El diputado Otto Guevara Guth, personaje político en decadencia y quien, al parecer, estaría siendo evidenciado como uno de los más pringados de cemento, ha presentado un descabellado proyecto de ley para que desaparezca el Banco de Costa Rica (BCR), la segunda institución financiero-bancaria más importante del país.
Cierto es que el escándalo del “cementazo” ha golpeado la imagen y la credibilidad del BCR en alguna medida, pero lo real es que los casi 70 millones de dólares en riesgo de perderse por los cuestionados créditos del cemento chino y de la chatarrera hidroeléctrica, no pondrá en riesgo el patrimonio de este importante banco; a no ser que en todo esto del “cementazo” sea la impunidad la que prime y prevalezca la sucia politiquería del tráfico de influencias y del compadrazgo que, muy dolorosamente, ha venido minando la banca estatal, desde adentro.
Sanearlo, para salvarlo, es la consigna.
Todavía más descabellada es la idea de vender el BCR al mejor postor, poniéndosele ya precio para la “subasta”: 1.500 millones de dólares (5 puntos de Producto Interno Bruto, PIB), dizque para aliviar la estranguladora deuda pública que está azotando al país y así, dice el cadavérico proponente (políticamente hablando), se aliviaría algo del déficit fiscal. Afortunadamente, don Otto Guevara Guth, quien se siente orgulloso amigo de don Juan Carlos Bolaños Rojas (JCB), no pega ni una.
Sabemos que son la honestidad, el profesionalismo, la ética de la transparencia y la vocación por servir con alta eficiencia y calificada eficacia, los elementos fundamentales de la cultura corporativo-laboral del Banco de Costa Rica (BCR), de la cual hace gala la abrumadora mayoría de su personal, altamente especializado en el negocio bancario-financiero.
Sin embargo, no pueden expresarse con libertad en la actual circunstancia del “cementazo”. Ya no solo por la circunstancia de que su organización sindical interna ha sido silenciada por la cooptación patronal de su principal dirigencia; sino que, la entronización de la cultura del miedo que ha impuesto la estructura gerencial y político-tecnocrática del poder hegemónico a lo interno del BCR, con el beneplácito gubernamental, representa un fuerte muro de contención para posicionar ante la ciudadanía una calificada voz independiente que denunciara todo lo que se ha venido haciendo mal, según la lupa obrera interna, en este histórico y fundamental banco para la estabilidad macroeconómica y financiera de la República. Y, además, el indicara al pueblo cuáles medidas habría que tomar para salvarlo y robustecerlo.
El personal honesto del BCR debe saber que la ciudadanía reclama voces independientes y transparentes de lo que ha venido sucediendo en su interior.
Se debe reconocer el papel de la prensa en cuando a la denuncia de los erráticos créditos objeto de la polémica pública en toda esta situación de los cuestionados créditos del BCR. Eso se debe reconocer.
Pero no podemos perder de vista que algunas de las vocerías mediáticas que han venido denunciando con fuerza lo del “cementazo”, expresan intereses ideológicos contundentes en cuanto a lograr su objetivo estratégico en este campo, cual es la de la desaparición de la banca pública del escenario financiero del país, pues esta ha sido de gran obstáculo para la apropiación privada de sus excedentes.
Bien es sabido que la existencia de la banca pública, pese a lo que en criterio nuestro ha sido su desnaturalización político-filosófica e ideológica de quien impuso su nacionalización, en 1949, don José María Figueres Ferrer (Don Pepe); ha impedido en buena parte que, en Costa Rica, por ejemplo, suframos una desigualdad dramática como la que viven naciones hermanas centroamericanas como Honduras, El Salvador y Guatemala, aunque parece que nos acercamos a esos niveles.
Suculento banquete y deleite orgiástico representa para la oligarquía financiero-mediática de corte neoliberal, escándalos como estos del “cementazo” y de la chatarrera hidroeléctrica; y, todavía más favorable para sus intereses expropiatorios del negocio bancario público, cuando es desde el propio interior de esa banca pública que se propician las condiciones para su desacreditación.
