Categoría: Acción Política

San José, 30 Jul (ElPaís.cr) – Promover un avance de iniciativas legislativas en conjunto, fue lo que se planteó este miércoles en el diálogo mantenido entre la diputada del Frente Amplio (PFA), Patricia Mora, y la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

En el encuentro que se llevó a cabo en el despacho de la diputada, se acordó algunos temas sociales y sindicales.

Entre los principales temas que se conversaron estuvieron, el fortalecimiento de los derechos laborales, sindicales y salariales, así como también se expuso la necesidad de impulsar una reforma fiscal progresiva.

Mora aclaró que la reunión fue básicamente para buscar conexiones entre el gremio y el actuar legislativo, por lo cual trataron temas sobre el Estado y el avance de las iniciativas legislativas.

“Nos interesa muchísimo poder establecer puentes­ con los sectores sociales a fin de cimentar nuestras posiciones, en la fracción creemos que existe una necesidad de hacer política forma distinta, lo cual nos ha llevado a involucrar de manera decidida a los movimientos sociales y a la ciudadanía en la elaboración de políticas públicas”, expresó Mora.

El Secretario General de la ANEP, Albino Vargas, señaló su satisfacción con los resultados alcanzados en dicha reunión, sin embargo mencionó que existe una necesidad de promover en mayor proporción iniciativas conjuntas que se tienen que dar no en una fracción sino en todas.

Cabe mencionar que la legisladora frenteamplista mantendrá el día de mañana una reunión con Víctor Morales, actual Ministro de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), con el objetivo de empezar a generar espacios de diálogo sobre estos temas.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), al igual que la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), esperan que mañana jueves 31 de julio, a las 2 de la tarde y en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), quede finiquitado el asunto de la fijación salarial valedera para el segundo semestre del presente año 2014, a favor de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público. La ANEP y la CSJMP estamos listas para firmar el respectivo acuerdo.

Debemos informar que hay una especie de satisfacción general entre los diversos sectores laborales de la Administración Público por este reajuste que tiene definido una gradualidad del 4% para los y las profesionales, llegando hasta un 5.14% para el puesto de Misceláneo 1 del Régimen de Servicio Civil.

Las organizaciones que representamos, desplegando una responsable voluntad negociadora y entendiendo la precariedad salarial de quienes ocupan puestos más vulnerables, económicamente hablando, de la escala de sueldos del Servicio Civil, no haremos ninguna “rabieta” ni adoptaremos ninguna pose mediática de corte demagógico porque al sector profesional no se le asignará el 4.14%, quedando en un 4%, como se acotó arriba.

Valga indicar que los sondeos de la ANEP entre los y las profesionales del Gobierno Central (no del sector docente), consultados por la ANEP, es de aceptación de ese 4% pues entienden que hay una actitud solidaria de que es justo que el compañero vigilante de las escuelas y los colegios reciba un 5.14%

Además, reiteramos nuestro respaldo a la decisión del Gobierno de que se incluya en el acuerdo salarial a firmarse, el asunto del “desenganche” de la ley salarial médica con respecto a los 22 puestos “testigo” de la escala del Servicio Civil.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), reitera su planteamiento de que el reajuste salarial del segundo semestre del presente año 2014, para el sector Público (mismo que debe aplicarse de manera retroactiva a partir del pasado 1 de julio de 2014), debe ser de un 4.14%; cifra que es lo mínimo y justo pese a las ya innegables desigualdades al interior del sistema salarial del Estado costarricense.

Tal planteamiento lo entregamos por intermedio de la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP), para así respetar las reglas de conformación de la denominada Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público.

La ANEP reitera que la cuestión salarial del sector Público no debe mezclarse, ideológicamente bajo un supuesto ropaje “técnico”, con el tema del déficit fiscal; y, si se insiste en ello, entonces que se hable sin ambages del tema: ¿por qué hay hasta 6 puntos de PIB en todas las formas de evasión y elusión tributarias?; y, ¿por qué se ha llegado al punto de que tengamos un sistema de exenciones y de exoneraciones que anda alrededor de otro 6% de PIB?

La ANEP debe indicar, una vez más, que las personas trabajadoras asalariadas del sector Público pagan, religiosa y puntualmente, los impuestos fundamentales que deben honrar: 1) El de ventas, al mismísimo momento de la compra. 2) El de renta, si su monto salarial está para aplicársele, la deducción es inmediata de planilla. Quienes roban impuestos, con ropaje legal ó sin él, son otros.

Pese a esta circunstancia de enormes desigualdades salariales a lo interno del sector Público, el 4.14% es lo que corresponde honrar, en términos generales. Adicionalmente, la ANEP reitera que ha venido insistiendo en la necesidad de revisar las remuneraciones que reciben los que están más debajo de “los de abajo” de la tabla de las clase salariales del Gobierno Central (Régimen de Servicio Civil, básicamente); y, es por ello que reiteramos nuestro planteamiento en tal sentido:

PRIMERO: El “desenganche”; la reforma legal que ha de desvincular, a futuro, la ley salarial médica, No. 6836, de su relación con los 22 puestos “testigo” del Gobierno Central (sistema de Servicio Civil).

SEGUNDO: La revisión de las revaloraciones salariales por manual de puestos, que se le impusieron al personal raso, “el de a pie” de la Fuerza Pública; pues se sigue dando una situación de alta discriminación: los que ganan bien, pero muy bien (las jerarquías); vs. los que siguen ganando mal, pero muy mal, los subordinados.

TERCERO: Debe resolverse dos tipos de compromisos salariales con la Policía Penitenciaria: las deudas por disponibilidad a partir de un fallo judicial y la homologación con relación al último movimiento del manual de la Fuerza Pública.

CUARTO: La prolongación exagerada en el tiempo de resolver la implementación del nuevo manual para la Policía Profesional de Migración y Extranjería.

QUINTO: La precaria situación salarial de los servidores públicos a cargo de las instalaciones educativas del MEP, los guardas de escuelas y colegios con salarios base, prácticamente inferiores al mínimo de ley.

SEXTO: La revaloración especial pendiente para el personal, básicamente femenino, de los CEN-CINAI.

SETIMO: Otros puestos en situación precaria del Gobierno Central y entes adscritos al Servicio Civil: personal administrativo y operativo-técnico, a argo del funcionamiento institucional básico de las entidades.

De persistir “el estado actual de cosas” sin modificar para nada la situación descrita, y si se da un reajuste del 4.14% general, veamos tres ejemplos a nivel de Gobierno Central (Servicio Civil), para una persona trabajadora que tenga en estos momentos 10 años acumulados al servicio de la Administración Pública:

Finalmente, esperamos que se dé una voluntad compartida de manera tal que se emita una directriz política con la finalidad de tener nuevos datos sobre el empobrecimiento salarial generalizado, para que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), proceda a:

A) Redefinición metodológica de la conformación de la Canasta Básica Alimentaria para establecer actualización plena a la realidad del hoy y con base en la inspiración de un nivel de calidad de vida digno, más allá del cálculo sobre la mera sobrevivencia.

B) Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre el crecimiento de la desigualdad.

C) Apertura de una nueva línea de investigación estadística oficial sobre los niveles actuales de endeudamiento de la población trabajadora asalariada, en ambos sectores de la economía.

Ante la creciente ola de molestia ciudadana por el altísimo precio de los combustibles y sus constantes alzas, tanto el señor Presidente de la Republica, don Luis Guillermo Solís Rivera; como su Ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez Marín, indicaron que “no tienen” el control de tal circunstancia, que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos es “autónoma” y que, por tanto, “no puedan hacer nada al respecto”. Tal excusa es, sencillamente, ¡inadmisible!

La naturaleza perversa de castigar a la población con una carga fiscal alta sobre el precio de los combustibles, exige fuertes decisiones políticas para tomar el control de los mismos en aras del supremo interés ciudadano; tanto el que se representa como clase trabajadora, como el que constituye el aparato productivo mismo que, a final de cuentas, a su vez, descarga en los consumidores el impacto en los costos de producción de tales alzas.

Si el problema es cómo llenar el “hueco fiscal” al disminuir la excesiva carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, especialmente la gasolina y el diesel, porque el Gobierno se “quedaría” sin plata; entonces que se “agarre el torno por los cuernos” y se proceda a medidas fuertes que aunque enojen a sectores poderosos de la hegemonía dominante, el pueblo trabajador y productor agobiado por esta situación, apoyaría valientes decisiones presidenciales y ejecutivas de la actual administración.

Si “no se tiene el control”, entonces, que se tomen medidas fuertes para tenerlo. Veamos algunas:

UNO: Opción Venezuela. El Vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Jorge Arreaza, vino a la toma de posesión del Presidente Solís y dejó la puerta abierta para una cooperación bilateral en materia de energía. Además, dejemos atrás los “dinosáuricos” prejuicios ideológicos y reactivemos el proceso nacional correspondiente para que Costa Rica ingrese a Petrocaribe. Según conocimos en su momento, el país podría tener que pagar la factura petrolera en mejores condiciones de hasta un 50 % a cancelar en un plazo de 20 años. En la administración Arias Sánchez, la ANEP planteó, por vez, primera esta opción.

DOS: Al día se da en el país una gigantesca cantidad de operaciones financiero-bancarias. El último dato que se tiene, generado por la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef) es del año 2012, cuando se registraron 1 millón 700 mil operaciones con movimientos de 10 mil dólares o más. Es decir, cada 24 horas, hay unas 4.357 operaciones financiero-bancarias de, al menos, 10 mil dólares o más. Solamente los sectores altos tienen esas cantidades de dinero; y, además, para nadie es un secreto que hay dinero sucio de por medio en estas operaciones.

Es decir, en ese año 2012, los bancos públicos y privados costarricenses, movieron ¡17 mil millones de dólares! y si todas esas operaciones fueron de una suma única: 10 mil dólares, entonces, en colones, hablamos de ¡8 billones 500 mil millones de colones!

Si a cada una de esos 1 millón 700 mil movimientos bancario-financiero anuales se les cobrara una tasa especial de un 1 % por una especie de “peaje” entre banco y banco (por ejemplo), el fisco recibiría, nada más y nada menos que, 85 mil millones de colones al año; cantidad enorme que aliviaría, en demasía, la carga tributaria que pesa sobre el precio de los combustibles, bajándolos sensiblemente. Este tipo de tributo es lo que ya se está impulsando en el seno de la Unión Europea (UE): el impuesto “Robin Hood”, o Tasa Tobin.

TRES: Cambiar la ley de la Aresep. Formular cambios en su ley de tal forma que, por un lado, el esquema de mercado absoluto de sesgo neoliberal deje de impregnar sus decisiones; por otro, para redefinir su proceso interno de toma de decisiones que, necesariamente obligue a considerar la opinión de la Presidencia de la República a la hora de fijaciones tarifarias que van en contra del común a fin de que las mismas se liguen la política social de reducción de la desigualdad. Además, revisar su sistema de cobro de cánones para aliviar la carga que pesa sobre muchas de las definiciones tarifarias que la Aresep impone, evitando que sirvan para financiar los abusivos salarios de su cúpula político-tecnocrática.

¡Sí hay opciones para bajar el precio de los combustibles! El domingo 6 de abril el pueblo trabajador eligió a don Luis Guillermo Solís Rivera, como Presidente de la República; no se eligió a la Aresep ni a los entes reguladores. Tanto el Poder Ejecutivo como la Asamblea Legislativa deben actuar al unísono en tal sentido.

Este martes 10 de junio investigadores del OIJ intervinieron las oficinas de la jefatura de cirugía, dirección médica, jefatura de archivo, consulta externa de ortopedia, proveeduría y jefatura de ortopedia del Hospital Calderón Guardia. Además se intervino la empresa Synthes, las oficinas de auditoría de la CCSS, bodegas y logística. Todo en relación con el posible fraude de más de 2.3 millones de dólares mediante facturas y procedimientos fantasmas relacionados con prótesis ortopédicas.

Hasta el momento son más de mil facturas, y supuestas cirugías realizadas entre 2010 y 2011, que presentan inconsistencias tan descaradas como pacientes operados que ya estaban fallecidos, operaciones que requirieron la implantación de pines, tornillos y platinas, y que el Jefe de Cirugía de Ortopedia de ese momento, Dr. Longino Soto (hijo), cataloga como pequeños errores administrativos, según entrevistas que ha brindado en medios masivos de comunicación.

Cada día que pasa, y en que los periodistas profundizan más allá de los datos brindados por ANEP, se conocen nuevos “errores”, que nosotros catalogamos como fraude evidente, como más pacientes que brindan testimonio de jamás haber sido operados y que sus nombres están en esas listas de operaciones realizadas, así como doctores de otras áreas, como de trasplante de órganos, que supuestamente realizaron operaciones ortopédicas.

Aplaudimos la intervención del OIJ, pero la misma no puede quedar en ese limbo en que se encuentran muchas otras investigaciones, que la ciudadanía ve cómo pasa el tiempo y casos muy sonados y de evidente estafa, no avanzan a un procedimiento judicial penal. La investigación debe ser profunda, para no dejar cabos sueltos, y que lleven a que tengan que pagar tanto los autores materiales como los responsables políticos de que ilícitos como estos sucedan.

Hacemos un llamado vehemente a las máximas autoridades de la Institución, en la figura de su Presidenta Ejecutiva, la Doctora María del Rocío Saenz, para tomar en cuenta los postulados defendidos en el documento “10 Medidas para comenzar a ordenar la CCSS”, los cuales en su tercer apartado sobre acciones urgentes dice:

“Acordar y ordenar en un plazo de 30 días la centralización de las compras de medicamentos e insumos médicos y permitir el seguimiento público de estas compras, de acuerdo con las potestades otorgadas a la Junta Directiva y que se encuentran establecidas en la ley. El traslado o descentralización de los procesos de compras institucionales ha generado gran ineficiencia en la contratación, así como el crecimiento de los costos por la imposibilidad de generar economías de escala por compras de gran volumen a nivel central.”

Aunado a lo dicho en ese tercer punto, están los ya evidentes actos de corrupción que la descentralización ha permitido. Creemos que no es gratuita la declaración del señor Olger Sánchez, subauditor de la CCSS, donde dice que se ampliará la investigación a los otros 29 hospitales del país. Si se encuentran pistas de que algo parecido está sucediendo en otros hospitales, esto dejará más que claro lo dañina que la descentralización de compras ha sido para la Caja.

Es urgente para la Institución que se vuelva al modelo centralizado de compra de medicamentos e insumos médicos, para que ese portillo abierto a la ilegalidad se cierre de una vez por todas.

Nos parece una excelente iniciativa la que ha dado a conocer la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), para que las sesiones del Consejo de Transporte Pública (CTP), sean “a puertas abiertas”. No podía llegar en mejor momento esta iniciativa que desde la ANEP saludamos y felicitamos.

La verdad es que la opacidad (por decirlo de manera elegante), es lo que ha venido caracterizando el funcionamiento del CTP, una instancia de marcado sesgo pro-empresarial y contraria a los usuarios del servicio de transporte público, especialmente en la modalidad de autobús.

Aunque el pensamiento oficial de la ANEP es que lo mejor es cerrar, clausurar definitivamente el CTP, la sana propuesta de Canabús podría abrir una posibilidad de una profunda auscultación usuaria y ciudadana de lo que en su seno se ha venido manejando; al punto de que ANEP sabe de sesiones que han venido siendo declaradas ¡secretas!, en materia de fijación de tarifas de autobús.

La ANEP espera tomar contacto en fecha próxima con el empresariado de Canabús, al cual le hemos de solicitar una audiencia oficial, para intercambiar pareceres sobre ésta, repetimos, feliz iniciativa, de transparentar de manera radical el funcionamiento del CTP; audiencia que también quisiéramos aprovechar para abordar cuestiones sociolaborales que nos preocupan, en el ámbito del concepto de Trabajo Decente promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con el cual el país está comprometido, sobre las condiciones de trabajo de los choferes de bus, en términos generales y a nivel nacional.

Aprovechamos para de esta manera pública, exhortar a la Defensoría de los Habitantes de la República a fin de que se apropie de esta iniciativa empresarial que avalamos y que bien podría generalizarse hacia esos otros consejos cuyo funcionamiento no parece tener menos opacidad que el del CTP. Nos referimos, por ejemplo, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

El pasado lunes 12 de mayo nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, junto con los Directivos Nacionales Rafael Mora y Giovanny Ramírez, participaron de la primer reunión formal con la fracción del partido Frente Amplio, como parte de los acercamientos legislativos que está haciendo nuestro sindicato.

Era natural que la reunión con el FA fuera de las primeras en realizarse, ya que compartimos criterios en muchos temas y en los que no estamos 100% de acuerdo sabemos que podemos llegar a un entendimiento. Además, la ANEP ya se reunió con representantes del PASE y en próximas fechas estará compartiendo con otras fracciones legislativas.

Por parte del Frente Amplio participaron de la reunión la diputada Patricia Mora, así como los diputados Frank Camacho, Gerardo Vargas, José Ramírez, Ronal Vargas y Edgardo Araya.

Los temas que más se trataron en la cita fueron la Reforma Procesal Laboral, así como ideas y métodos de seguir impulsando la mejora administrativa y económica de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La ANEP planteó su esperanza de que desde el Ejecutivo se de la eliminación del veto que la señora Laura Chinchilla Miranda le impuso a la Reforma Procesal Laboral (RPL). Pero también se puso sobre la mesa la pregunta de qué se hará desde el Congreso si ese veto no se da, ya que se informó mediante medios que había una negociación de dar un plazo de 12 meses para “analizar” la RPL. Tanto la diputada Mora como el Jefe de Fracción del FA, Gerardo Vargas, dejaron claro que dicha negociación nunca se ha dado y que ellos están comprometidos con la RPL y que harán todo lo posible desde su lado para que el proyecto sea ley de la República de una vez por todas.

Respecto a la CCSS hay una clara preocupación sobre los contratos gerenciales que se realizaron apenas antes de la salida del gobierno liberacionista, que dejan una sensación de dejar montadas figuras en cargos específicos y que no benefician en nada el buen devenir político de la Institución. Además, se trató extendidamente la propuesta de las 10 medidas para comenzar a ordenar la Caja, y sobretodo la disposición del FA de hablar positiva y propositivamente sobre el proyecto del desenganche médico.

Le agradecemos al Frente Amplio su disposición a escuchar las posiciones políticas de la ANEP, sabemos que esta será una de muchísimas reuniones y sesiones de trabajo que tendremos en conjunto con el partido fundado por el estimadísimo José Merino del Río.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, no cerró la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), contrariando la tesis de su Partido Acción Ciudadana (PAC), al respecto, así como su posición favorable a ello, según lo indicara en la recién pasada campaña electoral.

Mantenemos la tesis de que la DIS debe ser disuelta. Su opacidad de gestión y su esencia como policía política, hacen prácticamente imposible su transformación estructural para convertirla a algo sustancial con las reiteradas demandas ciudadanas de transparencia total en la cosa pública.

Pese a esta circunstancia y desde nuestra perspectiva, pensamos que podría representar una “oportunidad” la llegada al frente de tal entidad, del ciudadano don Mariano Figueres Olsen, a quien el señor Presidente Solís le confío la conducción de la DIS en estos, digamos, “nuevos tiempos políticos”.

Don Mariano Figueres Olsen, ciudadano patriota que participó activamente en los procesos de lucha cívica más importantes que se dieron en nuestro país, en la primera década de este siglo XXI (como el Movimiento Patriótico del “No al TLC”); no solamente desfiló bajo los conceptos de la “Democracia de la Calle”, en esta y otras gestas ciudadanas de resistencia al neoliberalismo, sino que como el mismo lo reconoció, fue espiado, seguido y perseguido en sus movimientos por la DIS.

Igual que él, miles de compatriotas (líderes sociales, sindicales, cívicos, políticos honestos, intelectuales comprometidos, empresarios patriotas, etc.), estuvieron todos estos años y en todas estas acciones cívicas de lucha social, en la agenda del espionaje político de la DIS. Por tanto, con respeto, emplazamos públicamente y por esta vía al ciudadano don Mariano Figueres Olsen para que:

PRIMERO: Convoque a la conformación de una especie de “Comisión de la Verdad”, para que conozcamos la naturaleza profunda de la invasión a la intimidad privada, a la vida política y al activismo social de todos aquellos y de todas aquellas costarricenses que luego de la Caída del Muro de Berlín, en distintos momentos críticos y de alta confrontación social de los gobiernos neoliberales del “PLUSC”, estuvimos participando activamente en la resistencia ciudadana a la serie de políticas neoliberales diseñadas para acabar con la herencia histórica que nos fue dejada de lo que denominamos Estado Social de Derecho.

SEGUNDO: Para que se determine el manejo de los presuntos dineros, dólares estadounidenses, fluido “cash”, que se habrían estado entregando, en diferentes momentos políticos, directamente a las jerarquías políticas máximas de la inteligencia tica en manos de la DIS; provenientes, al parecer, de la embajada de los Estados Unidos de América. Hasta la ANEP han estado llegando informes en tal sentido pero, como es lógico suponer, no hay documentación en nuestras manos al respecto.

TERCERO: Para que se haga una auscultación de los bienes patrimoniales y de estilos de vida de los personajes que han venido dirigiendo los destinos de la DIS en los últimos años, de forma tal que se pueda constatar si ha habido “incongruencias” con el nivel de ingreso salarial para este tipo de puestos financiados con dineros públicos.

CUARTO: Atienda a una comitiva de diversa representación social y cívica a fin de detallarle con más exactitud una serie de aspectos que podrían ser considerados al respecto del futuro de la DIS, del carácter de su reforma legal y/o, incluso, de nuestras razones para mantener la posición de su disolución. De esta manera pública, le estamos solicitando formal audiencia.