Las actuaciones de la señora Ministra de la Condición de la Mujer han venido violentando los derechos humanos y laborales de las trabajadoras y trabajadores, apartándose con ello del buen gobierno que debe privar en una institución pública en un Estado de Derecho como el costarricense.
Hemos conocido múltiples declaraciones y comunicados de prensa en los que la señora Georgina Vargas Pagán, ha propagado ideas falsas que desautorizan al INAMU como institución rectora y defensora de la igualdad y equidad de género; también ha lanzado de manera reiterada ofensas públicas y mentiras en contra de las funcionarias y funcionarios del INAMU.
Las funcionarias y funcionarios hemos defendido persistentemente al INAMU como institución rectora en materia de género, por ello se nos ha impuesto la censura y el silencio como castigo. Es falso afirmar como lo ha hecho, que acá adentro las personas no tienen temor de hablar… claro que hay miedo, porque quienes se han animado a hacerlo, se han topado con la intolerancia y el irrespeto como respuesta. Quizás es más sencillo para ella ventilar el tema en el espacio público, donde su voz se escucha más que la nuestra por acceso al poder, donde sus puntos de vista se pueden diluir con erróneas interpretaciones y no enfrentarlo acá adentro, cara a cara con quienes somos víctimas de la indefensión día a día.
Este desacertado modo de proceder le ha generado una cantidad significativa de recursos de amparo en su contra, unos acogidos por la Sala Constitucional, que se encuentran en proceso de resolución definitiva, y otros declarados con lugar con la consecuente condenatoria de daños y perjuicios, que eventualmente implicaría tocar el presupuesto destinado a las mujeres para costear, con fondos públicos, las indemnizaciones de las personas afectadas. Los recursos han sido interpuestos por funcionarias bajo la tesis de que sus derechos humanos y constitucionales, subjetivos y laborales, están siendo violentados en esta institución.
Lamentablemente, pareciera que la Ministra Vargas busca debilitar al INAMU, ejecutando una cacería de brujas, según se constata de la gran cantidad de órganos administrativos, algunos manejados de forma irregular, una lectura totalmente restrictiva de los derechos humanos de las mujeres y por tanto, del accionar de la institución. La implementación de un proceso acelerado de reestructuración da cuenta de los cambios que pretende realizar la señora Vargas para dar un golpe de gracia a la institución que supuestamente debe defender.
Hacemos un llamado al señor Presidente de la República, al Consejo de Gobierno, al Ministro de Trabajo y Seguridad Social, a la Asamblea Legislativa, a la Comisión Permanente Especial de la Mujer, y a la Defensora de los Habitantes, para que en el INAMU cesen los actos abusivos en contra de la institucionalidad y legalidad pública. Exigimos el respeto a los derechos humanos y laborales de sus trabajadoras y trabajadores, incluidos el respeto a nuestra integridad moral.
SECCIONAL ANEP – INAMU
San José, 5 de octubre de 2005.
