¡LA MANIFESTACIÓN VA!

Los y las manifestantes que nos presentemos al Parque Central mañana lunes 20 de octubre, al llegar a la Asamblea Legislativa (cerquita del mediodía), entregaremos un planteamiento, si bien sumamente general, pero con contenidos alternativos para enfrentar el problema del déficit fiscal; sin acudir a esos recortes presupuestarios tipo “shock”.

Tales recortes, agresivos e irreflexivos, esconden tenebrosos intereses en contra del pueblo costarricense; específicamente, eliminar toda forma de intervención del Estado a favor de las grandes mayorías, evitando que se pueda recuperar su rol social equilibrador. Se trata, en el fondo y en consecuencia, de abrir espacio sin límites a los negocios privados con los servicios públicos.

Nuestra conclusión central es que tales recortes al presupuesto de los ministerios para el 2015, muestran cuatro características esenciales.

PRIMERO: Agravan la afectación a diversos servicios públicos que se prestan desde los ministerios y sus programas y entidades adscritas; servicios que ya de por sí venían sufriendo grave deterioro y precariedad producto de restricciones presupuestarias severas en años anteriores.

SEGUNDO: Tales servicios están destinados a atender necesidades básicas de grupos de costarricenses muy desfavorecidos, económica y socialmente hablando. Los recortes, por tanto, profundizarán la dolorosa y peligrosa desigualdad en nuestro país.

TERCERO: En términos generales, estos servicios públicos son prestados por personas trabajadoras asalariadas del sector público central, cuyos regímenes salariales están en los niveles bajo y medio, así que no se ostentan lo que denominan algunos como “salarios de lujo”.

CUARTO: Por más recortes que se apliquen, incluso llegando a cierres técnicos ministeriales (como el caso de Cultura), no resolverán el grave problema del déficit. Al contrario, esos recortes, si se consolidan, agravarán más la situación del país y de sus sectores más golpeados por el proceso concentrador de riqueza.

La ANEP estima que la manifestación de este lunes 20 de octubre debe considerarse como el inicio, el arranque, de un proceso sostenido de lucha social, con diversas intensidades y expresiones, a lo largo del próximo año; si es que no se logra resolver el déficit fiscal por el lado correcto, a nuestro entender.

Prevemos que el congelamiento y la rebaja salarial serán alternativas que impulsarán los sectores abanderados de los recortes presupuestarios tipo “shock”, de cara al presupuesto del 2016.

Aunque nos muerdan hasta el codo ANEP seguirá extendiendo su mano solidaria

ANEP extendió su mano solidaria que nos fue mordida hasta el codo… Nuestra vocación humanista y solidaria seguirá como siempre ha sido. Seguiremos extendiendo esa mano solidaria y, probablemente, nos volverá a ser mordida hasta el codo. Es parte de nuestra filosofía. El caso que relatamos, no hará que cambiemos este pensamiento de principio.

El señor Roy Castillo López estuvo laborando para el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en condición de interinato. Se afilió a la ANEP y nos pidió que le acreditáramos como Delegado Sindical para promover nuestra causa en dicha entidad.Estuvo actuando en tal sentido, básicamente en la gestión gubernativa anterior a la presente.

Al vencimiento de su interinato, no logró que lo colocaran en una terna para tener propiedad en el puesto. Él alegó que fue que le “cobraron” el haber adoptado la causa de la ANEP como Delegado Sindical en el MTSS. La ANEP le dio, al respecto, su respaldo incondicional.

Al quedarse sin empleo y en la fase final de su carrera como abogado, tocó la puerta de la ANEP. Buscó refugio en la ANEP, no solamente para que le lleváramos, judicialmente, su caso; sino para que le “ayudáramos” a conseguir otro puesto en la Administración Pública (obviamente imposible); y, finalmente, para tener algunos recursos de sobrevivencia mientras obtenía otro empleo, con base en un fondo solidario que la ANEP tiene para ayudas en estos casos.

La ANEP, solidariamente, le cumplió en lo siguiente. Hay dos causas abiertas en los tribunales en su favor que la ANEP le lleva desde nuestra Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ). 1) Expedientes número 13-8350-1027-CA, ante el tribunal contencioso-administrativo. 2) La otra causa, es la número 13-2960-1178-LA-4, de orden laboral y en el juzgado de trabajo, por Prácticas Laborales Desleales, contra el Estado-MTSS.

Seguiremos representándole en ambos procesos judiciales, al menos hasta que él lo quiera. La ética, el profesionalismo y nuestra filosofía humanista y solidaria así nos lo impone. Igual tratamiento que en todos los muchos procesos que se llevan, a nivel jurídico, en la ANEP.

En cuanto a la ayuda solidaria, el señor Castillo López recibió una asignación económica de 150 mil colones, no reembolsables, durante seis meses continuos; amén de un reconocimiento económico diario para su movilización y alimentación.

El señor Castillo López nos dijo estar “conmovido” por la respuesta solidaria de la ANEP para con su caso y, él mismo, dado que se estaba haciendo abogado, tomó la iniciativa de ofrecernos su ayuda. ANEP, de buena fe, pensó que esta ayuda de él era de agradecimiento al soporte que le estábamos dando luego de quedar desempleado. Sin embargo, algunas solicitudes de cooperación se le giraron electrónicamente y él las utilizó para fundamentar su demanda de que tuvo con ANEP una “relación laboral” en un proceso ulterior que planteó luego de que no logró que la ANEP, lo contratara como abogado de planta como, irrespetuosamente, nos lo exigió.

A propósito de su carrera de abogado, la ANEP le prestó, a solicitud de él mismo, 350 mil colones para el papeleo final de su graduación como abogado, cuando todo hacía creer que él actuaba de buena fe para con ANEP. Esta plata todavía no la ha pagado.

Al irse enojado de la ANEP porque, finalmente, no se le contrató como abogado de planta, nos “exigió” que debíamos “cancelarle” la suma de 1.531.637.47. Algo inaceptable para la organización, no solamente porque jamás hubo una relación laboral formal con él, sino porque sus exigencias monetarias eran desproporcionadas e irracionales, amén de ingratas para toda la solidaridad que se le dio.

Respetuosos de la ley, preferimos que nos demandara y acatar lo que los tribunales resolverían; resolución que, en lo monetario, fue la mitad de la plata pretendida por él. Nosotros teníamos que proteger los dineros de nuestra membrecía y así lo hicimos.

Finalmente, el tribunal de menor cuantía le da la razón y es un fallo inapelable. La ANEP no lo comparte pero lo respeta. Los jueces no accedieron a la totalidad de su pretensión argumentando él que era abogado de la ANEP. En los meses que estuvo en ANEP no lo era, así que asumimos que habría mentido ante dicho tribunal y revisada la sentencia, veremos si el Colegio de Abogados y de Abogadas de Costa Rica tiene algo que decir al respecto.

Veremos, también, si le devuelve a la ANEP, los 350 mil colones de préstamo que se le hizo para que pudiera terminar el papeleo de su graduación.

No pretendemos la devolución de los 900 mil colones de ayuda solidaria, porque es eso: ayuda solidaria según nuestra filosofía social y humanista.

Todo esto se le dijo al periodista de La Nación, el señor Diego Bosque G., según declaraciones que él le pidió a la ANEP y que se expresaron por medio del compañero Rafael Ángel Mora Solano, integrante de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la ANEP y Asesor Político de la Secretaría General de la agrupación. Como se puede entender y como es lógico suponer, ya conocemos a La Nación y su posición ideológica antisindical.

Por eso al periodista mencionado, solamente consignó lo que le “interesó”, pretendiendo descalificar nuestra histórica autoridad moral en defensa de los derechos laborales de la clase trabajadora. En todo caso, la experiencia de la ANEP en su relación con La Nación, indica de nuestro conocimiento sobre esa “peculiaridad” ética para con informaciones referidas a la ANEP.

En este caso, donde la mala fe queda constando, la autoridad moral de la ANEP queda incólume. Como seguramente en La Nación sienten que su autoridad moral en su campo mediático, en nada ha disminuido pese al litigio tributario en que están inmersos, por un presunto impago de responsabilidades impositivas que son en corresponderle al Grupo Nación y que el Estado les está demandando honrar.

Todo lo indicado con relación al mencionado señor Castillo López, está documentado para quien quiera constatar lo actuado por ANEP con relación a él y, repetimos, de buena fe.

Esta circunstancia no hará cambiar a la ANEP en cuanto a su actitud profundamente solidaria y humanista. Seguiremos extendiendo nuestra mano solidaria a pesar de que nos muerdan hasta el codo. Es un problema de principios.

Declaración oficial de la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Sesión No. 1999, ordinaria, del viernes 17 de octubre de 2014.
ACUERDO FIRME

Albino Vargas Barrantes
Wálter Quesada Fernández
Rafael Ángel Mora Solano
Máinor Anchía Angulo
Esteban Quesada Chacón
Lydia Lacayo Mena
Ligia Azofeifa Calderón
Rosa Rivera Bejarano
Cristina Fernández Borge
Lucrecia Alvarado Badilla
Margot Ortiz Monge
Mélida James Johnson

Conferencia de Prensa: presentación Patria Justa

Como resultado del trabajo conjunto, decidimos estrechar acciones que le permitieran al sindicalismo costarricense reposicionarse como sujeto sociopolítico con capacidad de incidir en la transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en las dimensiones: económica, ecológica, ambiental, política y sociocultural.

«Patria Justa”: Un esfuerzo de articulación para la incidencia política de los sectores sociales

“Patria Justa” es el fruto de un proceso de varios meses, que se inició para rearticular las acciones de un grupo de organizaciones sindicales que trabajaron juntas en la elaboración de las 10 medidas para salvar la Caja, las negociaciones de la Reforma Procesal Laboral y en la agenda que se le presentó al hoy Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, en su condición de Presidente electo, el 5 de mayo; agenda conocida como “Manos a la obra: Hacia una Costa Rica inclusiva y solidaria”.

Como resultado del trabajo conjunto, decidimos estrechar acciones que le permitieran al sindicalismo costarricense reposicionarse como sujeto sociopolítico con capacidad de incidir en la transformación de la sociedad, en aras de hacerla más justa, democrática e incluyente en las dimensiones: económica, ecológica, ambiental, política y sociocultural.

“Patria Justa” aspira a incidir en el nuevo escenario político nacional que se abrió como resultado de las elecciones de 2014 y buscamos sumar otros esfuerzos surgidos desde diversos espacios de la sociedad civil; los cuales promueven luchas que concuerdan con nuestra valoración de la coyuntura y nuestros propósitos de acción.

Incluso, la coalición Patria Justa, ya tuvo su primer contacto con el Gobierno de la República, esta mañana se reunió con el Ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez Marín, en Casa Presidencial, para plantearle su propuesta y establecer una mesa de trabajo y diálogo. Planteamientos que fueron acogidos y recibidos por el Ministro de la Presidencia.

Urge responder unidos frente a la coyuntura

Preocupa que la Administración Solís Rivera esté evidenciando que no estaba preparada para asumir el aparato institucional y muestra señales de debilidad frente al bloque “anti derechos laborales”; a lo que se suma que no se ha ocupado de sus compromisos con la Caja, a la reforma tributaria, y otros temas país.

Reconocemos que hay un problema real de endeudamiento que se lleva la mayor parte del presupuesto, pero no se va a resolver quitando las anualidades, la dedicación exclusiva, otros pluses al conjunto de los trabajadores de los servicios públicos.

Está en curso una ofensiva de la derecha política y empresarial en contra de las anualidades, las horas extras y los pluses salariales; y, en general, contra los servicios públicos.

Esta situación pasa por varios tamices que obligan a un análisis puntual. La trampa de ellos presentar a los empleados públicos como si todos fueran iguales. Hay que distinguir a los jerarcas del sector Público que ganan los salarios más altos (prácticamente similares a sus pares del sector Privado), vs. el resto de trabajadores que reciben remuneraciones medias y bajas.

La Administración Solís Rivera debe reorientar las pretendidas soluciones al déficit fiscal del foco de los recortes indiscriminados en la errónea dirección apuntada; porque ese enfoque, además de lesionar los derechos laborales, llevará a la paralización institucional del país en el mediano plazo.
La lógica neoliberal lo que plantea es la desaparición del sector Público y la coyuntura del presupuesto les cayó como anillo al dedo.

El enfoque que proponemos es el de centrar las acciones en la optimización de los recursos del sector Público atendiendo, por ejemplo, la inversión y la recaudación fiscal, así como la definición de nuevos parámetros para medir la gestión fiscal, energética, entre otros.

En lo concreto, proponemos el establecimiento de una mesa nacional para discutir el tema de la optimización de los recursos públicos, el tema de la eficiencia y la eficacia, el tema de rendición de cuentas.
Para nuestro agrupamiento gremial, el verdadero tema de la discusión es el modelo de desarrollo país, la verdadera razones del déficit fiscal, la verdadera discusión del tema tributario, la reducción de la desigualdad, el modelo energético, el fortalecimiento de los seguros solidarios del Estado, entre otros.

Estamos en contra de las medidas propuestas de recortes, sean con hacha o con bisturí, sin sentido y sin visión de país que no van a resolver el fondo de la problemática nacional, sino que va a empeorar las cosas.
Queremos una discusión de eficacia, eficiencia, optimización de los recursos, gestión e inversión, papel de los jerarcas, en fin una discusión estructural.

Contenidos de la agenda “Patria Justa”

1. Corrupción
2. Soberanía energética: generación eléctrica e hidrocarburos
3. Estabilidad laboral y respeto a los derechos de las trabajadoras y los trabajadores en las instituciones y empresas públicas; así como los derechos laborales fundamentales de la clase trabajadora del sector Privado
4. Defensa de la seguridad social: Caja (CCSS) y Riesgos del Trabajo
5. Reforma Procesal Laboral
6. Reforma Tributaria integral
7. La internacionalización de la economía y las amenazas contra los derechos laborales y contra los servicios públicos

Patria Justa invita a todos los sectores sociales, que así lo desee, a integrar esta coalición en busca de generar soluciones para el país.

San José, jueves 2 de octubre de 2014.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Frente Interno de Trabajadores y de Trabajadoras del Instituto Costarricense de Electricidad (FIT-ICE)
Sindicato de Trabajadores Petroleros, Químicos y Afines (SITRAPEQUIA)
Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE)
Unión del Personal del Instituto Nacional de Seguros (UPINS)

Presupuesto 2015: ¿A quién se le paga en alquileres y servicios?

Con ocasión de la tramitación del presupuesto ordinario “de la República” para el 2015 (en realidad, de casi toda la República, pues solamente se contempla el 40% de toda la estructura financiera del Estado, la que pasa por el parlamento; pues el otro 60%, no); han salido a flote las multimillonarias sumas que se han presupuestado para pagar alquileres de edificios y de locales para alojar dependencias del Estado central; así como significativas sumas para pagar contratos privados de limpieza y de seguridad. ¡Enhorabuena!

Lo que pasa es que solamente se está diciendo la mitad de la realidad de todo esto. Falta la segunda parte:

¿Cuáles son los nombres de todas las empresas a las cuales el Estado les alquila edificios y locales?

¿Cuáles son los nombres de cada una de las personas socias de esas empresas?

¿Cuáles son los nombres de cada una de las empresas, con sus respectivas personas socias, que le venden al Estado servicios privados de limpieza y de seguridad?

¿Están todas tributando lo debido?

¿Están todas plenamente al día con la Caja y la Seguridad Social?

Así las cosas, es más que urgente y perentorio que el propio Gobierno de la República, específicamente el Ministerio de Hacienda y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), hablen con claridad dando esos nombres e indicando si esas empresas están al día en el pago de sus impuestos y si esas empresas están declarando, como patronos, la verdad de sus aportaciones a la Seguridad Social.

Es más, especialmente los señores diputados que encabezan la cruzada fundamentalista contra el déficit fiscal, deben usar todo su poder y presionar el Ejecutivo para que dé a conocer todos esos nombres y las correspondientes situaciones tributario-fiscales en cada caso, así como en lo que respecta a las obligaciones de corte patronal en cuanto empresas y sociedades privadas mercantiles.

Esta situación no solamente debe ser más que obligada en el caso del Gobierno Central y a propósito del trámite legislativo del polémico presupuesto del 2015; debería abarcar toda la estructura del Estado: la del 40% que pasa por la Asamblea Legislativa y la del 60% que el parlamento no tramita.

Bien dice el refrán popular: “más caro el caldo que los huevos”. La moda privatizadora de los servicios públicos tuvo uno de sus primeros episodios con los servicios de limpieza y de seguridad en los ministerios y otras entidades. La evidencia actual estaría indicando que tales contrataciones privadas han resultado más onerosas para las finanzas públicas que haber preservado el empleo público en estos ámbitos de los servicios públicos: “más caro el caldo que los huevos”.

Por otra parte, por una ausencia de planificación estratégica y de visión de largo plazo, jamás se pensó en la edificación de conglomerados de oficinas públicas en ámbitos geográficos concentrados que, por un lado, evitarían esos multimillonarios pagos de alquileres; y, por otro, le facilitarían al ciudadano sus gestiones en la administración pública central.

Revisar todos estos contratos con empresas privadas, sí es parte de una correcta estrategia para la racionalización del gasto público aunque incompleta: faltan los nombres de las empresas y hacer visible sus responsabilidades tributarias y sociales.

El fracaso de los Cecudis: Los CEN-CINAI siguen siendo estratégicos

El actual gobierno ha “descubierto el agua tibia” en materia de política social: Los denominados Centros de Cuido y Desarrollo Infantil (Cedudis), ¡resultaron un fracaso!

La anterior situación deja en evidencia la imperiosa necesidad de, por un lado, exigirle explicaciones públicas tanto a la Expresidenta Laura Chinchilla Miranda, como a quien fuera el Presidente Ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), don Fernando Marín. Podría llegar hasta los 17 mil millones de colones, botados, desperdiciados, mal utilizados en un “experimento” de privatizar una política social para población vulnerable, en épocas de desigualdad creciente y de concentración de la riqueza.

¡Ahora resulta que los Cecudis se hicieron en ausencia total de estudios previos y de alguna planificación!

No pueden las actuales autoridades políticas del Gobierno en materia de política social, especialmente las que están a cargo del IMAS, contentarse con tal “descubrimiento”. Urge la apertura de expedientes administrativos y la realización de procesos investigativos para las jerarquías responsables que, de seguro, siguen en sus cargos pese al cambio de administración.

Por otro, lo que siempre ha debido corresponder y lo que ahora queda en más evidencia que nunca, es el fortalecimiento estratégico del histórico programa social CEN-CINAI, mismo que pretendió ser “sustituido” por los ahora fracasados Cecudis.

El proceso que impulsó el gobierno anterior de la hoy Expresidenta Chinchilla Miranda, con el impulso a los Cedudis, muestra a las claras la irracionalidad de promover duplicidades institucionales en el seno del Estado costarricense; desperdiciándose recursos públicos y alimentando las corrientes neoliberales más extremistas a favor de un “Estado minimalista”.

No debe quedar impune en consecuencia la mencionada exmandataria en tal sentido.

Repudiamos operación de “terrorismo financiero” contra Costa Rica

Dejamos constancia de la gran indignación y del enorme repudio que nos genera conocer el “llamado de atención” que formula la agencia calificadora de riesgo Fitch Ratings, con relación al presupuesto de la República para el año 2015; escenificando el primer acto de una especie de operación de “terrorismo financiero” contra Costa Rica; acto que antecede al que protagonizarán, en la misma línea, las otras dos entidades de este tipo: Moody’s y Standard & Poor’s.

En ANEP no nos uniremos al coro histérico de corte catastrofista que pretende hacerle creer al pueblo costarricense que ha llegado “el fin de los tiempos” por el asunto del déficit fiscal.

Estas tres calificadoras de riesgo tienen una gigantesca deuda moral y ética, especialmente con los pueblos estadounidense y de la Unión Europea (UE), por su deplorable y cómplice papel en el desarrollo de las catastróficas crisis fiscales que desde los años 2008-2009, agobian a millones de personas de esos países, especialmente integrantes de las clase trabajadoras.

En ANEP estamos sumamente preocupados por el asunto de las finanzas públicas y reconocemos que la situación está muy delicada. Como organización sociosindical responsable, hemos abordado el problema con carácter propositivo y alternativo. Hay otra salidas que no sean las del “terrorismo” del capital financiero de signo neoliberal, que habla a través de las indicadas tres agencias calificadoras de riesgo.

Este informe de Fitch Ratins, más los dos que vendrán próximamente, de parte de Moody’s y de Standard & Poor`s, obedecen a una especie de conspiración contra el país urdida desde nuestro propio territorio y por sectores del capital financiero-bancario criollo y sus socios extranjeros; pretendiendo generar un clima de catástrofe fiscal que no dé espacio para otras soluciones de resolver el problema de las finanzas públicas y que no se incluya transformaciones tributarias estructurales que, precisamente, obliguen a tal sector financiero a honrar la profundidad de sus deudas sociales pendientes con el país.

La Caja está secuestrada

En conferencia de prensa, este lunes 25 de agosto, la ANEP junto con el SINAE y el señor Roberto Mora Salazar, conocido como El Cobrador de la Caja, presentamos prueba documental sobre tres aspectos que nos parecen fundamentales para el mejor devenir de la institución.

Primero: existe un círculo de poder en la institución, a razón de unos 20 altos funcionarios, que tienen secuestrada la institución, que toman todas las decisiones político administrativas de la misma, que pasan de una gerencia a otra y que además, todos y todas tienen causas abiertas en procesos judiciales. El Presidente Solís no podrá hacer ningún cambio en la CCSS si se mantiene ese círculo de poder al mando. Exigimos se separe de sus cargos a todas estas personas que incluyen nombres como: – Lic. José Alberto Acuña Ulate. – Lic. Luis Guillermo López Vargas. – Lic. Gustavo Picado Chacón. – Lic. Iván Guardia Rodríguez. – Ing. Dinorah Garro Herrera. – Entre otros (lista completa en archivo adjunto).

Segundo: desde el año 2013 la Sala Constitucional exigió que la Caja solucionara de una vez por todas, el tema de las listas de espera, que para ese momento tenían a más de 650 mil personas esperando una cita médica o una intervención quirúrgica. Esta problemática no ha hecho más que incrementarse, con el agravante del cierre de las salas de cirugía que dejará a miles de costarricenses atorados en esas listas de espera. Creemos que la responsable de todo esto es la señora Gerente Médica, doña María Eugenia Villalta, la cual debe responder con su cargo por la ineficiencia con que han enfrentado el tema. Pero en lugar de esto ahora la señora Villalta parece ser la vocera de la Institución.

Tercero: La Presidenta Ejecutiva, doña Rocío Sáenz Madrigal, no parece dar la talla. Creemos que sus declaraciones, dejando entrever que “no puede hacer nada” no son de recibo, que se está acomodando a la zona de confort, dejando que ese círculo de poder que tanto criticamos tome el poder de la Caja. Debe realizarse una evaluación urgente de su mandato institucional para darle un giro al mismo o para buscar a una persona que si quiera enfrentarse a ese poder enquistado en la CCSS.

Le exigimos al señor Presidente de la República una intervención urgente de la Caja Costarricense del Seguro Social. Los costarricenses votaron en masa, con 1.3 millones de votos sin precedentes en nuestro país, por un verdadero cambio, y uno de los ejes de ese cambio es la CCSS. No votamos los ticos y las ticas para que todo en la Caja siga igual.

Se abren mesas de diálogo con el grupo de las 10 Medidas

Este martes 19 de agosto representantes de sindicatos, cooperativas, grupos de agricultores, colegios profesionales, entre otros, participaron de la primer reunión en Casa Presidencial del “Grupo de las 10 medidas y de la Economía Social Solidaria”. Esto como parte del constante acercamiento con el diputado Víctor Morales Zapata y con el señor Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín. Esta es la tercer reunión que compartimos con el señor Presidente, una antes de ser elegido, y una segunda que se realizó al ser ya Presidente Electo.

El Gobierno de la República hace un llamado fuerte a los sectores sociales para que le acompañen en el proceso de cambio que están planteando, enfocado en la línea de beneficiar a los sectores que estamos representando en las 10 Medidas, lo cual saben ellos provocarán múltiples ataques de sectores de poder y por eso necesitan el acompañamiento constante de las organizaciones sociales.

La propuesta del Gobierno, que todavía no está en papel oficial, es conformar mesas de trabajo para trazar las líneas de acción y la agenda de trabajo basada en la propuesta Manos a la Obra. Mesas que estarán divididas por ejes temáticos como agricultura, sector laboral, tema fiscal, economía solidaria, entre otros.

El Presidente Solís Rivera le pidió al grupo de las 10 Medidas la mayor cooperación, en una coyuntura política bastante compleja, donde el Gobierno ha tenido que enfrentar un aparato estatal golpeado: “lo que han hecho con el Gobierno es una barbaridad, se pueden contar en cientos de miles de millones lo malversado, lo mal ejecutado”.

El llamado a las mesas de trabajo se realizará después de la presentación del sonado informe de los 100 Días, que se realizará el 28 de agosto próximo y al cual se invitó formalmente a una importante delegación del grupo de las 10 Medidas.