Asunto: Desvío de fondos para pago laboral en INCOP, por la suma de 3.400 millones de colones, aprobado por la Asamblea Legislativa
Honorable señores diputados y honorables señoras diputadas:
Desde hace más de dos años, nuestra organización sindical ha venido denunciando ante ustedes, la Asamblea Legislativa y ante la propia Casa Presidencial, las irregularidades del proceso de concesión de obra pública mediante el cual se pretende entregar a manos privadas, el Puerto de Caldera.
Nos hemos opuesto, firmemente, a este proyecto no sólo porque a nuestro criterio se compran las conciencias de las personas trabajadoras de INCOP, prometiéndoles el pago de una indemnización adicional a las prestaciones legales (quizá con el objetivo de que no se opusieran a la privatización); sino también, porque el proceso licitatorio contiene una serie de vicios que rayan en la ilegalidad, además de que implica un leonino y oneroso “negocio” para las y los costarricenses.
Pues bien, una nueva razón para cuestionar lo que está tendiendo lugar en el INCOP a propósito de su privatización, es lo que ocurrió el pasado jueves 25 de marzo, en sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la institución.
En el mes de diciembre de 2003, esta Asamblea Legislativa, con distinguidas excepciones de diputados y de diputadas que han luchado por conservar esta importante institución como parte del patrimonio nacional; aprobó en un presupuesto extraordinario, una transferencia de 3.400 millones de colones para que el Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico (INCOP), atendiera, oportunamente, el mal llamado “proceso de modernización”. En ANEP, por supuesto y como a sus autoridades les consta, nos opusimos a esta reforma presupuestaria.
La administración activa del INCOP, desde un inicio, justificó que el fin de ese dinero, era cancelar la indemnización por concepto de “desarraigo” (compra de conciencias decimos nosotros), prometida a los trabajadores y a las trabajadoras.
La mayoría de quienes votaron a favor de dicha transferencia, defendieron su voto alegando que había compromisos que cumplir con los trabajadores y las trabajadoras de Puerto Caldera. De hecho, muchas personas trabajadoras, a instancias de la administración del INCOP, se trasladaron hasta la Asamblea Legislativa, a pedir la aprobación de dicho dinero.
Pues bien, ahora resulta que el dinero aprobado por ustedes, señores diputados y señoras diputadas, no se utilizará para lo que se solicitó; sino que, con la anuencia del señor Ministro de Hacienda, Alberto Dent Zeledón, a los 3.400 millones de colones se les dará otro destino.
El Código Internacional para la Protección de los Buques y las Instalaciones Portuarias y las enmiendas al Convenio SOLAS de la Organización Marítima Internacional (convenio que dicho sea de paso, no ha sido ratificado por la Asamblea Legislativa); establece una serie de medidas de seguridad que debe cumplir un puerto para que se le certifique y evitar así inconvenientes en la comercialización de productos.
En el acta número 3234 de la sesión de Junta Directiva del INCOP del jueves 25 de marzo, el señor Gerente General, Ing. Urías Ugalde Varela, planteó lo siguiente:
“Como resultado de la evaluación realizada, se determinó que para obtener la mencionada certificación el INCOP, debe ejecutar una serie de proyectos que suman alrededor de unos US $550.000.oo.
En línea con lo anterior, se expuso al Sr. Ministro que para realizara la ejecución de los proyectos que se requiere el INCOP no cuenta con los recursos financieros disponibles, toda vez que a lo largo de estos años se han acumulado los recursos líquidos necesarios para hacerle frente al pago de los derechos laborales, así como de la respectiva indemnización que debe realizarse a todos los empleados, como consecuencia del proceso de modernización.
De acuerdo con lo expuesto, se hizo ver al Sr. Ministro que la única forma posible de poder concretar todos los proyectos sería que el ministerio de Hacienda nos traspasara el equivalente en colones a US $650.000.oo (seiscientos cincuenta mil dólares estadounidenses), tomándose los recursos de la Ley 8402 publicada en el Alcance 63 de la Gaceta No. 244 del 18 de diciembre de 2003, mediante la cual se autorizó la suma de 3.400 millones de colones para el fortalecimiento del INCOP.
Sobre lo propuesto, el Ministro Dent consideró bastante viable la propuesta realizada y aceptó realizar los trámites pertinentes para esos recursos nos sean girados lo más pronto posible.”
Señoras Diputadas, señores Diputados: el acta transcrita es muy clara. Con autorización del Ministro de Hacienda, la administración activa de INCOP decide cambiar el fin de un dinero aprobado por esta Asamblea Legislativa para un fin específico.
Pero no sólo eso, sino que, es evidente el negocio leonino que resulta ser para el Estado costarricense, la privatización de INCOP, puesto que además de aportar el dinero para cancelar las prestaciones legales y la indemnización en dólares prometida a los trabajadores y las trabajadoras; debe entregar a las empresas que se harán del negocio, un puerto certificado, que evidentemente representa una millonaria erogación de dinero.
Por otra parte, según manifestaciones del propio Gerente General: “ si en junio el puerto no está certificado no hay contrato, no se puede esperar a dejarle ese asunto a los concesionarios”.
El Asesor Externo de INCOP, licenciado Gustavo Esquivel Quirós, manifiesta al respecto lo siguiente: “… indistintamente de lo que se haya puesto en el cartel, la obligación de INCOP es entregar un puerto operativamente, es decir, no se puede entregar un puerto diciéndole al concesionario “encárguese usted de la certificación de seguridad” porque se estaría entregando un negocio que no es posible y se les estaría obligando a poner dentro de su estructura costos que no están obligados”. Al leer estas manifestaciones, nos cuestionamos seriamente qué intereses representan estas personas.
Por último, también el señor Gerente reconoce que, tal y como lo hemos denunciado, el INCOP desde que se firmó la carta de intenciones en el gobierno del Ex Presidente Miguel Angel Rodríguez, ha dejado de invertir para acumular los dineros necesarios para consolidar su privatización; lo cual, además, ha permitido que se presente a la institución como deficiente e inoperante, justificando así que pase a manos privadas.
Señores diputados, señoras diputadas: les rogamos se sirvan leer el acta de marras. Esta es un fiel reflejo del porqué el Puerto de Caldera lo tienen postrado con el único objeto ya no de venderlo, en función de hacer un buen negocio para el país; sino, prácticamente regalarlo y más aún, vergonzosamente, pagar o hacer regalías con platas de todos los costarricenses, como premio a los que estén de acuerdo o se hagan del negocio.
Tenemos suficientes razones para decir que al INCOP lo tienen secuestrado y en estado de coma. Las señoras diputadas y los señores diputados, cumpliendo con el mandato constitucional, están llamados, mediante el ejercicio del control político, a poner manos en el asunto, para rescatar esta institución de los intereses particulares que hoy la tienen postrada y ponerla, como corresponde, al servicio del desarrollo nacional y del interés público.
Reciban, nuevamente, nuestro mayor respeto y consideración.
SECCIONAL ANEP-INCOP
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PUBLICOS Y PRIVADOS
ANEP
