Categoría: Acción Política

Nos parece una excelente iniciativa la que ha dado a conocer la Cámara Nacional de Autobuseros (Canabús), para que las sesiones del Consejo de Transporte Pública (CTP), sean “a puertas abiertas”. No podía llegar en mejor momento esta iniciativa que desde la ANEP saludamos y felicitamos.

La verdad es que la opacidad (por decirlo de manera elegante), es lo que ha venido caracterizando el funcionamiento del CTP, una instancia de marcado sesgo pro-empresarial y contraria a los usuarios del servicio de transporte público, especialmente en la modalidad de autobús.

Aunque el pensamiento oficial de la ANEP es que lo mejor es cerrar, clausurar definitivamente el CTP, la sana propuesta de Canabús podría abrir una posibilidad de una profunda auscultación usuaria y ciudadana de lo que en su seno se ha venido manejando; al punto de que ANEP sabe de sesiones que han venido siendo declaradas ¡secretas!, en materia de fijación de tarifas de autobús.

La ANEP espera tomar contacto en fecha próxima con el empresariado de Canabús, al cual le hemos de solicitar una audiencia oficial, para intercambiar pareceres sobre ésta, repetimos, feliz iniciativa, de transparentar de manera radical el funcionamiento del CTP; audiencia que también quisiéramos aprovechar para abordar cuestiones sociolaborales que nos preocupan, en el ámbito del concepto de Trabajo Decente promovido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y con el cual el país está comprometido, sobre las condiciones de trabajo de los choferes de bus, en términos generales y a nivel nacional.

Aprovechamos para de esta manera pública, exhortar a la Defensoría de los Habitantes de la República a fin de que se apropie de esta iniciativa empresarial que avalamos y que bien podría generalizarse hacia esos otros consejos cuyo funcionamiento no parece tener menos opacidad que el del CTP. Nos referimos, por ejemplo, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), así como al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

El pasado lunes 12 de mayo nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, junto con los Directivos Nacionales Rafael Mora y Giovanny Ramírez, participaron de la primer reunión formal con la fracción del partido Frente Amplio, como parte de los acercamientos legislativos que está haciendo nuestro sindicato.

Era natural que la reunión con el FA fuera de las primeras en realizarse, ya que compartimos criterios en muchos temas y en los que no estamos 100% de acuerdo sabemos que podemos llegar a un entendimiento. Además, la ANEP ya se reunió con representantes del PASE y en próximas fechas estará compartiendo con otras fracciones legislativas.

Por parte del Frente Amplio participaron de la reunión la diputada Patricia Mora, así como los diputados Frank Camacho, Gerardo Vargas, José Ramírez, Ronal Vargas y Edgardo Araya.

Los temas que más se trataron en la cita fueron la Reforma Procesal Laboral, así como ideas y métodos de seguir impulsando la mejora administrativa y económica de la Caja Costarricense del Seguro Social.

La ANEP planteó su esperanza de que desde el Ejecutivo se de la eliminación del veto que la señora Laura Chinchilla Miranda le impuso a la Reforma Procesal Laboral (RPL). Pero también se puso sobre la mesa la pregunta de qué se hará desde el Congreso si ese veto no se da, ya que se informó mediante medios que había una negociación de dar un plazo de 12 meses para “analizar” la RPL. Tanto la diputada Mora como el Jefe de Fracción del FA, Gerardo Vargas, dejaron claro que dicha negociación nunca se ha dado y que ellos están comprometidos con la RPL y que harán todo lo posible desde su lado para que el proyecto sea ley de la República de una vez por todas.

Respecto a la CCSS hay una clara preocupación sobre los contratos gerenciales que se realizaron apenas antes de la salida del gobierno liberacionista, que dejan una sensación de dejar montadas figuras en cargos específicos y que no benefician en nada el buen devenir político de la Institución. Además, se trató extendidamente la propuesta de las 10 medidas para comenzar a ordenar la Caja, y sobretodo la disposición del FA de hablar positiva y propositivamente sobre el proyecto del desenganche médico.

Le agradecemos al Frente Amplio su disposición a escuchar las posiciones políticas de la ANEP, sabemos que esta será una de muchísimas reuniones y sesiones de trabajo que tendremos en conjunto con el partido fundado por el estimadísimo José Merino del Río.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, no cerró la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), contrariando la tesis de su Partido Acción Ciudadana (PAC), al respecto, así como su posición favorable a ello, según lo indicara en la recién pasada campaña electoral.

Mantenemos la tesis de que la DIS debe ser disuelta. Su opacidad de gestión y su esencia como policía política, hacen prácticamente imposible su transformación estructural para convertirla a algo sustancial con las reiteradas demandas ciudadanas de transparencia total en la cosa pública.

Pese a esta circunstancia y desde nuestra perspectiva, pensamos que podría representar una “oportunidad” la llegada al frente de tal entidad, del ciudadano don Mariano Figueres Olsen, a quien el señor Presidente Solís le confío la conducción de la DIS en estos, digamos, “nuevos tiempos políticos”.

Don Mariano Figueres Olsen, ciudadano patriota que participó activamente en los procesos de lucha cívica más importantes que se dieron en nuestro país, en la primera década de este siglo XXI (como el Movimiento Patriótico del “No al TLC”); no solamente desfiló bajo los conceptos de la “Democracia de la Calle”, en esta y otras gestas ciudadanas de resistencia al neoliberalismo, sino que como el mismo lo reconoció, fue espiado, seguido y perseguido en sus movimientos por la DIS.

Igual que él, miles de compatriotas (líderes sociales, sindicales, cívicos, políticos honestos, intelectuales comprometidos, empresarios patriotas, etc.), estuvieron todos estos años y en todas estas acciones cívicas de lucha social, en la agenda del espionaje político de la DIS. Por tanto, con respeto, emplazamos públicamente y por esta vía al ciudadano don Mariano Figueres Olsen para que:

PRIMERO: Convoque a la conformación de una especie de “Comisión de la Verdad”, para que conozcamos la naturaleza profunda de la invasión a la intimidad privada, a la vida política y al activismo social de todos aquellos y de todas aquellas costarricenses que luego de la Caída del Muro de Berlín, en distintos momentos críticos y de alta confrontación social de los gobiernos neoliberales del “PLUSC”, estuvimos participando activamente en la resistencia ciudadana a la serie de políticas neoliberales diseñadas para acabar con la herencia histórica que nos fue dejada de lo que denominamos Estado Social de Derecho.

SEGUNDO: Para que se determine el manejo de los presuntos dineros, dólares estadounidenses, fluido “cash”, que se habrían estado entregando, en diferentes momentos políticos, directamente a las jerarquías políticas máximas de la inteligencia tica en manos de la DIS; provenientes, al parecer, de la embajada de los Estados Unidos de América. Hasta la ANEP han estado llegando informes en tal sentido pero, como es lógico suponer, no hay documentación en nuestras manos al respecto.

TERCERO: Para que se haga una auscultación de los bienes patrimoniales y de estilos de vida de los personajes que han venido dirigiendo los destinos de la DIS en los últimos años, de forma tal que se pueda constatar si ha habido “incongruencias” con el nivel de ingreso salarial para este tipo de puestos financiados con dineros públicos.

CUARTO: Atienda a una comitiva de diversa representación social y cívica a fin de detallarle con más exactitud una serie de aspectos que podrían ser considerados al respecto del futuro de la DIS, del carácter de su reforma legal y/o, incluso, de nuestras razones para mantener la posición de su disolución. De esta manera pública, le estamos solicitando formal audiencia.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), expresa su sincero y solidario apoyo a la huelga que con carácter indefinido, están protagonizando en todo el país, los dignos educadores y las dignas educadoras del Magisterio Nacional; movimiento de justicia que entra hoy, martes 6 de mayo, en su segundo día.

Resulta inadmisible y poco comprensible que dado el actual estado de desarrollo de la tecnología y de la informática, se argumente un “problema técnico” como para dejar sin salario a una elevada cantidad de estas personas trabajadoras de la Educación Pública; especialmente cuando todos sabemos que por el escenario de desigualdad que azota al país, el dinero líquido salarial se va como se recibe, de manera tal que cualquier atraso en su entrega puntual genera un verdadero caos sociofamiliar y una situación de alto estrés para cada uno de los maestros y de las maestras, de los profesores y de las profesoras, que están viviendo este drama de no recibir salario del todo o recibir pagos misérrimos.

Esta difícil coyuntura se agrava más dramatizándose sus efectos, considerando que el problema social del alto endeudamiento salarial no es ajeno al gremio educativo del país; razón de más para calibrar en toda su perversa dimensión dejar de percibir puntualmente el salario para la honra de tales compromisos de deudas personales.

Expresamos nuestra sincera felicitación por la prontitud y por la hidalguía de la respuesta masiva y solidaria que se manifiesta en esta Huelga Magisterial de parte de todo el gremio educativo, con esas personas profesionales de la Educación, insensible e injustamente afectadas por la situación apuntada.

Quedamos a las órdenes de los compañeros y de las compañeras dirigentes de las organizaciones gremiales educativas, con la seguridad de que tienen en la ANEP un apoyo solidario sincero.

Desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados, ANEP, celebramos la posición crítica y analítica del señor Luis Guillermo Solís, Presidente Electo, sobre el cuestionado contrato para la ampliación de parte de la Ruta 32, arteria vehicular para ingresar y salir de la provincia de Limón.

Hemos sido testigos, durante los últimos cuatro años, como el gobierno de doña Laura Chinchilla se ha empecinado en firmar contratos de concesión de obra pública llenos de irregularidades y cargados más de preguntas difíciles de contestar, que de respuestas que convenzan a la población de la idoneidad de dichos negocios.

El contrato del mega puerto con APM Terminals y el monopolio del manejo de contenedores que este genera, la muy impopular concesión de la carretera hacia San Ramón, el malogrado negocio de la refinería, también con una empresa china, son ejemplos de proyectos que por su estilo de negociación y por los evidentes excesos en beneficios para las empresas, ha generado una protesta social importante, logrando que algunos de estos procesos de concesión se tuvieran que terminar.

Parece que las reglas del juego político económico con el gigante asiático nunca fueron “negociadas”, sino más bien impuestas por los chinos, a cambio de algunas patrullas, la mayoría ya convertidas en chatarra, y de un estadio de fútbol, que en comparación con los números que vemos en las negociaciones de concesiones, fue una inversión de “calderilla” o “menudillo” como se dice popularmente.

Desde diversos sectores de la sociedad se ha generado una constante serie de cuestionamientos hacia la concesión de la Ruta 32, sobretodo en términos de costos. Nos preocupa que instituciones como la Universidad de Costa Rica planteen que este contrato lesiona los intereses patrios, o que el diputado Manrique Oviedo, del PAC, presente números donde hay costos inexplicables de más de 100 millones de dólares.

El día martes 29 de abril, Casa Presidencial presentó un informe donado por el Banco de Desarrollo de China, donde proponen la creación de “Zonas Económicas Especiales” (ZEE) en Limón, Zona Norte y Puntarenas. Planes de desarrollo hasta el 2035 todos financiados con dineros chinos y por supuesto con la condición que lo desarrollen empresas del país comunista, donde se encuentran un aeropuerto para Puntarenas así como un megapuerto.

Ninguna de estas propuestas, ni las que ya están firmadas, pueden dejar de ser auscultadas a profundidad con la máxima seriedad por el nuevo Ejecutivo. Se hace más que necesario que los procesos de concesión, si se sigue utilizando esa figura, o de inversión de empresas extranjeras, dejen de ser minas de oro para ciertas empresas, con negociaciones plagadas de secretismo, de artículos indecentes, como el del 25% del costo en imprevistos para la carretera a Limón, o el que contenía la concesión a San Ramón que le permitía a la empresa privada subir el precio de los peajes en hora pico.

Los y las costarricenses estamos hartos de tener que desconfiar a priori de cualquier negociación que haga el país en términos de infraestructura. Queremos proyectos que nos ayuden a dar un salto cualitativo en nuestras carreteras, puertos, edificios, transporte. Pero no queremos que esos proyectos sigan enajenando la cosa pública y ni que sigan siendo alimento de las mafias y de los negocios espurios. Creemos que este nuevo Gobierno lo puede lograr.