Con profunda consternación y gran indignación, nos hemos enterado este día sábado 24 de noviembre de 2012, de que el jerarca policial de la Fuerza Pública, Efraín Sánchez Corrales, subjefe del comando de Los Chiles, Alajuela, ordenó disparar a la cabeza de ciudadanos en condición de precariedad y en la máxima pobreza; quienes, obligados por las circunstancias de exclusión social que viven, invadieron una propiedad privada ubicada en esa región del país.
A nombre de las organizaciones que representamos, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), formulamos una enérgica condena de nuestra parte a esta conducta criminal policial digna de procederes totalitarios de régimenes dictatoriales que han ensangrentado estas tierras latinoamericanas en épocas recientes.
No pueden las autoridades de Gobierno y, especialmente, las de la Fuerza Pública tramitar este gravísimo asunto como si fuese un procedimiento “rutinario” de corte disciplinario; como un hecho aislado producto de una mente “enferma”. Se ocupa una drasticidad ejemplarizante, tanto en lo administrativo como en lo penal.
Adicionalmente, es preciso que se permita a la ciudadanía activa auscultar cuál es la naturaleza de la formación policial que se da en los altos mandos de la Fuerza Pública y cuáles son los controles y valoraciones de este tipo de personal jerárquico al cual, parece ser, se la da poder sobre “vidas y haciendas”. Y, en el caso que nos ocupa, urgente es determinar con contundencia y total transparencia las vinculaciones con personal privado en el campo de la seguridad; lo que nos lleva, necesariamente, a preguntarnos sobre la naturaleza institucional que en la actualidad se está dando en la “promoción” de este relacionamiento.
No puede estar la seguridad ciudadana potestad del Estado, en manos de jefes policiales que no sepan cuál es el contexto socioeconómico y político actual de una Costa Rica en la cual, día con día, aumenta la pobreza y se profundiza la desigualdad. Si esta formación a los altos mandos de la Fuerza Pública no está incluyendo (entre otros de similar naturaleza), contenidos como los indicados, entonces la represión adquiere connotaciones irracionales y criminales, como lo muestra este caso, llevando al peligroso absurdo de considerar a las personas manifestantes como “terroristas”.
Celebramos la decisión por parte del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), de intervenir con base en su ámbito de política pública para proceder a la compra de los terrenos en disputa y así solventar este grave problema de exclusión social.
