Con una asistencia de 545 trabajadores afiliados a SINTRAJAP, en medio de amenazas e intimidaciones por parte del Presidente de JAPDEVA y el gobierno de los Arias, se realizó la Asamblea General, en tercera convocatoria.
Simbolismo de lucha del pueblo limonense
El Black Star Line, referente histórico y cultural de mayor significado para la población afrolimonense en el corazón de la provincia, sirvió de escenario para los asambleístas ratificaran por unanimidad a la Junta Directiva que preside Ronaldo Blaer Blaer y rechazar tajantemente la propuesta del Gobierno de pagar $137 millones a los trabajadores. Esta posición ratifica la decisión de los trabajadores de JAPDEVA que dijeron no a la concesión de los muelles y no al chantaje millonario por la venta de la empresa estatal.
Estos acuerdos de la Asamblea General del Sindicato de Trabajadores de Japdeva, SINTRAJAP, no solo ratifican la posición de la Junta Directiva sino que también fortalece su lucha, en el ámbito legal, ante las maniobras del gobierno de los Arias por privatizar los muelles de Limón y Moín.
Parte de estas maniobras fueron denunciadas en días anteriores por el Semanario Universidad cuando da a conocer documentos del Ministro de Trabajo, Alvaro González, en los cuales se plantea la estrategia para “derrocar” a la legítima junta directiva y montar otra que siga sus órdenes. Esta “junta directiva sindical” gubernamental, surgida luego de que un grupo de afiliados al sindicato, organizados por el gobierno de Oscar Arias, realizó una presunta asamblea y eligió a una junta directiva al margen de los estatutos de SINTRAJAP, y que fue reconocida de inmediato por el Ministerio de Trabajo.
La asamblea general de SINTRAJAP, realizada este jueves 4 de marzo, fue calificada como exitosa por Ronaldo Blaer Blaer, Secretario General, quien fue ratificado en su puesto hasta el final de su período en el 2011.
La Asamblea general del Sindicato de Trabajadores de Japdeva pedirá también, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, MTSS, la ratificación de la Junta Directiva vigente, elegida democráticamente el 31 de enero de 2009, y solicitarán que se “desconozca” todo lo realizado por “el grupo mediador”, incluída la supuesta nueva “junta directiva”.
Nueva Comisión de ética y de Apoyo en las negociaciones
Dos nuevas Comisiones se conformaron por voluntad de la Asamblea General de SINTRAJAP. Una se dedicará a formular un reglamento y Código de Ética del sindicato y la otra participará como Apoyo a la Junta Directiva en posibles negociaciones con el gobierno.
Con estas comisiones, a pedido de la misma Asamblea General, se fortalece la participación de los y las trabajadoras afiliadas en la vida y accionar de SINTRAJAP.
Finalmente y en un acto de gran solidaridad los y las Asambleístas aportaron lo que pudieron para poder cubrir algunos gastos del sindicato que tiene las cuentas bloqueadas por el gobierno de los Arias.
Cerca de 250 mil colones se recogieron este día y se comprometieron en seguir aportando, en la medida de sus posibilidades, para que el sindicato pudiera seguir funcionando.
El gobierno ha bloqueado las cuentas de SINTRAJAP y ha cortado las deducciones de la cuota sindical que se deducen automáticamente de los salarios de las personas trabajadoras.
Ante esto SINTRAJAP también ha recibido apoyo de Centrales Sindicales y Sindicatos independientes para poder hacer frente a las acciones de presión y legales en que se encuentra sometido por el gobierno. ANEP pedirá la intervención del Ministerio
Albino Vargas Barrantes y Edgar Morales Quesada, Secretario General y Adjunto respectivamente, de la Asociación de Empleados Públicos y Privados, ANEP, está preparando una solicitad de intervención del Ministerio Público “para que se investigue de dónde saldrían los fondos para pagar los 80.000 millones de colones que ofreció el Gobierno a los trabajadores de JAPDEVA para que se entreguen los muelles”. En comunicado público ANEP planteará al Ministerio Público “que establezca la naturaleza jurídica del hecho de que empleados públicos reciban dineros que no están contemplados en la legislación” ya que califica la acción del gobierno de los Arias de “chantaje, soborno y corrupción, acciones claramente castigadas por la Ley contra el enriquecimiento ilícito y la corrupción”.
Presidenta electa debe aclarar su posición
ANEP planteará a la Presidenta electa, Laura Chinchilla Miranda, que aclare cuál es su posición con respecto a las acciones antisindicales y de soborno que se da con el caso de JAPDEVA y diga claramente cuál será su proceder de “heredar” esta problemática.
La Licda Laura Chinchilla Miranda se reunirá con el Consejo Consultivo Nacional de ANEP este viernes 5 de marzo.
En un marco de gran participación de los organismos de base de nuestro sindicato, el Consejo Consultivo Nacional de ANEP, realizó Segunda Sesión del período 2009-2011. Día Internacional de la Mujer
La actividad estuvo dividida en dos partes. En una se conmemoró el Día Internacional de la Mujer y en la segunda se analizaron los planteamientos que se le presentarían a Laura Chinchilla posteriormente y la posición de los representantes de las Seccionales de ANEP.
En este marco, la solidaridad con el sindicato SINTRAJAP colmó de aplausos la valiente Asamblea realizada el día anterior por ellos y se ratificó el accionar de nuestro sindicato para con los y las trabajadoras de JAPDEVA, el respaldo a la legítima Junta Directiva encabezada por Ronaldo Blear Blear y el apoyo a las acciones que SINTRAJAP se plantee.
En el Día Internacional de la Mujer que reconoce “que día a día con su aporte, su trabajo y su lucha siguen sentando las bases para la consolidación de una sociedad más justa”.
El acto estuvo acompañado por un dúo musical, compuesto por Adriana Palma y Ana María Aguilar, que interpretó varios temas relacionados con la mujer y su lucha cotidiana por la justicia.
Acuse de recibo…¿Y ahora?
Laura Chinchilla Miranda, presidenta electa para el período 2010-2014, en medio del acto protocolario y con experiencia diplomática reitero su interés por el diálogo entre los diferentes sectores y su “positiva experiencia en negociaciones cuando era ministra con el sector sindical, especialmente con las seccionales de ANEP en el Ministerio de Justicia”.
“Lo dije el siete de febrero, luego del proceso electoral, tendré las puertas abiertas a todos los sectores sociales para construir puentes que nos permitan llegar a acuerdos y salir adelante”, dijo Chinchilla y agregó que “no debemos tenerle miedo al diálogo y a la posibilidad de discutir, en el marco del respeto que debe guardarse a las posiciones de cada quién, las propuestas que se pongan sobre la mesa”.
En los diferentes planteamientos presentados por ANEP y UNDECA en el documento, “Diálogo social y negociación efectiva: Planteamientos sindicales para recuperar la solidaridad y la inclusión social en función del bien común”, así como los presentados por diferentes sectores sociales en las “10 medidas para enfrentar la Crisis con inlusión Social y Porductiva”, Chinchilla Miranda se mostró complacida de coincidir.
“Comparto muchos de esos planteamientos que nos presentan y estoy segura de que si hay disposición de diálogo y se mantiene la actitud de que pese a las diferencias hay propuestas, opciones, podemos llegar a acuerdos importantes”, dijo Laura Chinchilla.
La respuesta a la pregunta sobre lo que puede esperar el pueblo costarricense del “nuevo” gobierno, queda sin respuesta, en la incertidumbre, a la espera de que de las palabras a los hechos se vean acciones positivas que respondan, a los que muy bien dijo la presidenta electa, a las necesidades de la “clase trabajadora”.
Por último se le obsequió un presente que consistía en un libro llamado “Los derechos humanos laborales en el seno de la organización Internacional del Trabajo” como consulta sobre planteamientos que como organización comparte la ANEP.
Segunda sesión del período directivo 2009-2011 del CONSEJOCONSULTIVONACIONAL DE LA ANEP Viernes 5 de marzo del 2010
1. La concentración de la riqueza y el rápido crecimiento de la desigualdad, constituyen el problema más grave que enfrenta hoy la sociedad costarricense. Este problema vulnera directamente el bienestar de la mayoría de la población. Es, además, generador de violencia e inseguridad ciudadana; y amenaza con devolver a Costa Rica al país latinoamericano promedio que fue durante la primera mitad del siglo veinte.
2. La razón principal por la cual Costa Rica vive esta situación es por la aceleradísima concentración del ingreso, fruto de las restricciones en el que reciben las personas por su trabajo. Para compensarlo, la política social debe ayudar y ciertamente ayuda, pero es totalmente insuficiente. La principal tarea de un gobierno preocupado por la gente es mejorar la distribución primaria del ingreso.
3. Desde la perspectiva laboral, para enfrentar esta creciente desigualdad, es necesario avanzar en dos líneas de acción que contribuyan desde dos lugares:
a) “_Desde arriba_”: Diseñar y ejecutar, efectivamente, una política pública que genere empleo y condiciones para acceder a este empleo.
b) “_Desde abajo_”: Dotar a las personas trabajadoras de los sectores público y privado, de las garantías necesarias para que puedan ayudarse a sí mismas mediante la participación, la organización y la negociación colectiva.
4. En este auditorio hay muchas personas que cada vez más sienten en carne propia el agobiante peso de la creciente desigualdad económica. Salarios estancados o que se ajustan luego de haber sufrido el castigo de la inflación durante meses, ingresos por debajo del salario mínimo, no sólo en el sector privado sino también en el sector público.
5. Además, enfrentamos situaciones de clara discriminación, que no distinguen a Costa Rica de los países menos desarrollados de América Latina, como la discriminación de las trabajadoras en el acceso a cargos públicos superiores de la administración pública, y las enormes brechas salariales que afectan a todas las mujeres trabajadoras, y más aún cuantos más años de estudio tienen, contradiciendo la promesa de que la educación es el camino para mejorar las condiciones de vida. Todas ellas han tenido que intentar paliar todo eso por medio de un enorme endeudamiento personal y familiar que, en muchos casos, les ha llevado a la desesperación y a la angustia.
6. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que carecen de estabilidad en el empleo público; sea porque son interinas, en unos casos. En otros, sea porque so pretexto de leguleyadas han caído en las garras de un manejo clientelar e irresponsable de un empleo público que no les garantiza el cumplimiento de lo dispuesto en la Constitución Política para evitar que, como en la pasada década de los 40, el empleo público sea un botín del partido político de turno.
7. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras cuyo empleo se ha precarizado mediante la flexibilización laboral de hecho, mediante la informalización del empleo, y mediante la subcontratación pública y privada de servicios detrás de una maraña legal que esconde relaciones plenamente asalariadas.
8. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que han perdido su empleo; han sido discriminadas, hostigadas, maltratadas y estigmatizadas por organizarse sindicalmente, por tratar de negociar con sus empleadores (públicos y privados), mejores condiciones de vida para ellas y sus familias; por exigir el respeto a sus derechos legales y constitucionales y por levantar la voz en defensa de sí mismas y de otras personas trabajadoras.
9. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que ante el atropello de sus derechos individuales y colectivos, han tenido que enfrentar esas discriminaciones por medio de engorrosos, lentos e ineficaces procedimientos judiciales.
10. En este auditorio encontramos ejemplos de personas trabajadoras que ven a sus hijos e hijas mirar con incertidumbre su futuro laboral, por ausencia de políticas públicas que generen oportunidades de trabajo decente.
11. En función de ello, y ante una situación que no admite postergaciones, es imprescindible que la nueva administración y el nuevo parlamento asuman medidas de forma inmediata, al menos dos campos de acción fundamentales:
a) El cumplimiento y la tutela efectiva de derechos, de forma tal que los derechos no sean sólo enunciados en leyes, libros y documentos, sino práctica común en sus vidas.
b) Políticas públicas para una mejor distribución de la riqueza, de forma tal que se cumpla lo que ordena la Constitución Política al decir, en su Artículo 50 que “_El Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza_”; así como lo indicado en su Artículo 74: “_Los derechos y beneficios a que este Capítulo (de Garantías Sociales) se refiere son irrenunciables. Su enumeración no excluye otros que se deriven del principio cristiano de justicia social y que indique la ley; serán aplicables por igual a todos los factores concurrentes al proceso de producción, y reglamentados en una legislación social y de trabajo, a fin de procurar una política permanente de solidaridad nacional_.”
12. El presente planteamiento recoge lo que en diversos procesos de muchos años de construcción colectiva con organizaciones fraternas, sindicales y no sindicales, hemos venido elaborando y proponiendo a la comunidad nacional.
13. Muchas de las personas que asumirán la responsabilidad de legislar han constatado en su práctica pública y privada, los enormes esfuerzos que a través del tiempo hemos venido haciendo para tratar de enfrentar los problemas antes apuntados y otros afines o complementarios.
14. La señora Presidenta Electa no sólo ha tenido esa constatación en su vida como funcionaria pública, sino que con ella hemos discutido, incluso durante la pasada campaña electoral, la delicada situación que la próxima administración tendrá que enfrentar ante foros internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y como la Unión Europea (UE), por la violación sistemática e histórica de los derechos laborales y, en particular, de la Libertad Sindical. Lejos de encontrarse con un mejor panorama, el abuso, la corrupción y las peores y más antidemocráticas prácticas han dado un “_salto de calidad_” con lo sucedido en las últimas semanas con el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA (SINTRAJAP).
15. Es por ello que, a continuación, sistematizamos lo que son las propuestas fundamentales para la tutela efectiva de derechos, así como para la ejecución de políticas públicas que permitan una mejor distribución de la riqueza y alivien la cada vez más precaria situación económica de las familias de la clase trabajadora.
16. Desde una perspectiva sindical somos firmes creyentes en el diálogo social, hemos dado pruebas irrefutables de nuestra vocación para ello, y estamos listos para trabajar en nuevo esfuerzo.
17. Además, existe un planteamiento integral, de carácter multisectorial, que la señora Presidenta Electa ya conoce. Se trata del proceso social “_Diez medidas para enfrentar la crisis económica con inclusión social y productiva_”. En este se recogen muchas de las propuestas que se sistematizan a continuación, por lo estimamos que representa un proceso de alto contenido estratégico para desarrollar un diálogo social de nuevo tipo.
18. Este requiere abandonar estilos autoritarios de gobierno, el personalismo verticalista y el tráfico de influencias que favorece los negocios de unos pocos a costa del patrimonio público.
19. Como firmes convencidos de que el diálogo social con negociación efectiva es el mejor instrumento para el desarrollo de la democracia, hemos tomado la palabra ofrecida por la señora Presidenta Electa.
20. Esperamos el inicio inmediato de las conversaciones que sean necesarias, no sólo para el diseño y empuje de nuevas políticas públicas, así como de instrumentos que garanticen su cumplimiento; sino también para revertir situaciones críticas que, como en el caso de JAPDEVA, representan indicadores clarísimos de que la destrucción de nuestro sistema democrático tiene poderosos seguidores en nuestro país.
El documento completo lo se puede bajar de la columna derecha en el apartado documentos adjuntos.
Además, también está el documento anexo: Sobre desafíos estructurales de la Seguridad Social: Planteamiento conjunto UNDECA-ANEP
Sigue, continúa desenfrenado y contra toda ética, contra toda moral, contra toda decencia; sin pudor alguno, sin el menor sonrojo, el ataque coordinado desde varios flancos, especialmente el que en estos momentos se despliega a través de la_ “gran”_ prensa, en contra del Movimiento Sindical Costarricense; un ataque como jamás habíamos visto en las últimas décadas.
Los sindicatos hemos cometido la_ “herejía”_ de cuestionar el más grande chorizo nunca antes gestado desde las entrañas del poder político dominante, aprovechando posiciones públicas de poder político para favorecer un negociazo privado de unos cuantos.
Riteve y Alterra palidecen ante la magnitud del negocio de la privatización (vía “concesión”), de los muelles de Limón y de Moín; a cambio de un “pago”, de una mordida, de un soborno de ¡80 mil millones de colones!, para que se lo “repartan” entre 1.400 personas: el actual personal de Japdeva.
La cruzada fundamentalista antisindical por esta razón, ha llegado a impresionantes niveles de manipulación mediática, al punto de que varios enfoques de prensa destilan profundo odio, poniéndonos a los sindicalistas que nos oponemos a semejante chorizo, casi como delincuentes, cuando los verdaderos delincuentes son los que están ofreciendo tal mordida, tal soborno.
Dice el artículo 52 de la Ley No. 8422,_ “Ley contra la corrupción y en enriquecimiento ilícito en la función pública”_ lo siguiente: “Artículo 52. Tráfico de influencias. Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien directamente o por interpósita mano, influya en un servidor público, prevaliéndose de su cargo o de cualquiera otra situación derivada de su situación personal o jerárquica con este o con otro servidor público, ya sea real o simulada, para que haga, retarde u omita un nombramiento, adjudicación, concesión, contrato, acto o resolución propios de sus funciones, de modo que genere, directa o indirectamente, un beneficio económico o ventaja indebidos, para sí o para otro”.
Más adelante dice: “Los extremos de la pena señalada en el párrafo primero se elevarán un tercio, cuando la influencia provenga del presidente o del vicepresidente de la República, de los miembros de los supremos poderes, …”.
Una gigantesca pregunta salta a flote al reparar en los alcances de esta avanzada ley anticorrupción: ¿Porqué esa prensa que destila odio antisindical no quiere que usted, la persona ciudadana común y corriente, la gente, el pueblo, se fije en lo que representa ofrecerle 80 mil millones de colones a 1.400 personas trabajadoras empleadas públicas, para qué faciliten, acepten la conceción-privatización de los muelles costarricenses de la costa atlántica de nuestro país?…
¿Por qué, prácticamente, todos esos enfoques de prensa con odio atacan a mansalva, sin asco, brutalmente, sin posibilidad de defensa alguna, a los sindicalistas de SINTRAJAP, a todos los sindicalistas, que nos estamos oponiendo a semejante chorizo, a semejante corruptela?…
Con base en esa ley, ¿no cree usted que los hermanos Arias Sánchez, su Ministro de Trabajo, el señor Álvaro González Alfaro; el Presidente Ejecutivo de JAPDEVA; el “sicario administrativo” del Golpe de Estado a SINTRAJAP (el señor Joaquín Orozco), no deberían estar siendo procesados ya, al menos indagados penalmente, por el Ministerio Público?…
Es impresionante, incluso, cómo ahora los amanuenses de tercera y los escribanos asalariados de la corrupción, a fuerza de argumentos, caen en el insulto personal para defender la indefendible: el pretendido pago de una mordida, de un soborno, de 80 mil millones de colones.
No importante que nos llamen comunistas, terroristas, homosexuales, desvergonzados, vagos, holgazanes, corruptos, traficantes, etc., etc.; pero la historia hará constar que el Movimiento Sindical Costarricense (completamente unido, sin distingos político-ideológicos), ha denunciado, está denunciando y seguirá denunciando, este gigantesco tráfico de influencias promovido desde la Casa Presidencial, con la connivencia espernible y sucia del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS); y, además, en medio de una operación psicológica de agresión terrorista a la población, a través de una campaña descarnada, para denigrar a los sindicalistas ya no solamente por oponernos a la indicada corruptela de los 80 mil millones de colones; sino porque estamos en contra de que sea el pueblo el que pague de sus empobrecidos bolsillos el precio de este negocio completamente oscuro.
Cuando se está hablando de pagar una mordida, un soborno, a contrapelo de la ley y en medio de un escandaloso tráfico de influencias, por un monto gigantesco de 80 mil millones de colones (137 millones de dólares); entonces, ¿cuánto se espera ganar después?; ¿cuánto deja la actividad portuaria de los muelles de Limón y de Moín?; ¿cuáles son las empresas que, finalmente, se dejarán para sí semejante dineral si se está dispuesto a “invertir” en una mordida de ¡80 mil millones de colones!… Los hermanos Arias Sánchez siguen sin decir nada al respecto.
¿Quién se acuerda en Europa, por ejemplo, del Radicalismo? Una de las fuerzas políticas (de centro-izquierda) más importantes de la segunda mitad del siglo XIX, que los vientos de la historia se llevaron… ¿Qué fue del Anarquismo? ¿O del Comunismo estaliniano? ¿Qué se hicieron aquellos formidables movimientos populares capaces de movilizar a millones de campesinos y obreros? ¿Qué fueron sino devaneos? (1)
Por sus propios abandonos, abjuraciones y renuncias, a la socialdemocracia europea le toca hoy verse arrastrada hacia el sepulcro… Su ciclo de vida parece acabarse. Y lo más incomprensible es que semejante perspectiva se produce en el momento en que el capitalismo ultraliberal atraviesa uno de sus peores momentos.
¿Por qué la socialdemocracia se muere, cuando el ultraliberalismo se halla en plena crisis? Sin duda porque, frente a tantas urgencias sociales, no ha sabido generar entusiasmo popular. Navega a tientas, sin brújula y sin teoría; da la impresión de estar averiada, con un aparato dirigente enclenque, sin organización ni ideario, sin doctrina ni orientación… Y sobre todo sin identidad: era una organización que debía hacer la revolución, y ha renegado de ese empeño; era un partido obrero, y hoy lo es de las clases medias urbanas acomodadas.
Las recientes elecciones han demostrado que la socialdemocracia europea ya no sabe dirigirse a los millones de electores víctimas de las brutalidades del mundo postindustrial engendrado por la globalización. Esas multitudes de obreros desechables, de neo-pobres de los suburbios, de mileuristas , de excluidos, de jubilados en plena edad activa, de jóvenes precarizados , de familias de clase media amenazadas por la miseria. Capas populares damnificadas por el shock neoliberal… Y para las cuales, la socialdemocracia no parece disponer de discurso ni de remedios.
Los resultados de las elecciones europeas de junio de 2009 demostraron su descalabro actual. La mayoría de los partidos de esa familia en el poder retrocedieron. Y los partidos en la oposición también recularon, particularmente en Francia y en Finlandia.
No supieron convencer de su capacidad para responder a los desafíos económicos y sociales planteados por el desastre del capitalismo financiero.
Si faltaba un indicio para demostrar que los socialistas europeos son incapaces de proponer una política diferente de la que domina en el seno de la Unión Europea, esa prueba la dieron Gordon Brown y José Luis Rodríguez Zapatero cuando apoyaron la bochornosa elección a la Presidencia de la Comisión Europea del ultraliberal José Manuel Duraõ Barroso, el cuarto hombre de la Cumbre de las Azores…
En 2002, los socialdemócratas gobernaban en quince países de la Unión Europea. Hoy, a pesar de que la crisis financiera ha demostrado el impasse moral, social y ecológico del ultraliberalismo, ya sólo gobiernan en cinco Estados (España, Grecia, Hungría, Portugal y Reino Unido). No han sabido sacar provecho del descalabro neoliberal. Y los Gobiernos de tres de esos países España, Grecia y Portugal, atacados por los mercados financieros y afectados por la “crisis de la deuda” se hundirán en un descrédito e impopularidad aún mayores cuando empiecen a aplicar, con mano de hierro, los programas de austeridad y las políticas antipopulares exigidas por la lógica de la Unión Europea y sus principales cancerberos.
Repudiar sus propios fundamentos se ha vuelto habitual. Hace tiempo que la socialdemocracia europea decidió alentar las privatizaciones, estimular la reducción de los presupuestos del Estado a costa de los ciudadanos, tolerar las desigualdades, promover la prolongación de la edad de jubilación, practicar el desmantelamiento del sector público, a la vez que espoleaba las concentraciones y las fusiones de mega-empresas y que mimaba a los bancos.
Lleva años aceptando, sin gran remordimiento, convertirse al social-liberalismo. Ha dejado de considerar como prioritarios algunos de los objetivos que formaban parte de su ADN ideológico. Por ejemplo: el pleno empleo, la defensa de las ventajas sociales adquiridas, el desarrollo de los servicios públicos o la erradicación de la miseria.
A finales del siglo XIX y hasta los años 1930, cada vez que el capitalismo dio un salto transformador, los socialdemócratas, casi siempre apoyados por las izquierdas y los sindicatos, aportaron respuestas originales y progresistas: sufragio universal, enseñanza gratuita para todos, derecho a un empleo, seguridad social, nacionalizaciones, Estado social, Estado de Bienestar… Esa imaginación política parece hoy agotada.
La socialdemocracia europea carece de nueva utopía social. En la mente de muchos de sus electores, hasta en los más modestos, el consumismo triunfa, así como el deseo de enriquecerse, de divertirse, de zambullirse en las abundancias, de ser feliz sin mala conciencia… Frente a ese hedonismo dominante, machacado en permanencia por la publicidad y los medios masivos de manipulación, los dirigentes socialdemócratas ya no se atreven a ir a contracorriente. Llegan incluso a convencerse de que no son los capitalistas los que se enriquecen con el esfuerzo de los proletarios, sino los pobres quienes se aprovechan de los impuestos pagados por los ricos… Piensan, como lo afirma el filósofo italiano Raffaele Simone, que “el socialismo sólo es posible cuando la desgracia sobrepasa en exceso a la dicha, cuando el sufrimiento rebasa con mucho el placer, y cuando el caos triunfa sobre las estructuras” (2).
Por eso quizá, y en contraste, está renaciendo hoy con tanta pujanza y tanta creatividad, un nuevo socialismo del siglo XXI en algunos países de América del Sur (Bolivia, Ecuador, Venezuela). Mientras en Europa, a la socialdemocracia le llega su fin de ciclo.
Notas: (1) Jorge Manrique, “Coplas a la muerte de su padre” (1477). (2) Raffaele Simone, “Les socialistes proposent toujours le sacrifice”, en Philosophie Magazine , n° 36, febrero de 2010, París.
Fuente: * Le Monde diplomatique Marzo 2010. Numero 173
1. El contenido de la nota STAP-0205-2010 fundamenta y reafirma el planteamiento que esta Seccional ha hecho en reiteradas ocasiones acerca de que, el no pago de la homologación, es la suma de una cadena de errores cometidos exclusivamente por la administración de nuestra institución.
2. El pronunciamiento de la AP constituye para nosotros/as un valioso insumo que exige a la administración de la institución tomar, de una vez por todas, las medidas necesarias que garanticen la superación de los errores cometidos y el respeto a nuestros derechos salariales.
3. En este pronunciamiento se identifican claramente fallas, deficiencias y omisiones cometidas por la administración de la institución, las cuales han sido señaladas a ésta desde años anteriores, con respeto y oportunidad por diferentes compañeros y compañeras. No obstante, estos señalamientos no fueron atendidos con la debida importancia y la eficiencia técnica necesaria, lo cual ha generado la delicada situación que hoy enfrentamos en lo referente a la administración del personal.
4. Celebramos que el análisis detallado que elabora la Sra. Mayra Calvo, Directora Ejecutiva de la AP en esta respuesta, brinde las pistas claras y definidas para corregir las irregularidades convertidas hoy día en injusticia salarial para los compañeros y compañeras que ocupan plazas profesionales.
5. Ante esta situación hemos realizado las siguientes acciones:
a) Envío del documento STAP-0205-2010 a la asesoría jurídica de la ANEP para conocer su criterio acerca de las posibles acciones legales que esta Seccional podría realizar ante la magnitud y el carácter recurrente de los errores cometidos por la administración de la institución. Lo anterior contribuirá a clarificar el mecanismo a seguir para sentar las responsabilidades individuales e institucionales de los errores cometidos, como en derecho corresponda.
b) Los resultados de la asesoría jurídica serán analizados en Asamblea Extraordinaria Ampliada de la Seccional ANEP-CNREE, el día jueves 4 de marzo a las 2:30pm en el comedor de la institución. Para la realización de esta asamblea contamos con la autorización del Director Ejecutivo a. i., compañero Rodrigo Jiménez Molina en ejercicio, de modo que todos y todas las funcionarias de las regionales y de sede central, podamos aportar a la definición de la estrategia de lucha a seguir. En esta asamblea contaremos también con la presencia de los y las asesores jurídicos de la ANEP.
c) De igual manera, en esta asamblea se analizará el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República (octubre del 2009) y el documento STAP 0205-2010. Al mismo tiempo se someterá a consideración de los y las participantes, la propuesta de solicitar al Director Ejecutivo en ejercicio, el pago de los percentiles 40 y 45 correspondientes al año 2009, tal como lo plantea la AP; y el percentil 50 del primer semestre del 2010, aclarando la diferencia de este pago con respecto al proceso de homologación salarial, hoy declarado por la misma AP, improcedente legal y técnicamente.
d) Gestionar citas personalizadas con los señores Ministro y Viceministro de Trabajo, Sr. Eugenio Solano, representante del MTSS ante la AP; con la Licda. Mayra Calvo, Directora Ejecutiva de la AP; con jerarcas de Modernización del Estado de MIDEPLAN y con la Licda. Amelia Jiménez Rueda, Gerenta del Área de Servicios Sociales de la Contraloría General de la República, para analizar las opciones que estos jerarcas visualizan ante el panorama descrito en el pronunciamiento STAP-0205-2010.
e) Con base en los resultados obtenidos en las acciones anteriores, solicitar un nuevo espacio de negociación y diálogo con la Junta Directiva, el Auditor Interno y la Dirección Ejecutiva del CNREE para exigir aclaraciones y soluciones reales e inmediatas a la crisis que hoy enfrentamos, producto de su gestión.
f) Reiteramos el compromiso demostrado por nuestra Seccional desde su fundación, de coadyuvar con la administración en la superación de todas las dificultades que enfrenta la institución, principalmente en la satisfacción de los derechos laborales de los y las funcionarias del CNREE.
g) Por otro lado, nos permitimos recomendarles muy respetuosamente se sirvan solicitar a nivel individual y de manera escrita, a la coordinación de Recursos Humanos, el número y las funciones correspondientes al puesto que actualmente ocupen.
Esta Seccional desea reiterarles nuestro compromiso de generar procesos participativos en lo que todos y todas aportemos a la toma de decisiones sobre la estrategia de lucha a seguir, a fin de lograr la justicia laboral hasta hoy irrespetada.
Por esta razón, valoramos de suma importancia, ampliar y fortalecer la unidad gremial en el CNREE, para enfrentar adecuadamente esta coyuntura institucional y el incierto panorama a futuro, tanto institucional como laboralmente.
-La Confederación Centroamericana de Trabajadores (CCT) dijo en un comunicado que “rechaza la política de intromisión y violación a la autonomía y libertad sindical” del Gobierno costarricense en el caso de SINTRAJAP. El Gobierno ha decidido privatizar los puertos de Limón, y para hacer valer tal política, no le ha importando violar los derechos humanos, laborales y sindicales del SINTRAJAP, y con ello, los convenios 98 y 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acusó la organización.
-El Centro de Solidaridad Internacional de la central sindical estadounidense AFL-CIO, en una carta al presidente de la República y al ministro de Trabajo pidió “suspender todas las actividades y los intentos de reemplazar la junta directiva de SINTRAJAP que es democráticamente elegida.”
-La Confederación Sindical Internacional, con 168 millones de afiliados, dijo que se suma a su Organización Regional para las Américas (CSA) en su apoyo a sus afiliadas costarricenses y demás sindicatos que se han unido a la lucha de SINTRAJAP. En una carta remitida al Presidente Óscar Arias “le ruega que haga lo necesario a los efectos de terminar con esta situación de flagrante violación de los Convenios fundamentales de la OIT ratificados por Costa Rica…”
–UNI Global Union, central que aglutina a 1.000 organizaciones sindicales en 150 países, expresó que “nos sumamos a las voces para condenar la acciones injerencistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en un asunto sindical.”
-En Costa Rica, la CGT dijo que “avergüenza” la actitud del Ministerio de Trabajo y sus cómplices en este caso. “La intervención descarada de una organización sindical para destruir a una junta directiva que se oponía a los planes del Gobierno, fue el costoso precio que decidió pagar el Ministro de Trabajo para congraciarse con sus jefes. Por eso exigimos su renuncia”, manifestó la central.
-El Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (SINDEU) señaló que los muelles son estratégicos y vitales para salvaguardar la soberanía nacional y no deben ser un botín para el saqueo de las transnacionales
Es muy grave el uso de un descarado soborno del Gobierno mediante una oferta millonaria e ilegal de una supuesta indemnización a quienes actualmente trabajan en JAPDEVA, como pago por aceptar que se realice la concesión a la empresa privada, de parte de aquellos que son simplemente guardianes de un bien que es de todos los y las costarricenses, apuntó la organización.
-El Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) le pidió al Gobierno que respete el principio constitucional de la autonomía sindical y cese las acciones hostiles e ilegales contra el SINTRAJAP. En un pronunciamiento señaló como contradictorio que el Gobierno esté dispuesto a pagar a los trabajadores de JAPDEVA ¢80.000 millones, mientras que la inversión para la modernización portuaria de Limón tiene un costo de aproximadamente ¢45.000 millones.
En esa ocasión el tribunal constitucional avaló una modificación de la convención colectiva de trabajo para pagar una indemnización de más de $50 millones a los trabajadores del INCOP, a cambio de aceptar la privatización, apartándose del criterio que la Sala había mantenido hasta entonces contrario a los beneficios considerados abusivos en las convenciones colectivas.
Otro estudio titulado “Entorno (sic) al tema de la denuncia por prácticas laborales desleales (persecución sindical), describe en qué consiste el procedimiento que puede realizar la Inspección de Trabajo del MTSS ante una denuncia de este tipo, su duración, las posibilidades de resolución por parte de la Inspección, así como la legislación internacional ratificada por Costa Rica, que podría dar lugar a una eventual demanda internacional por injerencia del Gobierno o alguna de sus dependencias en las organizaciones de trabajadores y de empleadores.
Sobre el procedimiento administrativo laboral que corresponde realizar a la Inspección de Trabajo advierte, que aunque en teoría” éste dura unos dos meses, “en la práctica podría conllevar un año o más dependiendo del comportamiento de las partes.”
Luego de enumerar las posibles variables que podría tomar el curso de la investigación, indica que en caso de que se considere que probablemente hay prácticas laborales desleales, se procede a presentar acusación judicial, y generalmente se dura más de un año para que se dicte sentencia.
Destaca: “Es necesario tomar en cuenta que la inspección podría declarar sin lugar una eventual denuncia, cuando más bien sea el sindicato el que demuestre que la patronal está incurriendo en los siguientes actos, lo cual se encuentra regulado por el Convenio Internacional N.87 de la OIT y el Manual de Procedimientos citado (se refiere al Manual de Procedimientos de la Inspección de Trabajo).
Entre los mencionados actos cita: -Intervenir en la vida de los sindicatos o promocionarlos directa o indirectamente por medio de coacción, dádivas o promesas a los trabajadores, para que asuman una conducta determinada respecto de su organización gremial. Igualmente en lo que se refiere a representantes de los trabajadores.
-Adoptar represalias contra los trabajadores, en razón de sus actividades sindicales o de haber acusado, testimoniado o intervenido en los procedimientos vinculados al juzgamiento de las prácticas laborales desleales.
-Subvencionar en forma directa o indirecta a una asociación gremial, con el propósito de influir en la toma de decisiones.
Concluye advirtiendo que “en Costa Rica solo los tribunales son los competentes para interferir en la constitución y extinción de un sindicato.” Otro es un informe del jefe del Departamento Legal de JAPDEVA, Allan Hidalgo, dirigido al ministro, el cual transcribe pronunciamientos de la Procuraduría General de la República “acerca de la cesación de los efectos de la convención colectiva cuando hay denuncia de plazo.” Entre los documentos hay un recuadro con citas de artículos de leyes y reglamentos con un encabezado que dice: “Esta es la situación de derecho que tenemos en JAPDEVA. El asunto es buscar una solución legal que permita a la inspección de trabajo obligar a la junta directiva del sindicato a convocar una asamblea extraordinaria ante solicitud del 25% de los afiliados.”
Uno de los informes dice que de no darse la aprobación de la oferta del Gobierno “por los medios tradicionales (mediante consenso de la asamblea general de trabajadores), se deben buscar nuevas alternativas, más engorrosas y menos célebres”.
Entre las posibles alternativas sugiere la denuncia de la convención colectiva, la reestructuración de la institución con el objeto de reducir gastos de planilla, el análisis del costo-beneficio que significa mantener una institución ineficiente (se refiere a JAPDEVA), en lo cual “no es inoportuno mencionar la posibilidad de alegar responsabilidad de los trabajadores en los daños y perjuicios ocasionados a la institución y que impiden la consecución de sus objetivos esenciales.”
Reconoce que “es evidente que en la actual coyuntura que atraviesa el puerto del Atlántico ofrecer una posibilidad a la concesión del puerto solo si se obtiene un apoyo masivo de los sindicalistas de SINTRAJAP mediante asamblea general, pues el artículo 129 de la convención colectiva de esa organización impide la concesión de los puertos sin la aprobación del sindicato.”
“Ya el MTSS ha reaccionado de la única forma permitida legalmente en este caso, cual es la de la prevención al cumplimiento de las demandas del 25% de los trabajadores para conocer las propuestas del Gobierno en Asamblea General, conforme a los estatutos del sindicato”, señala más adelante.
Concluye que “la concesión de los puertos parece ser la mejor opción, aunque en este punto, si bien la indemnización a los trabajadores surge como un gancho atractivo para los trabajadores, es también una medida que puede ser atacada de inconstitucionalidad, debido a los fallos de la Sala Constitucional respecto de los privilegios de las convenciones colectivas del país y que señalan los beneficios de esos instrumentos como abusivos y desproporcionados.”
(…) _ “Así las cosas, una indemnización debería darse de manera rápida antes que la Sala Constitucional revierta el fallo, dados los alcances de las acciones de constitucionalidad citadas”._
“Todo lo anterior nos lleva siempre a futuras consideraciones y deliberaciones para optar por la concesión (aún sin indemnizaciones de por medio), pues si no hay acuerdo con el sindicato, la indemnización perdería su objetivo conforme a los números de la institución, que nos hacen concluir siempre en la inviabilidad de su sostenimiento a corto y mediano plazo”, considera entre otros puntos el informe.
Fuente: Semanario Universidad Jorge Luis Araya jorge.araya@semanario.ucr.ac.cr
Hacia la Gran Asamblea de SINTRAJAP. 1ra Convocatoria 26-02-10
Video de ANEPtv
Documentos del ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), Álvaro González, enviados en un anónimo a UNIVERSIDAD evidencian que el despacho analizó paso a paso las distintas posibilidades de intervención del MTSS en SINTRAJAP, el sindicato de JAPDEVA, que se ha atravesado en los planes del Gobierno de dar en concesión los muelles de la entidad estatal a una empresa privada (ver recuadro “Temen que indemnización sea inconstitucional”).
Sindicatos nacionales e internacionales y otras organizaciones condenaron lo que catalogan como una grosera injerencia del Gobierno en el sindicato de trabajadores de los muelles de Limón. Algunos exigieron incluso la renuncia del ministro y la de Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), a los que acusan de prestarse a maniobras para destruir el sindicato (ver recuadro_ “En defensa de la libertad sindical”_).
Virgilio Levaggi, director regional de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para Centroamérica, Haití, Panamá y República Dominicana, se comprometió a enviar a la sede central en Ginebra una denuncia que el pasado lunes le presentó el movimiento sindical contra el Estado de Costa Rica por violación de la libertad sindical y convenios internacionales en el caso de SINTRAJAP.
La queja fue presentada por la Confederación Costarricense de Trabajadores Democrática, Confederación de Trabajadores Rerum Novarum, Central Social Juanito Mora Porras y Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses contra CMTC, dirigida contra el presidente Óscar Arias, los ministros de Trabajo, la Presidencia (Rodrigo Arias), y del presidente Ejecutivo de JAPDEVA.
“Vamos a actuar con transparencia, sin favoritismos y la queja será enviada mañana de forma expedita a Cleopatra Doumbia-Henry, Directora del Departamento de Normas Internacionales del Trabajo, en Ginebra”, dijo Levaggi al tiempo que manifestó confianza en que prime el derecho. El Gobierno, a través de la administración de JAPDEVA facilitó un polémico nombramiento de una nueva directiva sindical afín a los planes oficiales de privatizar los dos puertos de Limón en el Caribe.
Tras una resolución del MTSS que avaló hace dos semanas el nombramiento de una nueva directiva sindical, se desarrolla una guerra de recursos legales y administrativos con los antiguos directivos en la disputa por la representación del sindicato.
Los mencionados documentos del ministro de Trabajo incluyen informes, recomendaciones y copias de reglamentos, con subrayados y anotaciones escritas a mano, incluso del propio ministro, sobre las medidas y procedimientos que el MTSS podría o no emprender en el caso de JAPDEVA.
Al mostrárselos el pasado martes 23, el ministro González reconoció los documentos como suyos, y preguntó cómo habían aparecido en manos del periodista.
Negó, sin embargo, que su despacho esté involucrado en una estrategia del Gobierno para descabezar el sindicato y allanar así el camino a la concesión de los muelles, pues lo que hace es aplicar lo establecido por la ley y los reglamentos.
El Gobierno ofrece a los trabajadores JAPDEVA una indemnización de $137 millones (¢80 mil millones), jubilación anticipada y planes de reinserción laboral y desarrollo de pequeña empresa, a cambio de que aprueben una modificación a la convención colectiva, que prohíbe la concesión de los muelles.
El pasado 19 de febrero, el Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS inscribió una nueva junta nombrada el 15 de enero último en una asamblea de trabajadores que aceptaron la oferta oficial. La entidad consideró que la asamblea contó que la asistencia mínima requerida, el 25% de los afiliados de SINTRAJAP, por lo que la declaró válida. Por el contrario, los antiguos directivos, que ya tenían convocada una asamblea para el pasado 26 de febrero, calificaron de espuria la otra convocatoria del llamado “grupo mediador”, a los que califican de “testaferros” al servicio de la administración, y afirman que solo asistieron poco más de 300 de los 1.500 afiliados, por lo que no podía haber quórum.
Por otro lado, en un proceso paralelo, la Inspección General de Trabajo del MTSS investigó en tiempo récord de un mes y acusó judicialmente a los antiguos directivos de SINTRAJAP (ver la edición de UNIVERSIDAD de la semana pasada). Sin embargo, el proceso terminó con una conciliación entre las partes en el juzgado de menor cuantía de Limón el pasado 19 de febrero, el mismo día en que el MTSS legalizó el nombramiento de la nueva directiva.
El pasado viernes, la antigua directiva realizó la asamblea general de medio período que tenía convocada y, según José Luis Castillo, secretario de Finanzas, la asistencia fue “doblemente exitosa”, si se toma en cuenta que era la primera convocatoria, usualmente una formalidad para fijar segunda convocatoria, y que los trabajadores no obtuvieron permiso y recibieron amenazas directas e indirectas de parte de la administración. Para asistir lo que hicieron fue utilizar su hora de almuerzo. Llegaron 382, aunque solo pudieron firmar 300 debido a que la lista se cerró a la 1 p.m por formalidades legales.
La administración de JAPDEVA trató de impedir el uso del Gimnasio Eddy Bermúdez de Limón, el cual, sin embargo, se mantuvo abierto para la reunión, luego de que cuatro sindicalistas se encadenaran la tarde anterior a los portones para evitar que JAPDEVA cerrara las instalaciones. La segunda convocatoria se fijó para el jueves 4 de marzo en salón Black Star Line, ante la imposibilidad de utilizar las instituciones del Estado, dijo Liroy Pérez, secretario de prensa de SINTRAJAP.
“La reunión se convocó para las cuatro de la tarde, cuando sale la gente del trabajo administrativo y parte del trabajo operativo, aunque siempre habrá un grupo trabajando y tenemos que ver cómo hacemos para que puedan participar”, dijo Pérez.
El vocero contrastó la actitud del Gobierno que el 15 de enero facilitó una bodega a los 300 trabajadores que acordaron destituir a la directiva sindical, y aprobaron la oferta de indemnización para privatizar los puertos. “Sabemos que es difícil reunir a los 1.100 trabajadores que se requieren para hacer quórum (las dos terceras partes de los 1.519 afiliados de SINTRAJAP), debido a las amenazas y represalias de parte de la administración de JAPDEVA. Sin embargo, esta primera convocatoria era importante en razón de ir sentando lo que siempre hemos dicho, que los trabajadores nos están apoyando, que no están de acuerdo con lo que pasó en esa bodega el 15 de enero”, dijo Pérez, según el cual, Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, “tiene que irse”.
Mientras tanto, el sindicato presentó el pasado fin de semana ante el MTSS un recurso de revocatoria y apelación de la decisión de inscribir la nueva directiva. También presentó un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, un contencioso administrativo contra la Procuraduría General de la República, como representante del Estado, el cual fue aceptado, y se presentaría igualmente un proceso ordinario con demandas civiles y penales, explicó Pérez. SITUACION DIFÍCIL
Según el ministro de Trabajo, lo de JAPDEVA es una de las situaciones “más difíciles” que le ha tocado enfrentar en su cargo. “Nosotros siempre hemos estado a la par de los sindicatos, dispuestos a ayudarles en todos los temas, y ahora, este tema me enganchó a mí; así que yo que era amigo, voy a terminar siendo enemigo” (de los sindicalitas), comentó. González sugirió que los directivos de SINTRAJAP hubieran evitado el conflicto si hubieran puesto a votación de los trabajadores la propuesta del Gobierno.
¿Y el Gobierno no está metido en un plan como dicen los sindicalistas ofreciéndoles ventajas al llamado grupo mediador de trabajadores para que descabecen el sindicato y allanen el camino a la concesión? “No, no. Yo estuve en una reunión en Casa Presidencial, donde estaba Eugenio Solano (Viceministro de Trabajo), Marco Vargas (Ministro de Coordinación Institucional), estaba el sindicato y muchos otros, y don Rodrigo Arias (Ministro de la Presidencia) les dijo: convoquen a una asamblea, dennos la oportunidad de ir a explicar el proyecto y ustedes deciden, si les conviene bien, y si deciden que no, archivamos el asunto”, explicó González.
Justificó la actuación de las autoridades diciendo que se trata de “instalaciones del Estado que nos han puesto a administrar, y si no podemos administrar, entonces mejor nos vamos para la casa.” Por su parte, preguntado Francisco Jiménez, presidente ejecutivo de JAPDEVA, si con el nombramiento de la nueva directiva en el sindicato se quitan la piedra del zapato para aprobar la concesión, respondió: Yo diría que más que quitarnos la piedra del zapato, lo que ha sucedido es que las cosas se están poniendo en la verdadera dimensión en que corresponde. La democracia y el respeto a la legalidad se han venido imponiendo. La verdad es que hay criterios encontrados pero se ha venido siguiendo un proceso.”
¿Qué sigue de ahora en adelante? “Yo esperaría que el grupo que en este momento ostenta la representación sindical y el grupo que ya no está puedan llegar a establecer un acuerdo.”Hay un asunto que más que ideológico tiene que ver con la decisión país, y aquí hay que entender claramente que si se ha recurrido a pedirles a los trabajadores su criterio y someter a votación si hay cambio de modelo de gestión de los puertos, obedece a una particular decisión del Poder Ejecutivo de consultar a los trabajadores” (las declaraciones completas se publicarán en la edición de la próxima semana).
Fuente: Semanario Universidad Escrito por Jorge Luis Araya (jorge.araya@semanario.ucr.ac.cr)
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
