Categoría: Acción Política

En su sesión No. 1948, de carácter ordinario, de la Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), celebrada el pasado viernes 15 de febrero de 2013, se ratificó la posición oficial de la organización con relación al “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”, sindical y popularmente conocido como, “el proyecto de ley del salario único y contra los pluses salariales en el sector Público”; iniciativa que fuera presentada a nombre del actual Gobierno de la República por la anterior jerarca del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), señora Sandra Piszk Feinzilber, luego de que le entregara a las principales organizaciones sindicales del sector Público un documento, “para discusión”, denominado “Estado de Situación en Materia de Salarios y Remuneraciones del Sector Público Costarricense”. El actual jerarca de dicha entidad, señor Olman Segura Bonilla, está retomando esta iniciativa y ha convocado para el próximo jueves 21 de febrero de 2013 a los sindicatos (incluida la ANEP-Central Social Juanito Mora Porras), para abrir el debate al respecto. ANEP no irá y enviará una nota explicando sus razones.

Recordemos que tal iniciativa gubernamental pretende aplicarse (según lo indica el citado “Anteproyecto de ley para el ordenamiento de las retribuciones adicionales al salario base del Sector Público”):

• A los servidores del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y del Tribunal Supremo de Elecciones, así como al personal de sus órganos auxiliares y de sus órganos desconcentrados.

• A los servidores de los entes descentralizados y de las empresas del Estado, así como al personal de sus órganos desconcentrados.

• A los servidores de las corporaciones municipales.

• Quedan excluidos de la aplicación de esta ley únicamente los servidores del sector público que laboren para los bancos del Estado, el Instituto Costarricense de Electricidad y el Instituto Nacional de Seguros, por encontrarse en régimen de competencia.

Compartimos con todas las bases dirigentes de nuestra querida organización ANEP, así como con los y las anepistas del sector Público, con las personas trabajadoras asalariadas, en general, del mismo; con las hermanas agrupaciones gremiales, laborales y sindicales estatales, así como con la ciudadanía nacional, los principales puntos de nuestra posición al respecto.

Primero: La ANEP es, si se quiere, la organización social que desde el ámbito sindical, más ha estado trabajando el tema tributario-fiscal del país. Acumulamos mucho tiempo ya en ello, siendo la experiencia más notable la participación nuestra en la Comisión Especial Legislativa Mixta Especial para el Pacto Fiscal, que se dio en la Administración Pacheco de la Espriella. Casi hay un acuerdo histórico nacional al respecto, inédito para la vida republicana reciente del país pero fue bloqueado por el entonces diputado Federico Malavassi.

Segundo: Dentro de nuestro estudio del tema hemos acuñado el término “Revolución Tributaria” para tratar de darle la magnitud a un problema gravísimo de inequidades impositivas que caracterizan al sistema tributario costarricense, de forma tal que los cambios que éste ocupa deben ser verdaderamente revolucionarios, si queremos viajar, de manera consistente, de la odiosa y perversa regresividad actual que le caracteriza hacia una progresividad justa y más que necesaria en los actuales momentos. Si el término indicado no gusta, pues podemos hablar de una “Transformación Tributaria Estructural”.

Tercero: Rechazamos, tajantemente, que los denominados pluses salariales sean la causa del déficit fiscal; o, lo que es peor, que quitándole a los trabajadores y a las trabajadoras del sector Público esos sobresueldos, se arregle el este problema del déficit. Nosotros creemos que entrarle al asunto por este lado es esparcir una cortina de humo sobre la verdadera naturaleza del problema fiscal-tributario del país; y, por otro, culpabilizar a los empleados públicos y a las empleadas públicas, especialmente los de ingresos medios y bajos, de la famosa “crisis fiscal”. Con la ANEP no cuenten para entrarle al problema fiscal rebajando salarios en el sector Público, cuando son precisamente quienes laboran en él los más puntuales pagadores de impuestos; por ejemplo, el de renta se rebaja de la planilla directamente y el de ventas se paga con la compra en la pulpería o en el supermercado. Quienes evaden impuestos, son otros, no los trabajadores ni las trabajadoras.

Cuarto: Una muestra de que el problema del déficit fiscal está en otra parte, es el reconocimiento ya oficial de que, únicamente por exoneraciones y evasiones, el Estado deja de percibir, casi 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB). Imagínese usted de qué clase de cifra estamos hablando. Nosotros hemos venido hablando de este aspecto hace ya bastante tiempo. Ahora la “oficialidad hegemónica dominante” nos dio la razón. Ni siquiera la sumatoria de todas las sumas que a los y a las profesionales del Gobierno Central se les paga por pluses como la Dedicación Exclusiva y/o la Prohibición, incluso vinculadas conjuntamente, se acerca en lo más mínimo a la cantidad de 1.200 millones de millones de colones que son esos 6 puntos de PIB (esperamos haber “traducido” bien esta cantidad, 6 puntos de PIB, considerando que cada punto equivale a unos 200 mil millones de colones). Entonces, con respeto, es absolutamente ridículo que el Gobierno pretenda hablar de un proyecto de ley para quitar, reducir, eliminar, pluses. ¡¡¡Por favor!!!

Quinto: No tenemos miedo a sentarnos a una mesa fiscal-nacional. Pero en serio. Tenemos estudio en el tema y lo hemos abordado sin perspectiva panfletaria. Pero que no nos vengan a decir que los pluses son la causa del déficit fiscal. Eso no se sostiene tan solo con el ejemplo del 6% PIB en exenciones y exoneraciones. Porque hay más ámbitos donde el robo de los impuestos es de tal magnitud que se ha convertido en una especie de crimen contra toda la sociedad.

Sexto: El Gobierno debería mostrarle al país un listado que tiene “engavetado” con los 1.158 puestos del Estado que superan la suma de 5 millones de colones de salario mensual, llegando hasta 20 y más millones. Eso sí sería sumamente interesante de conocer cómo lo abordaría si cree que el déficit fiscal anda por este lado.

Sétimo: La ANEP seguirá insistiendo por todas las vías a su alcance y acudiendo a todas las formas de lucha posibles, en la modificación legislativa del artículo 12 de la ley salarial médica para que se materialice el “desenganche” de la estructura salarial del Poder Ejecutivo (Gobierno Central), con relación a la estructura salarial del gremio de los y de las profesionales en Ciencias Médicas del país, sin que estas personas profesionales médicas pierdan un solo centavo de sus salarios ni un solo céntimo de sus pluses, por la eventual reforma de ley al citado artículo.

Octavo: Aunque presuntamente y según informaciones de prensa, y ante la propia desautorización presidencial que se habría manifestado, el Ministro de Hacienda, don Edgar Ayales Esna, habría “renunciado” y se habría “desdicho” de su nefasta idea de ponerle impuestos al Aguinaldo y al Salario Escolar; la ANEP (que fue la primera organización sindical que le salió al paso a tan perversa iniciativa), reitera su más rotunda oposición y el más fiero rechazo a estas “ideas locas”, sin descartar ninguna forma de lucha para que desaparezcan radicalmente de una vez y para siempre.

Noveno: Hacemos un llamado vehemente a todas nuestras bases dirigentes del sector Público y a todas las organizaciones amigas y fraternas que valoran y respetan nuestro esfuerzo de lucha para que nos aprestemos a la lucha abierta, en las calles, contra estas iniciativas contrarias a la justicia social, a la equidad, a la movilidad social y en contra de derechos laborales consolidados, legal y constitucionalmente. Especialmente, hacemos un llamado a los compañeros y a las compañeras anepistas y a la clase trabajadora asalariada, del sector Público, para que nos movilicemos de las más diferentes formas y en los momentos adecuados, en atención a llamamientos organizacionales compartidos y sin sectarismos violentistas.

Décimo: La ANEP reitera su convicción de que uno de los más grandes desafíos, de carácter estratégico y con visión de futuro, que enfrenta la sociedad costarricense de hoy y, especialmente, su clase trabajadora, es el impulso activo para la materialización concreta de profundas transformaciones en el injusto sistema tributario costarricense y su perversa orientación regresiva; lo que impide una más justa distribución de los beneficios del crecimiento económico y la implementación de nuevas políticas públicas hacia la integración y la cohesión sociales. Este desafío, de profundo carácter antineoliberal, implica una conjunción de esfuerzos y de fuerzas cívico-políticas que jamás se pensó que fuese necesario; y, con humildad, la ANEP está lista para dar su aporte.

San José, domingo 17 de febrero de 2013.

Junta Directiva Nacional (JDN)
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Central Social Juanito Mora Porras

Les presentamos las respuestas íntegras a la petición del periodista Gerardo Ruiz, del semanario El Financiero, sobre nuestra posición al respecto del proyecto de ley que el Gobierno pretende imponer a los sectores sindicales.

Primera: La ANEP es, si se quiere, la organización social que desde el ámbito sindical, más ha estado trabajando el tema tributario-fiscal del país. Acumulamos mucho tiempo ya en ello, siendo la experiencia más notable la participación nuestra en la Comisión Especial Legislativa Mixta Especial para el Pacto Fiscal, que se dio en la Administración Pacheco de la Espriella. Casi hay un acuerdo histórico nacional al respecto, inédito para la vida republicana reciente del país pero fue bloqueado por el entonces diputado Federico Malavassi.

Segunda: Dentro de nuestro estudio del tema hemos acuñado el término “Revolución Tributaria” para tratar de darle la magnitud a un problema gravísimo de inequidades impositivas que caracterizan al sistema tributario costarricense, de forma tal que los cambios que este ocupa deben ser verdaderamente revolucionarios, si queremos viajar, de manera consistente, de la odiosa y perversa regresividad actual que le caracteriza hacia una progresividad justa y más que necesaria en los actuales momentos. Si el término indicado no gusta, pues podemos hablar de una “Transformación Tributaria Estructural”.

Tercera: Rechazamos, tajantemente, que los denominados pluses salariales sean la causa del déficit fiscal; o, lo que es peor, que quitándole a los trabajadores del sector Público esos sobresueldos, se arregle el problema este del déficit. Nosotros creemos que entrarle al asunto por este lado es esparcir una cortina de humo sobre la verdadera naturaleza del problema fiscal-tributario del país; y, por otro, culpabilizar a los empleados públicos, especialmente los de ingresos medios y bajos, de la famosa “crisis fiscal”. Con la ANEP no cuenten para entrarle al problema fiscal rebajando salarios en el sector Público, cuando son precisamente quienes laboran en él los más puntuales pagadores de impuestos; por ejemplo, el de renta se rebaja de la planilla directamente y el de ventas se paga con la compra en la pulpería o en el supermercado. Quienes evaden impuestos, son otros, no los trabajadores.

Cuarta: Una muestra de que el problema del déficit fiscal está en otra parte, es el reconocimiento ya oficial de que, únicamente por exoneraciones y evasiones, el Estado deja de percibir, casi 6 puntos de Producto Interno Bruto (PIB). Imagínese usted de qué clase de cifra estamos hablando. Nosotros hemos venido hablando de este aspecto hace ya bastante tiempo. Ahora la “oficialidad hegemónica dominante” nos dio la razón. Ni siquiera la sumatoria de todas las sumas que a los y a las profesionales del Gobierno Central se les paga por pluses como la Dedicación Exclusiva y/o la Prohibición, se acerca en lo más mínimo a la cantidad de 1.200 millones de millones de colones que son esos 6 puntos de PIB. Esperamos haber “traducido” bien esta cantidad, 6 puntos de PIB, considerando que cada punto equivale a unos 200 mil millones de colones. Entonces, con respeto, es absolutamente ridículo que el Gobierno pretenda hablar de un proyecto de ley para quitar, reducir, eliminar, pluses. ¡¡¡Por favor!!!

Quinta: Sí hemos de llamar a la manifestación en las calles si el Gobierno insiste en este asunto. Estamos valorando si vale la pena ir a la reunión del 21 de este mes que está convocando el Gobierno. Ya conocemos sus intenciones desde que estaba la anterior jerarca de la cartera de Trabajo y su responsable máximo actual no ha puntualizado qué es exactamente lo que quiere.

Sexta: No tenemos miedo a sentarnos a una mesa fiscal-nacional. Pero en serio. Tenemos estudio en el tema y lo hemos abordado sin perspectiva panfletaria. Pero que no nos vengan a decir que los pluses son la causa del déficit fiscal. Eso no se sostiene tan solo con el ejemplo del 6% PIB en exenciones y exoneraciones. Porque hay más ámbitos donde el robo de los impuestos es de tal magnitud que se ha convertido en una especie de crimen contra toda la sociedad.

Sétima: El Gobierno debería mostrarle al país un listado que tiene “engavetado” con los 1.158 puestos del Estado que superan la suma de 5 millones de colones de salario mensual, llegando hasta 20 y más millones. Eso sí sería sumamente interesante de conocer cómo lo abordaría si cree que el déficit fiscal anda por este lado.

Estimado don Gerardo: Quedamos a sus gratísimas órdenes y en próximas horas revisaremos este mensaje para conocer su decisión con base en la circunstancia explicada. Le reiteramos nuestro mayor respeto y consideración.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

El pasado sábado 19 de enero, cientos de anepistas (básicamente, dirigentes de las diferentes seccionales de la organización), se citaron en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (Cecor), para conocer el informe de la auditoría externa, contratada por nuestro sindicato por mandato de anterior Asamblea General; informe expuesto por la empresa Rojas Ceciliano y Asociados (reconocida firma en su campo), sobre lo sucedido con la gestión que se impulsara para la realización del proyecto “Hotel y Centro de Convenciones El Tití”.

“El Tití” fue el sueño no cumplido de nuestro sindicato, de darle a nuestra afiliación un lugar digno y de primera calidad para vacacionar, en los terrenos que posee la ANEP junto al Parque Nacional Manuel Antonio: una de las playas más lindas del mundo. Dicho sueño se vio cortado por decisiones mal tomadas y por la inexperiencia de las personas involucradas en el proyecto.

El informe de auditoría deja claro esto, pero sobretodo deja claro que las patrañas, las mentiras y las acusaciones de robo y malversación de fondos por parte de la dirigencia de la ANEP, y especialmente de nuestro Secretario General, Albino Vargas Barrantes, eran completamente falsas. En ANEP nadie se robó un cinco del proyecto El Tití.

También dicha auditoría revela cosas que se hicieron mal, errores que ahora se investigará si fueron involuntarios o no. El informe completo fue entregado a todas las personas asistentes a la Asamblea para su consideración y para permitir el estudio profundo del mismo, así si alguien encuentra algún error o problema, éste se pueda enmendar.

Nuestro sindicato siempre ha planteado total transparencia con nuestra afiliación respecto a las finanzas, los dineros de la ANEP. Esta auditoría refleja esa vocación de claridad. La aprobación de la Asamblea de investigar por lo legal los resultados de auditoría confirma que queremos sentar responsabilidades sobre lo actuado, que en lo político causó heridas a lo interno, pero dichosamente podemos decir que ya van sanando.

La Asamblea también estudió las infortunadas declaraciones del Fiscal General, José Manuel Gómez, al periódico La Nación, al cual se le filtró días antes de la Asamblea General Extraordinaria, el informe de auditoría, aunque se había exigido a las partes resguardar el secreto de dicho informe hasta que lo conociera la Asamblea en pleno.

El informe estuvo únicamente en manos de Albino Vargas, de la empresa consultora y del señor Fiscal. Nuestro Secretario General y la auditoría juraron frente a la afiliación que nunca mostraron el documento a nadie. Tanto así, que ni la misma Junta Directiva de nuestro sindicato conocía el documento. El señor Fiscal no se hizo presente a la Asamblea, no se pudo conocer su posición por lo actuado. Por lo tanto se instauró una comisión que hará un informe sobre la filtración de la información privada y el papel del señor Gómez al respecto.

La Asamblea General Extraordinaria concluyó con un apoyo total al liderazgo de nuestra Secretaría General, en la figura del compañero Albino Vargas Barrantes, dando un espaldarazo político al manejo de nuestro Sindicato en todas las áreas de gestión política, administrativa y financiera, demostrando que el Anepismo de Corazón prevalecerá por el bien de la ANEP.

Nuevos elementos surgidos últimamente obligan, al menos a la ANEP, a un replanteamiento con relación a la lucha contra el más reciente “decretazo” salarial impuesto por el Gobierno al sector Público, de un 1.84%, en términos generales. Veamos:

PRIMERO: La ANEP necesita hacer un amplio proceso de sensibilización entre sus bases laborales del Gobierno Central y entes adscritos, acerca de las repercusiones del artículo 12 de la Ley de Incentivos Médicos; en el entendido de que los reajustes salariales de la administración central del Estado (tanto generales, como particulares; tanto a la base como en sobresueldos), aumentan, hasta cuatro veces más, el salario base del personal médico cubierto por esta ley; tanto de quienes laboran para el sector Público como en el sector Privado (medicina privada).

Esta situación tendrá un nuevo episodio que consideramos injusto: el próximo aumento salarial extraordinario para la Fuerza Pública, de unos 15 mil colones promedio, podría generar hasta 60 mil colones en la base de los salarios médicos de cada profesional en éste ámbito de la salud, sin que siquiera tengan que mover un solo dedo.

La estrategia es generar una corriente de opinión en nuestras bases laborales, acerca de la necesidad de “desenganchar” tal ley de las fijaciones salariales del Gobierno Central, sin afectar en un solo centavo los salarios médicos, ni en sus bases ni en sus pluses.

SEGUNDO: La agitación laboral en el sector municipal tiende a crecer, a raíz de las acciones de la Contraloría General de la República (CGR), en contra de sus correspondientes estipulaciones convencionales, en materia de reconocimiento de la cesantía de manera plena y real. Esto obliga a ponerle mucha atención a una situación de agitación laboral que tiende a crecer. La ANEP está convocando, con urgencia, para las 9 de la mañana del próximo martes 29 de febrero, una reunión de sindicatos municipales para definir acciones, entre ellas en la calle, en próxima fecha.

TERCERO: Hace falta intensificar el proceso de conocimiento de la propuesta sindical para una nueva fórmula de cálculo del incremento salarial semestral en el sector Público, misma que fuera presentada recientemente en el seno de la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público; de modo tal que se tenga un amplio conocimiento de sus contenidos para facilitar procesos de movilización más conscientes y eficaces.

CUARTO: La ANEP propondrá un cambio de estrategia para la movilización en estos asuntos de lucha salarial en el sector Público; de tal suerte que la base social que pueda darle más músculo a la posición sindical en el seno de la indicada comisión, se moviliza antes y durante la negociación; no cuando ya ésta ha fracasado y se ha impuesto un “decretazo”. Esto implica negociaciones intergremiales para ver si es posible hacer un esfuerzo de nuevo tipo con ocasión de la fijación salarial para el segundo semestre del año en curso.

QUINTO: La circunstancia de que la presión sindical en la mesa negociadora haya generado un punto porcentual adicional al 1.84%, a los salarios base menores a 275.400.oo colones mensuales; en nada demerita la necesidad de apelar a la movilización social para estas y similares circunstancias. Jamás renunciaremos a la Democracia de la Calle.

Solamente que para la presente coyuntura, los elementos apuntados llevan a la ANEP a plantear que la movilización por salarios del sector Público queda como reto para la fijación correspondiente al segundo semestre de 2013.

Sorpresiva y arteramente, se han “aventurado” a atacar varios instrumentos de negociación colectiva vigentes en el Sector Público, básicamente en materia de derechos de cesantía, con lo cual, echan leña a la hoguera de la agitación socio-laboral, ya de por sí en fase de calentamiento progresivo. Se presume que tan provocadora gestión habría sido emanada desde la misma Contraloría General de la República (CGR), lo cual quedará claro en próximas horas.

Específicamente, se arremete en sede constitucional contra el rompimiento del tope de cesantía para quienes laboran en instituciones como las municipalidades de San José, de Santa Ana y de Turrialba; en el Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BPDC) y en el Consejo Nacional de Producción (CNP).

Igualmente, se arremetió en sede constitucional contra la norma laboral vigente en la Municipalidad de Aserrí que cuestiona la forma de pago bisemanal, con lo cual se pone en riesgo esta forma de retribución salarial vigente en varias de las instituciones públicas del país, destacándose el caso de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Estas acciones de inconstitucionalidad, inspiradas en la perversa lógica neoliberal de mercado, buscan propiciar un clima irracional de reversión de derechos laborales conquistados al amparo de los principios fundamentales que consagra el ordenamiento jurídico internacional en la materia y en los propios principios filosóficos de los Derechos Humanos.

Cuando se debe suponer que la lógica de la distribución equitativa de la riqueza es, más bien, hacer avanzar la legislación laboral protectora para toda la clase trabajadora asalariada del país (tanto la que se desempeña en el sector público como en el privado); por ejemplo, ampliando, realmente, la cesantía como reconocimiento integral de toda una vida laboral, aparecen estas acciones de inconstitucionalidad que van en la dirección radicalmente contrataria: reversión de derechos.

Es más, no es descabellado afirmar que en fecha próxima también podría ser cuestionada la misma Ley de Protección al Trabajador por, precisamente, contener en su esencia la ampliación del derecho de cesantía en su concepción real, sin tope de años, aunque su rompimiento fuera de manera parcial. Un colapso financiero insospechado podría estarse incubando ya, si la lógica de las acciones de inconstitucionalidad contra el derecho real de cesantía en las entidades públicas mencionadas, llega a prosperar.

Igualmente, un verdadero caos laboral y de agitación laboral – confrontacional insospechada, serán las consecuencias de que el sistema de pago bisemanal vigente en la Municipalidad de Aserrí sea declarado “inconstitucional”. Indudablemente, la Caja quedará en la mira.

ANEP hace un primer llamado de alerta general para la movilización de calle; llamado no solamente para los colectivos laborales directamente afectados, sino los potenciales; haciendo una apelación a todos los grupos sindicales y gremiales correspondientes para aunar los mayores esfuerzos unitarios en pro de la defensa de las conquistas laborales logradas por muchos años de lucha.

En verdad, esta situación es de suma gravedad y anuncia una confrontación social abierta que será inevitable.

Dice el señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Olman Segura Bonilla que “es una injusticia que muchos empleados públicos estén ganando mucho menos, ocupando los mismos puestos y responsabilidades…”. (Según nota de prensa escrita de esta fecha). Pues ¡¡¡claro que sí!!!

ANEP insistirá ante una eventual discusión sobre el monto del reajuste salarial del sector Público valedero para el primer semestre del año que acaba de comenzar en esos segmentos laborales de la Administración Pública central (Poder Ejecutivo) que están “ganando mucho menos”: 1) Las señoras de los CEN-CINAI; 2) los vigilantes de las escuelas y los colegios del MEP; 3) los señores que cuidan los parques nacionales; 4) el personal oficinista, técnico y de servicios; 4) las policías (Tránsito, Penitenciaria, Fuerza Pública (los rasos) y Migración).

Aquí hay un importante campo de acción para hacer verdadera justicia salarial, elevando las correspondientes bases salariales y, por ende, el plus conocido como “anualidades”.

Hablando de pluses y dada la terquedad gubernamental en el tema, es importante que el Gobierno dé a conocer cuál es el listado de los, más o menos, 1.150 puestos estatales cuyos salarios están entre los 5 y 15 millones de colones mensuales (y algunos más altos todavía); de manera tal que la opinión pública pueda, efectivamente, comprobar que los “privilegios” salariales están ubicados en la alta cúpula político-tecnocrática del Estado y no en los sectores medios y bajos de la estructura de puestos de la Administración Pública.

Además, cómo es eso de que “las mesas de trabajo, talleres o seminarios para el análisis y discusión del texto” que propone el Gobierno (concretamente el señor Ministro Segura), en materia de pluses, no incluirá hablar de los “salariazos” de la gerencia bancaria estatal y puestos equivalentes o adjuntos a la misma.

Definitivamente, en el caso de la ANEP somos claros y contundentes: queremos hablar, dialogar, construir, sobre la realidad salarial de los segmentos laborales más empobrecidos de la Administración Pública como los que han sido aquí mencionados. Nada más.

Albino Vargas Barrantes
Rafael Ángel Mora Solano

Este acontecimiento ya está despertando diversas interpretaciones, las cuales, por supuesto, no podrán quedar exentas del subjetivismo propio del posicionamiento, tanto individual como grupal, de las correspondientes fuentes que las generan. Estas líneas no serán la excepción.

Aclaramos que en nuestro caso las opiniones son estrictamente personales, formuladas eso sí con base en nuestra experiencia de dirigentes sindicales pero que no involucran, para nada, a las organizaciones en las cuales militamos; aunque no dudamos de que muchas de las personas trabajadoras afiliadas a las mismas pudieran compartir, en todo o en parte, lo que aquí planteamos.

Es importante recalcar que, en realidad, don Rodrigo y su hermano, don Oscar, representaron una dualidad colectiva de visión y acción política totalmente compartida, de forma tal que no es posible analizar su trayectoria en la vida nacional sin relacionar al uno con el otro; tal y como, en su momento, se desarrollaron los comportamientos de otros dúos políticos con vínculos de sangre directos, y que se destacaron en la vida republicana costarricense, como el de los conocidos hermanos Tinoco (Federico y José Joaquín), en los albores del siglo pasado.

Para empezar, pensamos que el ciclo personalista que a la política costarricense le imprimieron los Arias en, prácticamente las últimas tres décadas, ha terminado; sin embargo, las ideas centrales y las tesis políticas fundamentales de ambos, centradas en la prevalencia del mercado como ente regulador estratégico en las relaciones sociales, siguen tan vigentes como siempre; dado que la salida de este dueto de la política nacional podrá manifestarse a nivel del poder formal pero en el ámbito del poder real, sus conexiones seguirán teniendo incidencia aunque no tan explícitamente notoria como todos estos años.

Dicho en otras palabras, el retiro de los Arias en nada afecta la naturaleza de la actual estructuración sistémica que viene consolidándose desde el gobierno de Luis Alberto Monge Álvarez, con ocasión del primer programa de “Ajuste Estructural”, en 1984; y que tiene en el “frauduréndum” sobre el TLC con Estados Unidos, en 2007, uno de sus momentos más emblemáticos del lento pero sistemático proceso de desmontaje de lo que conocimos como el Estado Social de Derecho, hijo éste de las reformas sociales de los años 40 del siglo pasado y que luego fuera adoptado y desarrollado por la “Segunda República” de don Pepe Figueres, luego de la llamada Guerra Civil de 1948 (Constitución Política de 1949).

En lo inmediatamente concreto, don Rodrigo alegó dos razones fundamentales para retirarse del proceso convencional liberacionista, previsto para abril próximo (aunque, de seguro, ya no lo habrá, porque es prácticamente hecho consumado que el tercer precandidato del PLN en esta pugna, el señor Fernando Berrocal Soto, se unirá al señor Johnny Araya Monge).

Por un lado, las encuestas de las firmas empresariales que se dedican a ello no le favorecían para nada, empeorando esta situación la encuesta que él mismo encargó y financió de su “propia” plata; y, por otro, que al no ser un candidato “potable” para los y las potenciales votantes, es decir, al ser un seguro perdedor, la gente adinerada que siempre financia todo este tipo de campañas electorales, perdió interés en el “negocio” de la próxima elección presidencial, del 2014. Esto podría ser parcialmente cierto (como veremos luego), dado que hoy en día, el “marketing” de una candidatura presidencial cuesta muchísimo dinero.

Aparte de estas dos razones, nosotros pensamos que podría haber una tercera: El gran capital de signo neoliberal, mismo que en la actualidad hegemoniza el poder real en nuestra sociedad, podría haber definido que uno de los “suyos” (Rodrigo Arias, específicamente), tendría que enfrentar una venidera y peligrosa situación fiscal-financiera que podría estar en incubación (una verdadera crisis) y que, por tanto, el retorno de la inversión electoral en esa candidatura no está debidamente asegurado, por lo cual no estaban en condiciones de apostar por un precandidato presidencial en desventaja y con carácter de perdedor.

Podría pensarse, entonces, en adición a lo anterior, que si la posibilidad de una verdadera crisis de profundidades insospechadas, es tan real que sería “mejor” que la enfrente alguien que no viene del lado “natural” del capital (aunque éste lo haya acogido en su seno); y que, en consecuencia, habría que pensar, eventualmente, en que sería conveniente sacar la plata del país para llevarla a otro lado más seguro.

Ahora bien, para nadie es un secreto que los hermanos Arias y su pensamiento fundamentalista de mercado, de corte neoliberal, nunca fueron del agrado de una buena parte de la sociedad costarricense, por un lado; por otro, buena parte del liberacionismo histórico los consideró infiltrados en su partido, mismo que abjuró, renegó y vendió su esencia fundamental y filosófica que siempre dijo ostentar, según los valores socialdemócratas clásicos, para adoptar los del neoliberalismo, precisamente a partir de la incidencia del famoso dueto.

Esto explica, en parte, las mayores epopeyas cívicas de la historia contemporánea costarricense de las últimas décadas: el combo ICE, del año 2000, así como la lucha patriótica en contra del TLC a largo de un período de cinco años (2002-2007). De una manera indirecta, primero; y luego directa, en el segundo, los Arias fueron figuras emblemáticas en la confrontación abierta y radicalmente polarizante que el país vivió en tales disyuntivas históricas prácticamente irrepetibles.

Ellos integraron (y seguirán integrando), el bloque hegemónico todavía dominante y garante sistémico del estado actual de cosas en nuestra sociedad, que defendió sus propios paradigmas de mercado en ambas gestas cívicas. Esto los confrontó con enormes cantidades de sectores ciudadanos, especialmente de las capas medidas en ambas coyunturas, muchas de las cuales tenían origen liberacionista, al punto de que la propia sobrevivencia del PLN quedó en “alitas de cucaracha”. En esas circunstancias, tal bloque se vio obligado a apelar a los Arias (en este caso, don Oscar), para revitalizarse y fortalecer su visión neoliberal de desarrollo, forzando la reelección presidencial primero; después imponiendo a don Oscar en las elecciones, prácticamente, fraudulentas del 2006; y, terminando, también con fraude, imponiendo el TLC con Estados Unidos, en el 2007.

Como vemos, la prácticamente nula popularidad de la precandidatura del señor Rodrigo Arias, que le lleva a su retiro, no deja de ser vista como una especie de cobro de factura por abrazar causas políticas que no propician el bien común, que generan exclusión social, que potencian el crecimiento sostenido de la desigualdad y de la concentración de la riqueza; en fin, haber él y su hermano promovido unas políticas públicas para beneficio de un modelo de desarrollo económico centrado en pocos grupos, de escaso encadenamiento productivo a nivel nacional y lleno de privilegios fiscales y con no pocos abusos laborales.

Evidentemente, gran parte del abono para el retiro de esta precandidatura, proviene de una amplísima gama de sectores sociales del más amplio espectro (destacándose los sindicales, aunque a algunos les duela); pues la enorme resistencia cívica de todos estos años contra el modelo neoliberal (que, por cierto, está impuesto “a medias” precisamente por esa gran resistencia), puso a los Arias como los rostros visibles, en esencia, del enemigo a vencer y, evidentemente, hubo un gran desgaste que, finalmente, es don Rodrigo el que lo paga de primera entrada. Por ello, permítasenos brindar, simbólicamente hablando, por esta especie de victoria popular aunque en los marcos peculiares de esta coyuntura.

Así que el camino le ha quedado libre al señor Johnny Araya Monge para ser “ungido”, por aclamación, como el próximo candidato presidencial por el PLN y dado el escenario que exhibe todo lo que se conoce como la “oposición”, se le estaría facilitando su llegada a Zapote, el 8 de mayo de 2014.

Difícilmente, por no decir imposible, es esperar que una eventual presidencia del Sr. Araya tenga decisiones, por más “light” que puedan ser, que lo lleven a algún nivel de ruptura sistémica de conformidad con lo que al efecto ha venido estructurando el bloque hegemónico dominante de corte neoliberal. Decimos esto por cuanto el señor Araya ha venido diciendo, primero en privado y ahora ya parece que también en público, que él quiere “recuperar” los valores originales de los postulados clásicos de la socialdemocracia, lo cual ponemos en duda.

Es tal el nivel de intolerancia de dicho bloque y su poder basado en la propiedad de los latifundios mediáticos dominantes (acostumbrados a poner y quitar candidatos); que una campaña presidencial primero y, eventualmente luego una gestión gubernativa hacia la recuperación de los valores socialdemócratas clásicos, sería inaceptable para ese bloque, representando un “riesgo” que don Johnny no quisiera correr.

Se necesita mucho más, pero muchísimo más que lindos mensajes para que las grandes masas ciudadanas hartas de la política tradicional, crean en ella y en sus partidos más intrínsecos a la misma. El PLN, aunque ahora se haya “ido” don Rodrigo, es enormemente responsable de ese descrédito ciudadano en la política; de haber renegado de los valores que se generaron desde el Centro de Estudios para los Problemas Nacionales que le dio origen; de haberse convertido en una mera maquinaria electoral, muy eficiente es cierto, pero al precio de la abjuración de sus principios; de haber promovido, fomentado y participado del cruel crecimiento de la desigualdad, de la riqueza y de la corrupción en contra del bien común, del bienestar del mayor número y de la inclusión social.

Por ello es que es más clara todavía la necesidad de que en el país exista una alternativa política de corte estratégico que desafíe el orden sistémico de corte neoliberal, lo cual ahora se vuelve de altísima prioridad. Lamentablemente, todavía no se vislumbra en el corto plazo, porque tal desafío no es lo mismo que hablar de la “oposición” electorera, tal y como se maneja en los conceptos, dinámicas y actitudes de todos esos partidos y de todas esas personas que hablan de una coalición, solamente para enfrentarse al PLN.

Lo que pasó con ocasión de las elecciones presidenciales del 2010 es suficientemente aleccionador; o, por lo menos, es indicativo de que ahora también pasará lo mismo. En las votaciones de febrero de 2010, de las nueve candidaturas presidenciales que, finalmente, aparecieron en la boleta de votación de la persona electora, siete provenían del proceso sociopolítico y cívico-patriótico del No al TLC. Pese a cualquier cantidad de intentos por construir una alternativa electoral al neoliberalismo, con base en los partidos de esas siete candidaturas coaligadas, los personalismos de todo tipo lo impidieron. Ganó ya sabemos quién y tenemos lo que tenemos. Nada nos garantiza que para el 2014 las cosas pudieran ser distintas, cuando la boleta presidencial “amenaza” tener, en vez de nueve rostros (como en el 2010), diecinueve para el 2014.

Finalmente, lo que sí pensamos es que es cierto que el poder del capital en lo electoral es, sencillamente, aplastante. Pero no imposible de ser superado. Hay experiencias muy cercanas a Costa Rica que lo demostraron. Nosotros mismos, en suelo patrio, como pueblo consciente, hemos desafiado en estas épocas, ese gran poder del capital; solamente que lo hemos hecho en escenarios no electorales y aunque no hubo victorias estratégicas si hubo triunfos ético-morales de incalculable valor y que, sin plata, nos pusieron de tú a tú con la hegemonía neoliberal del capital de los grupos de los cuales salieron los hermanos Arias. Sí se puede ir al escenario electoral en desigualdad financiera pero en articulación estratégica, apuntando en una única dirección. Ese es el sueño. Ahí está el desafío.