LGAP, producirá responsabilidad civil de la Administración, administrativa y eventualmente penal, de acuerdo con la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito y se denuncien si la investigación lo amerita, ante el Ministerio Público tales actuaciones.

PRUEBAS:

1. Copia de la Resolución N° 000430 de las 15:30 horas del 13 de marzo de 2010 del Ministro de Obras Públicas y Transportes.

2. Copia del Resumen Requerimientos de Recurso Humano para el año 2010, según Relación de puestos de cargos fijos correspondientes al MOPT, Ley de Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2010.

3. Copia de Información de empleado y su estado financiero al 30/06/2010 correspondiente al puesto número 031347 correspondiente al viceministerio de transportes.

4. Copia de Información de empleado y su estado financiero al 30/06/2010 correspondiente al puesto número 078988 correspondiente al nombramiento de la señora Maristella Vaccari Gil en el Viceministerio de transportes.

NOTIFICACIONES: Oiremos notificaciones en la siguiente dirección: ANEP, ciudad, Calle 20 Norte: 350 al norte del Hospital Nacional de Niños, frente al edificio central de Coopeservidores.

De la señora Contralora General de la República, con el mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

Edgar Morales Quesada
Secretario General Adjunto

cc.: Medios de comunicación colectiva.
cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP.
cc.: Archivo.
Anexo: Pruebas – 9 páginas

Las ideas que fracasaron en Copenhague están de vuelta, como el señuelo de 32 millardos – anticipo de unos hipotéticos 100- para que los países en desarrollo adopten topes en el consumo de energía fósil. Traducido: congelar el actual patrón de las relaciones económicas. Parece que quienes agitan el espantajo del “cambio climático” no tienen Plan B. Es la sólita táctica de insistir con las mismas propuestas para erosionar la resistencia a punta de aburrimiento.

Es curioso que entre los tantos organismos y ONGs ambientalistas que asistieron, no se habló del derrame petrolero en el Golfo de México – el mayor desastre ecológico causado por el hombre – y tanto menos hubo propuestas par evitar que se repita.

Prescindiendo de que convenga o no la oferta de 32 millardos, ¿Es plausible que los países desarrollados cumplan? Casi ninguno cumplió con el acuerdo de dar a los países pobres el 0.7% del PIB de los países desarrollados , hecho hace cuarenta años, por ejemplo. Poco se les puede creer ahora sus promesas, cuando están arruinados por las deudas incurridas para salvar a los bancos y están podando servicios sociales para ahorrar. Es el viejo truco de hacer promesas vacías para que los gobiernos crédulos firmen.

¡Hay quien toma al mundo por ignorante y así actúa ! El Banco Mundial en su informe sobre Indicadores Mundiales del Desarrollo , publicado en abril, tiene una joya en el arte de la desinformación. En su página 185, bajo Definiciones, dice: “Las emisiones de dióxido de carbono son las emisiones provenientes de la quema de combustibles fósiles y la manufactura de cemento e incluye dióxido de carbono producido durante el consumo de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos y explosiones de gas.”

¿Es que en el Banco Mundial ignoran que hay otras fuentes emisoras de CO2? Es clara la mala fe. En economía el Banco Mundial ya predica un dogma que excluye mucha ciencia y aparta probada doctrina . ¿Es que trata de aplicar al CO2 el mismo principio? ¿Es que van a vender una nueva alquimia para sacar dinero del aire? Su definición insinúa que las moléculas de CO2 emitidas por las actividades enumeradas son distintas a las que produce la naturaleza; por las plantas, los mares, los animales y …nosotros. CO2 es uno solo. Es una molécula formada por un átomo de Carbono y dos de Oxígeno y basta.

La verdadera contaminación

El CO2 es un gas benéfico al origen de la vida terrestre, es el protagonista de la química orgánica que origina y mantiene la vida. El intento de diabolizar el CO2 y designarlo como la medida de contaminación es mala ciencia. Todos sabemos que la codicia humana envenena, ensucia y destruye la naturaleza y el futuro del hombre, pero con otras substancias. Basta ver el desastre causado por la British Petroleum –BP- para ahorrar 500.000 dólares en una válvula de seguridad y con la venia de la agencia gobernativa USA encargada de la supervisión.

No será contando niveles de CO2 que podremos medir la contaminación del hombre, cuando el CO2 existe millones de años antes de nosotros. El más elemental método científico exige que para medir el impacto de un agente en un medio se mida lo que es producido sólo por el agente. Esa es la verdadera contaminación. La combustión de fósiles produce docenas de gases. Para medir su impacto el buen método sería seleccionar y medir aquello que esa combustión emite y que la naturaleza produce poco o raramente: Monóxido de Carbono (CO), Dióxido Sulfúrico (SO2), Dióxido de Nitrógeno, Ozono (O3), Dioxigeno (O2), Aldehidos de Carbono (CHx, COH), Óxidos de Nitrógeno (NOx), por ejemplo.

Otra afirmación a examinar es lo del calentamiento por efecto invernadero. En física elemental enseñan que la atmósfera preserva el planeta de lo que sería un calor excesivo de los rayos solares, de modo que un aumento de su densidad debería enfriar. El efecto de un invernadero es aislar de la temperatura exterior y no es que produzca calor. El encierro si produce una concentración del CO2 que emiten las plantas y que beneficia su desarrollo.
Los cambios en la temperatura terrestre – dicen los astrofísicos- son por la variación de actividad solar, que además sigue patrones cíclicos. Como si la tierra quisiera confirmarlo, desde hace varios años van bajado las temperaturas. Este invierno nórdico pasado se congeló el Mar Báltico, nevó en verano en Bariloche (Argentina), nevó en Guatemala y la nieve desarticuló a Londres. Es divertida la explicación de ese clima por voceros del IPCC o de los gobiernos cómplices: hace más frío a causa del calentamiento global.

Las mentiras convenientes

En comentarios sobre una nota previa en este tema, hubo quien encontró mis argumentos convincentes, pero con reservas porque no soy ambientalista. En primer lugar, este no es tema de ambiente sino de astrofísica. Hay que leer un poco y no creer lo que cuenten. Los premios Nobel del tema son el Presidente del IPCC, Rajendra Pachauri, un ingeniero en ferrocarriles y Al Gore, un político norteamericano. Desde que le dieron el Nobel de la Paz a “Barrak” Obama, sabemos que los Nobel pueden ser premios para promocionar alguna gran mentira.

Ya hemos visto reportadas Mentiras en este tema, tantas que se le llama el “Climategate” . Un video en YouTube se burla de unos “científicos” que trataron de ocultar datos que muestran un enfriamiento global y cuyos e-mails fueron divulgados. La prensa inglesa ha reportado que los científicos que apoyan la tesis del calentamiento global esquivan la revisión de sus informes por otros colegas y rehúsan compartir datos.

Stephen McIntyre, un editor canadiense (ClimateAudit.org.) probó que la empinada curva de temperaturas inglesas era obra de un muestreo selectivo y el gobierno británico ahora revisa falsos datos climáticos reportados en East Anglia. Anthony Watts, un metereólogo, comprobó que la mayoría de las 1200 estaciones climatológicas en Estados Unidos violan estándares científicos al reportar temperaturas tomadas en lugares rodeados de asfalto o fuentes de calor y es con esos datos falsos que los satélites calibran sus mediciones. Es famosa la colosal mentira del IPCC anunciando que los glaciares del Himalaya se reducirían de 500.000 km2 a 100.000 km2 para el año 2035 y la fusión de sus hielos inundaría a China e India. La verdad es que hay sólo 33.000 km2 de glaciares allí y en buena salud algo que el Profesor Georg Kaser, de la Universidad de Innsbruck, ya había advertido al IPCC en 2006 .

Las cosas resultaron más coherentes cuando se supo que Rajendra Pachauri, Presidente del IPCC, es miembro de las directivas o consultor de una docena de empresas y entidades que tienen millardarios intereses en lo que se llama la “industria del clima” y que sus salarios y las donaciones a su instituto en Delhi amontan a decenas de millones de dólares anuales . Todo eso prueba que hay, tal vez, un conflicto de intereses.

Dinero del aire

El 24 de mayo, 2010, la BBC reporto que Italia estaba en dificultades económicas porque tenía un déficit igual al 114% de su PIB y un también un déficit – no especificado- en Carbono. Es clara la intención de deslizar el CO2 entre las cifras macroeconómicas. Se trata de usar el CO2 para manipular el desarrollo e incluirlo en la estructura financiera.

La cosa viene de atrás. Cuatro décadas de emisión de dólares sin fondos creó una enorme masa de dinero fantástico que no corresponde a actividades productivas y es varias veces mayor que la economía real. Tanto dinero no lo podía absorber la actividad productiva y por eso se invirtió en las bolsas y “productos” financieros. Esa especulación creó la ilusión de un crecimiento perpetuo, hasta que colapsó con sus propios fraudes. La ganancia se hizo humo al caer las bolsas y colapsar el mercado financiero y los gobiernos de Europa y Estados Unidos contrajeron deuda pública para dar dinero a los banqueros que lo usaron para alimentar la recuperación de los valores en las bolsas.

Uno se pregunta ¿con quien se endeudan los gobiernos para salvar a los bancos? ¡Con los bancos, naturalmente ¡ Los bancos inventan dinero y lo prestan al gobierno, con intereses. ¿Que es la Federal Reserve? Un consorcio de bancos privados que cobra al gobierno intereses por el dinero que le prestó para salvar a esos mismos bancos. ¡Buen Negocio!

En Grecia y España, hay deuda pública con los ciudadanos y con los bancos, pero el Banco Central Europeo y el FMI prestaron para pagar íntegramente a los bancos, mientras exigen recortes en pensiones, empleos y salarios para que se les pague ese nuevo préstamo. Un proceso igual al de la deuda del Tercer Mundo. Claro que con desempleo, menores salarios, etc. se reduce el ingreso fiscal y con eso la posibilidad de pagar. Un círculo muy vicioso.

La crisis frenó el crecimiento en los países desarrollados, pero los países en desarrollo siguen creciendo. En 2009 crecieron: China 8,7%, India 7,4%, Brasil 2,7%. Crecimientos reales, que producen bienes y servicios, mientras en Estados Unidos y Europa hablan de recuperación mirando los índices de bolsa. Esa es la causa del espantajo con el CO2 y invento de los mercados de Carbono. Limitar emisiones de CO2 es limitar el uso de energía, al menos, con la técnicas actuales, en realidad se limita el uso de Oxígeno, pero decir eso daría pavor.

Hay dos vertientes en la limitación del acceso a la energía fósil. La más evidente usa la supremacía militar de la OTAN para controlar yacimientos y oleoductos, sin mirar costos, muertes o destrucción, para entregarlos al cartel apátrida de empresas petroleras. La segunda canaliza la justa indignación por la destrucción ambiental para crear una burocracia global que gobierne el uso de la energía fósil.

El proyecto burocrático global daría el manejo técnico al IPCC y el control efectivo de fondos del carbono al Banco Mundial, que tiene una larga y exitosa experiencia en frenar el desarrollo. La burocracia financiera se completaría respaldando con valores en carbono la emisión de los Derechos Especiales de Giro-DEG- del FMI. Los DEG remplazarían eventualmente al dólar como divisa internacional. Esos nuevos DEG son el sueño loco de un banquero, en lugar de prestar dinero que necesite algún respaldo en oro, producción o fuerza laboral, los nuevos DEG permitiría a la banca internacional prestar dinero hecho del aire.

Ginebra, 14/06/2010

www.ventanaglobal.info

El licenciado Juan Manuel Campos, en un artículo publicado en Página Abierta del pasado 15 de junio, titulado “A dos años de la apertura del Sector de Telecomunicaciones”, asegura que “Es paradójico que un país que pretende abrir su mercado de telecomunicaciones tenga que vivir a expensas de lo que el ICE quiera entregarle al gobierno para garantizar la competencia”, y que “…un ICE que escogió como camino de la competencia la obstaculización de todos los procesos”.

Pone la mira en el objetivo equivocado el Lic. Campos, pues el ICE ha sido la víctima como era de esperar para que además le endilguen la responsabilidad de las ocurrencias de unos y otros en este tortuoso camino.

Cuota impuesta al ICE. La siguiente es al menos la cuota de sacrificio del ICE en este proceso:

1) El gobierno le cercenó la mitad del espectro que tenía asignado para los servicios celulares.

2) El gobierno declaró todo el espectro que tenía asignado para los enlaces fijos de microondas, de “uso no exclusivo”, por lo que ahora deberá de compartirlo con las demás empresas.

3) Tendrá que pagar por año cientos o miles de millones de colones por el uso del espectro, que antes no pagaba.

4) Deberá comprometer de ahora en adelante buena parte de su presupuesto en expandir la infraestructura que debe poner al servicio a precios de costo de las empresas privadas a través de la interconexión.

5) Se verá sometido a un drástico proceso de rebalanceo de tarifas, para no ser acusado de competencia desleal.

6) Se verá sometido a un natural proceso de pérdida de mercado, producto de la introducción de otros agentes.

7) Tendrá que pagar un 1.5% de sus ingresos brutos al Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), a pesar de que ya contribuye con un 9% en subsidios a las tarifas básicas.

8) Se expone a ser denunciado ante, y penalizado por, el Ente Regulador, con multas millonarias, si no cumple con la interconexión y demás exigencias de la Ley.

Ningún privado ha sido en contraste incomodado, se les ha respetado, por ejemplo, todo el espectro que tenían asignado. A esto llama el Sr. Campos “Una historia tan bien escrita…”, “…una regulación óptima,…”, “…de primera” y “…un buen balance entre liberalización y regulación”.

Preguntaría al Sr. Campos si él, como jerarca del ICE y siendo especialista en legislación ¿habría entregado un bien patrimonial del que no puede disponer ningún funcionario público? ¿No se excedió más bien el ICE en sus potestades, “devolviendo” el espectro, para complacer a políticos de turno?

Los verdaderos responsables. Los responsables de los atrasos que los ha habido y los habrá son el Poder Legislativo primeramente, que aprobó una Ley de Telecomunicaciones con menos errores que la de Tránsito pero que los tiene más sustantivos; de un Poder Ejecutivo que nunca creó el Consejo Sectorial de Telecomunicaciones, que debía aprobar todas las reasignaciones de espectro a que sometió al ICE; del MINAET, que tardó en elaborar un Plan Nacional de Telecomunicaciones, sin consultar con Mideplan y sin publicarlo en Gaceta, como lo ordena la Ley; de la Aresep, que en sus luchas de poder con la Sutel distrae y atrasa; y de la Sutel, que elaboró en un proceso poco transparente un cartel que tiene más defectos que aciertos.

Entiendo a quienes desde la acera de los privados desesperan por hacer su “agosto” con este proceso, pero al menos podrían dirigir las culpas a donde corresponde y no pretender convertir en leña un árbol que todavía no cae.

*Ingeniero

El ICE ha sido la víctima del proceso seguido y ahora además la endilgan la responsabilidad y las ocurrencias de otros.

Adital – Durante la Conferencia Internacional del Trabajo, realizada la semana pasada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en Ginebra, Suiza, representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores decidieron adoptar una norma internacional con recomendaciones que garanticen el cumplimiento de los derechos de los (las) trabajadores (as) portadores del virus VIH/Sida. Se trata de la Norma Internacional de Trabajo sobre VIH/SIDA.

Después de dos años de intenso debate y aprobado con una votación de 439 a 4, y 11 abstenciones, éste es el primer instrumento internacional de derechos humanos dedicado específicamente a este tema en el mundo del trabajo. La norma fue considerada por todos los participantes como una contribución internacional al mundo del trabajo para el acceso universal a la prevención, tratamiento, cura y apoyo frente al virus VIH.

Autoridades y representantes de diversos países estuvieron presentes en la Conferencia y todos concordaron en que la Norma es un refuerzo en la lucha contra el Sida y en defensa de los derechos de los trabajadores.

Para Sidnei Machado, profesor de Derecho del Trabajo de la Universidad Federal del Paraná, la Norma de la OIT representa una importante medida, porque trata sobre los derechos de las personas portadores de VIH/SIDA, significando un avance para estos (as) trabajadores (as). Él resaltó que la resolución también debe intentar estandardizar políticas internacionales sobre la cuestión.

Según Sidnei, el principal objetivo de la Norma Internacional es atacar las prácticas discriminatorias. “En general, en el mundo del trabajo existen muchos preconceptos, principalmente sobre los portadores de VIH. En Brasil, desde la implementación de la Ley Benedita da Silva (Ley 9.024) quedó prohibido cualquier tipo de discriminación, incluyendo la discriminación por causa del virus, pero, a pesar de la norma, en la práctica esto no ocurre”, relató.

La norma contiene disposiciones sobre programas de prevención que pueden salvar la vida de personas y medidas anti-discriminatorias tanto dentro como fuera del ambiente de trabajo. Las orientaciones también destacan la importancia del empleo y de las actividades generadoras de ingresos para los trabajadores y las personas que viven con VIH, en particular a efectos de la continuidad del tratamiento.

“La Norma debe impactar en la defensa de los derechos internacionales no sólo para los trabajadores; el efecto es para todos los actores sociales, que también pueden valerse de este instrumento para formular políticas públicas”, indicó.

Durante la Conferencia de la OIT, Sophia Kisting, directora del programa sobre VIH/Sida y el mundo del trabajo de la OIT, dijo que “la recomendación no será sólo un instrumento importante para guiar el trabajo de la OIT y de sus mandatarios, también mejorará la coordinación de la comunidad internacional en torno del Sida. Con disposiciones firmes sobre protección y seguridad social, la Recomendación consolidará el trabajo de la OIT en apoyo de las diez áreas prioritarias de la ONU/AIDS”, agregó Kisting.

* Periodista de Adital

Traducción: Daniel Barrantes

“La organización del sentido común también afecta la dimensión de los sentimientos, los afectos, esto es, hace que la gente desestime y descalifique cierto tipo de acciones y actitudes que encarnan creencias, fines y valores que no se creen realizables y, así, influye en la forma de relacionarnos entre individuos y en la selección de nuestras relaciones e interacciones”. Luis Tapia

Pese a esta muestra de la realidad, la victoria del neoliberalismo en el ámbito de la cultura ha sido más efectiva de lo que podamos imaginar, que en el ámbito económico. Una de sus consecuencias más comunes, y no por ello más visibles, se puede observar en el discurso cada vez más generalizado en segmentos de la población, que basados en posiciones preconcebidas alejadas de la realidad y con una buena dosis de individualismo; señalan que “estamos como estamos” por un conjunto de fines, valores, formas de hacer y concebir la realidad que en su idea de “hacer” no corresponde.

Esta concepción, que se acerca más al orden de lo que se cree que debería de ser y no de lo que la realidad permite, es una buena muestra de cómo el sentido común que impone el neoliberalismo, está instalado, de forma efectiva, en la manera en que se conciben los hechos cotidianos, sin que en ningún momento sean objeto de cuestionamiento. Que finalmente determina la manera en que nos relacionamos unos en relación con otros. Esto es lo que se conoce como producción de hegemonía. Que significa que todo el conocimiento social que se produce de diferentes formas y vías está articulado y corresponde a una comprensión del mundo acorde a los intereses de sectores dominantes.

Estas posiciones están estrechamente relacionadas con dos temas: el de la memoria y la historia; y la posición que se asume sobre cómo se conciben. En el caso de la historia, el neoliberalismo la despolitiza y la relaciona únicamente a la descripción biográfica de figuras, generalmente de personajes relacionados con las elites, sin tomar en cuenta las diferentes dimensiones que la constituyen.

Lo que se puede advertir de este proceso es, en buena medida, la reproducción de una forma de memoria que ordena el sentido de la realidad acorde a la concepción de la lógica del victimario sobre la memoria de las victimas. Es decir, un pasado de dominación que continúa siendo presente.
Y de esta manera, el sentido común instaurado por el orden neoliberal, impregna en el pensamiento social una fuerte carga de pesimismo en términos de la acción colectiva y el cambio social que ésta busca. Produciendo en consecuencia la individualización de la vida social y los hechos. En donde se forma la idea de un mundo dominando y organizado por el consumo, que abona el camino de los procesos de despolitización producidos por el sentido común liberal y neoliberal.

Hablar de pesimismo en la acción colectiva, de individualización de la vida social y de procesos de despolitización; es hacer referencia a una estrategia de desorganización como forma de dominación. En donde el desconocimiento y la desinformación juegan un rol importante en procesos del rompimiento de vínculos sociales que producen identidades, valores, fines y formas de concebir la vida, basados en la igualdad y la justicia.

En la actualidad se puede observa un enfrentamiento entre elites que buscan la redefinición y reorganización del orden económico y político, que persigue la restauración de jerarquías, concentración de la riqueza y el poder. Que en su paso, como al principio de la imposición neoliberal, reduce al ser humano al egoísmo.

Por tanto, es importante trabajar en la desestructuración de los pilares que sostienen la estrategia neoliberal, que propicie la base de una reforma de la cultura dominante, que se expresa en el sentido común neoliberal.

Los países del ALBA asumimos esta nueva época del lado de los históricamente excluidos, pueblos indígenas, el pueblo afrodescendiente, mujeres, jóvenes, niños, niñas, ancianos, ancianas y personas con discapacidad.

Así, los Jefes de Estado y de Gobierno y Jefes de Delegación de los países que conformamos la Alianza Bolivariana de los Pueblos de las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, reunidos en la ciudad de Otavalo, Ecuador, junto con autoridades indígenas y afrodescendientes electas y designadas de la región.

DECLARAMOS que:

1. Entendemos al Estado Plurinacional Unitario en la forma como se ha dado en los procesos constituyentes de la República del Ecuador y Estado Plurinacional de Bolivia, como expresión de unidad en la diversidad, que asume una forma democrática de convivencia, expresada en la interculturalidad que es el relacionamiento armónico entre las culturas.

2. Ratificamos nuestro compromiso con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas que significó una victoria en la lucha por lograr el reconocimiento de sus derechos colectivos. Del mismo modo, reafirmamos nuestro compromiso con la Declaración y el Programa de Acción de Durban contra el racismo, la xenofobia y la intolerancia; así como a la Convención de la UNESCO para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial y la Declaración de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural.

3. Reiteramos nuestro compromiso para avanzar en los procesos de construcción de sociedades incluyentes, culturalmente diversas y ambientalmente responsables, que excluyan la explotación del ser humano, en las que existan condiciones para un diálogo entre iguales y un intercambio real de saberes, conocimientos y visiones en nuestra región.

4. Confirmamos nuestro compromiso de hacer realidad el Tratado de Comercio de los Pueblos (TCP), afirmando la soberanía de los países de la región y la construcción de un modelo alternativo de soberanía económica expresado en una Nueva Arquitectura Financiera (SUCRE, Banco y Fondo del ALBA) para consolidar un sistema de intercambio y cooperación recíproco, solidario, participativo y complementario, que fortalezca nuestra soberanía alimentaria.

5. Reiteramos nuestro compromiso por promover una Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra en el marco de las Naciones Unidas, para que la vida en plenitud (Sumak Kawsay) sea nuestro escenario de armonía con la naturaleza, profundice la equidad y la autonomía, de modo que los ciudadanos y ciudadanas disfrutemos del uso, de la asignación y de la distribución de los recursos materiales e inmateriales de nuestras naciones.

6. Reiteramos nuestro respeto a la Madre Tierra (Pacha Mama) respaldando iniciativas como la del YASUNI ITT propuesta por el Ecuador, que se fundamenta en un mecanismo de compensación por contaminación neta evitada; llamamos a la comunidad internacional a aprobar en las Naciones Unidas la Resolución Declaratoria de Derecho Humano al Agua y al Saneamiento, propuesta por el Estado Plurinacional de Bolivia.

7. Expresamos nuestro reconocimiento a la iniciativa del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua de restitución de Derechos a los Pueblos Indígenas, a través del proceso de titulación de sus tierras, mediante el cual ya se ha titulado el 20% del territorio nacional y su compromiso de continuar avanzando para lograr para el año 2011 la titulación de la totalidad de sus territorios ancestrales.

8. Expresamos que el manejo, administración y aprovechamiento de los recursos naturales no renovables corresponde al Estado de acuerdo al interés de sus pueblos y la sociedad en su conjunto y no a uno o varios grupos o sectores sociales o económicos. El Estado garantizará la participación social y la distribución justa y equitativa de los beneficios, especialmente a favor de las comunidades en donde esos recursos naturales se encuentran y buscará, en armonía con la Naturaleza, minimizar los impactos ambientales y sociales adversos que generen.

9. Nos comprometemos a fortalecer las políticas públicas para el acceso a la salud, educación, empleo y vivienda prioritariamente para los más excluidos, y promover políticas en beneficio directo de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

10. Reafirmamos el compromiso para promover la cooperación entre los países miembros del ALBA relacionada con el rescate y protección de nuestros patrimonios, culturas y conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

11. En este marco de respeto y garantía de los derechos consuetudinarios, y en consideración a que la hoja de coca es un elemento central de las culturas Andino Amazónicas, los países del ALBA ratifican la solidaridad y apoyo en el propósito de revalorizar la práctica ancestral del masticado de la hoja de coca (akullico), eliminar su prohibición en los instrumentos internacionales y retirar a la hoja de coca de la lista 1 de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961.

12. Reconocer los logros del Proyecto Grannacional ALBA Cultural y de la Empresa Grannacional Fondo Cultural del ALBA, para transformar a nuestros países en sociedades interculturales, diversas, tolerantes, respetuosas, incluyentes, con Estados en los que se garantice el pleno ejercicio de los derechos económicos, políticos, sociales y culturales, que contribuyen al fortalecimiento de sociedades libres de racismo estructural.

13. Comprometidos con la defensa de los Derechos Humanos y de los procesos culturales ancestrales, ratificamos que en las jurisdicciones en las que se aplique la justicia consuetudinaria, los usos y costumbres deberán respetar las normas constitucionales y legales vigentes.

14. Nos comprometemos a que un encuentro de autoridades indígenas y afrodescendientes electas y designadas del ALBA, se realice anualmente como un mecanismo de encuentro y diálogo intercultural.

15. Instamos a constituir un mecanismo de encuentro y diálogo entre pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, en el seno del Consejo de Movimientos Sociales del ALBA.

Otavalo, 25 de junio de 2010