Albino Vargas Barrantes, Secretario General (ANEP)
“ARESEP archivó estudio tarifario de oficio para el servicio de acueducto del AyA”, es el título del comunicado de prensa que, con fecha 20 de enero en curso, emitió la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), en el cual leemos esta especie de sentencia política que, con toda sinceridad, nos causa escalofríos:
“…la ausencia total o parcial de la información solicitada al AyA, específicamente en materia de inversiones, atenta contra la prestación óptima y continuidad del servicio de acueducto”.
Nos preguntamos: ¿Se le oculta información a la ARESEP? ¿Existe alguna conjura contra la estabilidad y contra la transparencia institucional? ¿Será que, de manera deliberada, habrá alguna orientación política perversa para que AyA no preste en condiciones óptimas y con la necesaria continuidad el servicio de acueducto?
Estamos obligados a pensar lo peor, considerando que la hegemonía política dominante en el seno del actual Gobierno de la República es la del todo mercado-nada Estado, de manera tal que un fracaso estratégico de AyA, por una parte; y que, por otra, tal fracaso se vuelva irreversible, es una extraordinaria oportunidad para privatizarlo.
Esta presunción nuestra exhibe toda su potencia cuando leemos en el indicado comunicado de la Aresep lo siguiente: “… de continuar la situación descrita representa un riesgo muy alto para la continuidad del servicio y la atención de nuevas inversiones en el mediano plazo, dado que esas inversiones realizadas en los últimos cinco años no han sido capitalizadas vía tarifa, significando una carga financiera excesiva por el alto costo de la deuda y la demanda de flujos para el repago de la obligación, y que de continuar con esta práctica le restará capacidad de gestión de nuevas inversiones para atender la gran cantidad de problemas de infraestructura que aquejan al servicio que prestan”.
Particularmente, para la ARESEP es muy necesario realizar una fiscalización técnica, financiera y de gestión de todos los proyectos de inversión que fueron aprobados por la Junta Directiva de AyA para el período 2016-2020; es decir, durante los gobiernos de Luis Guillermo Solís Rivera y de Carlos Alvarado Quesada, ambos del Partido Acción Ciudadana (PAC).
¿Será el PAC el “enterrador” de AyA, aunque bien sabemos del gran poder que tienen en la gestión institucional, mandos de alto relieve y de gran peso jerárquico muy afines al bipartidismo tradicional PLUSC?
¡Qué va! La conjura contra la institucionalidad de AyA tiene fuerzas oscuras muy enraizadas en esta entidad, considerando que el agua representa un negocio de gigantescas ganancias. Si no, cómo nos explicamos que nunca se ha viabilizado que la institución venda agua embotellada.
Por el contrario, de sus propias fuentes y manantiales se nutre el actual alto corporativismo empresarial privado, que realiza ese gran negocio que es el servicio de provisión privada de ese vital líquido para todas las formas de vida, especialmente la humana.
En lo concreto inmediato, ARESEP archivó el reciente estudio tarifario de AyA, puntualizando tres razones que, al analizarlas de manera concienzuda, nos muestran que es imposible que haya tal impericia en sus niveles de alta gerencia y de selecto profesionalismo, a no ser, repetimos, de malas intenciones ocultas. Dice ARESEP:
- No se justificó ni se dio trazabilidad a los proyectos de inversión que realizó el AyA durante los últimos 5 años.
- No capitalizó el 54,7% de los recursos aprobados vía tarifa para proyectos de inversión para el periodo 2019 (₡14.560 millones), además de que no aportó la debida justificación o su aplazamiento para periodos subsiguientes.
- No presentó las justificaciones técnicas que permitan respaldar las variaciones significativas entre los montos proyectados de las inversiones y el monto real ejecutado.
Lleva ya bastantes meses la corriente sindical en la cual militamos, a través de su expresión concreta a nivel interno de AyA, denunciando de manera sistemática y con fuerte solidez argumental y documental, la gravedad de la situación que está viviendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados; al punto de que creemos que es la grave de toda su historia, desde que éste fuera establecido mediante la ley de la República No. 2726, de 14 de abril de 1961, bajo la administración Echandi Jiménez.
Conscientes de que AyA está ante el peligro más grave de toda su historia, damos fe de nuestro compromiso sindical para aportar, con sentido estratégico, todo lo que podamos en su defensa, ofreciendo al apoyo más decidido en tal sentido a sus fuerzas internas sanas, en el plano obrero, técnico-profesional y político, de la mano con las comunidades y bajo el alero inspirador del Sindicalismo Ciudadano que hemos adoptado para esta parte de nuestro quehacer por una verdadera Democracia.
