Carta a la Licenciada Marisol Castro Dobles, Directora General de la Dirección General del Registro Civil, preguntando su opnión con respecto a la privatización del servicio de vigilancia en el Laboratorio de Pruebas de Paternidad Responsable.

Estimada señora:

En primer término, reciba usted el más atento y respetuoso saludo de nuestra parte.

Es muy probable que sea de su conocimiento que el Laboratorio de Pruebas de Paternidad Responsable (única entidad de su tipo en nuestro país, lo cual constituye un gran logro nacional), está adscrito al Hospital San Juan de Dios de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Dicho centro médico tiene a su cargo el servicio de vigilancia de ese estratégico laboratorio.

La ANEP tiene sobradas razones, provenientes de fuentes dignas de nuestro mayor crédito, para suponer que en determinado momento de la historia institucional del citado laboratorio, ha estado flotando la idea de una especie de privatización del correspondiente servicio de vigilancia; privatización que incluso podría tener una “modalidad electrónica”, al presuponer la actual sustitución del personal de seguridad que realiza ese servicio público, por un mecanismo automatizado de vigilancia, susceptible de serle contratado a una entidad lucrativa que desde la esfera privada realiza negocios con los servicios públicos del ámbito de la seguridad institucional.

El sentido de nuestra carta a su digna autoridad, estriba en consultarle qué tipo de apreciación tendría la Dirección General del Registro Civil, ante la eventualidad de que una situación como la descrita en el párrafo anterior, se convirtiese en un hecho real; desde la perspectiva de la naturaleza estratégica que corresponde a la labor que la sociedad le ha encargado al Laboratorio Pruebas de Paternidad Responsable.

Vistas así las cosas y con base en lo que para la Dirección General del Registro Civil de Costa Rica puede representar la labor del mencionado laboratorio, la ANEP está interesada en conocer la opinión de su despacho sobre las siguientes cuestiones fundamentales: a) ¿Es mejor la vigilancia humana que la electrónica para una entidad de la naturaleza de la que estamos hablando); b) Si el factor humano es el idóneo en tal situación, ¿conviene o no a los intereses institucionales que esa vigilancia sea ejercida por funcionarios públicos pagados con fondos de la Seguridad Social?

Como habrá podido usted apreciar, el criterio de la institución confiada a su digna dirección es determinante para nuestros propósitos sociolaborales y de institucionalidad en el caso que nos ocupa; por tal razón y siempre en el marco del mayor respeto le solicitamos una respuesta, misma que estamos amparando conforme a lo dispuesto en el Artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

Sin otro particular por el momento, quedamos en espera de su pronta respuesta; no sin antes reiterarle nuestro mayor respeto y consideración,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

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c.: Sr. Guido Fallas Monge, Directivo Nacional de ANEP-Responsable ANEP-Hospital San Juan de Dios.
c.: Sr. Arcelio Sánchez Cisneros, Delegado ANEP-Hospital San Juan de Dios-Servicio de Vigilancia.
c.: Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.: Archivo.

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