Por Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
La ofensiva patronal del gran empresariado (y su sector más recalcitrante, el de corte fascista), está decidida a acabar con la última frontera de resistencia que queda para evitar el desmantelamiento absoluto del Estado Social de Derecho, del Estado de Bienestar: los sindicatos.
Nadie, en los movimientos sociales de distinto carácter, debe llamarse a engaño: prácticamente la totalidad del parlamento está al servicio de esos intereses contrarios al bien común; y, por el contrario, están en la línea de potenciar todavía más el cruel proceso de concentración de riqueza que venimos sufriendo, con sus secuelas dolorosas de congelamiento salarial, de la precarización del empleo, de reversión de derechos laborales, de reducción del salario mínimo, de institucionalización de la informalidad y de aumento en la carga de impuestos de naturaleza regresiva.
La alta carga política pro-empresarial, que ya es más que notoria en la actual Asamblea Legislativa, es inversamente proporcional a la ausencia de una poderosa articulación de lo social y popular, puesto que la resistencia que se ha venido expresando, es de manera fragmentaria y sectorial; imposible de mostrar un fuerte polo de oposición estratégica al desafío de clase lanzado por los reales detentadores del poder.
Tal dificultad se debe a factores completamente subjetivos, determinados por fuertes personalismos en pugna entre sí.
El odio de clase que se muestra en vocerías notorias al servicio del gran capital desde varias curules legislativas, es de tal calibre que se han atrevido a impulsar un proyecto de ley de profundo sesgo antidemocrático: legislando para la ilegalización, la proscripción, el exterminio de la organización sindical. Solamente habíamos tenido noción de esta barbaridad tiránica en países latinoamericanos bajo sangrientas dictaduras.
El proyecto de ley que lo permitiría avanza a paso firme en su tramitación parlamentaria; avance que se consolidó con la aportación colaboracionista de representaciones sindicales del más alto nivel del sector magisterial, haciéndose nugatorio en la práctica cualquier mecanismo huelguístico en el futuro, incluido en el propio sector Educación.
La ley en trámite final para castrar de contenido el derecho constitucional de huelga, representa una fuerte acción jurídica de disciplinamiento obrero a fin de eliminar, de raíz, el contenido de avanzada que tuvimos, como país y en fecha reciente, en materia de legislación obrera, con ocasión del surgimiento a la vida legal de la ley de la Reforma Procesal Laboral.
Está sumamente demostrado que el neoliberalismo, a falta de argumentos convincentes, recurre a las más diversas formas de autoritarismo (incluido el de corte sangriento como el de Chile con Pinochet). Se trata de imponer un disciplinamiento obrero, liquidando o reduciendo al mínimo, a su más natural y legítima organización: el sindicato.
Noten ustedes que, en materia de potenciamiento político para que el gran empresariado materialice su agenda excluyente y haga real su cruzada antidemocrática, prácticamente todos los partidos políticos están coincidiendo en la Asamblea Legislativa actual: el desprestigiado bipartidismo clásico, ahora tripartidismo (PLN-PUSC-PAC), más las dos vertientes partidistas del evangelismo.
Este primer y duro golpe que le pretenden dar a la Reforma Procesal Laboral, con la castración del real contenido del derecho constitucional a la huelga, aunado a la posibilidad de la proscripción-ilegalización de sindicatos; consolida el papel nefasto del gran “empresauriado” en el control de la agenda política del país, contraria al bien común y a la integración y movilidad sociales.
Castrado el derecho constitucional a la huelga y abierta la posibilidad legal para disolver sindicatos, esa agenda del macro-corporativismo empresarial de corte neoliberal, incluye la relativización de la histórica jornada de 8 horas, la revisión a la baja del salario mínimo, la anulación del fuero de protección sindical, todo ello con especial énfasis en la actividad productiva privada.
En el caso del sector Público es dable esperar un fuerte cuestionamiento al salario escolar, así como entrarles duro a privatizaciones de gran calado que están pendientes desde hace mucho tiempo, en materia de las empresas estatales que todavía quedan en manos de propiedad pública y que siguen mostrando una fortaleza rentable sumamente codiciada.
