En un trabajo en conjunto con la Sindicato de Trabajadores Municipales y la buena actitud de la Alcaldía y Concejo Municipal se logró firmar la Convención Colectiva de Trabajo en este Gobierno Local.
Categoría: Acción Política
Agenda 2023 de la ANEP
De qué nos ocuparemos, principalmente:
ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO
01- Ley Marco de Empleo Público (LMEP): Acciones diversas (individuales y/o colectivas, y sectoriales), en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Consideración de eventuales movilizaciones de diverso orden.
02– Defensa del Salario Escolar: Nada que discutir en lo jurídico. Preparación para la movilización general en su defensa.
03- Congelamiento salarial en el sector Público: A) Abrir proceso en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional en el marco de la doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Convencidos completamente de que el actual congelamiento salarial es violatorio de Derechos Humanos. B) Impulso a procesos sectoriales-gremiales de severa precarización y pauperización salarial, en los ámbitos necesarios (político-jurídicos y de movilización).
04- Gestión colectiva problema de interinatos prolongados: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
05- Gestión colectiva problema violación abrupta requisitos ya cumplidos de pensión IVM-CCSS: apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.). Y, paralelamente, reforzar el proceso para garantizar una pensión realmente digna para quienes ya la reciben. Por otra parte, el acceso libre a los recursos del Régimen Obligatorio de Pensiones (ROP), es objetivo fundamental de atención permanente. (Este apartado incluye al Sector Privado).
06- Gestión nacional para definiciones constitucionales en espera: ley 9635 (combo fiscal) y ley anti-huelgas (9808) Eventual apertura proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.).
07- Gestión política de diverso orden para que Costa Rica respete la Opinión Consultiva OC-27/21, Derechos a la libertad sindical, negociación colectiva y huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de género, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH).
ÁMBITO DEL SECTOR PRIVADO
08- Retorno a la fijación semestral por costo de vida en el salario mínimo.
09- Establecimiento-fijación de un nuevo monto salario mínimo en Costa Rica.
10- Impulso para recalificación salarial de labores privadas en sectores banano-piña, choferes de autobús, seguridad privada.
11- Acceso pleno y directo a atención médica por accidentes laborales (“pase al INS”).
12- Fortalecimiento oposición al proyecto-ley jornadas 4/3.
13- Fortalecimiento acción intersindical para el proceso “debida diligencia” comercio internacional bananero-piñero.
14- Seguimiento de e incidencia para su implementación de las recomendaciones de la Relatoría Especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre las sobre las formas contemporáneas de la esclavitud.
ESTADO SOCIAL DE DERECHO
15- Defensa integral de todos los derechos laborales, económicos y sociales consagrados en nuestra Constitución Política, en el Código de Trabajo y en los tratados internacionales en la materia.
16- Destacamos el concepto Sociopolítico de la Política de Trabajo Decente, impulsada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptada en Costa Rica como Política de Estado; resaltando el valor estratégico de la política pública de Salud Ocupacional. En forma paralela, impulso para la emisión de legislación pendiente, nacional e internacional, en materia de acoso laboral en el empleo.
17- Reafirmación de nuestra acción militante en defensa de las empresas públicas, pilares del Estado Social de Derecho, proveedoras de servicios públicos estratégico-universales, de y/o recursos para el desarrollo socioeconómico nacional y regional; por ejemplo, el INS, el ICE, Correos, FANAL, CNP, Recope, Japdeva, entre otras. Además, entidades institucionales vitales para la integración social: JPS, INA, entre otras.
18- Defensa de la Constitucionalidad y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Específicamente: a) Sostenibilidad financiera. b) Fuerte acción sindical contra la corrupción en todos los niveles. C) Férrea oposición a la tercerización de servicios, fuente de corrupción, tráfico de influencias, precarización laboral y hasta de evasión fiscal.
19- Alianza con sector ecologista-Defensa A y A – Agua: Derecho Humano Fundamental, libre de clorotalonil y cualquier otro tipo de contaminante del agua que amenace la vida – Defensa del patrimonio ecológico nacional.
20- Defensa del Régimen Municipal – Institucionalización plena con sentido estratégico de la figura jurídica Comité Cantonal de Deportes y Recreación.
21- Sostenibilidad financiera de IVM-CCSS: continuación proceso político-judicial; de impulso a nuestra propuesta de una intervención multisectorial por ser problema nacional; y, de formulación-visibilización de nuestras propuestas para su fortalecimiento.
22- Lucha presupuestaria: programas sociales, de Salud, de Seguridad, de Educación y U’ públicas, claves para la paz y para la Democracia. Particularmente, hacemos énfasis en la necesidad del fortalecimiento estratégico, integralmente hablando, de la Seguridad Ciudadana y, en lo específico de los diferentes cuerpos policiales, es tarea vital de la lucha social; tanto como aportar a la superación de la grave crisis del sistema educativo público en sus niveles fundamentales, para lo cual haremos énfasis en nuestro planteamiento de 10 ejes y 100 propuestas para el rescate de Educación costarricense.
23- Justicia Tributaria-Transformación Tributaria Estructural-Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Formulación de iniciativas novedosas, transgresoras, acerca de qué hacer con el obsceno pago diario de intereses de la deuda pública y de la deuda pública en cuanto tal.
24- Abrir proceso litigante en sede constitucional y apertura hacia el proceso litigioso internacional-Doctrina de los Derechos Humanos (DD.HH.) con relación a los abusos hegemónico-ideológicos del ajuste fiscal extremista, que golpea el respeto pleno a los Derechos Humanos económicos, sociales y culturales.
25- Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutritiva: Rechazo absoluto a la Alianza del Pacífico-Fortalecimiento institucional entidades públicas del sector agropecuario. Este planteamiento guarda relación con el problema del alto costo de la vida en, al menos, la alimentación básica inherente a la supervivencia del pueblo trabajador.
Acuerdo Unánime y Firme de la
Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de
Empleados Públicos y Privados
ANEP
Sesión No. 2250 (de carácter ordinario)Viernes 13 de enero de 2023
Interpelación Cívica: ANEP entregó escrito sobre el papel de la Sala Constitucional y los Derechos Humanos
San José, viernes 13 de enero de 2023.
S.G. 21-25-1256-23
Honorables señores y señora
Magistrados y magistrada
Dr. Fernando Castillo Víquez
Dr. Paul Rueda Leal
Dr. Luis Fernando Salazar Alvarado
Dr. Jorge Araya García
Dra. Anamari Garro Vargas
SALA CONSTITUCIONAL
Poder Judicial
Respetables autoridades judiciales de la Republica:
01- Quienes suscribimos el presente documento, al cual le hemos dado carácter de Interpelación Cívica para dirigirnos a sus distinguidas autoridades constitucionales, inspirándonos en el concepto de Democracia Participativa establecido en la actual Constitución Política de nuestro país; así como en el derecho humano a la participación política establecido en el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, somos integrantes del pueblo trabajador costarricense, activistas y dirigentes sindicales, conformantes de la actual Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
02- Como lo ha reconocido la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), en su Opinión Consultiva OC-27, los sindicatos tenemos capacidad y legitimación de accionar ante el sistema de peticiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos por derecho propio.
03- Tenemos, además, como fortaleza para ello, la amplísima normativa jurídica de carácter nacional y de majestad internacional que nos otorga tal Derecho Humano Fundamental: a modo de ejemplo, el Inciso 4 del Artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que indica “Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses”.
04- En esa misma línea y en el ámbito de esa concatenación democrática de reconocimiento de derechos, resulta medular resaltar lo que señaló ese alto tribunal interamericano en esa Opinión Consultiva:
“Previo al análisis de las cuestiones sustantivas planteadas por la Comisión Interamericana, a manera de introducción, la Corte resaltó que el combate a la pobreza y a la desigualdad, y la garantía de los derechos humanos, resultan un componente esencial para el pleno desarrollo democrático de los pueblos. En este sentido, recordó que los propósitos establecidos en la Convención Americana, el Protocolo de San Salvador, y la Carta Democrática Interamericana, se dirigen a la consolidación de un régimen de protección de los derechos humanos y de justicia social, dentro del cuadro de instituciones democráticas”.
05- En este contexto es que nos apersonamos en las afueras de esta sede constitucional que alberga su delicado y relevante quehacer, en este día, viernes 13 de enero de 2023; dando curso así y de esta manera, a la primera sesión directiva de la JDN de la ANEP del año que acaba de iniciar, en el marco del período jurídico-legal de la ANEP que está transcurriendo, 2021-2025; sesionando a cielo abierto, con el quorum de ley, constituyendo este documento el punto primero de nuestra Orden del Día para que luego de su lectura pública y subsiguiente discusión-aprobación, procedamos a entregarlo en la recepción documental habilitada por este alto tribunal. Luego nos retiraremos a nuestra sede central, de la calle 20 de esta ciudad, para continuar con la sesión de la fecha. Dos motivaciones centrales nos estimularon para estar aquí y en las condiciones que les acabamos de explicar:
06- PRIMERA: “Es una bomba de tiempo la situación social del país”. Esta frase, pronunciada por el actual magistrado-Presidente de la Sala Constitucional, don Fernando Castillo Víquez, se nos ha quedado muy grabada en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Bien saben ustedes que fue una manifestación contenida en amplia entrevista periodística que le hiciera un medio de comunicación escrito de este país.
07- Esa bomba de tiempo se llama desigualdad social, dice ANEP y muchas más personas y organizaciones de todos los niveles y actividades. Además, esta desigualdad social marca cada vez más la diferencia entre ricos y pobres, como el mismo don Fernando fue enfático en plantearlo en esa entrevista.
08- De manera muy sencilla, quien encabeza al más alto tribunal constitucional de la República de Costa Rica, la Sala Constitucional, nos indicó que, según la Constitución Política de Costa Rica, la del 7 de noviembre de 1949, somos un Estado Social de Derecho el cual tiene dos vertientes fundamentales y estratégicas. Por un lado, a juicio de este alto magistrado, la libertad y la eficiencia económica; y, por el otro, la justicia social.
09- Que lo diga el Dr. Castillo Víquez es algo que no puede pasar desapercibido para la población costarricense; mucho menos, para el gran conglomerado de patriotas y organizaciones cívicas que a lo largo de los últimos años venimos defendiendo ese Estado Social de Derecho, desde las más diversas circunstancias y coyunturas políticas; considerando que es piedra angular del sistema democrático la correcta separación de poderes que garantice pesos y contrapesos y el sublime principio de seguridad jurídica.
10- Don Fernando fue enfático al puntualizar que el Estado Social de Derecho costarricense está en deuda, por cuanto ya no está garantizándole a toda la población el mínimo vital de condiciones económicas para que permita superar la pobreza, en avance generalizado en el país. Total coincidencia de la ANEP con esta opinión, del señor magistrado Presidente de la Sala Constitucional.
11- SEGUNDA: El próximo 14 de diciembre de 2023, el planeta entero conmemorará el 75 aniversario de la proclamación, en el seno de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), celebrada en París, Francia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH).
12- Costa Rica fue una de las 48 naciones que la aprobaron en el mismo momento de su emisión, dándose así a la apertura de una nueva etapa de nuestro desarrollo republicano sustentado en que el Derecho Internacional es un bastión de nuestra propia existencia como nación soberana.
13- Las personas especialistas en el tema indican que la DUDH representa la codificación internacional de la primera y segunda generación de los Derechos Humanos: los de carácter civil y político; y, los económicos, sociales y culturales.
14- Posteriormente, el 16 de diciembre de 1966, esa misma instancia aprobó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC, por sus siglas en español), que viene a ser el primer tratado internacional que universaliza la segunda generación de los Derechos Humanos: los económicos, sociales, culturales y ambientales. Costa Rica, siguiendo su tradición garantista, lo ratificó oportunamente y, además, ratificó su Protocolo Facultativo para recibir casos individuales, el 23 de setiembre de 2014.
15- ¿A dónde queremos llegar, honorables señores magistrados y señoras magistradas constitucionales? El 14 de diciembre próximo, con la llegada del 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), el planeta Tierra ajustará tres cuartos de siglo bajo tales principios, aunque la realidad que nos presenta la Humanidad en estos mismos momentos, es radicalmente diferente a la esperada con el camino abierto por la Doctrina Universal de los Derechos Humanos. La multiplicidad y profundidad de las razones para ello, no vienen al caso.
16- Sin embargo, que Costa Rica esté al borde de un estallido social, como lo indica el magistrado Presidente de la Sala Constitucional, nos confronta con lo que nos ha venido pasando en las últimas administraciones gubernativas, en las cuales, a nuestro juicio, el país ha estado involucionando en desarrollo social y en inclusión económica; por una parte, y por la otra, la cosa pública de los últimos tiempos parece que es fiel al perverso postulado maquiavélico que indicó que “…la política es independiente de la moral y solo persigue el poder”.
17- En uno y en otro caso, según nuestra visión de país y experiencia de vida propia y de la de la lucha social en que estamos inmersos, las dos situaciones apuntadas expresan gran deterioro en la voluntad política del país de observar, como es su obligación, esas dos piedras angulares del Derecho Internacional en materia de la Doctrina de los Derechos Humanos: Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
18- Demasiadas, sólidas y consistentes argumentaciones nos llevan a afirmar lo anterior: ¡Sí! Tanto a nivel de la DUDU como a nivel del PIDESC, gran cantidad de compatriotas, por lo general, integrantes de la clase trabajadora costarricense, está sufriendo graves violaciones de sus Derechos Humanos a tenor de lo que ambos postulados establecen; postulados que Costa Rica ha jurado observar y ha jurado someterse a sus procedimientos, recomendaciones y dictados.
19- Por ello es que la actual Junta Directiva Nacional (JDN), del período jurídico 2021-2025, de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), está hoy aquí, viernes 13 de enero de 2023, en las afueras de la sede del más alto tribunal de la República de Costa Rica: el tribunal constitucional; para expresar, con toda vehemencia y con el necesario y merecido respeto, que ha llegado el momento de que ustedes, máximas autoridades constitucionales del país, procedan a detener la peligrosa ruta de separación entre los valores constitucionales que nuestro país proclamó el 7 de noviembre de 1949, con los valores eternos de los Derechos Humanos que establecen la DUDH y el PIDESC.
20- No es posible seguir tolerando violaciones de Derechos Humanos en contravención a los obligados compromisos del país en la materia, aceptando cuestionamientos constitucionales a las normas jurídicas que impulsan e imponen los detentadores de los poderes político y económico; pero que, sin embargo, no detienen sus perversos efectos inmediatos con lo cual, de facto y mientras se resuelve el fondo, quedamos en escenarios de graves violaciones de esos derechos, tal y como sucede con situaciones jurídicas consolidadas y derechos adquiridos, pilar de la seguridad jurídica contenido en el artículo 34 constitucional.
21- Esa amenaza se concretó, entre otros casos, con la aprobación de la Ley 9635 que esa Sala Constitucional tiene para resolver y analizar vía acción de inconstitucionalidad, acción que ya va a cumplir 4 años de espera. Mientras tanto, esa vacatio procesal ha representado desde el punto de vista humano, la existencia y zozobra de muchas personas trabajadoras que han sufrido y siguen sufriendo perversos efectos económicos y sociales, clara y sostenidamente regresivos. Y es éste tan solo un ejemplo que ha venido fomentando, como dice el señor magistrado Presidente, la creciente distancia entre ricos y pobres.
22- No es posible permanecer imperturbables si los fallos constitucionales relacionados con claras violaciones a derechos económicos, sociales y culturales se supeditan a cuestiones macrofiscales, completamente ideológicas, contrarias a los Derechos Humanos pues, precisamente, esas cuestiones macrofiscales encubren, a su vez, flagrantes injusticias, inequidades e insospechados privilegios de los sectores de mayor fortuna económica.
23- Con base en el precepto constitucional de Democracia Participativa es posible apelar a mayor diversidad de pensamiento en estos temas macro-fiscales, a fin de construir escenarios de reconstrucción del tejido social ya muy vulnerado, pero a tiempo de evitar que lleguemos a extremos por nadie deseados: el imperio total del crimen organizado.
24- En los últimos gobiernos, iniciativas en tal sentido, de considerar diversidades de pensamiento en este delicado asunto de lo macrofiscal, fueron burladas a pesar de los nobles esfuerzos comprometidos, por ejemplo, desde el mundo laboral organizado. Hoy ni siquiera algo superfluo en ese sentido, se ve por ningún lado.
25- Honorable magistratura constitucional de la República de Costa Rica: Próximamente, tocaremos estas puertas, ya de manera concreta en función de otras decisiones políticas, jurídico-ejecutivas y legislativas que se han venido tomando contrarias a los Derechos Humanos y es en tal sentido que, en lo concreto, planteamos lo siguiente:
26- Si esas decisiones, para nosotros, violatorias de Derechos Humanos, dan pie para que ustedes admitan nuestras argumentaciones en contra de ellas, no agraven la violación de esos Derechos Humanos admitiendo el cuestionamiento, pero no suspendiendo los efectos perniciosos: cientos y cientos de familias van a sufrir graves afectaciones a la luz de los postulados del PIDESC, por una parte. Las decisiones ya tomadas y que se supone entrarán en vigencia próximamente, ampliarán la brecha entre ricos y pobres que ya es preocupación oficial de la Sala Constitucional, a juicio del criterio de su magistrado Presidente.
27- Tales decisiones, por ejemplo, la denominada Ley Marco de Empleo Público, tienen efectos perversos más allá de la esfera económico-social de la convivencia de la familia afectada, pues repercutirá en la dinámica del mercado para consumo interno, desde la pulpería-supermercado de barrio hasta actividades profesionales liberales.
28- Hay otras circunstancias sociopolíticas presentadas en los últimos tiempos que, de un modo u otro, nos reafirman la importancia del desarrollo del vínculo estratégico entre los valores de la Constitución de 1949 con los valores, eternos y universales, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC).
29- Tal vínculo, en épocas de gran desigualdad y de un potencial estallido social, debe ser elevado a criterio fundamental motivador de decisiones para que Costa Rica retorne a la senda del bien común que nunca debimos abandonar como país; a tenor con el pensamiento y con la lucha de aquellos patricios y patricias forjadores de nuestra particular idiosincrasia quienes, con pensamientos filosófico-políticos opuestos, supieron hallar coincidencias para que mostráramos al mundo y, en particular, a la América Latina, una sociedad de admiración y de respeto por su desvelo por la inclusión social y económica.
30- El país no debe seguir siendo exhibido como Estado violador de Derechos Humanos, a raíz de sentencias inapelables de los sistemas judiciales de Derechos Humanos, como el Interamericano. Si tal vínculo no adquiere la naturaleza urgida de lo que nos marca una sociedad totalmente desigual, entonces más y más procesos extra-fronteras nos esperan, con el consiguiente impacto negativo para el país en varios órdenes.
31- Nosotros y nosotras, en ANEP, pensamos que estas consideraciones son compartidas por amplios segmentos de la sociedad costarricense de la actualidad. Esos segmentos, por lo general, están organizados, aunque hay una enorme cantidad de compatriotas que sufren, en silencio y en situación de minusvalía social, el divorcio entre los valores de la Constitución de 1949 y los valores de la DUDH y del PIDESC. En uno y en otro caso, el potencial de confluencia es insospechado. Eso lo percibió el magistrado Presidente con su impactante comentario “Es una bomba de tiempo la situación social del país”.
32- Con respeto, pero con vehemencia sostenida, conminamos respetuosamente a esa Sala Constitucional a que sus resoluciones futuras en materia de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), sean plétoras de reconocimiento de derechos tangibles y no meros saludos a la Constitucional ni a los tratados vigentes en Costa Rica. Resolver además en tiempo razonable, no es una prebenda, es un derecho y principio rector de justicia que ya se extraña en Costa Rica, incluso en esa Ilustrada Sala Constitucional.
Con respeto, firmantes,
Junta Directiva Nacional de la
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados
ANEP
Sesión No. 2250, de carácter ordinario
Viernes 13 de enero de 2023
En las afueras de la sede de la
Sala Constitucional del Poder Judicial
| Albino Vargas Barrantes | Walter Quesada Fernández | Rafael Ángel Mora Solano |
| Lorena Chavarría Martínez | Lorena Chacón Tellini | Ligia Solís Solís |
| Claudio Sánchez González | Jonathan Flores Mata | William Arias Soto |
| Energivia Sánchez Brenes | Marta Guido Serrano | Rebeca Céspedes Alvarado |
| Ronald Barrantes Moya | Giovanny Ramírez Guerrero | Benjamín Sevilla García |
| Antonio Ortiz Fiorabanti | Esteban Quesada Chacón | Roy Chaverri Chacón |
| Gerardo Mora Ordóñez | Flor de Lis Monestel Corrales | Mainor Anchía Angulo |
Reclamo administrativo: Ajuste salarial por costo de vida
Este documento jurídico es propiedad intelectual de ANEP y, por tanto, protegido por las leyes respectivas. Su utilización indebida acarreará las responsabilidades del caso.
Seccional en ALUNASA agradece la intervención del presidente y la ministra de trabajo
Seccional les pide a máximas autoridades de AyA aplicar directriz de respeto al salario mínimo
Ante la ausencia del director jurídico de Acueductos y Alcantarillados, Rodolfo Lizano, en la audiencia conciliatoria que se sostuvo esta semana y que obligó a posponer la reunión para el primero de septiembre, la seccional detalló que para muchos trabajadores el tema económico es insostenible, por lo que solicitaron la aplicación de la directriz emitida por el ministerio de trabajo.
Mujeres policías presentan al INAMU preocupaciones, retos y propuestas dentro de Seguridad Pública
Perseguidos políticos fueron condecorados ante ataques por su labor sindical
ANEP declinó participación en Seminario Internacional sobre sindicalismo
La Confederación de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas (CSA) realizó la invitación a la ANEP para participar en el Seminario Internacional denominado “Los desafíos del sindicalismo internacional y del sindicalismo sociopolítico en la post-pandemia”.
Sin embargo, nuestra organización declinó de participar en dicho evento.
En la siguiente carta se detallan los motivos.
Carta de la ANEP al presidente electo Rodrigo Chaves Robles
San José, martes 5 de abril de 2022.
Señor
Rodrigo Chaves Robles Presidente de la República COSTA RICA
S.G. 21-25-0509-22
Estimado señor:
Con el respeto debido, la Junta Directiva Nacional (JDN) de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), le expone, de seguido, varios temas en el orden político, económico y social de la realidad costarricense de la actualidad, la cual, sin discusión alguna, ha deteriorado de manera muy sensible la calidad de vida del pueblo trabajador costarricense, especialmente; y, acorde con nuestra visión-país según el sindicalismo sociopolítico practicado por la ANEP.
Prácticamente, no hay discusión en lo siguiente: a) Tenemos la vergüenza internacional de estar ubicados en el décimo lugar (para otras fuentes, es en el octavo), del listado de países más desiguales del planeta. b) La desigualdad, por tanto, se volvió sistémica. c) Aumentó la concentración de la riqueza, a partir, por ejemplo y entre otras razones, de la vergonzosa distribución de los beneficios del crecimiento económico. d) La exclusión económica se sigue evidenciando en aspectos como: creciente desempleo e informalidad, precariedad y congelamiento salariales, quiebre-desaparición de cientos de micro y medios negocios- emprendimientos empresariales; d) gran corrupción y aumento de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico; por ende, creciente deslegitimación del sistema republicano de instituciones democráticas. Son éstas (más otras, bien conocidas por usted), las principales características de la Costa Rica del Bicentenario. Características que, de un modo u otro, se han venido presentando y fortaleciendo por políticas económico-sociales no centradas en la promoción del bien común, seguidas por las últimas ocho administraciones gubernativas.
Para entrar al contenido fundamental de la presente, los siguientes apartados indican aspectos en los cuales se requieren, según nuestra visión, cambios estructurales en las políticas públicas respectivas, mediando acciones drásticas por parte del nuevo gobierno que usted encabeza. Aclaramos que el orden en que se mencionan, no expresa ni prioridades ni preferencias.
INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y BIEN COMÚN
Las herencias históricas de la institucionalidad establecida para la promoción del bien común y de la inclusión social deben preservarse: CCSS, ICE, INS, A y A, CNP-FANAL, INDER, CEN-CINAI, Educación y otras. Procede su redefinición y/o reconstrucción y fortalecimiento en los casos que corresponda, respetando los valores y principios de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949, que a cada entidad pública le corresponde promocionar. Siempre deben seguir en el ámbito de propiedad pública. Ante usted, la corriente sindical en la cual militamos reafirma nuestro compromiso de lucha en todos los frentes que sean necesarios por la defensa de esa institucionalidad.
CCSS: SEGURO DE SALUD-PENSIONES IVM:
La sostenibilidad financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) se encuentra seriamente amenazada. Así se desprende del escenario-base consignado en la valuación actuarial del Seguro de Salud de 2020, según la cual este régimen será solvente hasta el año 2024. Por su parte, el Seguro de Pensiones será sostenible hasta el año 2026 o 2028, según estimaciones externas, pues las realizadas por la CCSS no son confiables.
A lo anterior se une la exorbitante deuda de 50 billones de colones (₡ 50.000.000.000.000) del Estado con la Seguridad Social, originada principalmente por el desvío de fondos del Seguro de Pensiones en una cuantía del 7,5% sobre los salarios; por una parte; y, por otra, la falta de pago del costo de la atención primaria de la salud desde el año 1993, obligación confirmada desde el año 2015 en sentencia de Casación.
Asimismo, las pensiones de más de 300 mil pensionados no se revalorizan desde mayo de 2019, motivo por el cual han perdido un 6,28 % de valor adquisitivo, lo cual equivale a 80 mil millones de colones en el año 2022.
Igualmente, grave es la acusación penal que bajo el expediente Nº 12-000046-0615-PE enfrenan 18 ex y jerarcas de la CCSS, por los presuntos delitos de Influencia contra la Hacienda Pública, Administración Fraudulenta y Fraude de Ley, cuya génesis se remonta al Plan Escudo (2008-2010); causa que, conforme al peritaje efectuado por la Procuraduría General de la República en 2020, habría propiciado un daño social a ambos regímenes de 217,5 mil millones de colones. Varias de esos altos mandos institucionales continúan en posiciones claves, por tanto, se asiste a una situación inédita en extremo nociva, en la que convergen, por un lado, la insolvencia financiera y, por otro, los conflictos de interés; situación que a todas luces dificulta la adopción de soluciones que conviene adoptar.
La Caja está como “moro sin señor”. Es urgentísimo una acción gubernativa, con participación civil
organizada, para evitar su colapso-quiebra de imprevisibles consecuencias.
LA CUESTIÓN TRIBUTARIO-FISCAL
Para empezar, debe acometerse la histórica tarea de la Transformación Tributaria Estructural. El informe legislativo sobre Los papeles de Panamá (elaborado en el período parlamentario-constitucional anterior) sirve de base de partida. El sistema tributario costarricense es perverso: pagan más impuestos los que, proporcionalmente, menos tienen; los que más tienen, cada vez acumulan más, pagan menos impuestos, los evaden y/o los esconden. Algunos cuantifican hasta en 5 mil millones de dólares anuales, 8 puntos PIB, el robo de impuestos en Costa Rica por múltiples mecanismos. No se ocupan y la gente no aguantará, más impuestos.
En estricta concatenación con el problema anterior, está en estratosférico nivel de endeudamiento público y su extraordinariamente elevado pago de intereses, en espeluznantes montos diarios. Usted no podrá hacer honor a sus compromisos de gobierno en materia de inversión social, si toda la plata se va en atender los intereses de usura que demanda esa deuda pública: datos oficiales nos hablan de entre 4 puntos y 4.3 puntos del PIB en intereses, promedio anual, lo cual, lleva al fisco a erogar una gigantesca cifra de hasta casi 5 mil millones de colones al día.
Se impone una auditoría ciudadana de la deuda pública, una reingeniería de ella, por una parte; por otra, hay que derogar la regla fiscal, draconiana en grado superlativo pues el colapso de múltiples programas de políticas públicas dedicadas a lo social es inminente.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA, GENERACIÓN DE EMPLEO Y POLÍTICA SALARIAL
Consenso sin discusión: urge la reactivación económica. Pero urge la reactivación económica para el mercado interno. Y, aunque en esa dirección, muchas propuestas político-electorales plantearon el tema del apoyo de política pública para las micro-pequeñas y medianas empresas, lo real es que esto no será posible si el poder adquisitivo del pueblo trabajador sigue estancado de cara a un país que tiene, sino el más, uno de los más altos costo de la vida a nivel latinoamericano.
Entre otras medidas urgentes, está la de la revalorización del salario mínimo, aumentando su cuantía-poder de compra; y, por ejemplo, es necesario la emisión de un decreto extraordinario que lo eleve no más llegando el nuevo gobierno.
Además, la política salarial expansiva, la que aumenta el poder de compra del salario, no solamente es fundamental para una segura reactivación del mercado interno, sino que es un elemento dinamizador de un proceso de reducción de la desigualdad. No es moralmente ético ni socialmente justo que ahora nos salgan con que, en el pasado año 2021, la economía creció en un 7.6 %, sin que nadie piense en una medida especial de redistribución de ese crecimiento vía salario mínimo, al menos, definiéndose un reajuste extraordinario en su gobierno.
La política de congelamiento salarial para el sector Público, en los niveles salariales medios y bajos, ha sido sumamente injusta y cruel. Prácticamente, aquí cabe el mismo razonamiento que en el caso del salario mínimo.
REACTIVACIÓN ECONÓMICA Y RENTA BÁSICA UNIVERSAL
ANEP apoya la gestión que realizan la Red de Renta Básica Universal de Costa Rica y el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), para implementar la Renta Básica Universal en Costa Rica, que consiste en dotar a cada costarricense de, por ejemplo, una cifra de 300 mil colones mensuales. Eso sacaría de la pobreza económica a miles de ciudadanos que hoy padecen ese flagelo. No hay programa de gobierno por más buenas intenciones que se tengan, con capacidad de generar cero desempleos.
Los desafíos de la Humanidad ante el desarrollo científico-tecnológico que han desplazado a millones de seres humanos al desempleo, asfixiados por sistemas tributarios regresivos, nos demuestran que las sociedades deben tomar decisiones que protejan la vida ante la hambruna, la falta de oportunidades y las enormes desigualdades. Costa Rica tiene de donde echar mano para un sistema de Renta Básica Universal: el robo de impuestos, calculado en más de 8 puntos del PIB; las exoneraciones y exenciones en 6 puntos; la enorme deuda pública que merece una revisión urgente; la corrupción en 7 puntos, el lavado y dinero sucio, calculado en casi 7 puntos.
Un sistema como este revitaliza el mercado, especialmente el interno. Por ende, habrá más recaudaciones tributarias, saca de la pobreza económica a toda la ciudadanía, recupera la salud mental de la gente sometida a la pobreza, la sociedad recupera dinamismo social y económico.
EMPLEO PÚBLICO
Desde las entrañas más insanas del periodismo de odio (también se le ha venido calificando como prensa canalla), se sometió al colectivo laboral del Estado costarricense a la más perversa campaña de terrorismo ideológico y de agresión psicológica jamás desplegada contra grupo social alguno, en lo que va de la denominada Segunda República.
Tan perversa campaña no permitió dejar en evidencia los bajísimos salarios para varios grupos de personas trabajadoras de servicios públicos destinados a atajar el crecimiento de la desigualdad, de la exclusión social y económica y hasta de la seguridad; como, por ejemplo, CEN-CINAI, control de vectores en atención primaria de Salud, el personal de base de todos los cuerpos policiales, vigilancia de centros educativos y trabajadoras de comedores escolares.
ANEP, con base en aportes de intelectuales y especialistas en la materia, logró demostrar que el alto déficit fiscal nunca ha estado en los salarios del aparato público costarricense; ni siquiera en los casos más escandalosos de ciertos grupos de poder ligados a la clase política tradicional.
En esencia, el alto déficit fiscal está centrado en la evasión tributaria y elusión fiscal, en las dispendiosas exenciones-exoneraciones; y, concomitantemente, en la espantosa cuantía de la deuda pública y su más que obsceno pago de intereses.
Con base en todo ello, creemos en lo siguiente:
- A- Desechar el nefasto proyecto Ley Marco de Empleo Público, Expediente Legislativo 21.336; e, instalar un diálogo social real, no caricaturesco, con las organizaciones obrero-sociales y productivo-empresariales más relevantes.
- B- Se debe ser contundente en que no habrá despidos de personal trabajador estatal.
- C- Impulsar una legislación urgente para la regulación de los salarios de la alta cúpula político- gerencial y tecnocrática del Estado, comprendido éste de manera integral.
- D- Fortalecimiento urgente de los diferentes cuerpos policiales (recurso humano, tecnología, equipo, salarios decentes), para enfrentar (entre otros desafíos) en mejores condiciones el avance de la penetración del narcotráfico y del crimen organizado, así como poner freno a la inmigración descontrolada por los abiertos puestos fronterizos territoriales; y, por otra parte, mejorando, de manera radical, la calidad de atención que se ha venido dando al turismo extranjero al momento de ingresar al país.
- E) Impulsar, con suma urgencia, un gran despliegue de política pública para el rescate de la población habitante de las zonas geográficas de pobreza y de pobreza extrema, de vulnerabilidad de pobreza y de exclusión económica, mediante abordajes multi-institucionales y multidisciplinarios en el campo social, fortaleciendo el empleo público correspondiente. ANEP estima que las municipalidades, como gobiernos locales, pueden coadyuvar de manera estratégica en este sentido y, por tanto, deben ser fortalecidas.
REVITALIZACIÓN DEL SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
La sociedad costarricense avala, ampliamente, la premisa de que la educación pública es uno de los pilares fundamentales del sistema democrático costarricense, de su Estado Social y de toda política pública para eliminar el lastre de la desigualdad social que afecta a nuestra sociedad.
Por este motivo, resultan impostergables los esfuerzos del gobierno 2022-2026 para fortalecer al sistema educativo nacional, mejorar su calidad, relevancia y pertinencia; y, al mismo tiempo, establecer las bases para revitalizar la educación pública en el siglo XXI.
Entre algunos de los esfuerzos que la sociedad costarricense exige a la nueva administración se encuentran:
- A- Asegurar el crecimiento del presupuesto de educación hasta alcanzar el 8% del PIB en el año 2026.
- B- Implementar un robusto proceso de construcción de infraestructura educativa con especial atención de los centros educativos con órdenes sanitarias y aquellos con más de una década de rezago en inversión.
- C- Aumentar la inversión en los programas de equidad del Ministerio de Educación Pública con especial atención de los comedores escolares, transporte y becas.
- D- Realizar las inversiones en infraestructura, tecnología digital, equipos y recursos humanos para asegurar la implementación del 100 % del currículo en todas las escuelas del país.
- E- Dignificar al Magisterio Nacional mediante la supresión de los interinazgos, mejora de la capacitación, eliminación de las sobrecargas laborales y los excesos administrativos.
- F- Reformar el currículo nacional para la mejora de los procesos de aprendizaje con especial atención de las áreas de Español y de Matemática.
- G- Reformar la estructura de evaluación de los aprendizajes.
- H- Iniciar un proceso de descentralización dirigido a la integración activa de las familias y comunidades en los temas educativos.
- I- Lograr la máxima conectividad en todos los hogares costarricenses.
Para que estos esfuerzos sean realizables, se requiere un compromiso firme del gobierno para abrir una mesa de diálogo nacional coordinada por CONARE-Estado de la Educación, integrada por los diversos sectores de la sociedad costarricense y en la cual se gesten los acuerdos vinculados al tema educativo.
Además, la designación de una persona ministro o ministra de Educación con amplias y probadas experiencias en el área y el compromiso de la Presidencia de la República para asignar recursos económicos, así como para generar los acuerdos políticos necesarios para concretar las reformas necesarias en el área educativa.
OPINIÓN CONSULTIVA DE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (Corte IDH)
El nuevo Gobierno de la República está obligado a disponer lo pertinente para que se respete, plena y completamente, los contenidos de la Opinión Consultiva OC 27/21, de 5 de mayo de 2021, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), Derechos a la Libertad Sindical, Negociación Colectiva y Huelga, y su relación con otros derechos, con perspectiva de Género.
La pertenencia de Costa Rica al Sistema Interamericano de Derechos Humanos, así como la legislación nacional emitida para acatar, sin miramientos, sus fallos, nos obliga, repetimos, a acatar en toda su magnitud y profundidad, esa Opinión Consultiva OC 27/21 de la Corte IDH.
Le ofrecemos al experto grupo de especialistas y profesional en esta delicada materia de los Derechos Humanos (DD.HH.), que han venido asesorando a la ANEP, para que se prepare al respectivo equipo del nuevo gobierno en este asunto.
DERECHOS HUMANOS Y CONVENIO 190 DE LA OIT
Particularmente, en este delicado y estratégico ámbito de los Derechos Humanos, una gran señal que se puede enviar, ya mismo, al pueblo trabajador costarricense y migrante que aporta a la producción nacional, en el sentido de que el nuevo Presidente de la República les respetarán plenamente sus Derechos Humanos y Laborales; consiste en que se alce su voz para que la saliente Asamblea Legislativa apruebe el Convenio No. 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo.
Las diputaciones salientes, al disponerse a archivar el expediente legislativo del caso, asestarán un nuevo impulso al peligroso proceso desestabilizador de arrinconar a la clase trabajadora costarricense, al irle cercenando derechos y posibilitando incrementar los niveles de explotación obrera.
CORRUPCIÓN
Urgen medidas ejecutivas y legislativas, contundentes, en ámbitos de acción estatal en los cuales la colusión delictiva de lo público con lo privado ha venido haciendo estragos contra la población.
Hablamos de los ámbitos aduanero, tributario, informático-digital, infraestructura vial, infraestructura educativa, municipal, sistema de compras de la Caja y de otras empresas públicas. ANEP está en total disposición de generar aportes concretos. Por ejemplo, no más entrando a la Presidencia de la República debe ordenar la instalación de los escáneres en todos los puestos fronterizos del país.
Así también, se debe atacar fuertemente la corrupción con fondos privados que perjudican a las personas inversionistas, especialmente de pequeñas y medianas circunstancias económicas; impulsando las correcciones jurídico-reglamentarias que son urgentes, a partir de las amargas experiencias ampliamente conocidas por la sociedad costarricense.
En lo que se refiere a las contralorías de servicio, las mismas deben ser trasladas a la Defensoría de los Habitantes de la República, de forma tal que dejen de depender del jerarca institucional correspondiente.
ECOLOGÍA, BUEN VIVIR Y PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
ANEP está convencida de que los desafíos delicados para el buen vivir de la población, del cambio climático y de la protección integral de nuestra biodiversidad (de la cual hacemos alarde a nivel internacional), exige que Costa Rica se adhiera y ratifique el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, más conocido como Acuerdo de Escazú.
Bien se extrae el sitio web de Wikipedia lo siguiente:
“Este acuerdo regional es considerado como uno de los instrumentos ambientales más importantes de la región. Tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en aquellos procesos de toma de las decisiones en entorno ambiental y al acceso a la justicia en el ámbito ambiental, así como la aplicación y en el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, garantizando la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a tener un desarrollo sostenible y a vivir en un medio ambiente sano. Sus disposiciones incluyen perspectiva de género, gobierno abierto y criterios de prioridad en su aplicación para personas en situación de vulnerabilidad. Además, tiene un apartado sobre la protección de defensores de los derechos humanos en temas ambientales”.
Particularmente, este asunto nos permite destacar que urge fortalecer el servicio de guardaparques nacionales, transformándolo es una verdadera Policía Ecológica, ante el avance de la caza furtiva, el asentamiento del narcotráfico, la depredación producto de invasión de producción agrícola y carencia de adecuado cuido y mantenimiento, entre otros factores negativos que atentan contra la riquísima biodiversidad nacional.
Sin duda alguna, los planteamientos del Papa Francisco en cuanto a la protección de la Ecología, impulsan una revitalización del desvelo del país para mantener su rica biodiversidad y elevar la calidad de vida de las personas en armonía con la Naturaleza.
SEGURIDAD Y SOBERANÍA ALIMENTARIA NUTRITIVA
Al respecto debemos ser claros. De ser Costa Rica, a mediados de los años 80’s del siglo pasado, autosuficiente en frijoles, arroz y maíz, productos básicos en la alimentación del pueblo; pasó lamentablemente, en los gobiernos de los últimos 30 años a ser importador, dejando de lado la producción nacional y llevando casi a la indigencia al productor agropecuario nacional, poniendo en riesgo a la población ante un desabasto y juego con los precios internacionales.
En lo concreto, un Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) sin políticas, así como un Consejo Nacional de Producción (CNP) desmantelado, ha dado como resultado el abandono total del sector agropecuario, en general.
Sin embargo, el discurso político en cuanto al respeto al ambiente y a la descarbonización, abren la oportunidad de reiniciar un proceso para tener una nueva Seguridad y Soberanía Alimentaria Nutritiva, libre, o con uso reducido de agroquímicos, libre de transgénicos, mediante poner en práctica la política de una Cadena Agroalimentaria en relación armoniosa con el ambiente, que en lo social sea una oportunidad de desarrollo para las zonas rurales y sus productores agropecuarios.
Al respecto, nosotros tenemos una amplia propuesta preparada por uno de nuestros expertos asesores en esta necesidad nacional y estamos listos a exponerla, considerando que será uno de los ejes de una nueva actividad económica con inclusión social y productiva.
EL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO DE PROPIEDAD ESTATAL
Estamos a favor de la democratización del acceso de la gente, de la ciudadanía y sus diversos agrupamientos ciudadanos, a la comunicación colectiva; desafío que emerge con una muy conveniente oportunidad
El futuro Gobierno de la República, apenas instalado, debe sentarse con las personas representantes de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (RedMICA); grupo civil que puja para que se asignen frecuencias a fin de intensificar y expandir las voces de las comunidades, por ejemplo, en las radios no comerciales.
Según la ley del caso, en junio de 2024, debe producirse la renovación de los derechos de uso de concesiones o títulos habilitantes de las frecuencias de radio y televisión.
PETICION ADICIONAL
En razón de las nuevas disposiciones sanitarias, emanadas por el Ministerio de Salud, según las cuales las restricciones sanitarias quedaron sin efecto a partir del 01 de abril del 2022, nos parece oportuno solicitar a su digna autoridad que la directriz del actual Gobierno que obliga a los funcionarios públicos a vacunarse, mediante Decreto Ejecutivo No. 43249-S, sea revisada y modificada, en cuanto a la aplicación de sanciones disciplinarias, que realizan los jerarcas en las diferentes instituciones públicas por considerar como falta grave la no observancia de tal decreto, y siendo la más punitiva de ellas, la aplicación del despido sin responsabilidad patronal a los trabajadores que no han querido vacunarse por diferentes razones.
Tal medida la hemos considerado desproporcionada, y acudimos a su nuevo gobierno con esta petición, dado que hemos tenido la información de que existen una cantidad de procesos administrativos abiertos contra un número importante de funcionarios públicos de diferentes instituciones, que no han estado de acuerdo en vacunarse; tal es el caso, por ejemplo, de más de 30 funcionarios del Instituto Nacional de Seguros, a los cuales se les notificó en estos días la apertura de un Organo Director del Debido Proceso por no estar vacunados, y así en otras instituciones del estado costarricense.
Desde ANEP hemos promovido que los funcionarios públicos se vacunen contra el Covid-19, pero nunca hemos estado de acuerdo con la aplicación de sanciones, como el despido en el caso de funcionarios públicos que por diferentes razones se nieguen a ser vacunados. Creemos que ya existe una alta vacunación dentro de dicho sector y que por lo tanto la población que aun no se ha vacunado es mínima, y no generara mayor afectación.
Por último y en cuanto a este tema hacer nuestras las palabras de una Magistrada suplente, en cuanto a su excusa de conocer amparo contra la obligatoriedad de la vacunación, que dijo lo siguiente:
«el someter a amenazas y coacción a un ser humano para que se vacune, bajo la sanción de ser despedido, no poder entrar a ningún negocio a comprar comida, ni servicios, se convierte en un trato cruel, degradante, torturante, de discriminación y exclusión sin haber cometido delito alguno a tal grado que se convierte en un homicidio primero por muerte civil y finalmente por hambre vía decreto ya que deja sin sustento ni posibilidad de hacer una vida normal contrario al Derecho de la Constitución, a los Derechos Humanos Ius Cogens y al Estado Social de Derecho.»
Expediente 21-025354-0007-CO
Para ANEP sigue pendiente la construcción de un gran acuerdo nacional, especialmente en temas estratégicos que promuevan la inclusión social y que impulsen la actividad económica mediando la creación de empleos de calidad. Por tanto, las características principales de la Costa Rica del Bicentenario, señaladas al principio de la presente carta, debemos consignarlas de seguido, por segunda vez, para hacer énfasis en que superar estos desafíos no será posible sin el concurso de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales sanas.
- 1- Tenemos la vergüenza internacional de estar ubicados en el décimo lugar (para otras fuentes, es en el octavo), del listado de países más desiguales del planeta.
- 2- La desigualdad, por tanto, se volvió sistémica.
- 3- Aumentó la concentración de la riqueza, a partir, por ejemplo y entre otras razones, de la vergonzosa distribución de los beneficios del crecimiento económico.
- 4- La exclusión económica se sigue evidenciando en aspectos como: creciente desempleo e informalidad, precariedad y congelamiento salariales, quiebre-desaparición de cientos de micro y medios negocios-emprendimientos empresariales.
- 5- Gran corrupción y aumento de la penetración del crimen organizado y del narcotráfico; por ende, creciente deslegitimación del sistema republicano de instituciones democráticas.
Finalmente, a nombre de la Junta Directiva Nacional de la ANEP, le extendemos respetuosa y cordial invitación para que, si a bien lo tienen, nos visite (mediando coordinación previa y a conveniencia de ustedes), en nuestra casa de la Calle 20, con la finalidad de escucharle y; a la vez, expresarle nuestros pensares sobre los contenidos de la presente y, en general, nuestros sueños de una Costa Rica de real, de verdadera, de auténtica inclusión social y económica.
