La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Sala IV, indicó en este día, martes 22 de mayo de 2012, que ha anulado una sentencia que, por “_error_”, había sido votada y dada a conocer un día antes; por la cual se dejaba sin efecto el alza en las tarifas de los buses que la Aresep le impuso a la población usuaria de este estratégico medio de movilización popular de transporte público.
Admitido que fue tal “_error_”, ahora, un fallo distinto dejaría en absoluta evidencia que el poder del empresariado autobusero, sumado al de la cúpula política que controla el Partido Liberación Nacional (PLN), es de tal calibre que arrastrará al indicado tribunal constitucional a la crisis de credibilidad y de legitimidad más importante de, prácticamente toda su historia.
Solamente una sentencia anterior igualaría el profundo impacto negativo
ante la conciencia popular de tal “_error_”, si es que “corregido“ el mismo se falla ahora a favor del empresariado autobusero.
Nos referimos a aquella sentencia, también de impacto profundamente negativo que tuvo en la vida nacional, como la fue la imposición de la reelección presidencial; pasándole por encima a la propia Asamblea Legislativa, para posibilitar la llegada al poder, nuevamente, de Oscar Arias Sánchez.
La ANEP, respetuosamente, recuerda que este tema del alza en las tarifas de autobús había sido abordado por nuestra organización, en sus comentarios de los miércoles en Diario Extra; concretamente, los días 18 de abril y 21 de marzo anteriores.
Los adjuntamos para la constatación correspondiente.
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Alzas en buses… Mensaje respetuoso para la Sala IV
Albino Vargas Barrantes
Secretario General
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Hemos escrito este comentario a primera hora de ayer, martes 17 de abril de 2012 y no teníamos todavía noticias desde la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, respeto a ordenarle a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), suspender el acto administrativo por medio del cual se elevarían, sustancialmente, las tarifas de la casi totalidad de las rutas de autobuses de todo el país, intermediando un proceso que está dejando muchas dudas con respecto a su transparencia.
Efectivamente, el distinguido señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán, actual jefe de la fracción parlamentaria del Partido Acción Ciudadana (PAC), ante tal situación fue a la Sala Cuarta a interponer un recurso de amparo pues ese proceso para establecer nuevas tarifas para el transporte público en autobús, estaría lleno de irregularidades; perjudicándose, sensiblemente, a las personas usuarias que, como sabemos, son miles y miles y, prácticamente, todas pertenecen a la clase trabajadora, tanto la que es asalariada como aquella que se gana sustento en el mercado informal de la economía; sin hablar de esas miles personas desempleadas, casi sin dinero en sus bolsillos, que van de un lado a otro, en autobús, dejando su currículo por aquí y por allá en busca de un empleo.
También, según tenemos entendido, la propia Defensoría de los Habitantes de la República hizo lo mismo, es decir, fue a la Sala Cuarta indicando que esa alza, así como está tramitada, perjudica a las miles de personas usuarias de los servicios de autobús y, por tanto, debería suspenderse el acto administrativo que hace la Aresep autorizando ese gran aumento hasta que las cosas se hagan como debe ser. Pero no. La misma Sala IV que estableció las barbaridades que ocurrieron durante la tramitación legislativa del plan fiscal, tan detestado por el pueblo, por la ciudadanía, por la Gente; es la misma Sala IV que pese a haber admitido los recursos del diputado mencionado y de la Defensoría para estudiarlos, le dijo a la Aresep, siga adelante con el trámite del alza. ¡Qué raro!
Ante esta inusual actitud del más alto tribunal de la República, pues por lo general suspende los actos administrativos cuestionados cuando alguien les pone un recurso de amparo; don Manrique Oviedo Guzmán fue más allá y presentó una especie de acción adicional, por si a la Sala IV se le hubiera “olvidado” decirle a la Aresep que se detuviera en su “alocada” carrera por imponer ese alza; acción que se denomina “medida cautelar con carácter de urgencia”.
Es decir este distinguido legislador, de nuevo, toca las puertas de ese tribunal y, reitera, su petición de que el trámite para tal alza debe detenerse porque, juntando todos los elementos que median en el proceso que lleva a la misma, pareciera que estamos de cara a un “compadre hablado”; es decir, el empresariado autobusero estaría siendo favorecido por presuntos torcidos procedimientos con una alza que en casi todos los casos es exagerado y va en contra del golpeado bolsillo de la gente del trabajo que viaja en bus.
Nosotros, que desde nuestra actividad sindical creemos en el Diálogo Social, en una sociedad de inclusión y en una comunidad nacional en la que todos ganemos, no estamos en contra de la actividad empresarial, mucho menos la que representa el negocio del servicio público de transporte modalidad autobús. Nosotros entendemos que en este ámbito de la actividad productiva del país, hay microempresarios, hay pequeñas y medianas empresas, muchas de ellas negocio familiar de toda una vida. Nosotros no somos de la tesis del extremismo dogmático ideológicamente trasnochado que donde ve un empresario inmediatamente ve un explotador desalmado (que sí los hay, por supuesto). Sabemos también que hay un peligroso proceso de concentración en el mercado autobusero. También somos conscientes de que, por lo general, los empresarios autobuseros han acumulado mucho poder político real; ese que, en verdad, manda en este país y hegemoniza la acción gubernativa estratégica entre bambalinas.
Pero en este caso, del alza en trámite para las tarifas de autobús, la Aresep se ha comportado muy “sospechosamente” para decirlo con “elegancia”. Eliminar la audiencia oral (por muy desprestigiado y desacreditado que esté el procedimiento de las audiencias); trabajar en días santos en carrera loca para tener lista la decisión que debe publicarse en “La Gaceta”; y, lo más grave, invocar, cayendo en flagrante ilegalidad, un procedimiento extraordinario para hacer esas alzas cuando sólo debe emplearse el mismo en casos sumamente graves y totalmente fortuitos que afecten la economía nacional, constituyen solamente una parte de los elementos que a uno lo hacen desconfiar de toda esta situación.
Porque ahora que están saliendo un montón de cosas cuestionables desde la perspectiva de la transparencia en la función pública y que tiene escandalizada a la ciudadanía, alrededor de esos “procesos” de tráfico de influencias, de “recomendaciones” entre amigos para adjudicar consultorías y similares; bien haríamos en tener claridad de cómo es eso de un “centro para el desarrollo de la regulación”, o “CDR”, que funciona al interior de la Aresep, como una especie de “aresepsita”, intermediando consultorías para su gestación; “cdr” que se creó cuando el jefe de la Aresep era el hoy “renunciado” Ministro de Hacienda. Así las cosas, esto de las alzas en los buses como se está tramitando deja mucho que desear y es por eso que la honorable Sala IV debería comprender que la “medida cautelar con carácter de urgencia” presentada por el señor diputado don Manrique Oviedo Guzmán debe ser acogida. Así lo pedimos, pública y respetuosamente.
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Miércoles 21 de marzo de 2012
El aumento del 13 % en las tarifas de los buses
Desde una perspectiva laboral un anuncio de tal calibre ha impactado sensiblemente, considerando la estrechez salarial de ingreso, tanto para la clase trabajadora con empleo formal, como aquella parte de la misma que se desenvuelve en el mercado informal, en el cuentapropismo.
No es poco ya el tiempo en que venimos insistiendo en que nuestro país sigue transitando por la senda peligrosa de la concentración de la riqueza y del crecimiento de la desigualdad; y como la política salarial de los últimos gobiernos sigue siendo, en esencia, de carácter restrictivo, un 13% de aumento en la tarifa de autobús tiene un efecto perturbador para las finanzas familiares de las amplias mayorías.
Decimos que los aumentos salariales semestrales tienen un carácter restrictivo, porque se dan apenas para compensar el aumento en la inflación, es decir, son un ajuste; no son aumentos que incrementan el poder de compra del salario, que expanden el mismo, que le dan más poder de compra.
En esto del negocio con el transporte público modalidad autobús, es bueno distinguir dos campos que tiene su actividad empresarial. Por un lado, queda todavía un grupo empresarial que podríamos denominar como “criollo”, que tienen un pequeño grupo de unidades automotoras y que, en no pocos casos, son formas de negocio familiar; y, por otro, se vienen perfilando grandes conglomerados autobuseros, con fuertes tendencias monopólicas u oligopólicas con influencia extranjera y que tienden hacia una acaparamiento total del mercado del transporte por autobús, dejando por fuera del mismo a aquellas empresas del primer grupo que hemos mencionado.
Este segundo grupo, el de los “grandotes”, ha logrado acumular un fuerte poderío que ha llegado ya a la esfera de la política electoral, brindando enormes aportes financieros a los diferentes partidos buscando garantizarse la salvaguarda de su negocio autobusero en las mejores condiciones.
Con alguna información en nuestro poder, el anuncio de que Aresep ha de autorizar ese fuerte incremento de la tarifa de autobús en un 13%, por la modalidad en que se impondrá, expresa el desarrollo de una poderosa influencia empresarial autobusera que es imposible pensar que no provenga desde los grandes grupos corporativos que vienen avanzando en el control total del transporte público modalidad autobús.
Cuando se indica que uno de los parámetros, sino el principal, para el incremento de 13% en la tarifa de autobús, resulta de una comparación de precios de varios insumos que ocupa la actividad, entre lo que costaban en el año 2009 y lo que valían en el año 2011, notamos una desproporción abusiva en la cuantificación de lo que debería ser la nueva tarifa en este año 2012; dejándose en total estado de indefensión a los miles y miles de personas trabajadoras usuarias de los servicios de autobús.
Es más, solamente por esta circunstancia, la sospecha de un “compadre hablado” en esta situación, surge con fuerza ante un escenario de creciente desconfianza ciudadana en la institucionalidad que le gobierna.
Muchas cosas deberían considerarse a la hora de que se autorizara un incremento en la tarifa de los buses, en cualquier circunstancia que fuera, tanto ordinaria como “extraordinaria”. Por ejemplo, se debería divulgar si tal empresa ha pagado, puntualmente, su impuesto sobre la renta, por un lado; y, por otro, si está al día en sus obligaciones patronales para con la Seguridad Social (CCSS). Además, la constatación de que los choferes de los buses y otros trabajadores de estas empresas, tienen garantizado el pleno respeto a sus derechos laborales, debería ser elemento esencial a la hora de pedir un incremento en la tarifa, haciendo que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), emitiera una certificación al respecto.
En este sentido, somos testigos directos de la represión y la persecución que en muchas empresas sufren los choferes de autobús cuando se afilian a un sindicato, promueven uno ó se vuelven dirigentes sindicales. Tenemos casos directos en nuestras manos por razones de nuestro trabajo cotidiano, no solamente de este tipo de despido antisindical, sino de que el chofer “sindicalista” queda condenado a una especie de muerte civil, pues su nombre es pasado a otras empresas y cuando se presenta en éstas buscando un nuevo empleo en la misma actividad, le dicen que no le contratan.
No es posible que en la democrática Costa Rica estas situaciones se den. Como no es posible aceptar que la población usuaria de los servicios de transporte público modalidad autobús quede, prácticamente, en total estado de indefensión ante este fuerte incremento tarifario; y que, más grave todavía, haya líneas de autobús que con este ajuste podrían incrementar sus ingresos mensuales entre 20 y 40 millones de colones, con este “compadre hablado” que pareciera existir para que tengan ese aumento del 13% en el pasaje de autobús.
En una perspectiva de promoción del bien común, de la integración y de la movilidad sociales, los empresarios autobuseros con seria responsabilidad social corporativa deberían buscar acuerdos con las organizaciones sindicales de sus trabajadores choferes (si en verdad quisieran que éstas tuvieran existencia plena a la luz del Estado de Derecho que todavía sigue vigente en el país); acuerdos que compartidos con la población usuaria respectiva, podría hacer que emergieran escenarios de un “ganar-ganar” en beneficio de una justicia social de enorme urgencia en este país. Con esta aspiración seguramente nos ganaremos la “cajita blanca” del mes. Por el contrario, una actitud abusiva y poco transparente, contraria al sentir de la gente pareciera imponerse con este aumento del 13% en los pasajes de autobús. Intentaremos volver sobre el tema la semana próxima.
