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ANEP objeta reglamento del consumidor de seguros

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San José, 30 de Noviembre del 2012

Señor
Lic. Tomas Soley Pérez
Superintendente General de Seguros
Presente

Ref.: Objeciones y Discrepancias de fondo, sobre la propuesta del Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros

Estimado Don Tomas:

Sirva la presente para saludarlo y a la vez presentar nuestras observaciones, objeciones y/o discrepancias en relación a la propuesta del Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros, publicado en “La Gaceta # 221” del día 15-11-2012.

Lo anterior lo hacemos de acuerdo a las capacidades jurídicas que nos otorga la ley y en representación de nuestros afiliados en el sector público, en especial de nuestra afiliación dentro del Instituto Nacional de Seguros, institución esta que se verá directamente afectada por el supra citado proyecto de reglamento.

A) ANTECEDENTES:

1. El reglamento planteado en la referencia, tiene su sustento jurídico en la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley No. 8653, publicada en el Alcance No. 30 a la Gaceta No. 152, del 7 de Agosto del 2008.

2. Por acuerdo del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero en el artículo 14 del acta de la sesión 1006-2012, celebrada el 16 de octubre del 2012, se dispuso: “Remitir en consulta pública de conformidad con el numeral 3, artículo 361, de la Ley General de la Administración Pública, el proyecto de acuerdo del Reglamento antes señalado”.

3. Con base en la disposición antes citada y del derecho constitucional que me asiste de expresarme libremente sobre los asuntos del Estado Costarricense, me permito plantear a continuación, mis objeciones a la redacción de algunos de los artículos y en particular por los conceptos de fondo, que se plantean en el mismo.

4. Como es de su conocimiento, el Reglamento propuesto no tiene facultades jurídicas o técnicas, para pretender desarrollar conceptos o establecer directrices que no estén expresamente establecidas en la Ley No. 8653.

B) Considerandos de la propuesta del Reglamento.

En los considerandos queda claro que uno de los objetivos principales del Reglamento propuesto, se basa en la defensa legítima de la protección de los intereses de los consumidores, incluyendo la garantía de que se establezcan los procedimientos necesarios y suficientes, para que sus quejas, reclamos o afectaciones, argumentados en forma motivada, razonada y oportuna, sean atendidas en forma pronta y cumplida. Como parte de lo anterior, se establece con claridad, que las empresas aseguradoras, deben establecer, un buen proceso de resolución de reclamaciones por siniestros.

De igual forma concluye la sección de considerandos, que:

“inciso n: El objeto propuesto en el Reglamento de Defensa y Protección del Consumidor de Seguros, es cumplir con los objetivos establecidos por el legislador definiendo los requisitos mínimos para preservar, los derechos formales de los consumidores de seguros”.

c) Artículos propuestos en el Reglamento

Artículo 1: Del objeto: Establece en general los requisitos mínimos, para preservar el derecho de los consumidores de seguros.

Artículo 2: Ámbito de aplicación: Establece en detalle todo lo relativo a las obligaciones que tienen las empresas operadores de seguros, respecto de las quejas o reclamos de los consumidores.

Artículo 10: Procedimiento ante la instancia de defensa y atención del consumidor de seguros. Si el consumidor no está de acuerdo con la respuesta notificada, antes del plazo de prescripción ordinaria del contrato de seguros o el acordado en pólizas de no adhesión, podrá acudir ante la instancia que la entidad aseguradora tenga dispuesta par dicha atención y de acuerdo a las previsiones del presente Reglamento.

Comentario: este artículo no señala el tipo de figura institucional o empresarial (funcionario, sección departamento o dirección), que está obligada a asumir esta responsabilidad.

Artículo 13: Creación de una instancia de atención al consumidor de seguros. Las entidades aseguradoras, al tenor del inciso n) del artículo 25 e inciso n) del artículo 29 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, deberán crear una instancia de atención al consumidor de seguros, con el objeto de atender y resolver disconformidades en la atención de reclamos de seguros provenientes de las instancias operativas de la entidad y sus vinculadas, etc.

Comentario:
El espíritu del Legislador estableció que las empresas operadoras de seguros deben crear estas instancias de atención al consumidor, tomando en cuenta entre otros criterios, que la ruptura del monopolio estatal de seguros, permitiría la participación de empresas de seguros privadas, y en las cuales no es usual que posean este tipo de instancias formales, de atención a los consumidores.

En el caso de las Instituciones Públicas del Poder Ejecutivo, incluyendo todas las Instituciones Autónomas, creadas por ley por la Asamblea Legislativa de Costa Rica, ya poseen las CONTRALORÍAS DE SERVICIOS, creadas mediante Decreto Ejecutivo No. 26025- PLAN , y aprobadas por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA”

Este Decreto dio vida a.“ LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS”

Este Decreto Ejecutivo está absolutamente vigente y su acatamiento es obligante para todos los Ministerios e Instituciones Autónomas, salvo que él mismo sea derogado por las mismas instancias que la crearon.

EL Decreto Ejecutivo antes citado, será retomado posteriormente, para analizar el caso del Instituto Nacional de Seguros, INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA, HASTA TANTO NO SEA DEROGADA O ELIMINADA POR LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, donde existe una Contraloría de Servicios desde hace más de una década, cuyas funciones y atribuciones son exactamente las mismas, que estableció el Legislador, al establecer que deben crearse una instancia institucional o empresarial, para atender las denuncias y reclamos de los usuarios o consumidores de seguros.

Esta instancia fue eliminada por la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del INS, violentando la existencia y vigencia jurídica del Decreto Ejecutivo No. 26025-Plan.

Artículo 20.- De la atención de denuncias. La Superintendencia General de Seguros conocerá por medio de denuncias, los informes y decisiones de la instancia interna de atención al consumidor de cada entidad asegurada creada en este Reglamento, conforme lo establecen los incisos, n) de los artículos 25 y 29, de la Ley Reguladora de Mercado de Seguros(LRMS), bajo los siguientes consideraciones:

COMENTARIOS:

Qué dicen los artículos 25 y 29 de la Ley Reguladora de Mercado de Seguros (LRMS)

Artículo 25, inciso n: Contar con los puestos, las instancias administrativas y de control internas, así como externas, y atención del asegurado, en los términos y las condiciones que disponga el Consejo Nacional,

Artículo 29, inciso: Proponer al Consejo Nacional la regulación para la creación, la definición del funcionamiento y la operación de una instancia que proteja los intereses del asegurado o beneficiario de un seguro, respecto de la resolución de disconformidades con la aseguradora en materia de ejecución del contrato de seguros.

De la lectura de los incisos n de ambos artículos, no se deduce que es obligante para el INS, la creación de esa instancias de atención a los consumidores, particularmente si ya la tiene.

Interpretar los incisos n de ambos artículos, como un medio para desmantelar la Contraloría de Servicios, que cumple las mismas e inclusive funciones más amplias, que las que eventualmente podría desempeñar otra instancia Institucional, es un razonamiento que podría abrigar y sustentar otro tipo de intenciones de carácter institucional.

CAPÍTULO II
Disposiciones Transitorias

Transitorio I.- Creación de la instancia de atención al consumidor de seguros. Las entidades aseguradoras procederán a la creación de la instancia de atención al consumidor, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de publicación del presente Reglamento en el Diario Oficial La Gaceta. Hasta dicha instalación, las funciones de atención al consumidor serán atendidas transitoriamente por las oficinas de atención al cliente

OBJECIONES AL REGLAMENTO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS:

1. En el caso del Instituto Nacional de Seguros, que hasta el día de hoy es una Institución Autónoma de Servicio Público, creada por Ley por la Asamblea Legislativa de Costa Rica y que en razón de lo anterior, jamás podría ser considerada como una “EMPRESA PRIVADA”, tal como es el criterio del Dr. Guillermo Cónstenla, actual Presidente Ejecutivo de la Institución, ha existido por más de 12 años una Contraloría de Servicios, creada mediante el Decreto Ejecutivo No. 26025- PLAN , y aprobado por el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ING. José María Figueres Olsen Y EL MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN Y POLÍTICA ECONÓMICA, Dr. Leonardo Garnier Rímolo, a las dieciocho días del mes de abril de mil novecientos noventa y siete.

Este Decreto dio vida a.“ LA CREACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRALORÍAS DE SERVICIOS”, y está todavía vigente.

2. Desconocer la vigencia de este Decreto Ejecutivo, que creó las Contralorías de Servicios en todos los Ministerios e Instituciones Autónomas del Poder Ejecutivo ampliado, las cuales han venido desempeñando una excelente labor en la salvaguarda de los derechos de los ciudadanos y en particular de los usuarios de los Servicios Públicos, y mediante una interpretación antojadiza, aprovecharse de una nueva Ley, en este caso la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley No. 8653, publicada en el Alcance No. 30 a la Gaceta No. 152, del 7 de Agosto del 2008, para desmantelar una Contraloría de Servicios, cuyas Funciones y Atribuciones, se detallan en el Artículo 7, desvirtúa el espíritu de la creación de esta ley, la cual interpretando que el rompimiento del monopolio de seguros por parte del Estado, exige particularmente en el caso de los operadores privados, que existe una instancia, semejante o idéntica a las Contralorías de Servicios ya existentes, trasciende y desvirtúa el espíritu del Legislador.

Ese tipo de interpretaciones antojadizas de jerarcas de turno, apartadas del marco y del espíritu legal, de la misma Ley No. 8653, ha permitido en el caso del INS, que coexistan dos instancias con iguales obligaciones y funciones, a saber: la Contraloría de Servicios y la Oficina de Defensa del Usuario.

Esta duplicidad de funciones, costos, etc., ha provocado y todavía provoca, una enorme confusión en los consumidores, al tener que lidiar con dos instancias que en teoría hacen lo mismo.

Para disimular lo anterior y evitar esa duplicidad de funciones, la Contraloría de Servicios fue eliminada de la estructura formal del INS(Organigrama Institucional, acceso a las llamadas telefónicas de los consumidores, etc., por la Presidencia Ejecutiva y la Junta Directiva del INS, violentando de esa forma la existencia y vigencia jurídica del Decreto Ejecutivo No. 26025-Plan.

*CONCLUSIÓN FINAL: *

Se objeta el REGLAMENTO DE DEFENSA Y PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR DE SEGUROS, propuesto por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, ya que en el caso de una Institución Pública como el INS, estaría permitiendo en principio la duplicidad de instancias para atender los reclamos de los asegurados, y en última instancia la redacción del mismo, permitiría el desmantelamiento de la Contraloría de Servicios, Unidad administrativa del INS, con una enorme experiencia acumulada, superior a la nueva instancia creada por la Administración de Don Guillermo Cónstenla.

En razón de lo anterior, solicito que la Superintendencia de Seguros, defina si la Contraloría de Servicios, está vigente a la luz del Decreto Ejecutivo antes citado, y en consecuencia está en condiciones de asumir las tareas de los reclamos de los consumidores de seguros, como lo ha venido haciendo en los últimos 12 años, o si el INS es una empresa privada, igual que muchos de los operadores como Mapfre, Pam American Life, ADISA, ASSA, entre otras y aprovechándose de su interpretación jurídica de la Ley Reguladora de Seguros, tiene facultades jurídicas, para crear otra instancia interna de atención a los reclamos de los consumidores.

El Movimiento de Motociclistas y la ANEP siempre han apostado por el diálogo

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El pasado miércoles 28 de noviembre, en conferencia de prensa y en la sede de la ANEP, a las 10:30 de la mañana, fueron ofrecidas las disculpas al pueblo costarricense y a la ciudadanía, por los actos de violencia que unos pocos protagonizaron durante la manifestación del día anterior; actos que nosotros condenamos y repudiamos.

En palabras del reverendo Roy Palavicini, integrante del Comité Cívico de Motociclistas, se expresaron esas disculpas. La grabación de ello consta en el sitio web de la ANEP, www.anep.cr, pudiendo comprobarse que ya fueron ofrecidas esas disculpas.

En todo caso, se reiteran por este medio; y, en verdad, lamentamos esas circunstancias violentas que no representan para nada el sentir y la filosofía de este movimiento, profundamente pacifista y por la justicia social.

Esperamos que el diálogo, convocado por la Defensoría de los Habitantes de la República, a iniciarse este lunes 3 de diciembre, a las 2 de la tarde, en sus instalaciones, fructifique para bien de todos y de todas, de nuestra querida Costa Rica. Es más, por iniciativa nuestra, le hemos pedido acompañamiento testimonial al ilustre prelado de la Iglesia Católica costarricense, Monseñor Ángel San Casimiro, Obispo de la Diócesis de Alajuela y Director Nacional de la Pastoral Social-Cáritas. Él nos ha confirmado que asistirá.

En tal sentido, no habrá ningún tipo de manifestación durante el desarrollo del diálogo. Es más, ya se habían girado varias directrices a los distintos componentes del Movimiento de Motociclistas para desactivar los mecanismos convocantes, en función del llamado de la Defensoría.

Sábado 1 de diciembre de 2012.

Comité Cívico Nacional de Motociclistas de Costa Rica
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

Final Segunda Edición Copa de Futbol de ANEP

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Llega al final la segunda edición de la Copa Rotativa ANEP Siglo XXI. Desde el mes de agosto se está disputando dicho torneo futbolístico, el segundo desde que en ANEP decidimos relanzar la promoción de los espacios lúdicos deportivos.

En esta final, que se disputará en el estadio del Club Sport Herediano, participarán los equipos JJ Peletería contra los actuales campeones, el equipo Servicios Ecológicos, quienes se habían dejado la primer edición de la Copa, cuya final se celebró en el Estadio Nacional.

Invitamos a toda la familia Anepista, y a los amantes del fútbol a asistir este sábado 1 de diciembre, a las 11:45 de la mañana para celebrar esta final.

Gran indignación por trámite parlamentario “express” a favor de poderosos intereses empresariales autobuseros

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Profunda indignación y gran consternación causa la noticia acerca de que en un tiempo récord, en tan solamente dos días de trámite parlamentario, 40 diputados y diputadas aprobaron, a escondidas y de a callado, una legislación “express” por medio de la cual los buses y los taxis quedarán exonerados del cobro extra del 33% en el pago de sus respectivos marchamos; precisamente, una de las tres peticiones centrales del actualmente en desarrollo Movimiento de Motociclistas.

Con ocasión de esta lucha, fueron tanto el Comité Cívico Nacional de Motociclistas como la propia ANEP, los primeros en denunciar que ese 33 % es un cobro extra, de naturaleza ilegal; porque lo que corresponde es que el INS le traslade al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi), el 33% de todos los dineros recaudados por pago del seguro obligatorio de automotores y no un 33% adicional como lo están haciendo, luego del “error” que dicen ahora los diputados que se cometió al tramitar la nueva ley de tránsito y la modificación que ésta hace del artículo 10 de la Ley de Administración Vial.

Nuevamente, una vez más, los motociclistas son sujeto de una gran discriminación. Sin duda alguna que esta sorpresiva decisión diputadil a favor de uno de los gremios empresariales de gran poderío económico como los autobuseros, lo que hace es echarle más leña a la hoguera a la indignación creciente de los motociclistas; y alimentan, indudablemente, la intensidad de la tercera manifestación que se avecina.

Exigimos aclaración por parte de la Prensa Libre

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Honorable y respetado señor periodista don Roberto Portuguez, La Prensa Libre:

Respetuosos saludos.

Quedamos estupefactos con la nota periodística que usted escribe en la edición de La Prensa Libre de hoy, viernes 30 de noviembre de 2012, titulando, con perversidad, “Motociclistas a las calles el martes y sin fines pacíficos”, lo cual tenemos que rechazar tajantemente y protestar ante usted con toda energía, siempre guardando el respeto por su investidura como comunicador social.

La forma en que usted redacta la nota y al consignar declaraciones de este servidor, en nuestra condición de Secretario General de la ANEP, usted nos está, indirectamente, achacando llamados a la violencia que nosotros, tajantemente rechazamos.

La institución sindical que nos honramos en representar, con 54 años de existencia, y nuestra carrera sindical en particular, dan constancia fehaciente que jamás hemos acudido a la violencia para defensar lo que siempre hemos considerado justo. Los lamentables episodios de violencia de la pasada manifestación de motociclistas, que nosotros condenamos enérgicamente, no pueden generalizarse para todo el movimiento y la filosofía que le inspira: la justicia. No, en verdad, quedamos consternados con esa malitencionada frase de su nota que indica “sin fines pacíficos”.

Adicionalmente, debemos desmentirle en cuanto a que la manifestación será el próximo martes porque esto no ha sido definido todavía en el seno del Comité Cívico Nacional de Motociclistas en conjunto con la ANEP. La nota periodística de su producción con semejante e irresponsable titular, más la foto escogida y el recuadro que consigna que la Presidenta Chinchilla califica a los motociclistas de vándalos, revela una intencionalidad subjetiva de su parte sobre este movimiento social que, nosotros, tenemos que respetársela a usted.

Pero no se vale que usted consigne afirmaciones temerarias sin indicar quién se las dijo como declaraciones y, peor aún, que quede como si fuesen emitidas de parte de este servidor. Esta mala fe suya la tenemos que rechazar, drásticamente. Le reiteramos nuestra mayor consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Desigualdad, ley mordaza, garroteada… ¿hacia el autoritarismo?

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Prácticamente un millón y medio de compatriotas están, si tienen “suerte”, comiendo una vez al día. Al otro extremo, el 20% más rico de la población ha visto crecer su riqueza desmedidamente.

Otro número igual o más grande, es el segmento social de la ahora alicaída clase media en sus diversos estamentos; gran parte de la cual está altamente endeudada. Solamente en tarjetas de crédito, este sector social debe casi 3 puntos de Producto Interno Bruto: unos 600 mil millones de colones. Y ni se diga lo que se viene incubando en moratorias por hipotecas de casas de habitación: a lo mejor nos estalla dentro de poco nuestra “burbuja inmobiliaria a la tica”.

Nuestra insistencia, planteada a lo largo de varios años acerca de que el problema número uno de la Costa Rica es la desigualdad creciente, ya no tiene el más mínimo cuestionamiento. No solamente porque el prestigioso informe del Estado de la Nación, en su más reciente versión así lo ha dejado en evidencia; sino porque, y tal vez de manera sorprendente, es desde las mismas páginas de la prensa oligárquica que ya se empieza a hablar de ello.

¡Pues claro! Ese, hasta ahora indetenible proceso de desigualdad en auge, muestra ya grietas en el sistema político dominante, al punto de que una abrumadora mayoría de la ciudadanía ya no confía en él y exige cambios. Resumidamente, es el imperante sentimiento mayoritario de que el país va “sin rumbo”, según la percepción, certificable con datos reales, de dos de cada tres ciudadanos. A esos dos, les está yendo mal o muy mal. Al tercero, “pura vida”.

Es en este escenario de desigualdad creciente en el cual se pueden insertar los diferentes episodios autoritarios protagonizados desde las esferas del real poder dominante: el voto a la ley del fotocopiado, el veto a la Reforma Procesal Laboral; y el “no veto”, la aprobación y publicación en el diario oficial La Gaceta, de la ley mordaza.

Sumémosle a todo esto la errática garroteada policial; el llamado a asesinar a manifestantes (_“precaristas”_), por parte de un alto jefe policial; y la destitución (por ahora “congelada”), de un alto magistrado constitucional que ha “osado” desafiar con sus fallos y sentencias a ese real poder dominante.

Evidentemente, la “democradura” (como ha denominado el indicado y probo juez de la Sala IV); el “golpe de Estado técnico” como el Fiscal General de la República llamó a la destitución de tan elevado jurista; o “la dictadura en democracia” (según en su momento lo anunció el ahora expresidente Arias Sánchez); pueden ser expresiones que indican un peligroso camino confrontativo que desde las “alturas” parece abrirse paso para lograr “su” gobernabilidad; la que ellos ocupan a fin de controlar la creciente protesta, malestar, manifestación y movilización que se nota desde las bases ciudadanas. Éstas, poco a poco, van comprendiendo que lo que tenemos es un problema del “sistema” más que una errática acción gubernativa transitoria y circunstancial.

Emblemáticamente resulta oportuno hacer énfasis en la consolidación jurídica de la denominada ley mordaza (al publicarse), aunque por ahora suspendida su aplicación según decisión del más alto tribunal constitucional de la República, con sus graves riesgos de cárcel para las personas denunciantes de asuntos de naturaleza intransparente y hasta corrupta en la gestión de la cosa pública.

Al “tabo” se quiere mandar tanto al o a la periodista que haga pública una cuestión así, tanto como a un simple ciudadano que lleve a ventilación mediática casos de violación a la institucionalidad jurídica y/o que tengan que ver con fondos públicos, tráfico de influencias, “arreglos” licitatorios, consultorías “fantasmas”, evasiones y elusiones tributarias, trochas y similares, etc., etc.

Pareciera ser que la ley mordaza se consideró de carácter estratégico, junto a las tendencias autoritarias en curso, para “controlar” la acción cuestionadora que procede de la “gente de abajo”.

Enhorabuena que los medios periodísticos del Grupo Extra (entre otras importantes empresas de comunicación colectiva), han asumido una bandera militante en contra la mortal ley mordaza; pues si bien es cierto se conocen casos de autocensura periodística en épocas no tan remotas; lo real es que en los últimos tiempos muchas cosas sucias de la cosa pública, en contubernio con la privada, han podido ser del conocimiento público gracias a una prensa honesta y profesional (aunque no necesariamente “neutra”), que se ha volcado a la denuncia de lo que se ha hecho mal en la obra gubernamental de las últimas administraciones, todas inspiradas en el fracasado pero aún vigente criminal neoliberalismo.

Nosotros pensamos que la mejor gobernabilidad de un sistema político es aquella que incluye gente, no la que excluye. Los altos niveles de desigualdad y, por ende, de grandes exclusiones sociales, han provocado hasta guerras civiles y aquí, sin ir muy largo, en nuestra propia región centroamericana.

A los 25 años del plan de paz de Esquipulas, del que tanto se ufana el expresidente Arias, prácticamente siguen intactas las mismas circunstancias de miseria, explotación, corrupción y desigualdades abusivas que dieron origen a los conflictos bélicos civiles que se pararon con ese plan. Sí, las guerras civiles se terminaron pero la guerra social está en auge y ahora, alimentada inmisericordemente con la guerra del narco. Quienes siguen sufriendo son “los de abajo”.

En el caso costarricense, los sectores más duros de la actual clase dominante en el país, alimentados por la inserción en los negocios empresariales nacionales con la llegada de algunos de los capitales centroamericanos más sangrientos, nos están indicando que el autoritarismo, aunque sea en democracia, es la fórmula a imponer para su “gobernabilidad”.

Por el contrario, la “gobernabilidad” que desde abajo se considera la idónea, es aquella que por medio de una gran diversidad de iniciativas y acciones de política pública, le pongan coto al crecimiento de la desigualdad; de forma tal que ese millón y medio de compatriotas pueden comer tres veces al día así como vivir en total dignidad; y que la endeudada clase media puede sentir que se ha detenido su viaje a la pobreza y a la exclusión social. Sin necesidad de ley mordaza, ni de garroteadas policiales, ni de vetos a leyes que recuperan espacios para la promoción del bien común, ni de golpes de Estado _“técnicos”_… Hay algunos muy “arriba” que no lo quieren entender así. En consecuencia, habrá que doblegarlos.

Presidencia se niega a recibir a motociclistas

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Poder conversar era lo que solicitaban cientos de manifestantes el día de hoy frente a Casa Presidencial. Su solicitud no fue escuchada.

Emisarios del Ministro de Comunicación conversaron con nuestro Secretario General, Albino Vargas, diciendo que nadie iba a ser recibido y que tampoco iban a aceptar la carta de petición. Minutos más tarde el Ministro Chacón, mintiéndole a la prensa, dijo que ninguna carta se intentó entregar.

El ostracismo y el total desprecio de la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, hacia los movimientos de protesta no hará otra cosa que generar mayor descontento social.

En estos momentos los manifestantes se encuentran realizando desplazamientos por la zona de Zapote, San Pedro y lugares aledaños, provocando una gran cantidad de presas. Los motociclistas están haciendo uso legítimo a la manifestación callejera, la cual parece ser la única forma en que el Gobierno entienda que existimos, que aquí estamos y nos encontramos sumamente disgustados con el accionar de su Ejecutivo.

Los motociclistas están solicitando la intervención gubernamental para frenar el desmedido aumento de hasta el 40% en el marchamo aplicado únicamente a las motocicletas, ya que el INS no ha podido demostrar con contundencia cuáles razones sustentan la circunstancia irracional de que por una motocicleta se pague un seguro obligatorio cuatro veces superior que se cobra por un autobús.
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Motociclistas cierran acceso Casa Presidencial
Nota CRHoy

La orden de bloquear los tres acceso a la Casa Presidencial para así evitar la reunión pactada a eso de la 1:30p.m. entre los Presidentes tres Poderes de la República fue girada por parte de los motociclistas.

Para lograr el objetivo uno de los líderes dividió a los motorizados en tres grupos.

“Compañeros, vamos a dividirnos en tres grupos para bloquear los tres accesos a Casa Presidencial, esto para evitar la reunión”, dijo Antony Hamm, uno de los líderes.

Los tres accesos cerrados son en las cercanías de la iglesia de Zapote, en la sede Central de la Cruz Roja y en las inmediaciones de la rotonda de las Garantías Sociales.

Según Hamm, hasta no ser recibidos por la Presidenta Laura Chinchilla no dejaran de bloquear las calles.

Por su parte, el Ministro de Comunicación, Francisco Chacón, aseguró que en Casa Presidencial no han recibido ninguna carta y que no se reunirán con los motociclistas hasta tanto no depongan las manifestaciones.
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Rotondas ya son tomadas por los motorizados
Nota CRHoy

Colaboró la periodista Leticia Contreras.
Una ruta de circunvalación bastante complicada respecto al flujo vehicular es lo que espera a los conductores este martes, debido a la manifestación de los motorizados.
Esto debido a que los motociclistas han empezado a tomar las diferentes rotondas y pasos a desnivel que comprenden esta importante ruta.

Primero fue la rotonda de la Hispanidad en San Pedro y ahora la rotonda de las Garantías Sociales, esto después de que el Gobierno se negará a recibirlos por una directriz de Laura Chinchilla.

Por su parte, Luis Vega, director regional del Área Metropolitana, dijo que la policía de tránsito está verificando los lugares donde ellos se van a desplazar para tomar las medidas correspondientes.

“Tenemos personal en todas las rotondas y los alrededores de Casa Presidencial, que son los lugares que ellos quieren bloquear hoy”, dijo Vega.
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Motociclistas realizan bloqueos en rotondas entre San Pedro y Zapote
Nota Teletica

La manifestación de los motociclistas se trasladó a eso del mediodíaa la ruta de circunvalación, donde varios tramos se encuentran bloqueados, especialmente en el sector de las rotondas.

Por ejemplo, las personas que viajen de la rotonda sobre el puente de la Hispanidad hacia la rotonda de la bandera, se encontrarán con el paso cerrado.

Además un recorrido de Telenoticias en la zona, comprobó que un carril en el sector de Los Yoses hacia San Pedro, fue cerrado por la policía de Tránsito para evitar un colapso mayor en ese sector y desviar a los automóviles por otra zona.

A la altura de la rotonda de las garantías sociales en Zapote, también se encuentra un bloqueo de motociclistas.

Ellos se mantendrán en ese sector por al menos una hora. Posteriormente estarían a regresando a Casa Presidencial.

Esta información se encuentra en desarrollo y será ampliada en los próximos minutos.

Condenamos tendencia asesina de jerarca policial

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Con profunda consternación y gran indignación, nos hemos enterado este día sábado 24 de noviembre de 2012, de que el jerarca policial de la Fuerza Pública, Efraín Sánchez Corrales, subjefe del comando de Los Chiles, Alajuela, ordenó disparar a la cabeza de ciudadanos en condición de precariedad y en la máxima pobreza; quienes, obligados por las circunstancias de exclusión social que viven, invadieron una propiedad privada ubicada en esa región del país.

A nombre de las organizaciones que representamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), formulamos una enérgica condena de nuestra parte a esta conducta criminal policial digna de procederes totalitarios de régimenes dictatoriales que han ensangrentado estas tierras latinoamericanas en épocas recientes.

No pueden las autoridades de Gobierno y, especialmente, las de la Fuerza Pública tramitar este gravísimo asunto como si fuese un procedimiento “rutinario” de corte disciplinario; como un hecho aislado producto de una mente “enferma”. Se ocupa una drasticidad ejemplarizante, tanto en lo administrativo como en lo penal.

Adicionalmente, es preciso que se permita a la ciudadanía activa auscultar cuál es la naturaleza de la formación policial que se da en los altos mandos de la Fuerza Pública y cuáles son los controles y valoraciones de este tipo de personal jerárquico al cual, parece ser, se la da poder sobre “vidas y haciendas”. Y, en el caso que nos ocupa, urgente es determinar con contundencia y total transparencia las vinculaciones con personal privado en el campo de la seguridad; lo que nos lleva, necesariamente, a preguntarnos sobre la naturaleza institucional que en la actualidad se está dando en la “promoción” de este relacionamiento.

No puede estar la seguridad ciudadana potestad del Estado, en manos de jefes policiales que no sepan cuál es el contexto socioeconómico y político actual de una Costa Rica en la cual, día con día, aumenta la pobreza y se profundiza la desigualdad. Si esta formación a los altos mandos de la Fuerza Pública no está incluyendo (entre otros de similar naturaleza), contenidos como los indicados, entonces la represión adquiere connotaciones irracionales y criminales, como lo muestra este caso, llevando al peligroso absurdo de considerar a las personas manifestantes como “terroristas”.

Celebramos la decisión por parte del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), de intervenir con base en su ámbito de política pública para proceder a la compra de los terrenos en disputa y así solventar este grave problema de exclusión social.

Celebramos la constitución de la FENTRAA

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Estimadas compañeras y estimados compañeros:

Respetuosos saludos. Compartimos con ustedes la alentadora noticia sindical con relación a la fundación de la “Federación Nacional de Trabajadores Agroindustriales y Afines” (FENTRAA), de la cual es entidad fundadora la organización hermana nuestra en el seno de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), el Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), cuyo Secretario General es el compañero Didier Leitón Valverde. La FENTRAA incluye, también a tres organizaciones sindicales del sector, afiliadas a la Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN): SINTRASTAFCOR, SINTRACOBAL y SINTRAPIFRUT.

Nosotros pensamos que se está dando un esfuerzo unitario de nuevo tipo pues, con base en el análisis de la realidad sociolaboral de las plantaciones bananeras, piñeras y afines, se constató que el reto histórico sindical estriba en la complementariedad y solidaridad de la acción sindical y no en la competencia y el canibalismo usuales en nuestro movimiento.

Compartimos con ustedes tres pequeños documentos, adjuntos como archivo: 1) la conferencia sindical “Situación laboral en la agroindustria costarricense”; 2) la “Declaración de Principios” que da origen a la FENTRAA; y 3) y los “Acuerdos”.

Destacamos el soporte de la OIT, cuyo Equipo de Trabajo Decente y Oficina de Países de la OIT para América Central, Haití y República Dominicana (ubicada en Costa Rica), dio acogida a esta iniciativa de unidad sindical. Instamos a brindar todo nuestra mayor cooperación solidaria, desde la propia CSJMP como desde la misma ANEP.

Servidor atento,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP)

Declaración de las mujeres sindicalistas de la ANEP por una vida sin violencia

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15 de noviembre de 2012
Centro de Cultura de Derechos de la Niñez y la Adolescencia, PANI

Considerando:

Que hoy 15 de noviembre las mujeres anepistas de diferentes seccionales conmemoramos el Día Nacional e Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Que la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), fue adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 18 de diciembre de 1979 y ratificada por el Estado costarricense a través de la Ley No. 6968, el 2 de octubre de 1984.

Que la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, “Convención de Belém do Pará”, fue adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA), el 9 de junio 1994 y en Costa Rica se ratificó el 28 de junio de 1995, mediante la Ley No. 7499.

Que la ANEP como instancia de defensa de Derechos Humanos debe velar por el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado.

Que la igualdad como Derecho Humano no es la exigencia de trato idéntico, sino aquella que se logra con la eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres mediante acciones.

Que se reconoce que la desigualdad histórica de las relaciones de poder entre hombres y mujeres hace necesario brindar protección especial para mujeres.

Que se reconoce la violencia contra la mujer como un delito y una violación a los Derechos Humanos de las mujeres.

Que el sindicato tiene como propósito acompañar en la defensa de los derechos a las personas trabajadoras.

Que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el 2011 plantea que a pesar del masivo ingreso de las mujeres a la fuerza de trabajo, su mayor nivel educacional y el significativo aporte que ellas realizan a la manutención de sus familias y el desarrollo de sus países, aún persisten fuertes patrones de desigualdad de género en el trabajo.

Que en el ambiente de trabajo nosotras las mujeres vivimos situaciones de violencia en razón de nuestra condición de género.

Que la discriminación de género atenta contra los principios y derechos fundamentales del trabajo, los Derechos Humanos y la justicia social.

Que el horizonte utópico de ANEP es la transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en todas sus dimensiones: económica, ambiental, política y sociocultural.

Que este horizonte no es posible si no se cuestionan las bases de la sociedad patriarcal que tiene como base la distribución desigual del manejo del poder atribuido a lo masculino.

Que nosotras las mujeres debemos asumir el liderazgo de nuestra propia vida y bienestar y para ello requerimos ser las lideresas del cambio y asumir espacios en la toma de decisiones.

Que la misión de la ANEP de promover desde la clase trabajadora un Estado Social de Derecho equitativo e incluyente, con pleno respeto de los Derechos Humanos y del medio ambiente, a través de la reflexión, la propuesta y participación social, y el desarrollo de nuestra capacidad organizativa, tiene que pasar por cuestionar cómo incide la condición de género en la inserción de los hombres y principalmente de las mujeres en el mundo laboral.

Que la OIT plantea que el conocimiento de las trabajadoras acerca de sus derechos es fundamental para un efectivo ejercicio de éstos y que la difusión de información acerca de estos derechos contenidos en las normas internacionales así como en las legislaciones nacionales, es un instrumento clave para mejorar la condición de la mujer en la sociedad.

Nosotras las mujeres anepistas, exigimos:

La conformación de una instancia formal como Secretaría de Género de la ANEP que vele particularmente por los intereses, necesidades y demandas de las mujeres trabajadoras afiliadas; y contar con un espacio especializado que brinde asesoría, apoyo y acompañamiento a las mujeres para que el mundo laboral sea un mundo de oportunidades.