Carta al Licenciado Alex Solís Fallas, Contralor General de la República, solicitando su atención con relación a algunas situaciones que se han venido dando en el Registro Nacional.

Estimado señor:

En este primer día en que usted asume el honroso e importante cargo de Contralor General de la República, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le expresa un saludo respetuoso y los mejores parabienes en la delicada posición pública que hoy asume.

Con posterioridad, deseamos hacerle llegar algunas consideraciones sobre el carácter de su elección; sobre los desafíos que, desde una óptica laboral, la Contraloría General de la República ha de enfrentar por estos conflictivos tiempos; así como el papel de las organizaciones sociales en cuanto a la trasparencia y a la fiscalización de la cosa pública. Ojalá nos pueda usted recibir en fecha próxima, considerando que podría serle de utilidad nuestro pensamiento sobre tales tópicos y otros conexos.

Por ahora, en esta ocasión, es nuestro interés que su despacho valore si las consideraciones siguientes ameritan una acción de parte de su despacho, con relación a algunas situaciones que se han venido dando en el Registro Nacional, dependencia del Ministerio de Justicia y Gracia; a fin de que el ente contralor, a partir de hoy bajo su conducción, determine si hay o no irregularidades y si éstas existen, pudieran derivar en diversos tipos de demanda de explicaciones, rendición de cuentas y/o investigaciones profundas. De seguido nuestras inquietudes:

Parecería oportuno valorar si cabe una investigación correspondiente sobre los informes de auditoría rendidos por la Auditoría Interna del Registro Nacional (incluyendo para ello todos los papeles de trabajo que sustentan), con relación a los Registros de Propiedad Industrial y Derechos de Autor y Conexos; y conocer así, el porqué la Junta Administrativa del Registro Nacional no se ha pronunciado sobre ello, si tenía un plazo de ley que cumplir, aparentemente.

Investigar las causas reales por las cuales la señora Ministra de Justicia y Gracia, Licda. Patricia Vega Herrera, separó a la Directora del Registro de la Propiedad Industrial; nombrando en su lugar, presuntamente, a una persona sin cumplir con los requisitos legales para ejercer el cargo. Para ello, estamos refiriéndonos, específicamente, a la resolución 2201-02457 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (y que consta en el expediente de ese mismo tribunal 01-002575-0007-CO); así como un informe de la Auditoría de la Dirección General de Servicio Civil, del año 2000. Pareciera necesario, a la vez, determinar por qué a la fecha ni el Jefe de Recursos Humanos, ni el Director General, así como tampoco el Auditor se han manifestado al respecto, lo cual indicaría la necesidad de subsanar esta aparente anomalía.

Investigar la presunta participación de la Licda. Arianna Araya Yockchen en un evento privado, en el cual dicha funcionaria, aparentemente habría comprometido la imagen y recursos del Registro Nacional, sin tener autorización para ello. Al respecto, se podría solicitar informe del Exsubauditor Interno, Lic. Federico Jiménez Barrantes, en poder del Auditor.

Investigar la contratación directa que adjudicó el Director General a.í., Lic. Dagoberto Sibaja, por la compra de seis mil láminas con sustancias que podrían ser cancerosas; lo cual, tenemos entendido, no obedeció a una donación como éste funcionario habría indicado a los demás funcionarios de la institución; láminas que fueron instaladas afectando negativamente la salud del personal.

Creemos prudente y necesario la revisión de las actuaciones del Auditor Interno, Licdo. Luis Reyes Solano, cédula 1-695-398, tales como:

La declaración jurada en la cual, aparentemente, no se habrían incluido ciertas deudas ante entidades financieras y comerciales, entre otras y su grado de morosidad. Aseguran los entendidos que tales situaciones, de ser ciertas, estarían violentando la Ley de Enriquecimiento Ilícito.

Las salidas del país durante los años 2002 y 2003, así como las ausencias por concepto de incapacidades, permisos y vacaciones otorgadas por el Director General, sin ser su superior inmediato, presuntamente.

Supuesto incumplimiento de deberes en la ejecución del plan de trabajo de los períodos 2002, 2003 y 2004; los cuales no estarían obedeciendo, ni en forma ni fondo, con lo establecido para ese efecto por la Contraloría y su nivel de responsabilidad como profesional ante el Colegio de Contadores Públicos y la misma Contraloría.

Determinar el grado de incumplimiento de deberes, si es que éste existe o habría existido, del Sr. Auditor, con relación a los informes emitidos por la Contraloría en materia de Informática; así como los emitidos por la Auditoría del Servicio Civil, en materia de Recursos Humanos.

Determinar la existencia o no de un cierto nivel de coadministración que ejercería el Sr. Auditor en la relación con el Director General , y las razones por las cuales nunca, que se sepa hasta el momento, se habría emitido un informe de auditoría sobre la gestión de esta dirección.

Investigar las razones por cuales, disponiendo de una unidad de Auditoría Interna, la Junta debe contratar periódicamente una Auditoría Externa, que estaría resultando muy costosa a la institución.

Investigar los hechos ocurridos en el trámite y aplicación de medidas cautelares con relación a la Patente de Invención relacionada con los “CANOPY”; hechos que habrían lesionado los derechos de los funcionarios del Registro de la Propiedad Industrial, desplazándolos a otros registros; y en su lugar, presuntamente, nombrando asesoras de la señora Ministra de Justicia y Gracia quienes, aparentemente, no tendrían ningún vínculo ni con el Registro Nacional, ni con la materia tan especializada como lo es la propiedad intelectual, lo cual podría poner en cierta indefensión a los usuarios, según los entendidos.

Convendría también solicitar a la Auditoría del Servicio Civil investigar todos aquellos nombramientos que se habrían efectuado sin requisitos, así como reasignaciones de plazas vacantes que se han realizado en los años 2002 y 2003, por parte de la Oficina de Recursos Humanos del Registro Nacional; incluyendo el nombramiento del Director del Registro de la Propiedad Inmueble (Lic. Róger Hidalgo Zúñiga) y el Director del Area Informática (Sr. Joaquín Valerio León).

Que existiendo pronunciamientos claros y vinculantes sobre las potestades del Director General y de la Ministra de Justicia y Gracia, en calidad ésta de Presidenta de la Junta Administrativa, ambos funcionarios podrían estarse arrogando derechos que no les corresponde, tales como:

La señora Ministra habría solicitado por escrito a los Directores de los Registros, especialistas en su materia, no brindar información a la prensa sobre casos particulares de sus registros, por lo que las únicas personas que pueden brindar información registral son ella y el Director General, aunque no tengan el panorama completo de los hechos. Si esto es así, ¿podría ser correcto?.

El Director General, aparentemente por encima de los deberes que le confiere la Ley de Creación del Registro Nacional, habría estado conociendo y resolviendo asuntos técnicos propios de los registros. Por otra parte, existe la queja de que también se habría dedicado a trasladar a los funcionarios a su gusto y antojo, “con instrucciones de la Señora Ministra”, de un lado a otro.

Que los casos relacionados con la materia registral, agotan su vía administrativa en el Tribunal Registral; sin embargo, presuntamente antes son debidamente conocidos y discutidos en alguna de las dos mencionadas instancias.

Todas las apreciaciones anteriores han llegado hasta esta Asociación, precedidas de un ambiente de enorme temor y tensión; con la confianza de que serían trasladadas, como por el presente medio ocurre, ante la nueva autoridad contralora, para los efectos que ésta estime pertinente.

Por nuestra parte, hemos estimado que tales apreciaciones vienen presentadas por personas de amplia trayectoria institucional, algunas de ellas asociadas a la ANEP, que mínimamente han esperado de nosotros un proceder como el que en este documento se apunta.

En tal sentido, planteamos las inquietudes no como afirmaciones tajantes y contundentes en contra de ninguna autoridad, aunque sí con el transparente deseo de que las cosas se aclaren, se desechen y si son ciertas, se pueda proceder conforme a los mejores intereses de la institucionalidad del Registro Nacional, entidad ejemplar en la América Latina en su campo.

Del Sr. Contralor General Solís Fallas, con todo respeto,

Albino Vargas Barrantes
Secretario General

—-
c.:Sr. Edgar Morales Quesada, Secretario General Adjunto.
c.:Junta Directiva Nacional de la ANEP.
c.:Archivo.

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