Dice El Tiempo: “El comerciante y palmicultor Juan Guillermo González Moreno y el hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya, encabezan la lista de las capturas que la policía y la fiscalía empezaron a realizar en la región del Urabá antioqueño y chocoano con el propósito de judicializar a señalados funcionarios y complices de crímenes del paramilitarismo durante más de una década.”
“Carlos Andrés Vargas, capturado en su finca de Dabeiba el pasado martes, aparece como determinador de al menos 200 homicidios. A González Moreno, se le responsabiliza del secuestro de 4 líderes campesinos del Chocó, el desplazamiento de 350 personas y la desaparición de otros centenares”. Esta es la información de prensa independiente y española que recoge el periódico El Tiempo en plena campaña electoral.
Este suceso puso al descubierto la alianza. El terrateniente hacendado Carlos Andrés Vargas Montoya aliado de los paramilitares había entrado al Urabá antioqueño y asesinado a López Sierra. Las informaciones de El Tiempo de hoy 12 de abril, explican que la fiscalía ordenó la captura de esos grandes terratenientes, que es un hecho que ha alborotado toda la región, particularmente porque son crímenes que tienen consecuencias graves contra el proceso electoral en marcha.
El grave conflicto y crímenes en las regiones mencionadas, se abrió paso en la gran prensa de Colombia. Se aceleró así la captura masiva de los terratenientes responsables de los crímenes y asesinatos, a la vez que la acción de los jueces y la fiscalía se ha acelerado duramente.
Esta región de Colombia ha reaccionado duramente contra los usurpadores de las tierras de los campesinos, que se han apropiado de centenares de hectáreas de tierras de propietarios comunales. Todo esto ocurre en momentos en que se terminan los días para la celebración de las elecciones presidenciales de Colombia.
Las elecciones, por consiguiente se están desarrollando bajo la presión gubernamental y los crímenes en todas las regiones campesinas de Colombia.
Junto al caso de la apropiación de tierras por parte de los grandes empresarios latifundistas, la ofensiva terrateniente continúa en las zonas rurales. El gobierno Uribe Vélez se hace el de la vista gorda ante esos hechos. Pero al tiempo la reacción de los campesinos y ciudadanos, actuando efectivamente ha frustrado buena parte del despojo que impulsan los grandes terratenientes.
En las elecciones presidenciales de los próximos días en Colombia, la lucha más grave y fuerte es la de los campesinos y ciudadanos contra las autoridades gubernamentales que intervienen a favor de los grandes terratenientes. Pero la reacción campesina y de opinión es acelerada y muy enérgica. Estas elecciones presidenciales se están convirtiendo en el objetivo de la acción de protesta y repudio del campesinado y de la opinión pública. Cada día que pasa es más fuerte la presencia y combatividad del pueblo colombiano, de los campesinos y los sectores sociales víctimas de las medidas económicas y políticas del gobierno Uribe Vélez contra el campesinado, los trabajadores agrícolas y el movimiento sindical. En las calles de las ciudades de Colombia se siente el rigor de la tensión y el crecimiento de la presencia del pueblo para recuperar sus derechos democráticos en estas elecciones.
Este video no tiene que ver con la nota, sin embargo es importante para ampliar el criterio sobre lo que ocurre en Colombia y que los “medios de comunicación comerciales” no dicen, callan, ocultan, tergiversan, engañan y realizan campañas contra los países que no están bajo su dominio.
Surgido hace 38 años, el Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) de Colombia, tal y como nos explica su presidente, Agustín Jiménez, centra su trabajo en dar una “atención especial a la situación carcelaria y jurídica de las personas que son acusadas de cometer delitos políticos”. De entre ellos, “la mayoría son personas que ejercen alguna acción social o actividad política. Como son opositores al Gobierno, éste les hace montajes para tratar de demostrar que son de la guerrilla o crea juicios fingidos para poderlos llevar a los centros carcelarios”.
– ¿Qué tipo de presos políticos existen en Colombia?
Básicamente se dividen en tres grupos. Primero están las personas que participan directamente del conflicto armado y que son miembros de los grupos insurgentes. También están aquellos que viven en las zonas en las que estos grupos tienen presencia y que normalmente son acusados de pertenecer a la guerrilla porque en algún momento les dan algún apoyo o tienen algún contacto, como es normal que suceda ya que ellos están en la misma zona. La mayoría de ellos son humildes campesinos o indígenas que no escogen vivir allí, sino que están en su territorio y en los que se presentan estas situaciones. En tercer lugar, como grupo más numeroso, están los dirigentes sociales y sindicales, defensores de derechos humanos y políticos de la oposición que son detenidos y acusados de pertenecer a la guerrilla.
– ¿Cuántos presos políticos hay en Colombia?
Nosotros hemos estado manejando como 7.000 personas que están en los centros carcelarios acusadas de delitos como el de rebelión o de participar en el conflicto armado como miembros de los grupos insurgentes.
– ¿Cuál es la situación actual respecto a la criminalización de la lucha social en Colombia?
Actualmente la situación es bastante grave porque el gobierno de Álvaro Uribe ha tratado de aprovechar la existencia de un conflicto armado para deslegitimar las acciones de las organizaciones y comunidades que luchan por sus derechos acusándoles de pertenecer a alguna organización [armada]. El Gobierno ha diseñado toda una serie de estrategias para hacer montajes judiciales en contra de estas personas. Especialmente ha utilizado los testimonios arreglados de quienes tienen la condición –o dicen tenerla– de reinsertados y que han pertenecido a los grupos insurgentes, testificando en contra de los dirigentes sociales y declarando lo que el Gobierno quiere que digan. Muchas veces los militares y los policías los entrenan para esto montando pruebas falsas. Otro de los recursos que utiliza el Gobierno es la red de informantes que se ponen de acuerdo con las autoridades para hacer los montajes judiciales.
Esto ha provocado que durante el gobierno de Uribe unas 10.000 personas hayan sido detenidas arbitrariamente como parte de una política que busca meterle terror a la población a través de detenciones masivas. La mayoría de ellas han quedado en libertad, pero otras se encuentran todavía en los centros carcelarios.
Pero el Gobierno también utiliza al Ejército para criminalizar la protesta. Por ejemplo, en el caso de las protestas universitarias, metiendo al Ejército en las universidades y violando la autonomía universitaria, o en los territorios indígenas, cuando estos realizan alguna protesta en sus territorios.
Además, el Gobierno sale permanentemente a los medios de información a estigmatizar a todo líder social o defensor de derechos humanos llamándolos terroristas y sosteniendo que todas sus acciones de denuncia están conjugadas con los grupos guerrilleros.
– ¿Cómo ha afectado al tema de los presos políticos la política de “seguridad democrática” de Álvaro Uribe?
Con el epíteto de “terrorista”, el Gobierno ha pretendido justificar una acción de persecución y hostigamiento contra las personas detenidas por motivos políticos, colocándolas en situaciones aún más graves que las que viven el resto de presos.
Muchos presos políticos han tenido que sufrir aislamientos prolongados y situaciones críticas de derechos humanos y en algunos casos han tenido que soportar que se les coloque en los mismos espacios que a los presos paramilitares, lo cual supone un riesgo altísimo para ellos, sobre todo porque los paramilitares tienen el apoyo de la guardia e incluso a veces de la dirección de las cárceles para atacar a los presos políticos.
Además, los presos políticos son enviados a lugares muy alejados de su familia, lo que se convierte en un sufrimiento permanente para ellos.
– ¿Cómo ha afectado el Plan Colombia a la política carcelaria de Uribe y en concreto en lo referente a los presos políticos?
A través del Plan Colombia, Uribe firmó un acuerdo con la Oficina Federal de Prisiones de EE. UU. para construir un número bastante grande de cárceles que ellos llaman de alta seguridad. En ellas, a imagen y semejanza de lo que plantea la política de EE. UU., lo que se busca es mantener de manera permanente una situación de presión y represión sobre el preso como una forma de castigo. Esto está provocando, por ejemplo, que algunos presos tomen la decisión de suicidarse ante la aplicación de un régimen carcelario que llega a ser inhumano.
La guardia de prisiones fue también formada por la Oficina Federal de Prisiones para aplicar presión permanente y control de seguridad, y los reglamentos carcelarios fueron cambiados para privilegiar la seguridad por encima de los derechos humanos.
Todo ello ha provocado un cuadro muy grave en los centros carcelarios del país para todas las personas detenidas, pero en especial para los presos políticos, porque esta política carcelaria también se desarrolla con la idea de tener elementos para la represalia contra el preso que se considera enemigo.
– ¿Hasta qué punto ha sido aplicada en Colombia la política estadounidense de defensa del uso de la tortura?
No se ha notado un aumento importante en ese sentido porque ya el Ejército colombiano usa la tortura desde hace mucho tiempo.
Hasta hace no mucho en los centros carcelarios se ha tenido cuidado con el uso de la tortura, pero en los últimos tres o cuatro años han vuelto a aumentar los indicadores de tortura en todo Colombia. Ahora, mucha de la tortura se está dando fuera de los centros carcelarios, en el momento de la detención y en los centros de reclusión temporal, sobre todo con la finalidad de conseguir información que permita aumentar las órdenes de captura.
Más información: http://www.comitedesolidaridad.com/
Entre los economistas todavía no hay una opinión definitiva sobre lo que está sucediendo. Existen hipótesis que se acomodan a las concepciones de cada uno y que buscan sustento en las cifras y en los hechos, pero una explicación clara, concreta y sustentada, aun no la he escuchado, ni siquiera de las autoridades monetarias.
Hay que reconocer, desde luego, que hallar esa explicación no es tarea fácil. Entender cómo funciona un mercado que no es transparente ni de competencia, y que puede estar sometido a intereses espurios y a la codicia desenfrenada, como hemos visto durante esta crisis en la mayoría de los mercados, es tarea poco menos que imposible.
Pero también porque en el mercado cambiario costarricense falta información. Por ejemplo, no sabemos quiénes son los compradores y vendedores de dólares, ni la frecuencia y monto de sus transacciones, por lo que no es factible determinar si existe o no especulación. Tampoco conocemos los flujos de dólares vinculados con el narcotráfico, que no se contabilizan en las estadísticas oficiales.
Estos dos elementos, la especulación y los movimientos ilegales de divisas, podrían estar incidiendo en el comportamiento del tipo de cambio, no solo en esta coyuntura sino de manera más sistemática, dada la excesiva amplitud de la banda cambiaria.
Pero mas allá de estas consideraciones, los datos del Banco Central muestran que efectivamente se ha producido un aumento en la oferta de dólares, y que las reservas internacionales del sistema bancario nacional se incrementaron en el último año en más de $1,100 millones.
Esto se debió a que el desequilibrio comercial se redujo en el 2009 de $5,868 millones a $2,618 millones, consecuencia de una drástica caída en las importaciones; y aunque la inversión extranjera, las remesas y el turismo sufrieron contracciones, éstas no fueron tan violentas como la merma en el déficit del intercambio de bienes y servicios.
Así las cosas, en el mercado cambiario parece existir una abundante oferta de dólares que podría sustentar una reducción temporal del tipo de cambio. Sin embargo, ese excedente no parece justificar una disminución tan grande (cerca del 11%) y durante un período tan prolongado (ya supera los tres meses).
Es por eso que podría plantearse la idea de que lo que está sucediendo en Costa Rica con el dólar también está relacionado con el devenir del propio dólar. Más específicamente, con la política monetaria de la Fed, el Banco Central de los Estados Unidos, cuya intervención en la economía ha mantenido las tasas de interés en casi cero desde hace muchos meses con el fin de reactivar el aparato productivo y reanimar el consumo.
Con tasas de interés tan bajas las inversiones especulativas tienden a buscar nuevos horizontes y se mueven internacionalmente a la caza de oportunidades en otros países. Esos “capitales golondrina” podrían estar aterrizando en el territorio nacional y causando ruido en las cotizaciones del dólar.
Ante esta situación algunos dirán que hay que volver a las minidevaluaciones y otros repetirán la monocorde melodía de la dolarización. Pero el frio no está en las cobijas.
Agresión se encuadra en el crecimiento del clima nacional de autoritarismo y de intolerancia promovido por los hermanos Arias Sánchez.
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), ha analizado con sumo cuidado las más diversas informaciones derivadas de los dolorosos acontecimientos de violencia policial y de lógica reacción civil, ocurridos en la ciudad universitaria “Rodrigo Facio Brenes”, de la más prestigiosa casa de estudios superiores del país, la Universidad de Costa Rica (UCR).
Si bien comprendemos a cabalidad la ingrata y peligrosa tarea encomendada a personas trabajadoras de un cuerpo represivo creado por la misma sociedad, como lo es el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), y también como lo es la propia Fuerza Pública; bajo ninguna circunstancia podemos dejar de hacer pública nuestra condena por un acto que hiere la conciencia lúcida de la Patria, como lo ha venido representando por siete décadas, la Universidad de Costa Rica (UCR).
El señor Director del OIJ, don Jorge Rojas; así como la ya saliente Ministra de Seguridad Pública y de Gobernación y Policía, la señora Jannina Del Vecchio, deben asumir sus responsabilidades políticas, hasta el nivel de renuncias si fuese del caso.
Al menos, se debe admitir que se cometió un error, que hubo excesos de acción policial y reacciones desproporcionadas ante un presunto delito que, si bien delito al fin, su baja dimensión generó una confrontación totalmente innecesaria, que causó fuertes heridas físicas y psicológicas a destacados jóvenes estudiantes, honestos funcionarios y notables profesores universitarios. Igualmente, el manejo desproporcionado e inapropiado de la situación hasta lesionó a varios de los mismos policías intervinientes en el condenable acontecimiento.
Existen procedimientos conjuntos entre los órganos de seguridad del Estado y los órganos de seguridad internos de las universidades públicas, que ya han sido aplicados en casos de delitos comunes cuando éstos se llevan adelante dentro del campus universitario, o cuando delincuentes comunes se amparan, indebidamente, en las instalaciones universitarias.
Hubo precipitación, bajo control de impulsos, asomo de prepotencia y flagrante descoordinación interpolicial que, pese a la virulencia del enfrentamiento y de la agresión, no provocó una persona muerta, aunque pareciera que estaban las condiciones para el surgimiento de tal desgracia. Esta experiencia pulverizó cualquier protocolo diseñado al respecto para coordinaciones en estas situaciones de crisis, con ocasiones de delitos penales que involucran la autonomía universitaria constitucional.
La Universidad de Costa Rica (UCR) merece, mínimamente, una disculpa oficial emitida por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), así como de parte de la Ministra del Vecchio debe producirse una acción semejante.
San José, a las veinte horas del martes 13 de abril de 2010.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
OIJ violó autonomía y provocó graves incidentes en la Universidad de Costa Rica
Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) violaron la autonomía universitaria de la Universidad de Costa Rica al medio día de ayer, enfrentaron a golpes a los estudiantes, docentes y funcionarios que trataron de evitar el ingreso de la policía al campus, el saldo fueron 6 universitarios detenidos y varios heridos.
Los estudiantes se enfrentaron a los agentes del OIJ en un confuso incidente cuando los carros policiales ingresaron violentamente al campus universitario por las zonas verdes, lo que causó confusión y enojo entre los presentes.En solo unos minutos, una veintena de agentes del OIJ fueron reforzados por la policía y arremetieron a golpes contra quienes trataban de evitar el avance de las fuerzas policiales en la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, creando caos y confusión.
Según las versiones del OIJ, los agentes perseguían a un policía de tránsito de la universidad que cobró un dinero para no hacer una multa, un agente encubierto le entregó billetes marcados y necesitaban atraparlo con la prueba pero el hombre entró a la universidad y los superiores dieron la orden de seguirlo y apresarlo dentro del campus.
Los oficiales de seguridad de la UCR, por su parte, dijeron que igualmente ellos fueron golpeados por los oficiales del OIJ mientras intentaban poner orden en el confuso incidente de ayer.
Entre los golpeados se encuentran miembros del Consejo Universitario, docentes de diferentes facultades, miembros de la seguridad, funcionarios y estudiantes, el que llevó la peor paliza fue el presidente de la Asociación de Estudiantes de Derecho, Willy Ruiz, a quien la policía le quebró cuatro dientes.
Tras la salida de la policía, los universitarios encabezados por la rectora Yamileth González y miembros del Consejo Universitario salieron a las calles a protestar y mantuvieron un bloqueo frente a la Facultad de Derecho por más de cuatro horas.
Las imágenes captadas en el lugar del enfrentamiento por Las Noticias, mostraron la violencia con que actúo la policía contra los universitarios a quienes golpeó y detuvo, siendo que los que estaban fuera de lugar eran ellos mismos.
Varios estudiantes reportaron que a eso de las 2 de la tarde, unos 30 policías se mantenían en las afueras de la universidad y amenazaron a los universitarios diciéndoles que cuando se retiraran del campus, si se resistían o enfrentaban las acciones de la policía serían agredidos.
Acciones legales
La rectora Yamileth González, mientras permanecía en el bloqueo que levantaron los estudiantes frente a la Facultad de Derecho y que duró más de 4 horas, dijo que se preparan las acciones legales para que esta nueva violación a la autonomía de la Universidad de Costa Rica no quede impune y se establezcan las responsabilidades por una acción arbitraria y desproporcionada como la que protagonizaron los agentes del OIJ, al mediodía de ayer, lunes.
Por su parte, los estudiantes anunciaron que saldrán de nuevo a protestar y que habrá bloqueos en las calles aledañas a la Ciudad Universitaria Rodrigo Facio.
Fuente: informa-tico. com ________________________________________________________
Un importante artículo sobre este mismo tema
Una acción bochornosa
Lic. Marcos Chinchilla Montes Profesor universitario
No me queda la menor duda que la delgada línea que separa la estupidez de la improvisación la constituye la acción policial que realizaron el día de hoy las autoridades del OIJ y la fuerza pública en la Universidad de Costa Rica, avalada desgraciadamente por Jorge Rojas, director (sic) del OIJ y el fiscal general (sic) Francisco Dall Anesse.
Contra toda lógica, una cadena de funcionarios incompetentes no solo violentaron la autonomía universitaria, sino que se dedicaron a agredir físicamente a estudiantes, profesores, funcionarios y sindicalistas, armando un zafarrancho que ya tiene repercusiones legislativas y que se extiende vergonzosamente entre la opinión internacional y los organismos de Derechos Humanos. Esta acción bochornosa es una muestra más de la lamentable improvisación de nuestras fuerzas de seguridad, mismas que para detener a un presunto funcionario corrupto, tienen que usar a más de 60 agentes y entrar golpeando, amenazando, exponiendo una prepotencia vulgar y chabacana y un desconocimiento absoluto de los valores que la población universitaria ha cosechado en estos 70 años de educación superior. Si para detener a una persona se requiere ese nivel de violencia e improvisación judicial, ya podemos dar por perdida la lucha contra el crimen organizado y las bandas de narcotraficantes mexicanos, las que dicho sea de paso, vienen cayendo no por la inteligencia policial sino por el accidente de un helicóptero narco.
Para las y los universitarios, nuestra autonomía es sagrada, y la defendemos en ámbitos diversos: gobierno, presupuesto, legislación interna, pensamiento, formación, investigación, acción social, e incluso, seguridad interna. Esto no quiere decir que no se pueda y deba colaborar y coordinar con las autoridades judiciales como se ha hecho en otros momentos, pero tener que enfrentar el ingreso de decenas de matones que no tienen el menor pudor para maltratar, golpear, amenazar, sacar armas, quebrar brazos, arrancar dientes y detener personas por defender principios claramente establecidos en nuestro estatuto orgánico, es algo que nos indigna y denunciamos con contundencia.
Estos actos de violencia institucional que son el pan de cada día en Honduras luego del golpe militar contra Zelaya, nos llenan de vergüenza y rabia; lamentablemente, nos hacen perder confianza en las autoridades judiciales, lo que se suma a otras manifestaciones de comunidades que los rechazan, situación que se torna preocupante, pero que es un claro indicador de una práctica institucional que pierde legitimidad en nuestro país y que nos lleva al caos.
Las autoridades judiciales y policiales que avalan estas prácticas al mejor estilo de las dictaduras del cono sur de los años 70 deben renunciar o ser removidas, ya perdieron nuestra credibilidad, le hacen un daño a nuestro Estado de Derecho; los oficiales del OIJ y de la misma policía que protagonizaron estos actos de barbarie no deben estar más en estos cuerpos policiales, con seguridad encontrarán empleo en los cuerpo militares hondureños. Nos preocupa de sobremanera que el Ministerio de Seguridad no entienda el significado de la autonomía universitaria, precisamente porque la señora ministra pretendió llegar al cargo de rectoría a finales de los años 80, y porque además de docente, fue Vicerrectora de Docencia.
Las universidades públicas costarricenses han sido, son y seguirán siendo respetuosas del ordenamiento jurídico costarricense, pero eso no nos inhibe de denunciar esta clase de afrentas, y menos a desistir de movilizarnos como lo hicimos el día de hoy centenares de ciudadanos, no solo para defender a nuestros compañeros injustamente detenidos y golpeados, sino para exigir respeto por la autonomía universitaria. ¿O es que también quieren convertir a las universidades en el campo de batalla donde impunemente la policía asesina ciudadanos indefensos por la espalda, o los detiene por manifestarse en contra de la privatización?
Las organizaciones sociales, estudiantes, universidades, comunidades, sindicatos, colegios profesionales y ciudadanía en general, debemos pronunciarnos de forma contundente contra estas nefastas prácticas que llevan al país al despeñadero. _______________________________________________________
¡ Gaudeamus igitur !
Walter Antillon
La desafortunada incursión de la policía en el campus “Rodrigo Facio” sirvió al menos para traer a la atención de todos el tema de la autonomía universitaria, en un momento en que el País necesita ideas claras para separar el grano de la paja, en este ‘cambalache’ en que nos tienen viviendo.
Cierto que la universidad no es ‘un Estado dentro del Estado’ ni tampoco puede sostenerse que ‘autonomía universitaria equivale a soberanía territorial’, como algunos han dicho. Pero así y todo no resulta menos evidente que, a la luz del derecho, ni los agentes de la OIJ ni los de la policía administrativa podían lícitamente irrumpir en el campus de la manera que lo hicieron. Y ¿por qué lo digo?
Por razones que siendo exquisitamente jurídicas van más allá de la desnuda letra de la ley:
porque aquí se trata de la cultura jurídica, que está por encima de la ley jurídica;
porque el derecho no es ley, sino cultura de la Constitución y la ley; y por último,
porque cultura es vida y no letra.
Claro que contra lo que acabo de afirmar milita una concepción positivista deshidratada y formal, según la cual la autonomía universitaria termina con el último signo de puntuación del artículo 84 de la Carta constitucional.
Pero yo era un escolar con pleno uso de razón cuando, en 1941, se fundó la Universidad de Costa Rica; y desde entonces no recuerdo ni una sola vez que la policía se haya metido en las instalaciones universitarias sin el permiso o la invitación de las autoridades académicas. Esta prolongada situación de respeto y entendimiento ¿fue puramente fortuita, casual, o descansa en sólidos fundamentos? Algo así como “la cultura de Occidente”, de la que somos herederos ¿no nos sugiere nada?
Pues se trata de que la autonomía universitaria es un pilar de esa cultura: estaba presente en el derecho estatutario de las ciudades-Estado del Norte de Italia a partir de la Dieta de Roncaglia de 1158, donde es reconocida expresamente por el Emperador Federico Barbarroja a favor de la Universidad de Bologna; y estuvo presente en las peripecias que marcaron el nacimiento y la vida de las Universidades de Oxford y Cambridge durante ese mismo siglo; estaba presente en la Reforma de Córdoba, Argentina de 1918, que encarnó las aspiraciones de los docentes latinoamericanos; y está presente hoy en la “Carta Magna de las Universidades Europeas” masivamente firmada por sus rectores en Bologna, Italia, en 1988.
De manera que, cuando nuestros constituyentes de 1949 aprobaron el texto del artículo 84 no estaban inventando nada, sino que simplemente accedían a aquella potente manifestación de la cultura autonómica transformada en costumbre constitucional. Pero el artículo de marras no agotó la envergadura, el alcance de la vieja tradición: sólo la proveyò de un núcleo básico, junto al cual se reafirmaron (praeter constitutionem) otros aspectos propios de la memoria cultural universitaria. Y al respecto es muy significativa la conocida y reiterada jurisprudencia de la Sala Constitucional (principalmente: voto 1313-93).
Es de ese modo como se inicia el proceso de consolidación de una costumbre constitucional que es fuente no escrita del ordenamiento jurídico y que, en la hora presente, una algarada policial ha querido borrar de golpe. Es decir, a través de decenios se fue consolidando un mecanismo en cuya virtud los titulares de un poder policial con vigencia a lo largo y ancho del territorio costarricense han venido aceptando, respecto del campus universitario, una hipótesis de no ejercicio de la totalidad del referido poder. Son testigos de ello los casi setenta años de respeto, de no incursión, de coordinación entre las respectivas autoridades; y lo es también la institucionalización de fuerzas de policía nombradas y controladas por la Universidad ¿qué sentido y qué valor tendrían tales fuerzas si no existiera aquella costumbre constitucional?
Repito: la veda del libre ingreso de la policía en territorio académico; y la necesidad de coordinar con las autoridades de la Universidad los tiempos y los modos de ese ingreso constituyen claras e inequívocas manifestaciones de una costumbre constitucional perfectamente configurada; y en este caso, tal como lo requiere una doctrina jurídica hoy indiscutible (ver nota), la costumbre constitucional que regula el ingreso de los cuerpos estatales de policía al campus universitario tiene una específica, fundamental y primaria vigencia que se demuestra tanto por su efectividad (¡siete decenios operando!) como por su objetividad (presencia regular de reglas, signos y personal policial propìos de la Universidad; dilatado historial de coordinación y entendimiento entre autoridades estatales y académicas).
En consecuencia, me parece que los agentes de la OIJ y de la Guardia Civil que ingresaron a la Sede Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica ignorando las normas de coordinación existentes, y atropellando al personal de seguridad y a los estudiantes y funcionarios que trataron de impedirlo, han incurrido en actos violatorios de normas no escritas que, según doctrina de los artículos 6 y 7 de la Ley General de la Administración Pública, son equiparables a las normas escritas de la Constitución.
Entonces, es mi parecer que de momento, mientras los tribunales competentes no determinen otras medidas, los responsables de aquellos cuerpos policiales deben una disculpa pública a las autoridades universitarias, a las personas lesionadas o maltratadas durante aquellas acciones y a la comunidad costarricense toda, que es titular originaria de un derecho humano fundamental a la autonomía universitaria. Porque la autonomía universitaria no es un mero interés de minorìas privilegiadas, sino que es uno de esos altísimos valores de humanidad que la civilización occidental ha hecho suyos; y que por ello deben ser tenazmente defendidos por los ciudadanos conscientes, en un mundo que todavía resiste ante los embates de la arbitrariedad y de la prepotencia.
¿Es difícil rectificar las opiniones vertidas, reconocer los propios errores? Lo es, ciertamente, para muchas personas. Pero estoy seguro de que eso: rectificar, reconocer el error constituye, por el contrario, una de las mejores cualidades del hombre (hombre).
(Nota bibliográfica)
La doctrina jurídica moderna, mayoritariamente italiana, ha reconocido desde hace más de un siglo la existencia de normas no escritas (consuetudinarias) de rango constitucional, debido en gran parte al prolongado magisterio de SANTIROMANO (Principios de Derecho Constitucional General; Giuffrè, Milán, 1947; pág. 90 y sigtes.). El número de los autores que han escrito sobre el tema es prácticamente inabarcable; de modo que basta aquí con señalar los siguientes, representativos de diversas tendencias pero conformes en relación con el tema de nuestro interés: PAOLOBISCARETTI DI RUFFÌA: Derecho Constitucional; Tecnos, Madrid, 1973; pág. 158 y sigtes.; PAOLO BARILE: Instituciones de Derecho Público; Cedam, Padua, 1982; pág. 49 y sigtes.; GIUSEPPEUGO RESCIGNO: Curso de Derecho Público; Zanichelli, Bologna, 1984; pág. 288 y sigtes. En Costa Rica se ha referido ampliamente al tema RUBEN HERNÁNDEZ. El Derecho de la Constitución; Juricentro, San José, 1993; Volumen I, pág. 458 y sigtes.
Con el tema de la Divulgación de la Campaña solicitud a la ONU para la Declaración del Año Internacional Agricultura Familiar, AIAF, se realizó este lunes 12 de abril un foro en el cual pretenden crear conciencia sobre la necesidad de que ONU emita una declaratoria que afirme la agricultura familiar como una alternativa de desarrollo y que 1.020 millones de personas que pasan hambre en el mundo, una buena parte familias campesinas, con poca tierra, pocos recursos y ningún apoyo público, tengan la posibilidad de emprender un modelo de subsistencia.
El Foro se realizó en el Auditorio de Conacoop en San José, este lunes 12 de abril con la presencia de María Luz Iñarra Palomino por la Coordinadora para América Latina y el Caribe del Foro Rural Mundial, y estará en el país hasta el 14 de abril, quien trae como misión divulgar la Campaña Para solicitarle a la ONU la declaración del Año Internacional por la Agricultura Familiar.
La agenda del Foro realizado este lunes fue la siguiente:
– Palabras del señor Rigoberto Sánchez Bolaños/ Secretario Ejecutivo de CONACOOP.
– Palabras del señor Miguel Gómez / director del Programa Ruta.
– Palabras del señor Leonardo Granados /Coordinador del PDRR.
– Palabras del señor Javier Flores Galarza/ Ministro de Agricultura, Costa Rica.
– Presentación de la Campaña Año Internacional por la Agricultura Familiar a cargo de María Luz Iñarra Palomino, del Foro Rural Mundial y Plenaria.
– Emprendimientos con Juventud y Género en el contexto de la Agricultura Familiar a Cargo de Rafael Mesén Vega/Doctor en Producción Tropical Sostenible, experto en Juventud rural y extensión agropecuaria. y Plenaria. __________________________________________________________
HACIA LA CELEBRACIÓN DEL AÑO INTERNACIONAL DE LA AGRICULTURA FAMILIAR-AIAF
*Un sueño cada vez más cercano * *
En el mundo de hoy hay más de 3.000 millones de personas que viven en el campo. La mayor parte de esas mujeres y hombres, unos 2.500 millones, son agricultores. Más de 1.500 millones trabajan 404 millones de parcelas menores de dos hectáreas, la mayoría menores de una hectárea. La población rural implicada en agricultura industrial no supera los 20 millones de personas.
De los más de 1.020 millones de personas que pasan hambre en el mundo, una buena parte son familias campesinas, con poca tierra, pocos recursos y ningún apoyo público, ni infraestructuras, ni asistencia técnica, ni acceso al crédito, ni mercados cercanos, ni instalaciones educativas o sanitarias, etc.
En este contexto tan significativo, tan dramático, a finales del año 2007 llegó a la Secretaría Ejecutiva del Foro Rural una sugerente propuesta: fomentar el reconocimiento y el apoyo de la agricultura familiar a través de la declaración por parte de las Naciones Unidas de un Año Internacional de la Agricultura Familiar-AIAF.
En el FRM empezamos a dialogar acerca de esa propuesta, y llegamos a la conclusión de que valía la pena intentar llevarla adelante, habida cuenta de los gravísimos problemas que atraviesa la agricultura familiar en general, y la de los Países en Desarrollo, en particular.
La ocasión ideal para darlo a conocer nos la presentaba la celebración del II Foro Campesino, Roma 11-12 de Febrero 2008, gran encuentro de organizaciones de agricultores de todo el mundo, organizado periódicamente por el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola-FIDA, con sede en Roma, al que el FRM había sido invitado en calidad de observador. Tras finalizar el Foro, lanzamos la primera hoja informativa sobre la Campaña del AIAF.
Desde aquel momento hasta nuestros días, más de 245 organizaciones rurales, campesinas, etc. de los diversos continentes, han dado su apoyo oficial a la Campaña del FRM a favor del AIAF (ver lista actualizada en la Web del AIAF: www.familyfarmingcampaign.net).
Nuestra gran prioridad en estos momentos está dirigida a conseguir más apoyos gubernamentales, que puedan liderar la introducción en la agenda de la Asamblea General de la ONU la propuesta de declaración de un Año Internacional de la Agricultura Familiar. Hasta el presente contamos con el apoyo de 5 Ministerios y Direcciones de Agricultura de Belice, Pakistán, Perú, Suiza y El Salvador. Y esperamos con mucha confianza los apoyos de los gobiernos de Brasil, Bélgica, India, Luxemburgo, Uruguay, y de otros muchos.
En este ámbito, pedimos encarecidamente a todas las organizaciones que se han adherido a la Campaña, el inicio de gestiones con sus gobiernos respectivos para solicitar su apoyo oficial al AIAF. Hemos realizado también las primeras gestiones para disponer de apoyos ante la sede de la ONU en Nueva York y para conseguir recursos financieros a las actividades del AIAF.
Durante los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre 2009, la Campaña del AIAF ha estado muy presente en el Foro Mundial de Expertos de Alto Nivel, FAO, Roma Octubre12-13; Foro paralelo y Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, Roma, Noviembre 13-17; en la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar- REAF, del Mercosur ampliado (Argentina, Brasil, Paraguay, Venezuela, Chile, Bolivia y Uruguay), Diciembre 1-4; Jubileo de ILEIA, La Haya, Diciembre 15, etc. En todos estos eventos, se ha difundido la Campaña del AIAF y se han obtenido nuevas adhesiones.
En diversas ocasiones, vinculadas a la participación en los diversos Foros en Roma, hemos mantenido contactos con la FAO y el FIDA, como organismos internacionales especializados en Agricultura, explicando todo lo relativo a la Campaña en favor del AIAF.
Los días 15 y 16 de Febrero 2010 se ha celebrado en Roma el III Foro Campesino promovido en Roma por el FIDA, dónde hemos participado como observadores, así como en el posterior Consejo de Gobernadores, días 17-18.
Diversas organizaciones campesinas adheridas a la Campaña del AIAF, AFA, COPROFAM, ROPPA, etc. plantearon el apoyo del Foro Campesino a la Campaña a favor del AIAF.
La Síntesis de las Deliberaciones del Foro Campesino incluye el siguiente texto:
“Reconocemos el papel significativo de la agricultura familiar en el mundo y aportamos nuestro apoyo a la Campaña en favor de la declaración por la ONU del Año Internacional de la Agricultura Familiar.”
Este apoyo representa un gran estímulo y un gran reconocimiento para nuestra Campaña común de parte de todas las organizaciones campesinas presentes. Aunque no todas ellas se impliquen directamente en nuestras tareas, la unanimidad que se refleja en el texto citado acredita que se valora muy positivamente la perspectiva de que ese Año Internacional de la Agricultura Familiar pueda celebrarse y ser beneficioso para hacer avanzar los derechos de todas las mujeres y los hombres del campo. En estos aspectos existe una gran responsabilidad de nuestra parte, y confiamos en estar a la altura de los objetivos fijados.
Ya están fijadas las fechas del primer Encuentro continental AIAF en Asia, que tendrá lugar en Nueva Delhi, India los días 23-25 Marzo 2010. Consciente de la importancia de no retrasar más este Encuentro en Asia, el FRM ha decidido financiarlo con fondos de su presupuesto ordinario. Confiando aún en obtener algunas financiaciones en los próximos meses.
Respecto al Encuentro continental en África, hemos celebrado una reunión preparatoria en Dakar, los días 28 y 29 de Enero pasados. Entre las decisiones más relevantes, se optó por celebrar el Encuentro continental África en Malawi, en la segunda quincena de Junio 2010. La opción a favor de Malawi estuvo motivada por el hecho relevante de que su Gobierno apoya decididamente la Agricultura, dedicando más del 10% de su presupuesto a este sector. A los dos días de haberse celebrado dicha reunión, el Presidente de Malawi, Sr. Bingu wa Mutharika, fue elegido presidente de la Unión Africana, lo que puede dar mayor relieve a la celebración en Malawi del Encuentro continental.
Confiamos en que los Encuentros de América y de Europa se celebren antes de finales de 2010. Una vez realizados los 4 encuentros continentales se organizará un Comité Consultivo mundial sobre la Campaña a favor del AIAF, en el que se sugiere que haya, como principio, una representación de dos personas elegidas por cada Encuentro continental con un enfoque de género y asociativo, (una mujer y un hombre, una organización campesina, y una ONG rural).
También hemos iniciado la puesta en marcha de un Comité Científico del AIAF, que pueda reunir a diversos expertos mundiales, mujeres y hombres capaces de fundamentar toda la relevancia de la Agricultura Familiar como fuente principal de producción de alimentos y de preservación agro-ecológica del medio ambiente. Su primera reunión preparatoria tendrá lugar el próximo 10 de Marzo.
La nueva Web representa una gran herramienta para dar a conocer al mundo la evolución actualizada de todas las actividades de la Campaña del AIAF. No dejen de visitarla y de utilizarla como instrumento de sensibilización, con los diversos materiales existente, de promoción de la Campaña.
Son muchos los millones de familias campesinas de todo el mundo que podrán beneficiarse de los logros obtenidos a través de la realización de un Año Internacional de la Agricultura Familiar, promovido por la ONU. Entre todas las organizaciones adheridas a la Campaña, más de 245 en estos momentos, le daremos la máxima proyección y eficacia posibles. En manos de todos está convertir todo este sueño en realidad. Necesitamos colaboración, apoyo y ayuda para llevarlo adelante.
José María Zeberio-Secretario Ejecutivo del Foro Rural Mundial
Tropas del Ejército hondureño se movilizan al Bajo Aguán
Jhony Rivas, dirigente del MUCA (Militarización)
Desde Honduras 1
Jhony Rivas, dirigente del MUCA (MUCA)
Desde Honduras 2
La militarización de la región se produjo en simultáneo al inicio del proceso de negociación entre los campesinos y los terratenientes.
El presidente, Porfirio Lobo, promovió el diálogo entre las partes.
Sin embargo al mismo tiempo, expresó públicamente que los campesinos no están interesados en producir la tierra sino en desarrollar actividades políticas para desestabilizar a su Gobierno.
Ante esta situación, los integrantes del MUCA afirmaron que el ingreso de tropas a la región confirma el posicionamiento del Gobierno a favor de los terratenientes.
Por el momento, los campesinos se negaron a aceptar la propuesta de los terratenientes convencidos de que ellos buscan vender tierras a precios arbitrariamente altos.
Además, evaluaron que si aceptan se convertirán en proveedores de materias primas sin alternativas comerciales.
La acción conjunta de los paramilitares de los terratenientes, de la Policía y del Ejército causó la muerte de 6 integrantes del MUCA en lo que va del año.
Los integrantes del MUCA llevan adelante un proceso de recuperación de tierras, propiedad del Estado y sujetas a reforma agraria, pero apropiadas por los terratenientes Miguel Facussé, René Morales y Reinaldo Canales.
_____________________________________________________ Honduras: Miles de campesinos bajo asedio en el Aguán
¿Doble discurso de Porfirio Lobo o falta de poder real?
por Giorgio Trucchi
Una impresionante movilización de tropas del ejército ha llenado de temor a miles de campesinos, que siguen en el proceso de recuperación de tierras en la zona norteña del Atlántico hondureño. Mientras por un lado el presidente Porfirio Lobo recorre Centroamérica, tratando de normalizar las relaciones diplomáticas con los países vecinos y con el continente, por el otro en la zona del Bajo Aguán se crean las condiciones para una masacre. ¿Doble discurso o una evidente falta de poder del Presidente hondureño?
A partir de la mañana del día 10 de abril, fuertes contingentes del ejército se han movilizado hacia la zona del Bajo Aguán, donde miles de familias pertenecientes al Movimiento Unificado Campesinos del Aguán (MUCA) siguen en el proceso de recuperación de tierras, que denuncian les fueron ilegalmente arrebatadas por los poderosos productores de Palma Africana, Miguel Facussé, René Morales y Reynaldo Canales.
“El día de hoy, el Bajo Aguán ha sido totalmente militarizado y hemos detectado por lo menos 30 vehículos militares con tropas que llevaban armas de grueso calibre –dijo Yony Rivas, miembro del MUCA–.
En la zona se ha creado un clima de zozobra, porque sabemos que el ejército en nuestro país defiende los intereses de la oligarquía. Estamos viviendo un momento muy difícil”, explicó Rivas.
Según Andrés Pavón, director del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (CODEH), el movimiento de tropas que se está llevando a cabo en estos días es algo insólito, “porque los conflictos de carácter civil los resuelve la policía y no los militares.
En la carretera del litoral Atlántico hacia el norte hemos constatado el movimiento de tres brigadas del ejército, cada una de ellas movilizando a más de 11 comandos, apertrechados como si iban a una guerra”, explicó Pavón.
El director del CODEH denunció también la campaña mediática de diferentes medios de comunicación, afines a las familias que detienen el poder económico y político en Honduras, tratando de dar a entender que el movimiento campesino del MUCA estaría organizando una guerrilla armada “y que estaría listo para responder al fuego de los militares, lo cual es totalmente falso.
Aquí la gente tenía cierto optimismo de poder llegar pronto a una solución del conflicto a través del diálogo con el gobierno. Sin embargo, con lo que está ocurriendo en estas horas, se ha creado un clima de grande preocupación.
Si se llegara a un enfrentamiento –continuó Pavón– no hay duda de que la mayoría de las víctimas las pondrían los campesinos. Hay niños, niñas, mujeres embarazads. Sería una masacre”.
¿Doble discurso o falta de poder real?
Mientras el presidente Porfirio Lobo sigue en su gira para Centroamérica, para tratar de normalizar lo más pronto posible las relaciones con los países miembros del Sistema de Integración Centroamericano (SICA) y con el resto del continente, el Bajo Aguán parece estar al borde de un desenlace fatal.
Una contradicción que abre muchas preguntas sobre quiénes detienen el verdadero poder en Honduras.
“Es posible que esta movilización de tropas sea una medida de presión para que el MUCA, en la próxima reunión que está prevista para el martes 13 de abril, acepte la propuesta del gobierno.
Ante un rechazo de los campesinos, el ejército actuaría. Es evidente –continuó el director del CODEH– que aquí hay una gran contradicción de fondo.
El presidente Porfirio Lobo está sujeto a presiones y comportamentos casi de rebeldía de actores que fueron protagónicos en el golpe de Estado, y que están actuando con independencia y que tienen capacidad de inducir a las fuerzas militares a movilizarse”, aseveró Andrés Pavón.
Para los miembros del MUCA, la reunión del próximo 13 de abril va a ser importante para detectar las reales intenciones de este gobierno y de los grupos de poderes, que respaldan los terratenientes usurpadores de las tierras que la Reforma Agraria había destinado para miles de familias campesinas.
“Estamos dispuestos a seguir en el diálogo y vamos a presentar una contrapropuesta porque lo que ofreció el gobierno es insuficiente y violatorio de la misma Ley de Reforma Agraria.
No obstante, denunciamos que estamos viviendo bajo una brutal presión psicológica. Tenemos temor por la vida de nuestros compañeros y compañeras que están en el proceso de recuperación de las tierras”, dijo Yony Rivas.
Según el MUCA, mientras el gobierno presionaba para llegar a un acuerdo, en el Bajo Aguán grupos paramilitares asesinaban a 6 miembros de esta organización.
El último de los caídos es José Leonel Álvarez Guerra, de 32 años, asesinado mientras llegaba a su casa para visitar a su esposa que acababa de dar a la luz un niño.
“Hacemos un llamado al mundo para que se solidarice con nuestra lucha y desde ahora responsabilizamos al presidente Porfirio Lobo, a su gobierno y a los terratenientes involucrados en este conflicto de cualquier masacre que pueda ocurrir en las próximas horas”, concluyó Rivas.
San José, lunes 5 de abril de 2010. S.G. 09-11-0530-10
Licenciado Ricardo Sancho Chavarría Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A) Su despacho
Estimado señor:
Reciba el saludo cordial y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Invocando las potestades que para los efectos del caso se preceptúan en el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y en el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, nos dirigimos a vuestra digna autoridad, para solicitarle se nos proporcione una copia del presuntamente existente “Estudio Hidrogeológico para la caracterización y delimitación de las zonas de recarga de las fuentes Milano y El Cairo” (el subrayado es nuestro); estudio que habría sido realizado para A y A por parte de la empresa Hidrogeotecnia Ltda.
Información aparecida en el diario digital Nuestro País, correspondiente a su edición electrónica del día 30 de marzo anterior, da cuenta de que tal estudio habría llegado a su despacho desde el mes de febrero del año anterior 2009, indicando su propia autoridad en posterior comunicación al efecto que se haría público en junio siguiente, luego de unas “correcciones”.
Como lo que esta en juego es vidas humanas, muchas de las cuales corresponden a personas trabajadoras asalariadas que laboran en las empresas agropecuarias de la región, consideramos que nos asiste un interés legítimo para tener acceso a tal estudio; interés que también comparten agrupaciones sociales y sindicales fraternas de la ANEP, algunas de las cuales integramos el complejo organizacional Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Particularmente el interés es mayúsculo, dado que en la zona objeto del estudio se dan intensa y extensivamente cultivos de piña, actividad agroexportadora de enorme polémica en la actualidad. No menos relevante es el tema del conjunto de las condiciones laborales, sociales y ambientales de la producción bananera en la zona.
Tan es así que recientemente (y quizás usted lo puedo apreciar por informes de prensa), estuvo en el país una delegación sindical del Reino Unido, representada por el segundo sindicato británico más grande, el GMB; acompañada por personeros de la organización de monitoreo sobre condiciones laborales, sociales y ambientales para los mercados de la Unión Europea (UE), Bananalink. En su página electrónica, www.bananalink.org.uk, podemos leer lo siguiente:
Banana Link es una pequeña pero activa organización sin fines de lucro que trabaja desde 1996 para conseguir un comercio bananero justo y sostenible. Colaboramos estrechamente con sindicatos bananeros de Latinoamérica, pequeños agricultores del Caribe y organizaciones civiles de Europa y Estados Unidos.
Mejorando las condiciones para los trabajadores en el cultivo de piñas. Además de las bananas ahora nos esforzamos por mejorar las condiciones de los trabajadores en el cultivo de piñas, donde están involucrados muchos de los mismos actores y la historia de abusos sociales, económicos y medioambientales es muy parecida a la de las bananas. El sector de las piñas se va convirtiendo en una parte integral del trabajo de Banana Link y de nuestros socios sindicalistas que representan las demandas de los trabajadores de piñas en América Latina y África.
En los próximos años va a aumentar el trabajo de Banana Link sobre las piñas gracias al éxito que hemos tenido al conseguir una subvención EuropeAid para trabajar con tres socios europeos (Francia, Alemania y República Checa) sobre los estándares laborales en las cadenas de suministro al por menor. Empezamos en enero de 2010.
Como usted comprenderá estamos hablando de un asunto de alta sensibilidad que va más allá de las fronteras institucionales de A y A, pues involucra aspectos muy sensibles del mercado exterior del país.
Mantener oculto el mencionado estudio en tal marco de condiciones, incrementará las dudas de los eventuales consumidores británicos y europeos que compran en algunos de los supermercados más relevantes de tal región; supermercados que tienen tanto con GMB como con Bananlink lazos de monitoreo e información que se fortalecen con sus conexiones organizacionales en el país y con visitas como la que acaban de realizar a Costa Rica.
Esperando una pronta respuesta de su parte, con toda consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
cc.: Honorable Embajada del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte, en Costa Rica. cc.: Sindicato GMB, Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. cc.: Bananlink. cc.: Honorable Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Poder Judicial. cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República. cc.: Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP). cc.: Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP) cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP. cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-Municipalidad de Cartago. cc.: Archivo.
San José, lunes 5 de abril de 2010. S.G. 09-11-0521-10 ¡URGENTE!
Licenciado Jorge Fernández Chacón Director General Dirección General de Aviación Civil (DGAC) Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
Licenciado Ricardo Sancho Chavarría Presidente Ejecutivo Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (A y A)
Estimados señores:
Con todo respeto, les expresamos nuestro más atento saludo.
Invocando las potestades que para los efectos del caso se preceptúan en el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y en el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, nos dirigimos a vuestras dignas autoridades para indicar que, como es del conocimiento de ambas, la empresa constructora MECO desarrolla un proyecto en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños que, por un lado, tendría como finalidad la eliminación de obstáculos en la pista; y, por otro, la construcción de una obra de plataforma y ampliación del edificio de la correspondiente terminal aérea. Tenemos entendido que todo ello comprendido en la licitación pública No. 2008-LN-000015-9999. Lo primero que respetuosamente estamos preguntando es si todos estos datos son exactos.
Por otra parte y con información suministrada por personas que nos merecen todo crédito pero que por motivos de discrecionalidad omitimos sus nombres, se nos indica que la mencionada empresa utiliza el agua de los hidrantes que están ubicados dentro de la citada terminal aérea, para regar el lastre de base de la plataforma. Presuntamente, se trata de grandes cantidades de agua las que supuestamente emplea MECO para el riego de su obra.
En razón de lo anterior, rogamos a sus estimables autoridades indicar a la ANEP quién autoriza y/o supervisa este tipo de operaciones y si las respectivas institucionales que ustedes dirigen, reciben pago por tal servicio.
Además, deseamos se nos indique a cuánto asciende el monto y si el mismo corresponde al volumen de agua que eventualmente ha venido siendo consumido con los efectos apuntados, considerando que cada camión cisterna habría cargado unos 7 mil litros.
Por otra parte solicitamos, siempre en el marco del debido respeto y del derecho de información pública, si dentro de la licitación del caso se contempla que MECO utilice para sus fines comerciales el preciado líquido y en cuánto está valorado tal aporte, si así fuese, por parte del Estado costarricense.
Estimados señores: Considérese que el agua que emana de los hidrantes es pagada por todos y cada uno de las personas ciudadanas contribuyentes fiscales, con el objetivo de salvaguardar la vida y los bienes de los y de las costarricenses. El interés de la ANEP es determinar el uso que se puede estar dando a este bien público, así como el resarcimiento que tenemos que recibir los administrados, si es que a este preciado líquido se le está dando un uso para el enriquecimiento privado.
No omitimos indicarles de que tenemos informes acerca de que, por ejemplo, la Auditoría Interna de A y A tiene ya varios reportes del caso, al menos vía telefónica.
Por tanto, reiteramos nuestra respetuosa y legal petición, expresando un agradecimiento anticipado por la celeridad con que recibamos las correspondientes respuestas.
Con la mayor consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
cc.: Lic. Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República. cc.: Honorable Cuerpo Nacional de Bomberos de Costa Rica, Instituto Nacional de Seguros (INS). cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-CNE. cc.: Junta Directiva Nacional de la ANEP. cc. Medios de Comunicación Colectiva. cc.: Archivo.
San José, lunes 5 de abril de 2010. S.G. 09-11-0523-10
Doctora María Luisa Ávila Agüero Ministra Ministerio de Salud Su despacho
Honorable señora Ministra:
En primer término, expresamos a su digna autoridad atento y respetuoso saludo de nuestra parte.
Invocando las potestades que para los efectos del caso se preceptúan en el artículo 27 de la Constitución Política de Costa Rica y en el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, nos dirigimos a vuestra digna autoridad para solicitarle una información referida a una presunta derogatoria de un decreto ejecutivo que toca el tema del bromato de potasio, para regular la cantidad en cuanto a su uso en la fabricación del pan, alimento fundamental para, prácticamente toda la población costarricense, especialmente para las amplias mayorías componentes de los sectores populares de nuestro país.
Tenemos entendido que el bromato de potasio es un material carcinógeno, aunque confesamos nuestra ignorancia al respecto. Presuntamente, le da al pan un crecimiento y una esponjosidad grandes. Nos interesa saber si, efectivamente, había alguna regulación en cuanto a su uso según un decreto ejecutivo que se habría emitido en el año 2007; e, igualmente, cuáles serían las motivaciones actuales de que tal decreto se hubiese derogado en fecha reciente, mediando, nos imaginamos, una norma legal de igual naturaleza (otro decreto).
Específicamente, queremos saber si el bromato de potasio tiene alguna repercusión adicional en personas con padecimiento de cáncer estomacal y/o puede contribuir a su manifestación.
Finalmente, queremos que se nos haga saber por esta vía cuáles son las entidades empresariales y/o de negocios fabricantes de pan que ha constado en los registros de la cartera ministerial de Salud, para los efectos de la eventual regulación que existía sobre la cantidad de uso de bromato de potasio para los fines apuntados.
Quedando en espera de su respuesta, nuevamente le reiteramos nuestro mayor respeto.
Albino Vargas Barrantes Secretario General ANEP
Edgar Morales Quesada Secretario General Adjunto ANEP
C.c. Medios de comunicación colectiva. Honorable Defensoría de los Habitantes de la República. Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). Junta Directiva Nacional de ANEP. Estimados compañeros, Unidad de Información y Comunicación (UIC), ANEP. Archivo. ______________________________________________________
Nota de anep.cr _________________
El bromato de potasio: Un peligro para la salud
Para mantener el pan esponjoso, dorado, suave, con volumen y evitar así que se endurezca, los panaderos han utilizado un aditivo (acondicionador de la masa) llamado bromato de potasio.
Es una sustancia inorgánica y cristalina muy similar, en su apariencia física, a la sal o el azúcar.
Esta sustancia está compuesta por un átomo de potasio, uno de bromo y tres de oxígeno, y fue patentada en 1914. A partir de ese momento de utilizó ampliamente alrededor del mundo, ya que no sólo mejoraba la consistencia del pan sino que también ayudaba a la conservación de la forma de la pieza.
¿Por qué ha sido cuestinado su uso?
Después de un tiempo de utilizar masivamente el bromato de potasio, se pudo observar lo siguiente:
La manipulación física* de esta sustancia es extremadamente peligrosa porque puede producir combustión espontánea y explosión.
El gran parecido* que tiene el bromato de potasio con el azúcar y la sal favorece la intoxicación accidental.
Si se produce una sobredosis*, la persona sufre de vómito, diarrea, depresión del sistema nervioso, daño renal irreversible, efectos mutagénicos, destrucción de la vitamina B1 y la niacina, inhibición de la disponibilidad del hierro y degradación del ácido fólico.
A pesar de estos hechos, el compuesto continuó usándose sin regulación alguna hasta 1982. En ese, año el científico japonés Yuki Kurokawa demostró que el bromato de potasio causa cáncer en ratas en un período de tiempo relativamente corto y con cantidades cercanas a las empleadas en el pan y la harina.
Al siguiente año, 1983, el efecto cancerígeno fue reconocido por la Agencia Internacional de Investigación para el Cáncer. La Fao (Organización de Alimentos y Agricultura de Naciones Unidas) y la OMS (Organización Mundial de la Salud) propusieron no permitir concentraciones mayores de 75 mg. por kilogramo de harina.
Luego, en el año 1989, la Comisión de la Comunidad Europea prohibió totalmente su uso en los alimentos.
Es importante señalar que aún existen países que lo utilizan alrededor del mundo como, por ejemplo, los Estados Unidos donde la utilización del bromato depende de cada estado.
Las investigaciones continúan
Las investigaciones han continuado y se ha podido detectar, gracias a diversas técnicas de análisis, que aún después de la fermentación y cocción de la masa, se puede detectar niveles residuales de bromato de potasio en el pan.
Igualmente, se ha podido determinar que el bromato de potasio también produce tumores en las células renales, las células perifonéales y las células foliculares de la tiroides.
Pan alternativo
En la actualidad los fabricantes de pan deben trabajar con aditivos alternativos como la mezcla de ácido ascórbico (vitamina C) y enzimas o la azodicorbonamida.
La industria panadera tienen muchas críticas con los aditivos alternativos al bromato, ya que lo consideran más caros y que no mejoran con éxito la mala calidad que puede tener la harina.
De todos modos, muchos industriales ya se han adecuado a la fabricación de pan sin este aditivo tan peligroso siguiendo las recomendaciones de los organismos internacionales.
Sin embargo, como todavía existen países donde se puede utilizar con legalidad, resulta conveniente revisar los ingredientes que contiene el pan que consumimos a diario para observar si aparece el bromato de potasio.
San José, domingo 11 de abril de 2010. S.G. 09-11-0548-10 ¡URGENTE!
Señor MAE. Francisco Ibarra Arana Gerente General Junta de Protección Social (JPS) Su despacho
Asunto: Robo de la placa de la tumba del Expresidente don Juan Rafael Mora Porras
Estimado y honorable señor:
Con el debido respeto, reciba usted el más atento saludo de nuestra parte, no solamente en nuestra condición de Secretario General de esta organización sindical, sino como Presidente de una organización de segundo nivel de mayor amplitud, nucleadora de entidades de mayor diversidad, precisamente denominada Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Recientemente habíamos sido notificados por el distinguido ciudadano Ing. Arturo Robles Coronas, integrante de un grupo cívico de estudio y rescate del significado histórico de la gesta patriótica de 1856, de que la placa de la tumba del ilustre Expresidente de la República y Benemérito de la Patria, don Juan Rafael Mora Porras, conocido por el pueblo costarricense como don Juanito, había sido sustraída del Cementerio General de San José, una situación de profanación que ofende nuestra ya de por sí golpeada identidad nacional.
La noticia periodística que da cuenta de lo siguiente, aparecida hoy domingo 11 de abril, en el diario La Nación, nos refuerza toda vía más la iniciativa que habíamos pensado de dirigirnos a su distinguida autoridad para plantearle lo siguiente con la debida urgencia, aunque usted estará conociendo de ello, oficialmente, este lunes 12 de abril.
Primero: Ordene usted, con la celeridad y urgencia debida, la investigación pertinente que determine las circunstancias en que tan abominable acto de perturbación patriótica ocurrió.
Segundo: Proceda su honorable representada, la Junta de Protección Social, a disponer lo pertinente, en instancias judiciales y policiales, para que se proceda a un rastreo urgente por las fundidoras capitalinas, sumamente conocidas por las autoridades respectivas y que no son muchas, para determinar si la placa de la tumba de don Juanito llegó a alguna de ellas, a quién se la compraron, porqué lo hicieron y otros detalles.
Esta debe ser una acción, dentro de varias, para hacer algo y, al menos, evitar la sensación de que tan repudiable acto no merece una reacción de parte de los y de las costarricenses de hoy en día, quienes jamás deberíamos olvidar la gigantesca deuda que tenemos con don Juanito, verdadero artífice de la independencia nacional, la integridad territorial de la Patria y la soberanía política de la misma, tal y como lo ha indicado el distinguido periodista e investigador, don Armando Vargas Araya.
Tercero: De no ser posible la recuperación de la placa de la tumba de don Juanito, o recuperándola, su representada debe proceder a organizar un acto público para reparar esa ofensa, la acción de mancillar la memoria de un costarricense excepcional cuyo legado, a casi 150 años de su fusilamiento, es más que urgente para nuestra Patria de hoy.
Precisamente, en el sesquicentenario del magnicidio de don Juan Rafael Mora Porras es algo vital recordar su sacrificio y, por ende, este asunto del robo de la placa de su tumba, debe ser repudiado y, como indicamos, reparado en toda su dimensión, más allá de lo material de la misma.
Con base en el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, le rogamos nos brinde una respuesta a nuestro respetuoso planteamiento.
Reiterándole nuestro respeto y consideración,
Albino Vargas Barrantes Secretario General Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) Presidente CENTRALSOCIALJUANITOMORAPORRAS (CSJMP)
cc.: Junta Directiva Seccional ANEP-JPS. cc.: Directorio Nacional, Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP). cc.: Junta Directiva Nacional de ANEP. cc.: Consejo Consultivo Nacional de la ANEP. cc.: Honorable señor Armando Vargas Araya, ciudadano periodista e historiador. cc.: Honorable Defensoría de los Habitantes de la República. cc.: Movimiento Sindical Costarricense. cc.: Movimientos cívicos costarricenses. cc.: Medios de comunicación colectiva. cc.: Archivo.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
