Con una contundente línea seguida desde sus inicios: el beneficio para una minoría en detrimento de una mayoría. El discurso ambiental, en foros mundiales, basándose en una larga trayectoria del país y su histórico compromiso con el ambiente, no tuvo ninguna consistencia a lo interno del país, provocando un profundo retroceso y generando daños posiblemente irreversibles que pagarán no solo las generaciones actuales, sino también las futuras.
Como parte de este triste legado, y para que no lo olvidemos, el Grupo Llamado Urgente por el País y otras entidades acuden ante la opinión pública para mencionar algunos de los elementos más representativos de los yerros que nos lega esta administración.
La expansión de los cultivos de piña: resulta sorprendente que se pasará en estos cuatro años de 15.000 (2004 – 2005), a más de 54.000 hectáreas de plantaciones de piña (datos del MAG), y posiblemente la cifra sea mucho mayor si se actualizara el censo agropecuario. Este crecimiento se ha vendido como beneficioso al país, debido al incremento de puestos de trabajo y desarrollo. Sin embargo, en las zonas piñeras la realidad muestra lo contrario: la tenencia de la tierra lo mismo que la riqueza producida se concentra en pocas manos, mientras que daños ambientales, enfermedades y plagas de mosca se socializan.
Desde julio del 2007, en Siquirres, más de 6000 personas toman agua de cisternas a un costo de US$ 27.000 dólares mensuales, sufragados por el AyA sin que ninguna demanda se haya presentado por las instituciones para hacer valer el principio “el que contamina paga” contra las empresas responsables de contaminar los acuíferos con bromacil y otras sustancias tóxicas.
Mientras el gobierno publicita su campaña de siembras masivas de árboles (que en su mayoría se limitan a árboles de especies exóticas plantados en monocultivos por empresas madereras) las fotografías aéreas de la expansión piñera constatan como se han eliminado masivamente zonas boscosas aún en zonas de protección de ríos. Además de esto, la actividad por falta de buenas prácticas ambientales, ha generado contaminación del suelo, de las aguas superficiales y subterráneas y otros impactos ambientales por erosión y producción de residuos sólidos. Sitios como Caño Negro se desangran en la mayor impunidad.
Minería: el decreto de moratoria a la minería metálica del año 2002 emitido por la administración Pacheco tenía una justificación: Costa Rica estaba siendo “inundada” por solicitudes de empresas mineras que explotarían los recursos mineros del país sin contar éste, con los recursos legales, técnicos y ambientales para atender esta problemática.
A pesar de que se avanzó poco para corregir esa situación, la administración Arias en el año 2008 levantó de manera inconsulta esa moratoria y abrió una “caja de pandora minera” (la cual en los últimos meses de administración, y después de que el 90 % de la población se opone a la minería, se ha pretendido cerrar a escasos días de las elecciones de Febrero del 2010, pero sin elaborar un Decreto Ejecutivo al respecto).
No obstante, dentro de ese periodo de apertura se le dio una cuestionada viabilidad ambiental al cambio de diseño del proyecto de minería a cielo abierto en Crucitas, y una no menos cuestionada Declaratoria de Conveniencia Nacional, con la que la minera canadiense, en dos días, arrasó con más de medio centenar de hectáreas de bosque en San Carlos. Hoy este proyecto minero, el más grande de América Central, está detenido gracias a 18 recursos de amparo interpuestos por organizaciones sociales y ambientales del país.
El debate técnico y legal durante la vista celebrada ante la Sala Constitucional en noviembre del 2009, el más intenso en toda la historia de la Sala aclaró las consecuencias que puede tener para el país y su futuro esa decisión. El país se enfrenta a una coyuntura histórica: de otorgarse este permiso, se provocaría uno o varios “enjambres mineros” difíciles de detener debido a las responsabilidades adquiridas mediante los TLC.
Decreto Chorotega y el desarrollo inmobiliario costero: a casi dos años de administración de gobierno, se emitió el Decreto Ejecutivo No. 34456 – MP – MIVAH – TUR – MINAE – COM, con el que se “regulaba” del desarrollo inmobiliario en una franja de cuatro kilómetros costeros de Guanacaste y de la región de Cóbano, Paquera y Lepanto. El decreto se “justificaba” para emitir regulación en ausencia de planes reguladores y para evitar las construcciones de altura en los 200 metros de la zona marítimo terrestre. No obstante, permite construcciones de hasta cuatro pisos en esta zona, y de hasta nueve pisos en una franja de terreno entre uno y cuatro kilómetros de la playa. Sin ningún criterio ambiental, se establecieron para urbanización, densidades de población de hasta 90 mil personas por kilómetro cuadrado.
Todo esto, a costa de la afectación de bosques, de manglares, de áreas de protección, de zonas de recarga acuífera y peor aún, sin garantizar los servicios básicos como agua o recolección de residuos. Dichosamente se dió la crisis inmobiliaria en Estados Unidos que frenó la inversión inmobiliaria, evitando que se promulgara otra Decreto similar para Puntarenas. No obstante, el peligro está latente y la intención del decreto no la borrará la historia.
El agua y Sardinal: durante estos cuatro años la urgente Ley de Recursos Hídricos quedó a la espera de su aprobación. No era prioridad para el gobierno. No obstante, se tomaron decisiones desacertadas que ahora requieren de acciones correctivas urgentes. El caso de Sardinal es elocuente: de una forma inconsulta, impositiva y sin los estudios técnicos respectivos, se tomó la decisión de extraer el agua subterránea del acuífero que se encuentra en el valle aluvial donde se asienta la comunidad de Sardinal, para abastecer los desarrollos inmobiliarios costeros del sector de Playa Hermosa y Playas del Coco del cantón de Carrillo. Un claro ejemplo de la ausencia de planificación y ordenamiento territorial y de los recursos naturales.
El gobierno, después de invertir y de iniciar la construcción del acueducto, y buscar justificaciones técnicas presionando a ciertas instituciones como el SENARA y el Departamento de Aguas, tuvo que detener obras por orden de la Sala Constitucional. Hoy, esas obras se pueden observar como un vivo ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas en este país. La inauguración en septiembre del 2009 del Hotel Riu en Playa Matapalo, con sus 701 habitaciones en una zona semiárida y poco generosa en agua para las comunidades, probablemente exacerbe aún más los ánimos.
Baulas y áreas protegidas: esta administración ha intentado abrir al desarrollo inmobiliario el sector de Playa Grande, que colinda con el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde se encuentra uno de los sitios más importantes del planeta de anidación de estas grandes tortugas marinas. Los medios para lograr este objeto han sido varios, siendo uno de ellos la intención de promulgar una ley para bajar de categoría el Parque Nacional a Refugio de Vida Silvestre, so pretexto de que no hay recursos para pagar las expropiaciones. Ignorando la posición técnica y legal de diferentes instancias, se ha mantenido la línea de degradar el parque nacional a favor de un desarrollo inmobiliario localizado en su zona de amortiguamiento y calificada desde el punto de vista hidrogeológico como de vulnerabilidad extrema.
Las tácticas de engaño a la opinión pública y expuestas recientemente por el ministro Jorge Rodríguez van dirigidas hacia hacer creer que “son cientos de familias que viven en áreas protegidas” y que “éstas fueron creadas en poblaciones previamente establecidas y son parte de ese equilibrio ambiental, social y económico, que busca la sostenibilidad” por lo cual “su desalojo generará problemas sociales importantes”.
El caso Baulas con categoría de Parque Nacional no es parte de esta discusión. A esta intención se han unido, una serie de decretos ejecutivos emitidos durante esta administración para disminuir o derogar diversas áreas protegidas. La administración Arias es la primera en muchos años en no crear un nuevo parque nacional, lo que evidencia el “olvido” de los compromisos firmados en el Convenio de Diversidad Biológica y ante el mundo donde se deben crear nuevas áreas protegidas y fortalecer el sistema nacional para resguardar la biodiversidad que se encuentra en peligro crítico. En el tema de las áreas protegidas marinas, este gobierno también ha quedado debiendo. El problema del aleteo del tiburón ha sido irresponsablemente ignorado.
Competitividad y SETENA: una de las funciones principales del Ministro (sin cartera) de la Competitividad, fue el “reforzamiento y modernización” de la SETENA, entidad encargada de dar la viabilidad ambiental a los nuevos proyectos de inversión, por medio de un instrumento altamente técnico e imparcial, como es la evaluación de impacto ambiental. Con esto, un organismo de desconcentración máxima y cuya independencia de criterio debe mantenerse ajena a toda influencia política, quedó bajo el ámbito del “apoyo” y “cuidado” del Ministro de Competitividad. No sorprende por ello, que proyectos como la viabilidad ambiental de Crucitas se otorgara en un periodo neto de seis semanas, mientras que proyectos de menor impacto, a veces tienen que esperar meses para obtener aprobación. Tampoco extrañará que durante casi toda esta administración se dejara de convocar a la Comisión Mixta, de amplia participación social, y asesora técnica de la SETENA, en materia de procedimientos. Y finalmente, aún menos sorprenderá por qué la SETENA durante estos últimos dos años, ha emitido nuevos procedimientos vía resolución, de manera inconsulta y arbitraria, algunos de ellos incluso ilegales.
Con dos decretos ejecutivos se modifican sendos artículos de la Ley de Biodiversidad (LB): En su desesperación por acatar los últimos deseos que el gobierno de EEUU exigía para “certificar” al TLC, la administración Arias modificó en diciembre de 2008 los artículos y 78.6 y 80 de la LB. La “interpretación” del Art. 78.6 permite que las invenciones directamente derivadas del conocimiento tradicional de pueblos indígenas o comunidades campesinas puedan ser patentadas en claro provecho de las empresas biotecnológicas y farmacéuticas. La modificación al Art. 80 elimina el carácter vinculante de la oposición fundamentada de la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (Conagebio) contra solicitudes de patentamiento de elementos de la biodiversidad costarricense que atentaran contra los objetivos del Convenio de Diversidad Biológica.
El cambio establece ahora que el único motivo por el cual la Conagebio puede oponerse es por incumplimiento de la Ley de Patentes. Estos Decretos Ejecutivos no fueron consultados con nadie, ni siquiera con los Pueblos Indígenas como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ni con la Conagebio a la cual le reduce potestades. Ambos decretos fueron cuestionados ante la Sala IV quien lo acogió recientemente para su estudio.
Decreto de apertura del anillo de contención: en febrero de este año, la administración prosiguió su tarea, emitiendo un decreto ejecutivo con el que se abre a la urbanización intensiva, una franja de hasta 200 metros el anillo de contención de la Gran Área Metropolitana, dejando expuestos al desarrollo urbano áreas de alta y muy alta fragilidad ambiental, so pretexto de que no hay área para urbanizar dentro del anillo de contención y justificándose en la viabilidad ambiental del PRUGAM. No obstante, se quieren urbanizar nuevas áreas de alta fragilidad y poner en riesgo a sus futuros habitantes, cuando dentro de la GAM existen más de 9 mil hectáreas por urbanizar y cuando hubiese sido más sencillo aprobar el Plan PRUGAM. Lo que hay detrás de este decreto tendrá que ser debatido ante la Sala Constitucional, que ha acogido una acción de inconstitucional y suspendido su aplicación mientras se resuelve. De igual forma todavía se está en espera de explicaciones por incumplimiento a un fallo del 2008 que obliga a amojonar la zona de protección decretada en el Decreto-Ley 65 de 1888 (que declaró inalienable una buena parte de las montañas del norte de Heredia y parte de Alajuela) donde hoy ya se está dando un desarrollo inmobiliario.
Para despedida: durante estas últimas semanas, se han preparado y se encuentran en elaboración una serie de decretos ejecutivos que llevan la misma línea y que, de salir, van a terminar de reforzar la negativa imagen ambiental de la actual administración Arias Sánchez. Decretos como el de Paisaje, el de las torres de comunicaciones o el que pretende cambiar la metodología de introducción de la variable ambiental en los planes reguladores, pese a que hay más de 50 municipios que lo han utilizado o lo están utilizando, son solo algunos desaciertos más que está promoviendo de manera urgente el Poder Ejecutivo. También, se presiona a sus diputados salientes para que antes del 8 de mayo, aprueben a golpe de tambor la nefasta ley de marinas y la reforma a la ley de la Zona Marítimo Terrestre, que cede derechos a perpetuidad a las grandes trasnacionales del turismo internacional en nuestra zona costera, como ya lo han hecho en Papagayo.
Extraña sobremanera escuchar al señor Presidente en su discurso de inauguración del Año Judicial advertir a todos los magistrados del país indicándoles “No sé si los miembros del Poder Judicial pierden el sueño por las inversiones que Costa Rica deja de percibir por la volatilidad de algunas de sus decisiones que afectan nuestra economía, yo sí”, cuando son decretos ejecutivos adoptados durante su administración de manera inconsulta, temeraria, “volátil” y adoleciendo de criterios técnicos, los que han generado la situación actual: todos, sin excepción, terminan en los estrados de la máxima instancia judicial, llamada a contener esta arremetida inaudita contra la naturaleza sufrida en estos cuatro años.
En resumen, podemos decir sin temor a equivocarnos que en materia ambiental, para la administración Arias 2006 – 2010, aplica el refrán de que “valen más los hechos que las palabras”. En este caso, algunos de los hechos aquí expuestos, entre muchos otros, valen mucho más que las lindas palabras de los discursos presidenciales sobre “Paz con la Naturaleza”.
Llamado Urgente por el País
Federación Costarricense de Organizaciones Ambientalistas (FECON)
Asociación Pro – Mejoras de Tamarindo
Asociación de Comunidades Ecologistas La Ceiba (COECOCEIBA)
Centro de Derecho Ambiental y de Recursos Naturales (CEDARENA)
Coope – SoliDar R.L.
Asociación de Ecología Social (AESO)
Oilwatch Costa Rica
Confraternidad Guanacasteca
Red Centroamericana de Acción del Agua (FANCA)
Asociación Regional Centroamericana para el Agua y el Ambiente (ARCA)
Fundación Opinión Ambiental
Justicia para la Naturaleza
Comité Bandera Azul Ecológica de San Miguel
Asociación Ambiental del Norte de San Rafael de Heredia
Bosques Nuestros
Programa Restauración de Tortugas Marinas (PRETOMA)
Asociación Red de Coordinación en Biodiversidad
Asociación Terra Nostra
Asociación Ambientalista de Siquirres
Asociación de Estudiantes de Derecho (Facultad de Derecho,UCR)
Academia Costarricense de Derecho Ambiental (A.D.A)
Asociación Proyecto Alternativos (PROAL)
Amigos del Río Pacuare.
Union por la Vida (UNOVIDA)
APREFLOFAS
