Una orden judicial ha ordenado el “cierre” de la cárcel de San Sebastián. ¡Lo que faltaba! Ajustamos ya varios años planteando, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), lo que hemos denominado como la crisis del Sistema Penitenciario Nacional (SPN).
Recordamos una iniciativa que le propusiéramos a la entonces Ministra de Justicia de la administración gubernativa 2006-2010, la señora Laura Chinchilla Miranda: la necesidad de que nuestro país reflexionara sobre el fenómeno criminológico en la sociedad costarricense de la actualidad y lo imperioso de su abordaje multisectorial, para que se promoviera una especie de congreso nacional penitenciario y de criminología ante la inminencia de que en las cárceles de nuestro país llegáramos a una especie de punto de no retorno, como parece ser que se ha alcanzado y que lo emblematiza la orden de cierre de la cárcel de San Sebastián.
Nuestra iniciativa no pasó a más en el momento en que dicha ciudadana se lanzó a la lucha por la Presidencia de la República y ya siendo mandataria el planteamiento sindical mencionado quedó nulificado.
Como indicamos, ajustamos ya seis años planteando el grave problema de la explosividad que hoy amenaza al deteriorado sistema carcelario costarricense, especialmente en aquellos centros al borde de un colapso generalizado. Por eso, aunque de manera metafórica, pero con mucho contenido de preocupación, nos preguntamos: ¿cuándo estallará la “bomba”?
De manera que la orden judicial para que se “cierre” la cárcel de San Sebastián, significa para nuestro reiterado planteamiento de la profundidad de la crisis del SPN costarricense que, ¡por fin!, una instancia legitimada nos da la razón. En comunicado de prensa que emitimos al respecto apuntamos: “Esto tiene que conmover al país porque hemos venido señalando que el sistema penitenciario ha sido sometido a recortes presupuestarios abusivos e irracionales, que agravan no sólo los problemas de los privados de libertad sino del mismo personal del sistema penitenciario que sufre de trato crueles, degradantes y hasta con niveles de tortura”.
Tres medidas, al menos, son realmente urgentes si queremos evitar el estallido de esa “bomba” en las cárceles del país: 1) Declararlas en emergencia nacional. 2) Estructurar un plan maestro, de concepción integral, para abordar la deuda social que el país tiene con su sistema penitenciario (infraestructura, personal, recursos y equipamiento, tecnología). 3) Un congreso nacional penitenciario para la redefinición de las políticas públicas de encierro carcelario y de tratamiento de la persona privada de libertad, con base en fenómenos sociales inocultables como la desigualdad y la exclusión social, el desempleo juvenil, el narcotráfico y el crimen organizado, el consumismo abusivo y el deterioro de valores, la corrupción y la deslegitimación del sistema político ante el desprestigio de los políticos, el papel de los medios de comunicación (entre otros factores).
“Solamente el abnegado compromiso y el más grande sacrificio de la abrumadora mayoría del personal carcelario de Costa Rica, ha impedido un desastre mayor en el Sistema Penitenciario Nacional”. Así se consignó en declaración de prensa de nuestra parte, en mayo de 2013. La versión digital del periódico La Nación recogió en ese momento nuestra preocupación con este titular: “ANEP pide declarar en emergencia en cárceles del país”. Y apuntamos lo siguiente en ese momento: “Con el paso de cada día, la situación carcelaria costarricense tiende a complicarse con altísimo riesgo para la vida de las personas que están involucradas en ella, tanto el personal asalariado como las personas privadas de libertad”.
En tal sentido reivindicamos que como organización sindical con visión país, a la cual están asociadas una elevada e importante cantidad de personas trabajadoras asalariadas que laboran para el Sistema Penitenciario Nacional, que no hemos permanecido callados ni pasivos ante el deterioro de las condiciones que nos aproximan al estallido de esa “bomba”.
Que tanto las familias de cada una de estos abnegados y sacrificados servidores públicos penitenciarios, como las propias personas encarceladas, así como sus propias familias, deben tener presente que hemos estado realizando grandes esfuerzos por alertar al país de tan grave situación.
Lamentablemente, en el ámbito político de la toma de las grandes decisiones nacionales, como la Asamblea Legislativa y como el propio Poder Ejecutivo, la situación de crisis del Sistema Penitenciario Nacional no es percibida en cuanto tal. Lo doloroso es constatar que pareciera ser una triste necesidad que tal “bomba” estalle y que se lleve muchas vidas valiosas de seres humanos que conviven en la prisión, como funcionarios y funcionarias; así como privados de libertad; y que solamente, así, podría la política pública dejar de mirar con desdén, con irresponsabilidad casi que criminal, lo que está pasando en las cárceles del país, constituyendo la situación de la de San Sebastián, el emblema frustrante de una sociedad que ha preferido seguir la ruta de la desigualdad y de la exclusión social.
La verdad es que en las cárceles el encierro es real para quien está privado de libertad y es de facto para quien trabaja en ellas. Cada funcionario y cada funcionaria saben que entra a laborar con vida, todos los días, a la cárcel. Pero, aunque suene cruel, no sabe si al final del día volverá a reunirse con sus seres queridos. Particularmente dura es la situación del personal policial cuyas condiciones de exigencia horaria y de prestación del servicio, precariedad ocupacional, deterioro salarial y estrés laboral los convirtió en personas semiprivadas de libertad.
Para empeorar las cosas, se ha anunciado ya que para el año 2017, la situación presupuestaria del Sistema Penitenciario Nacional se verá afectada, ¡otra vez!, de esas perversas tendencias recortistas, con altas dosis de austeridad irracional, irreflexiva y hasta irresponsable. Nueva carga de “dinamita social” para que la “bomba” explote.
Tan solo en el ámbito de los recursos humanos, las cárceles ocupan de casi mil nuevos policías; en el ámbito de la atención directa a la persona privada de libertad, se ocupan más psicólogos, más trabajadores sociales, más personal médico, más abogados, más orientadores, más educadores; hace falta más personal en logística y operación administrativa. El propio mandato judicial para el cierre de San Sebastián hizo atinados señalamientos al respecto, señalando el dedo acusador de esas suicidas políticas de austeridad que impiden nombrar personal en sustitución de situaciones de pensión y jubilación, incapacidades, despidos, permisos sin goce salarial, renuncias y suspensiones.
Finalmente, esperamos que la comunidad penitenciaria reaccione ante la inminencia de su propio sacrificio. Tanto la laboral como la de las familias de las personas privadas de libertad. Y que reaccionen cuando todavía queda tiempo. La conclusión es que el trato cruel, degradante, inhumano y violatorio de los Derechos Humanos, les afecta en dimensiones específicas, pero a todos por igual. En nuestro caso preferimos que el país, la sociedad, el sistema político y el propio Estado vuelva a ver hacia las cárceles de otro modo producto de un clamor social potente, diverso, movilizado y participativo, que ante una imagen televisiva de muchos féretros.
