Acción Política

El “consejo cívico contra la corrupción”

Publicada el 28/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Por: Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

El señor diputado don Mario Redondo Poveda ha venido planteando que la corrupción en nuestro país, estaría representando un 7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), basándose en datos que está proporcionando el gobierno de los Estados Unidos, en su International Narcotics Control Strategy Report (Volumen I: Drug and Chemical Control), emitido con fecha marzo de 2018, por el Bureau for International Narcotics and Law Enforcement Affairs, del United States Department of State (página 141 para el caso de Costa Rica).

La probabilidad de que este dato sea completamente real es altísima. Si cada punto PIB está representando en estos momentos unos 350 mil millones de colones (350.000.000.000), entonces la sociedad, por culpa de su estamento corrupto, estaría dejando de percibir unos 2 billones 450 mil millones de colones, ¡al año! (2.450.000.000.000).

Lo que actualmente sabemos de casos de corrupción, entonces, es una pequeñísima parte. Para que haya corrupción, al menos dos deben ponerse de acuerdo. Y, por lo general, uno está en la esfera pública y otro en la privada. Indudablemente, el fenómeno de la corrupción está muy estudiado y los expertos tienen definidos varios conceptos y diversas categorizaciones, clasificaciones, tipificaciones; así como parámetros para medir su impacto en contra del bien común, de la integridad y de la inclusión sociales.

La corrupción, con ropaje legal o sin él, en el seno de la institucionalidad pública costarricense ha estado impactando al pueblo costarricense de manera muy dramática en los últimos gobiernos, incluido el que está por terminar. Es de enorme notoriedad la constatación pública de que, pese a la honestidad abrumadora con la cual se ejecuta la actividad empresarial privada, los más impactantes casos de corrupción tiene en el primer nivel a hombres de negocios de, hasta un determinado momento, “intachable prestigioso, como los ya célebres casos del cemento y del plástico”.

Por otra parte, de la misma manera en que la abrumadora mayoría de la actividad empresarial privada se ejecuta con honestidad; de esa misma manera la contundente mayoría del conglomerado laboral asalariado del sector público, ejecuta su quehacer cotidiano para la sociedad, con la misma honestidad.

Sin embargo, los corruptos de uno y de otro sector se las agencian para implementar la más variada articulación de artimañas y de estratagemas; y, en esas oficinas y ámbitos públicos donde se tejen esas maniobras para estafar a la sociedad con negocios turbios y con entrega de sobornos y coimas, el personal honesto que las detecta cae presa del miedo ante la posibilidad de que esa corruptela, bien apadrinada, amenace su propia estabilidad laboral, su propia integridad personal y familiar; facilitándose así que se establezca un entorno amenazante que instaura el silencio, generándose una complicidad tácita alimentada por el paralizante terror de ser víctima de diversas formas de acoso: laboral, psicológico, político, emocional, físico, económico.

¡Y no nos engañemos! Hay muchas esferas del servicio público contaminadas con el germen de la corrupción, pese a que, repetimos, la honestidad es el valor imperante en la abrumadora mayoría del personal público que presta dichos servicios y de los agentes empresariales privados que interactúa con éste en la concreción de la diversidad de gestiones inherentes al funcionamiento del aparato estatal.

Nadie, quien hace las cosas honestamente, debe sentirse ni molesto ni aludido por cuanto indiquemos que esta sintomatología corrupta y su patología social está en el sistema aduanero, está en de la salud y la seguridad social, en el sistema de gestión de infraestructura vial, en el seno de la diversidad de la prestación de servicios de seguridad ciudadana, en el ámbito municipal, en el ámbito penitenciario, en el bancario, en el turístico, etc.

Particularmente, que en el tributario la cuantificación oficial de todas las formas de evasión y de robo impuestos, supera los 8 puntos PIB (unos 2 billones 800 mil millones de colones), supone que el entramado corrupto para que esta monstruosidad de crimen social esté vigente, es bastante arraigado y complejo.

¿Por qué no pensamos en algún sistema de protección para toda aquella persona ligada salarialmente al empleo público, e incluso, a toda aquella persona del sector privado, que entra en conocimiento de prácticas corruptas (ya sea en gestación, en desarrollo y/o consumadas); que está dispuesta a denunciar pero que el miedo paralizante a sufrir algún tipo de daño, le impide hablar? Y mientras llega una sólida intervención policial-judicial, ¿por qué no pensar en el establecimiento de algún tipo de instancia, no necesariamente jurídico-institucional en cuanto tal, pero sí que genere nivel de confianza y de credibilidad en quien desee denunciar presunta corrupción, pero que se le garantice diverso tipo de apoyo protector en su propia unidad o esfera de trabajo, para evitar que el presunto corrupto o corruptor no se le venga encima con diversas modalidades de acoso, o incluso, valiéndose para ello de sus propias e insanas conexiones políticas?

Esta idea a la cual, preliminarmente la hemos bautizado con el hombre de “Consejo Cívico Contra la Corrupción”, la estamos planteando por esta vía pública a los dos señores Alvarado y, tanto el que gane el domingo como el que pierda, pueda valorar un impulso gestor para conformar tal consejo, con personas y organizaciones civiles de distinta procedencia y con trayectoria de honestidad y de posición fuerte contra la corrupción. Sobran costarricenses que podrían darle contenido a esta idea en cuanto a su eventual concepción, composición, procedimientos y otros. Honorables señores Alvarado, tienen ustedes la palabra.

Publicado en diario Extra, miércoles 28 de marzo de 2018.

Costa Rica en este momento no tiene legitimidad moral para oficializar la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López como jueza de la Corte IDH

Publicada el 13/06/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

Creemos firmemente que Costa Rica tuvo un pasado y liderazgo honroso en materia de defensa y garantía de los Derechos Humanos.

Contaba con instituciones sólidas, con una democracia envidiable y unos programas sociales que se exhibían en el concierto de las naciones como ejemplo de progreso, de seguridad y de bienestar.

Más allá de las diferencias políticas e ideológicas, todos luchábamos por acercarnos al concepto, a veces claro y en otras abstracto, de bien común. La dignidad humana era el tema central de la mayoría de las políticas públicas; y, siguiendo esta lógica, fue que se logró firmar y ratificar casi todos los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos.

La inmensa mayoría de las personas costarricenses aún conservamos esa tradición de paz, de libertad y de fraternidad. Sin embargo, en este momento, el país atraviesa un trance de inseguridad jurídica, de reformas regresivas y de irrespeto a los Derechos Humanos, propiciada por la clase política tradicional y sus principales partidos: Liberación, Unidad y Acción Ciudadana.

En este contexto, preocupa que a pesar del fallido intento pasado por lograr un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, alarma también que el gobierno actual haya propuesto la candidatura de la Magistrada Nancy Hernández López como jueza para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por experiencias recientes sabemos que el gobierno de Costa Rica no está eligiendo a las personas idóneas, es decir, no selecciona a aquellas que tienen el perfil de garantismo que este tipo de cargos requieren. Por el contrario, favorece el nombramiento de quienes exaltan su gestión de gobierno, de quienes exponen una realidad distinta a la que objetivamente atraviesa el país. ANEP considera que este tipo de personas no merecen asumir puestos de representación y, mucho menos, en temas transversales, como son los Derechos Humanos.

Una muestra de ese doble estándar, es que el Estado costarricense no ha contestado, y menos cumplido con varias recomendaciones emitidas por “Procedimientos Especiales” de Naciones Unidas que han emitido dictámenes de Relatores Especiales en materia de violaciones al derecho a la huelga, así como a violaciones a la independencia judicial. ¿Con cuánta vergüenza tenemos que soportar que la Corte Plena se negara a recibir a un relator de las Naciones Unidas, quien –posiblemente-, se iba a referir a las debilidades del proceso de elección de magistrados en el país y el impacto negativo que el actual procedimiento implica para la división de poderes?

Siguiendo este orden, el gobierno del Estado de Costa Rica, en este momento, desconoce las recomendaciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en cuanto a “promover un entorno seguro y propicio para que los individuos y los grupos puedan ejercer su derecho a la libertad de reunión pacífica, de expresión y de asociación, velando además porque sus leyes y procedimientos nacionales relacionados con estos derechos se ajusten a sus obligaciones y compromisos internacionales en materia de derechos humanos, incluyan de forma clara y explícita un supuesto favorable al ejercicio de estos derechos, y se apliquen de forma efectiva.”

Por el contrario, el Estado de Costa Rica, su gobierno y la Asamblea Legislativa, en aras de beneficiar a pequeños grupos de poder, han propiciado una reforma fiscal que afecta negativamente a quienes menos tienen. Se les ha concedido amnistía tributaria a grandes empresarios en plena crisis económica y se han gravado varios productos de la canasta básica, con efectos adversos, para quienes menos tienen. La absurda justificación gira en torno a la crisis fiscal, pero se ignora las recomendaciones de organismos internacionales en cuanto a proteger a las personas trabajadoras y a las poblaciones que presentan mayor condición de vulnerabilidad.

Recientemente, se aprobó una ley en contra de la protesta pacífica, desconociendo el principio de progresividad y no regresividad de los Derechos Humanos, especialmente de aquellos que les asisten a las personas trabajadoras y a sus organizaciones.

ANEP considera que el Estado de Costa Rica, con esta acción, toma distancia de las recomendaciones de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos (OEA), respecto de los estándares sobre los derechos involucrados en la protesta social y las obligaciones que deben guiar la respuesta estatal.

En repetidas ocasiones, el Estado ignora conscientemente que “las protestas han constituido una vía por la cual se logró tanto la elevación del piso de garantía de derechos fundamentales a nivel nacional, como la incorporación de una amplia cantidad de derechos en el desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos.”

Es más, la propia “Corte Interamericana ha reconocido que en situaciones de ruptura de orden institucional democrático, la protesta debe ser entendida “no sólo en el marco del ejercicio de un derecho sino al cumplimiento del deber de defender la democracia”

Como si lo señalado fuera poco, el Estado de Costa Rica, en este momento, gestiona un proyecto de empleo público que desconoce la independencia de poderes y las autonomías constitucionales.

ANEP considera que un gobierno que obliga a sus fuerzas policiales a agredir a los manifestantes (el uso de la fuerza en el contexto de protestas); que está cuestionado por irregularidad en la creación de una unidad de análisis de datos (caso UPAD); que se escuda en la incorrecta interpretación de orden público y paz social para justificar decisiones restrictivas de los derechos a la protesta; y, que, tiene denunciado penalmente a activistas sociales, alegando falsamente instigación pública, no es la mejor opción para disputar una candidatura que busca defender derechos humanos.

Las conductas promovidas por el Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de Costa Rica nos lleva a afirmar que en este momento el Estado no es apto para asumir un puesto en la Corte IDH

De manera que nuestra oposición a que Costa Rica presente la candidatura de la magistrada Nancy Hernández López no es producto de la mezquindad. El tema es que el gobierno de Costa Rica, por su gestión, no está legitimado para asumir dicha candidatura. Resulta cínico adjudicarle la defensa de la dignidad de América Latina aun gobierno que desconoce los derechos humanos de su propia gente.

Finalmente, creemos que por decencia el gobierno de Costa Rica debería dar un paso al lado y permitirle a otro país de la región que proponga una candidatura idónea y capaz.

Pronunciamiento oficial de la Junta Directiva Nacional de la

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

San José, viernes 11 de junio de 2021

_________________________

^[1] Consejo de Derechos Humanos, Informe del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Christof Heyns, 23 de mayo de 2011, A/HRC/17/28, párr. 31.

^[1] Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso López Lone y Otros Vs. Honduras. Sentencia de 5 de octubre de 2015. (Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas), párr. 148 y ss.

Deuda pública llegó a los 30 billones de colones: ¡Cada costarricense “debe” 6 millones de colones!

Publicada el 09/04/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

No es el Empleo Público la causa de la crisis fiscal

¡Cada costarricense “debe, 10 mil dólares! es la deuda pública per cápita.

Pago de intereses, por hora, es de 230 millones de colones al inicio del 2021

Con base en el informe más reciente en la materia, emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ente fiscalizador de hacienda pública nada amigable con el empleo público, la impagable (en criterio nuestro), deuda pública ha llegado, al terminar el año pasado 2020, a los TREINTA BILLONES DE COLONES. En cifras, hay que escribir el número 30 seguido de 12 ceros (30.000.000.000.000).

Es ésta la verdadera y profunda causa de los serios problemas fiscales del país; los cuales se agravan porque esa gigantesca e impagable deuda pública está demandando, al inicio del presente año 2021, la no menos gigantesca carga de 230 millones colones, por hora, en pago de sus intereses, calificados como obscenos en las mismas esferas de la hegemonía económica dominante, que es la del fanatismo neoliberal.

Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), nos indican que cada persona costarricense viva en estos momentos (bebé, infante, niño-niña, adolescente, persona joven, adulto joven, adulto y de tercera edad), está “debiendo” 6 millones de colones.

Treinta billones de colones de deuda pública (30.000.000.000), convertidos en dólares estadounidenses, promediando un valor de 615 colones de tipo de cambio, indican que equivalen a 48 mil 780 millones de $ (exactamente, 48.780.487.804, 87). Para mejor comprensión, de manera redondeada, la deuda pública es de 50 MIL MILLÓNES DE DÓLARES: 50.000.000.000.

En consecuencia, con una población costarricense de 5 millones de personas, la deuda pública, per cápita, en moneda estadounidense, es de 10 mil dólares.

Esta monstruosidad de las cifras de deuda pública, al cerrar el año pasado 2020, aunada a la espantosa circunstancia de un pago de intereses por hora de 240 millones de colones (al inicio del 2021), es la base fundamental del problema fiscal nacional; por ende, no es el empleo público. ¡No lo es y nunca lo ha sido!

He aquí la gran patraña, la más grande manipulación de la opinión pública desde la fundación de la denominada Segunda Pública, en 1949, de que el empleo público era la razón de todos los males, fiscales y no fiscales, del país.

Si gigantesca es la magnitud de la deuda pública al término del 2020, como su pago obsceno de intereses por el orden de los 240 millones de colones cada 60 minutos; políticamente hablando, estamos presenciando y sufriendo la gigantesca irresponsabilidad de la mayoría mecánica que en la Asamblea Legislativa no abordan este tema; y, por el contrario, siguen impulsando la Ley Marco de Empleo Público, plagado de inconstitucionalidades y otras aberraciones jurídicas; proyecto que, ni en lo más mínimo, aportará a superar el problema más que gigante del endeudamiento público.

Por el contrario, lo realmente urgente es, por una parte, emitir una ley para la realización de una Auditoría Ciudadana de la deuda pública y, a la vez, entrarle con fuerza a su renegociación, a su reingeniería, a su redimensionamiento. Por otra parte, mediando un gran pacto nacional de fuerzas políticas y sociales, fomentar una revisión integral de todo los aspectos y contenidos de la situación fiscal-tributaria nacional.

Téngase en cuenta que, por ejemplo, el abusivo pago de intereses de la deuda pública está golpeando la calidad de servicios públicos fundamentales, precarizándolos al máximo; que está dificultando la reactivación económica y que está empobreciendo, de manera acelerada, a amplios sectores de las capas medias a las cuales se les está exigiendo más cargas tributarias.

A la vez, es sabido que el mismo déficit, la propia y su pago de intereses está representando un extraordinario negocio financiero que enriquece a una minoría plutocrática ya de por sí con amplios márgenes de acumulación.

El pueblo trabajador, más allá de quienes deben reaccionar con urgencia, que es el sector laboral del empleo público, debe movilizarse en todos los niveles posibles; considerando ante que urge el establecimiento sobre la marcha de una coalición cívica urgente y para la acción, antes de que nos terminen aplastando la actual camarilla gobernante, neoliberalmente desalmada.

San José, viernes 9 de abril de 2021.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Régimen municipal entregó manifiesto a diputados pese a bloqueos

Publicada el 24/03/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

La democracia de la calle se hizo sentir en la capital gracias a la multitudinaria movilización de trabajadores de todo el país en defensa de la autonomía municipal y contra el proyecto Ley Marco de Empleo Público.MOSTRAR MÁS

ANEP se reunió con el diputado Dragos Donalescu

Publicada el 12/01/2021 | por ANEP | Dejar un comentario

La ANEP se reunió con el diputado independiente Dragos Dolanescu Valenciano y su equipo de trabajo para analizar el escenario político-social del país de cara a las negociaciones del Gobierno con el FMI, así como el estado del proyecto de Empleo Público que se discute en la corriente legislativa.

Ambas partes concordaron en que el escenario social es una bomba de tiempo, debido a las decisiones que se han tomado desde el Poder Ejecutivo en detrimento de la clase trabajadora del país.

Otro de los puntos en los que la ANEP y el legislador concuerdan, es que el país no requiere de un convenio con el Fondo Monetario Internacional, y que las soluciones están en las propias arcas del Estado.

Para el diputado independiente, existen figuras a lo interno del Gobierno que, están del lado del FMI y no quieren entender que la solución a la crisis fiscal está en casa.

En próximas horas, la ANEP sostendrá más reuniones similares con diputados y diputadas de otras bancadas legislativas con el objetivo de palpar el escenario político social de los próximos días y las posibles acciones.

Posición de la ANEP acerca de la votación en primer debate del proyecto de ley 21.917, para eliminar pago de anualidades en el empleo público durante los años 2021 y 2022

Publicada el 02/10/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

– Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable

Atendiendo orientación político-ideológica del Gobierno de la República y su equipo económico, la Asamblea Legislativa acaba de aprobar, en primer debate, este día jueves 1 de octubre de 2020, el proyecto de ley que elimina el pago de las anualidades para las personas trabajadoras del sector Público, en los años 2021 y 2022 (Expediente Legislativo No. 21.917).

Este proyecto anticipa la eliminación definitiva del pago de anualidades para siempre, tal y como lo contempla la iniciativa de ley neoliberal sobre el empleo público, mucho más retrógrada y anti-obrera.

32 diputados y diputadas atendieron la “orden” ideológica en tal sentido; mientras que 8 personas legisladoras prefirieron mantenerse dentro de la Constitución y dentro de la ley: José María Villalta (Frente Amplio); Frangie Nicolás y David Gourzong, del PLN; Shirley Díaz, del PUSC; Wálter Muñoz y Patricia Villegas, del PIN; Dragos Dolanescu (independiente); y, Otto Roberto Vargas, del Republicano Calderonista.

Esta ya casi ley de la República es socialmente injusta, económicamente contraproducente y jurídicamente cuestionable.

Las medidas económicas que ha implementado el Gobierno para atender la emergencia cargan su peso, exclusivamente, en las espaldas de las clases populares, particularmente sobre la de las personas trabajadoras, lo que a todas luces resulta socialmente injusto.

Además, pretenden seguir apelando a los perversos criterios de estigmatización del empleo público, alimentando la campaña mediática de agresión psicológica y de terrorismo ideológico al que, cruelmente, han sido sometidas las familias trabajadoras asalariadas estatales; especialmente, las de ingresos medios y bajos, en los últimos tiempos.

Primero fue la ley de “alivio fiscal”, con la que, lejos de aliviar la carga tributaria a la ciudadanía, nos puso a financiar al sector empresarial permitiéndole la retención del IVA que pagamos todos y todas. Una medida que, vista en su justa dimensión, bien puede considerarse expolio puro y duro.

Luego fue la ley de reducción de jornadas, que permite al empresariado la rebaja sustantiva del salario a los trabajadores y a las trabajadoras, sin prever ninguna medida compensatoria a favor de estas personas.

Ahora, es la eliminación del pago de la anualidad que afecta a miles de personas trabajadoras del sector público; desnudándose en su demagogia porque, inicialmente, habían planteado que quedarían por fuera de la legislación el personal de los servicios públicos en combate a la pandemia del covid-19. Al darse cuenta de la flagrante inconstitucionalidad de esta discriminación, el Gobierno corrió a corregirla, demostrando que sigue fomentando ocurrencias de legislación antiobrera, por puro fanatismo ideológico en contra del empleo público.

La inequidad de trato en las medidas paliativas que lleva a cabo el Gobierno para atender el estado de emergencia es más que evidente. Hasta ahora, ni el Ejecutivo ni el Legislativo han planteado ninguna propuesta, ni una sola, que demande colaboración a los grupos de poder económico ni a las clases adineradas que perciben rentas de capital.

La solidaridad que se pregona como telón de fondo en el escenario de la emergencia, es mera retórica de unos dirigentes políticos a quienes parece preocupar más la defensa de los intereses de los poderosos que el asegurar el bienestar de las grandes mayorías.

En el ámbito económico, llama la atención ver cómo el dogmatismo ideológico de las autoridades de Gobierno prevalece sobre todo razonamiento. Dejaremos de lado el que la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ha hecho ver a todos los países que en el contexto de la desaceleración económica producida por la pandemia del Covid-19 resulta especialmente pertinente mantener los niveles salariales; no solo como medida para proteger a las personas trabajadores, sino como mecanismo capaz de aumentar la demanda y así contribuir a la estabilidad económica. (https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—ed_norm/—normes/documents/publication/wcms_739939.pdf)

Sabemos que a nuestros dirigentes políticos hablarles de la OIT les resulta cosa de necios trasnochados. Pero sí queremos hacer ver que, desde los oráculos internacionales del neoliberalismo y la globalización, también se ha dicho que la reducción de salarios en el Sector Público es una medida contraproducente para la economía. ¡Sí!, para la economía, que no para los trabajadores, que nadie vaya a interpretarlo mal.

Autoridades del Banco Mundial sostienen que una reducción de salarios a los empleados públicos genera distorsiones a largo plazo, a la vez que ralentiza la reactivación económica.

En el artículo titulado “Deberían reducirse los salarios del sector púbico para financiar la respuesta al nuevo coronavirus”, el especialista superior en el sector público del Banco Mundial, Zahid Hasnain, señala que cualquier recorte en los empleos o los salarios de una parte tan grande de la fuerza laboral como lo es el sector público, generará un impacto significativo.

En palabras del especialista, “La partida de sueldos del sector público es una medida contracíclica natural que debería mantenerse. La prima salarial del sector público está también sesgada contra las mujeres y los trabajadores menos cualificados; por tanto, los recortes salariales de forma generalizada tendrán repercusiones desproporcionadas en grupos que necesitan mayor protección”. (https://blogs.worldbank.org/es/voces/Deberian-reducirse-los-salarios-del-sector-publico-para-financiar-la-respuesta-al-nuevo-%20oronavirus).

En nuestro medio, destacados economistas desde la plataforma académica del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional (UNA), también han advertido de los perjuicios que generaría una reducción de salarios en el Sector Público. (https://www.economia.una.ac.cr/index.php/es/oes

Evidentemente, una reducción de salarios en el sector público, como lo es el no pago de la anualidad, aparte del perjuicio económico directo que ocasionará a miles de familias, muchas de ellas altamente endeudadas como lo hace ver el pronunciamiento del citado Observatorio Económico y Social; también generará mayor desazón e incertidumbre entre los empleados públicos, lo que redunda en mayor contracción del consumo y su consecuente impacto negativo para la reactivación económica-.

Desde el punto de vista jurídico, debemos decir que el no pago de la anualidad es improcedente por constituir una reducción del salario. La anualidad que devengan los servidores públicos es parte inescindible de sus salarios. La naturaleza salarial que tienen las anualidades hace de ellas un elemento inmodificable en perjuicio de los trabajadores.

Anular el pago de este rubro salarial a quienes ya les ha sido reconocido como parte de su remuneración, constituye un acto de ius variandi abusivo, sin importar que el mismo provenga de un acto legislativo.

Si bien el Estado puede introducir reformas al esquema remunerativo del sector público, esas reformas en todo caso deberán observar el principio de no retroactividad de la ley, resguardar las situaciones jurídicas consolidadas y respetar los derechos adquiridos de los trabajadores.

En la relación de empleo, sea ésta de naturaleza pública o privada, el salario es el derecho adquirido por excelencia, y ninguna reforma, provenga ésta de un acto privado, administrativo o legislativo, puede modificar a la baja el salario actual que devengan los trabajadores y las trabajadoras.

Los argumentos antes expuestos, nos permiten afirmar que la propuesta de ley planteada por el Gobierno y que 32 personas legisladoras votaron en primer debate, adolece de vicios de inconstitucionalidad que la ANEP, demandará próximamente, exigiendo la responsabilidad correspondiente al Estado como patrono.

Adicionalmente, los especialistas que vienen asesorando a la ANEP en materia de Derecho Internacional en cuanto a Derechos Humanos, de conformidad con todos los tratados que el país ha firmado y ratificado al efecto, están alertados de que éste tema será de obligado litigio internacional contra el país.

El actual parlamento costarricense viene emitiendo legislación contraria ya no solamente a la misma Constitución Política que nos rige, la de 1949; sino las convenciones de DD.HH. que son de obligada observancia por nuestro Estado; tanto a nivel continental (Corte Interamericana de Derechos Humanos), como la propia Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

San José, jueves 1 de octubre de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto.

Nuestra posición sobre las jornadas de repudio ciudadano ante el acuerdo con el FMI y el aumento del costo de vida con más impuestos para el pueblo trabajador

Publicada el 01/10/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

|ANEP – ASDEICE y la corriente sindical que integramos junto a otras organizaciones, hacemos de conocimiento público nuestra posición ante el movimiento Rescate Nacional, en el marco de las jornadas de 30 de setiembre

1- Ante el descontento generalizado de una gran mayoría ciudadana, la corriente sindical que integramos, decidió a través de dos de sus organizaciones (ANEP –ASDEICE), como muestra unitaria de buena fe, aceptar la invitación que mediante visita presencial, nos hiciera parte de la dirección del Movimiento Rescate Nacional en persona de José Miguel Corrales y otros ciudadanos, para participar de la jornada que habían programado para este día miércoles.

2 –Que de esta forma, adelantamos acciones que teníamos programadas para los próximos días, y este 30 de setiembre realizamos en San José, un plantón frente al Banco Central de Costa Rica para evidenciar la necesidad de usar parte de las reservas internacionales como alternativa al convenio con el FMI. Así mismo, compañeros de nuestras organizsciones, en medida de sus posibilidades, se integraron a participar en distintos puntos regionales para que no se cargue la crisis con más impuestos para el pueblo trabajador.

3- Que en materia de más impuestos para los de abajo y condonación de impuestos para grupos con utilidades multimillonarias, desde 2018 diferimos de la ruta del equipo económico del Gobierno de Alvarado y defendimos los destinos del país con una serie de propuestas en mano, saliendo a las calles exigiendo justicia tributaria para que el rico pague como rico y el pobre como pobre.

4- Que desde inicios del mes de agosto, junto a sectores privados, en momentos en que el temor de la crisis sanitaria inhibía el derecho a protestar contra quienes aprovechaban el dolor del COVID-19 para impulsar su agenda económica, nos pusimos en la primera línea organizando la primera jornada de calle mediante la caravana del 27 de julio, exigiendo junto a la agricultura campesina, y miro y pequeña empresa, que el equipo económico de Gobierno, dejara de ver solo hacia el poder económico y volviera sus ojos a las necesidades de los sectores sociales, laborales y productivos.

5- Que desde que inició la pandemia del COVID-19, hemos realizado a Gobierno los días 14 de abril, 29 de julio y 17 de agosto una serie de propuestas para atender la crisis con equidad, solicitando además una mesa de crisis con sectores sociales, a la que el Gobierno ha hechos oídos sordos.

6 – Que hemos planteado siempre propuestas en mano, soluciones dialogadas para los grandes temas nacionales, haciendo uso también de la democracia de la calle como mecanismo legítimo de expresión del sentir popular.

Por tanto, proponemos: Avanzar hacia unidades más amplias, que permitan clarificar de forma conjunta consignas, objetivos, agenda y discurso, en defensa de las necesidades insatisfechas del pueblo trabajador, y contra las políticas públicas que insisten en la misma receta económica concentradora y excluyente que crea desempleo, desigualdad, aumento de la pobreza, concentración de la riqueza en pocas manos y damnificados y descartados de la economía.

Es hora de que los líderes y liderezas sociales demos ejemplo de unidad y los distintos sectores y movimientos sociales (Rescate nacional incluido) avancemos hacia una sola instancia de convergencia y coordinación, que con una dirección conjunta o compartida desarrolle acciones orientadas hacia la justicia social, económica y fiscal; en busca del bienestar de las mayorías.

Posición de ANEP y de ASDEICE sobre el proceso nombrado por el Gobierno como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”

Publicada el 18/08/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

San José, martes 18 de agosto de 2020.

S.G. 17-21-2246-20

AS-115-20

Sr. Carlos Alvarado Quesada,

Presidente de la República

Sra. Epsy Campbell Barr

Primera Vicepresidenta de la República

Sr. Marvin Rodríguez Cordero

Segundo Vicepresidente de la República

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

ASUNTO: Posición de ANEP y de ASDEICE sobre el proceso nombrado por el Gobierno como “Costa Rica escucha, propone y dialoga” y en respuesta al oficio PV-M-2020-238-DSV-274-2020 que se nos dirigiera, con fecha 14 de agosto de 2020, por parte de las vicepresidencias de la República.

Reciban formal y respetuoso saludo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y de la Asociación Sindical de Empleados Industriales de las Comunicaciones y la Energía (ASDEICE).

Acerca del oficio remitido por las vicepresidencias de la República, el pasado viernes 14 de agosto; y, asimismo, sobre el proceso que el Gobierno nombró como “Costa Rica escucha, propone y dialoga” anunciado en conferencia de prensa el pasado 9 de agosto (al cual hace referencia el oficio en mención); desde ANEP y ASDEICE manifestamos:

PRIMERO: En momentos en que la preocupación principal del gran capital es perder lo menos posible, hay personas que lo están perdiendo todo. Hay compatriotas con hambre y hay compatriotas en condiciones de mayor precariedad, quienes viven en menos metros cuadrados, que no tienen ingreso fijo, que ocupan solidaridad e instituciones que les acompañen.

En momentos tan serios como estos, flaco favor se la hace a la tradición democrática que distingue la vía costarricense en el concierto de las naciones, reducir a lo ínfimo, a lo minúsculo, la promoción de diálogo social sobre políticas públicas; circunscribiéndolo a un simple “buzón digital de sugerencias”, donde las propuestas que se realicen tienen destino incierto, donde no esté transparentado los indicadores de valoración ni la persona, el jerarca, asesor, funcionario o equipo encargado de valorar cuál propuesta es buena, cuál no lo es y en función de qué criterios; dónde previo a toda notificación formal sobre el tema, la agenda, tiempos y enfoque están preconcebidos en muchas de las áreas sensibles que requieren un abordaje más participativo y, por ende, realmente democrático.

SEGUNDO: Se manifiesta en el oficio remitido por las vicepresidencias del Gobierno de la República, el pasado viernes 14 de agosto: “el señor Presidente de la República ha creído imprescindible ampliar los procesos de escucha, propuesta y diálogo, para tener un panorama más amplio, equilibrado y profundo de sus valoraciones e intereses legítimos”.

Sin embargo, a contrario sensu de lo afirmado, resulta llamativo que quien ostenta la primera magistratura del país, no estuviese presente en la conferencia de prensa en la que el pasado domingo 9 de agosto, el Gobierno anunciaba el proceso que han nombrado como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”. Mala seña de apertura o escucha, reforzada pocos días después, al enterarnos las personas habitantes de la República, que dicha ausencia coincidió con el caso de las “vacaciones presidenciales”, que tomó notoriedad por denuncias en prensa de hechos aún no esclarecidos a profundidad.

TERCERO: El proceso que nos ocupa en el presente oficio, anunciado por el Gobierno luego de la efervescencia de diferentes organizaciones del sector público y privado durante las últimas semanas, no ocurre en el vacío; tiene dos fuertes antecedentes de conmoción social, acaecidos durante la actual Administración, específicamente, en los recién pasados años 2018 y 2019.

El primero de ellos en reacción a la oposición de sectores sindicales al popularmente denominado combo fiscal (hoy, la cuestionada Ley No. 9635); y, el segundo, en reacción al manifiesto del Encuentro Social Multisectorial que implicaba la salida del entonces Ministro de Educación Pública, entre otra serie de demandas de diferentes sectores (estudiantes, sindicatos, transportistas, agricultores, pescadores, etc.).

En ambos casos, los procesos de interlocución a los que tuvo disponibilidad el Gobierno, no contaron con una voluntad política real para poner un alto a la ruta trazada por el Ejecutivo y su interlocución legislativa, acerca de las políticas públicas que causaban malestar social y que hoy hacen a Costa Rica más desigual.

A pesar de la pandemia y sus efectos económicos y sociales, la iniciativa de interlocución de Gobierno para agosto de este año, no posee señas de diferenciarse de los episodios anteriores recién mencionados. Por el contrario, replica y profundiza parte de sus características.

Ante tales coincidencias del actuar del Ejecutivo en esta materia durante los últimos tres años; resulta difícil catalogar como omisión lo que más bien pareciera ser un estilo: el de impulsar este tipo de procesos de limitado alcance, en busca de proteger en momentos efervescencia social, la consecución de la ruta previamente trazada que no es la de la promoción del bien común ni la de la reducción de la desigualdad.

CUARTO: Retomando sobre el presente proceso, de la metodología anunciada el pasado 9 de agosto, se desprende que el mismo no es una negociación, no incluye vías de anclaje al ritmo legislativo, no establece método para cumplir acuerdos y no detalla mecanismos de formalidad vinculante.

En materia de diálogo social, ni el hábito hace al monje, ni el nombre hace al proceso.

El nombre “Costa Rica escucha, propone y dialoga” queda grande a un proceso marcado por una metodología que, confusa y bajo orientación vertical, más bien establece un buzón gubernamental digital de sugerencias, con opacos metodológicos sobre tramitación y valoración de propuestas, plazos perentorios (algunos casi inmediatos), que obstaculizan entendimientos; y, una agenda preconcebida unilateralmente, que excluye temas ultrasensibles que tan siquiera aparecen, tales como pensiones IVM-CCSS y el futuro del ROP, la transformación tributaria estructural del sistema tributario, por citar tan solo dos ejemplos.

QUINTO: Desde la llegada de la pandemia del coronavirus covid-19 al país, ANEP y ASDEICE hemos realizado un abordaje con propuestas, todas remitidas a Casa Presidencia y a Asamblea Legislativa; propuestas entre las cuales figuran:

Nota de 14 de abril de 2020, remitida a jerarcas gubernamentales y legislativos sobre nuestra posición acerca de acciones a tomar ante las repercusiones laborales, económicas y sociales profundizadas a raíz del COVID-19 en el país.

El documento La institucionalidad al rescate de sectores laborales y productivos ante los efectos del covid 19 en el país – Una propuesta desde la otra acera, con 31 iniciativas compiladas del pensamiento de personas, organizaciones e instancias con genuina preocupación y capacidad de propuesta sobre el tema, comprendiendo el rol clave del Estado para el bien común. Una propuesta desde la otra acera, contempla: a) medidas para aportar liquidez financiera a la institucionalidad del Estado; b) Medidas para fortalecer el sistema tributario de cara a la emergencia; c) Medidas para el apoyo económico de quienes sufren la crisis; d) Medidas para el rescate con inclusión social y productiva; d) Medidas para atender brechas y sectores vulnerabilizados.

El manifiesto del lunes 27 de julio de 2020, suscrito por una serie de organizaciones e instancias del sector público y privado, remitida a Casa Presidencial y a Asamblea Legislativa, mediante nuestro oficio del 29 de julio; contemplando una serie de medidas sobre el abordaje del covid-19 en las políticas públicas del país, relacionadas con reactivación económica, protección del empleo y otros temas conexos como la defensa de la institucionalidad estatal costarricense.

SEXTO: El diálogo social que Costa Rica requiere, desde años atrás de la actual Administración, y desde el inicio de esta pandemia, en materia de política pública; ocupa algo más que un buzón digital de sugerencias. Sus temas no deben estar circunscritos a opacidades metodológicas marcadas por tres ejes preestablecidos, en espacios ajenos al de la apertura extraordinaria de una mesa real de intercambio y búsqueda de acuerdos, que sería la instancia encargada de delimitar los ejes del diálogo con el cual se nutriría un esfuerzo de tal calibre como para integrarse al mismo.

SÉTIMO: No encontramos ninguna explicación lógica racional que nos fundamente aceptar un “convenio” con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un monto de 2.250 millones de dólares (además, a otorgarse en tres tractos de 750 millones $ cada uno); si nuestro país tiene cerca de 9 mil millones de dólares en reservas internacionales depositadas en el Banco Central de Costa Rica (BCCR). Solamente encontramos explicación en el fanatismo ideológico que rechaza toda intervención del Estado en actividades susceptibles de apropiación privada para incrementar la acumulación de capital en pocas manos. Categóricamente y con base en una trayectoria histórica iniciada desde nuestra propia fundación republicana como nación, rechazamos la venta de activos del Estado como parte de la solución al problema fiscal nacional. El problema fiscal nacional tiene otras formas de solución que no pasan por una “negociación” con del FMI.

OCTAVO: La reactivación económica, si realmente queremos que sea estratégica, pasa por darle un pilar fundamental en la política pública del caso, al ámbito de las micro-pequeñas y medianas empresas y para los emprendimientos de economía social solidaria; incluyendo el otorgamiento de fondos de arranque no reembolsables, diferenciaciones tributarias y hasta cancelación-condonación y moratorias de deudas. Mención aparte impulsar la reactivación económica del agro nacional, incluyendo la cancelación de deudas que agobian al mismo en estos críticos momentos pandémicos.

Salvaguardar la capacidad adquisitiva del salario de sectores cuyo empleo no se ve directamente amenazado por la crisis, implica también una medida de reactivación que protege el consumo del mercado interno y el comercio, especialmente en el caso los emprendimientos y de las pymes. La preservación de los empleos en el aparato público es mucho más estratégica en estos críticos momentos socioeconómicos.

NOVENO: En cuanto al tema laboral, el empleo a crearse debe contemplar los postulados del Trabajo Decente de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ya adoptó nuestro país como política de Estado. De ello que debamos rechazar, radicalmente, los intentos de aumentar la jornada ordinaria de trabajo de las 8 horas bajo el insostenible argumento de “flexibilización” laboral. La eliminación de la histórica jornada de 8 horas solamente vendrá a golpear el derecho empleo decente de amplios sectores de la población.

Por su parte, las medidas que han sido adoptadas sobre reducción de jornada y de salario en el sector privado, y que se dijeron de carácter de transitorio; no deben, bajo ninguna circunstancia, convertirse en permanentes. Por el contrario, deben incluir cláusulas de salida que permitan retrotraerlas al estado original anterior a la presente crisis.

Asimismo, es preciso derribar los tabúes impuestos ideológicamente en los últimos años que parten de una visión distorsionada, inexacta, extremista y absurda del empleo público. Lo anterior, debido a la necesidad de abrirlo en áreas de necesidad ciudadana diversa, hoy completamente debilitadas y que no ofrecen atractivo de lucro mercantil.

La contrarreforma social en materia laboral debe detenerse.

DÉCIMO: Ante el Covid-19 en materia tributaria-fiscal, se requieren políticas públicas desde una perspectiva progresiva donde se aborde la reducción de la evasión, la elusión, las exenciones y las exoneraciones; en busca de que quienes más tienen den su aporte a la crisis, y así mismo, en procura que “los ricos paguen como ricos y los pobres paguen como pobres”. La ausencia de éste, entre los ejes del proceso propuesto por el Gobierno, da a pie a preguntarse si se está salvaguardando la visión-país de grupos megaempresariales de mucho capital acumulado. Prácticamente, esta clase empresarial está “eximida” del proceso propuesto por el Gobierno, pues se le dio una mesa exclusiva para atender a este sector, lo cual expresa un tratamiento hegemónico y desigual para con el resto de la sociedad civil organizada.

Dudas como la anterior, sumadas a aspectos tales como el avance de la agenda de contrarreforma social en materia de derechos laborales, y la creciente pérdida de credibilidad del equipo económico de Gobierno, y el deterioro de la imagen de la Administración Alvarado Quesada en general; forman parte del contexto de pérdida de credibilidad del presente proceso, cuya metodología tampoco establece la figura de garantes, mediadores o interlocutores que generen confianza entre las partes dialogantes (gobierno y sectores).

POR TANTO: Teniendo en cuenta lo hasta aquí expuesto, las organizaciones firmantes, ANEP y ASDEICE, reiteramos a autoridades gubernamentales y legislativas, a nuestras bases laborales y sociales, a la clase política de todo signo y a la opinión pública en general:

I. La necesidad urgente de fortalecer el Estado Social de Derecho y poner freno al ensanchamiento de la brecha social en nuestro país.

II. Nuestra disposición de fortalecer la Democracia mediante el Diálogo Social Real y Verdadero, basado en métodos respetuosos que garanticen escucha y den voz a una serie de organizaciones y sectores; facilitando la cultura del encuentro de posiciones en procura de decisiones justas, integrales y dialogadas. Bien lo apuntan en su documento “Por un diálogo abierto y participativo”, los señores obispos integrantes de la Conferencia Episcopal de Costa Rica (CECOR), cuando indican: “Creemos que la única vía para encaminar a nuestra nación es mediante el diálogo, es decir, a través de un proceso real de concertación en el cual se involucren todos los sectores tendientes al bien común. Este diálogo debe fundamentarse en la verdadera escucha y conducir a resultados concretos”.

III. La solicitud de instalación urgente de una mesa unitaria de crisis, entre el Gobierno de la República, los partidos políticos con representación parlamentaria, la multiplicidad de organizaciones sociales que conformamos el crisol del Movimiento Social en el país, así como el sector productivo.

IV. Promover mediante los mecanismos de coordinación de los que se dispone, la necesaria pausa legislativa de proyectos de ley que afectan directamente a la institucionalidad del sector público y de las leyes laborales ya establecidas.

V. La no participación del proceso nombrado por Gobierno como “Costa Rica escucha, propone y dialoga”; mientras el mismo se mantenga con las improcedencias metodológicas anunciadas el domingo 9 de agosto y supra mencionadas en los considerandos iniciales del presente oficio; de tal suerte que, conceptuado como está, lo que se estableció es un buzón digital de sugerencias.

Sin otra en particular, se suscriben atentamente:

Albino Vargas Barrantes Mario Ching Rosales
ANEP ASDEICE

Walter Quesada Fernández Juan de Dios Cordero Duarte
ANEP ASDEICE

Rafael Mora Solano César López Dávila
ANEP ASDEICE

Convocatoria: Consejo Consultivo Nacional (CCN), segunda sesión ordinaria del período directivo 2017-2021

Publicada el 02/03/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

La Junta Directiva Nacional (JDN), de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en su sesión No. 2201, de carácter ordinario, celebrada el día viernes 10 de enero de 2020, con base en las normas estatutarias actualmente vigentes de la organización, tomó el acuerdo, unánime y firme, para convocar al Consejo Consultivo Nacional (CCN) de la ANEP, a las 8 horas del día viernes 27 de marzo de 2020; ampliado a todas las personas dirigentes de base integrantes de todas las juntas directivas de todas las seccionales de la organización, en los sectores público y privado, así como a personas dirigentes de base en calidad de Delegado o Delegada de las seccionales, que a juicio de éstas deban ser convocadas; o las designadas directamente por la organización.

Los actuales Estatutos de la ANEP, al respecto, indican lo siguiente:

“CAPÍTULO X: DEL CONSEJO CONSULTIVO NACIONAL. ARTÍCULO 69. Las presidencias y vicepresidencias de las juntas directivas de los organismos de base, en su carácter personal y sin posibilidad de delegar esa función, formarán el Consejo Consultivo Nacional, el cual se reunirá por expresa convocatoria de la Junta Directiva Nacional, cada vez que las circunstancias sociopolíticas o cualquier otra razón de gravedad para el país o para el sindicato así lo exijan. Ordinariamente, habrá una sesión al término del primer año de gestión directiva, y otra sesión, al tercer año de la misma. Las personas que integren la Junta Directiva Nacional serán de pleno derecho, integrantes del Consejo Consultivo Nacional. La función del Consejo Consultivo Nacional será de consulta y coordinación con la Junta Directiva Nacional. Conocerá de los asuntos que ésta lleve a su seno, o aquellos asuntos que, por considerarlos de importancia, alguna persona integrante de este Consejo considere oportuno discutir para trasladarlos a la Junta Directiva Nacional. El funcionamiento del Consejo Consultivo Nacional será reglamentado por la Junta Directiva Nacional, con observancia de las pautas contenidos en los presentes Estatutos”.

La actual Junta Directiva Nacional (JDN), actualmente vigente y cuyo mandato gubernativo vence el 31 de julio de 2021, presentará a las bases dirigentes de la organización, los siguientes contenidos que están marcando las principales pautas del accionar nacional actual de la ANEP en cuanto a su agenda sociopolítica y laboral:

Los Derechos Sindicales son Derechos Humanos: Litigios jurídicos-internacionales en perspectiva.
Situación sociopolítica nacional: Espionaje presidencial y crisis política.
Sindicalismo Sociopolítico: Hacia el Sindicalismo Ciudadano.
Transformación Tributaria Estructural y Déficit Fiscal: Riesgo de quiebra estatal-Secreto bancario y venta de activos
Reactivación económica: proyectos tasas de usura, cobro de datafonos, precio medicamentos y condonación deudas de productores agropecuarios
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) es del Pueblo Trabajador. Régimen ROP-Devolución parcial quinquenal
Acoso laboral en el empleo: Convenio 190-OIT y proyecto de ley.
Ataque al empleo público: Acción de Inconstitucionalidad
Recuperación de la autonomía constitucional del régimen municipal y defensa de los derechos sociales y laborales.
Situación salarial y régimen de empleo público especial para los cuerpos policiales.
Revisión estructural de la política del Salario Mínimo en Costa Rica.
Apertura oficial Escuela Sindical “Mario Alberto Blanco Vado”.
PRIMERO DE MAYO

Se presentará la memoria histórica de la organización con motivo de sus 60 años de existencia (cumplidos el 19 de agosto de 2018), pues por razones obvias la conmemoración de tal acontecimiento hubo de ser postergada.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL (JDN) DE LA ANEP

ANEP celebró su Asamblea General Nacional Ordinara de Medio Período 2017-2019

Publicada el 11/02/2020 | por ANEP | Dejar un comentario

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), realizó su Asamblea General Nacional Ordinaria de Medio Período, donde se brindó un informe detallado a los afiliados y afiliadas de la gestión en diversos ámbitos de la actual Junta Directiva Nacional de la ANEP, administración y las diversas unidades que integran la organización

La actividad que se desarrolló en el auditorio de la Conferencia Episcopal de Costa Rica, en calle 20 norte, contó con la participación de afiliados y afiliadas de diversas seccionales de distintos puntos del país.

Resumen del informe de labores

Con respecto al informe de labores de la Junta Directiva Nacional de ANEP, dio a conocer los diversos temas tratados en sus sesiones en ámbitos como asuntos de organización y administración interna, empleo público y sector municipal, temas fiscales país, huelga y derechos humanos, entre otros.

También se informó sobre los fundamentos político-sociales de la posición de ANEP sobre el problema fiscal del país, así como las acciones realizadas desde el ámbito sindical y mediáticamente, este último aspecto con la posición de la organización en medios de comunicación por medio de entrevistas, artículos de opinión, así como material audiovisual producido desde la Unidad de Información y Comunicación de la organización, el cual es distribuido por medio de redes sociales y sitio web.

Otro de los temas abordados fue sobre las acciones realizadas con respecto a la ley del combo fiscal y el proyecto anti-huelgas previo a sus respectivas aprobaciones, así como las acciones que vendrán a futuro en el ámbito legal, que incluyen demandas internacionales contra el Estado.

Además, se brindó un informe del estado económico de la organización por parte de la Unidad de Administración y Finanzas y de la empresa auditora externa Consultores Financieros Asociados (Cofiaza), esta última manifestó y certificó el excelente estado financiero de la organización

Informe Agenda de Sesiones de La Junta Directiva Nacional by EugenioGuerrero on Scribd

La Unidad de Asesoría Jurídica (UAJ) de la ANEP, presentó un balance detallado de su trabajo desde el año 2017 a diciembre de 2019.

Según los datos brindados por la UAJ, en el año 2017 ingresaron 220 casos, sin embargo es importante mencionar que este año hubo una gran variable que fue la huelga que inició el 3 de setiembre, por lo que se presentó una baja en el ingreso de casos.

Con respecto a los casos terminados del mismo año, la UAJ reportó 480 ganados y 160 perdidos, es importante resaltar que en estas cifras pueden estar registrados casos que ingresaron en años anteriores, pero su resolución final se dio en el 2017.

Para el año 2018 ingresaron un total de 900 casos, para un promedio de 100 casos por abogado. Esto sin contar, los casos de procesos administrativo, que se convierten en procesos judiciales.

En ese mismo año la Unidad de Asesoría Jurídica ganó 586 casos y perdió 150.

En el año 2019 ingresaron un total de 822 casos, para un promedio de 91.3 casos por abogado. Esto sin contar, los casos de procesos administrativo, que se convierten en procesos judiciales.

En ese año se logró resolver a favor de nuestros afiliados y afiliadas 389 casos y se perdieron 120 casos.

Informe de Labores Unidad Jurídica by EugenioGuerrero on Scribd

También se informó sobre la Acción de Inconstitucionalidad que presentó la ANEP contra la ley 9635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Acción de Inconstitucionalidad by EugenioGuerrero on Scribd

La Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical, también brindó su informe de labores respecto al periodo 2018-2019, donde se continua con la facilitación del Módulo “Herramientas Básicas para la dirigencia activa de ANEP”, el cual comprende de 3 talleres: ABC Sindical, Comunicación Básica y Legislación Laboral Básica. El cual va dirigido a las personas que integran las Juntas Directivas de los Comités Seccionales.

A continuación, se detallan las actividades realizadas por año y por seccional y/o centro laboral; así como el desglose de las afiliaciones realizadas como parte del Taller ABC Sindical:

Informe Unidad de Capacitación y Formación Político Sindical by EugenioGuerrero on Scribd

En lo que respecta con la Unidad de información y Comunicación (UIC), su informe de labores se enfocó en el crecimiento en las redes sociales, sitio web y en la producción de material visual, audiovisual, entre otros

-Informe Unidad de Información y Comunicación (UIC) by EugenioGuerrero on Scribd

Categoría: Acción Política