Como parte del compromiso por brindar la mejor atención tanto a la afiliación, como a quienes aún no san parte de ANEP, la seccional inauguró el espacio que está ubicado dentro del Mercado Central. Además, se juramentaron a los delegados que acompañarán en el accionar político a la Junta Directiva.
Categoría: Acción Sindical
AyA compromete más de 218 millones en servicios profesionales que podrían asumirse internamente
-¿Contrataciones innecesarias o despilfarro institucional?
En medio de una crisis hídrica nacional, con comunidades enteras enfrentando cortes constantes de agua y una creciente indignación ciudadana por la gestión ineficiente del recurso hídrico, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parece mantener prioridades cuestionables, comprometiendo recursos públicos en contrataciones externas que, a todas luces, podrían ser asumidas por su robusta estructura interna.
Recientemente, mediante la licitación 2025LD-000016-0021400001, se adjudicó a la empresa BCR Consultores Sociedad Anónima un contrato por ₡32.004.744 para “Servicios profesionales en administración de empresas con énfasis en contaduría pública” con el fin de integrar, como miembro independiente, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva del AyA.
Esta contratación resulta particularmente alarmante cuando se toma en cuenta que la Presidencia Ejecutiva del Instituto cuenta con una amplia estructura técnica y administrativa con profesionales altamente capacitados en las áreas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. ¿Cuál es entonces la justificación real para contratar servicios externos cuando existen capacidades instaladas dentro de la misma institución?
Aún más grave es que esta contratación no es un caso aislado.
Actualmente se encuentra en trámite la contratación 0062025003500003, por un monto estimado de ₡186.078.145,76, para servicios profesionales de revaluación de activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Según la justificación oficial, la institución afirma no contar con suficiente capacidad para ejecutar dicha labor debido a “la carga de trabajo actual del área de avalúos”. Este argumento evidencia una alarmante falta de planificación institucional: si se sabe que estos procesos son periódicos y necesarios para mantener actualizados los estados financieros, ¿por qué no se han fortalecido internamente las unidades responsables?
En vez de invertir en la mejora y eficiencia de sus propias direcciones técnicas —algunas de las cuales apenas cuentan con personal suficiente o han sido desprovistas de funciones estratégicas— se opta por desviar millones del presupuesto institucional a consultorías externas, muchas veces sin transparencia suficiente sobre los criterios de contratación y sin una evaluación técnica pública sobre la pertinencia de estos servicios.
Más de 218 millones de colones en contrataciones externas, en dos procesos por separado, son una muestra clara del despilfarro de recursos públicos y la desconexión de la alta administración del AyA con las verdaderas prioridades del país.
Resulta inaceptable que, mientras se le exige a la ciudadanía hacer sacrificios frente a la crisis hídrica y se reportan fallas constantes en el servicio, se comprometan recursos públicos en contrataciones cuya necesidad es, como mínimo, debatible. Es momento de exigir rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva, y de abrir un debate nacional sobre el uso eficiente, ético y responsable de los fondos públicos dentro de instituciones estratégicas como el AyA.
San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Seccional en la Municipalidad de Aserrí realizó actividad abierta para explicar fallo de la Sala IV
Seccional de saloneros y saloneras continúa opuesto a modificación a la ley 9116
Seccional en la Municipalidad de Cañas buscará defensa y respeto a la Convención Colectiva
Personas menores de edad duermen en colchonetas en oficina del DARI Huetar Caribe del PANI.
– Denuncias evidencian vulneraciones sistemáticas a los derechos de la niñez bajo protección del PANI.
– ANEP exige renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva para restaurar la confianza institucional
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en cumplimiento de su deber de defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, así como de vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, denuncia ante la opinión pública una serie de hechos gravísimos ocurridos en la oficina del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la Región Huetar Caribe del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).
Estos hechos constituyen no solo una vulneración directa de las condiciones laborales del personal técnico institucional, sino también una violación alarmante a los derechos fundamentales de personas menores de edad que se encuentran bajo medidas de protección. Las actuaciones denunciadas reflejan una preocupante improvisación institucional, un desacato a los protocolos de protección integral y una exposición inaceptable de personas menores de edad a tratos indignos y riesgosos.
Desde el mes de mayo de 2025, la Directora Regional a.i., ha ordenado que adolescentes varones sean alojados de manera improvisada dentro de las oficinas administrativas del DARI Huetar Caribe. Estos menores han sido obligados a dormir sobre colchonetas en el piso, permanecer en las oficinas hasta por tres días consecutivos, sin posibilidad de salir del inmueble, sin condiciones mínimas de habitabilidad, sin acceso pleno a servicios básicos y sin acompañamiento técnico especializado.
Además, se ha instruido al personal técnico del DARI —profesionales en trabajo social, psicología, derecho, criminología, entre otros— a asumir funciones totalmente ajenas a su formación y perfil profesional, tales como la custodia directa, la supervisión continua y la contención conductual de estos adolescentes. Estas tareas han sido impuestas incluso fuera de la jornada laboral y durante días libres del personal, bajo promesas informales de pago de horas extra, lo cual agrava aún más la situación.
Estas prácticas representan una violación directa a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y los protocolos técnicos de la institución. Utilizar oficinas administrativas como albergues improvisados constituye una forma de trato degradante, contraria a la dignidad humana y al deber reforzado de protección que el Estado costarricense debe garantizar.
De igual forma, se infringen normas del ordenamiento jurídico-laboral costarricense, al imponer funciones no contempladas en los perfiles de puesto, alterar jornadas sin acuerdo previo ni justificación legal, y exponer al personal a responsabilidades de alto riesgo sin respaldo institucional, lo que podría derivar en consecuencias administrativas, penales y éticas para los funcionarios afectados.
Una vez más, bajo la administración de la señora Kennly Garza Sánchez, se registran hechos en los que los derechos de las personas menores de edad son vulnerados de forma sistemática y alarmante. La ANEP cuenta con fotografías y videos que evidencian estas prácticas y que demuestran la gravedad de las decisiones adoptadas por la Dirección Regional.
En oficio enviado a la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, la ANEP solicita de manera inmediata y categórica:
1- La intervención urgente y directa de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, a fin de detener de inmediato estas prácticas irregulares y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.
2- La prohibición expresa y definitiva del uso de oficinas administrativas como espacios de abrigo temporal (albergues), dado que carecen de las condiciones mínimas legales, técnicas y éticas para la atención de personas menores de edad bajo medida de protección.
3- Que se dispongan medidas correctivas inmediatas que garanticen el cumplimiento de los protocolos de atención integral, el respeto al principio de legalidad y el resguardo de los derechos humanos de las personas menores de edad en protección.
4- Que se asegure el pleno respeto a las condiciones laborales, profesionales y humanas del personal institucional, protegiéndoles de decisiones arbitrarias que los expongan a escenarios ilegales, de riesgo o contrarios a su formación.
La ANEP, en el ejercicio de su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez costarricense y la integridad institucional del Patronato Nacional de la Infancia, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples irregularidades que persisten bajo la actual administración del PANI.
Dichas irregularidades han derivado en graves vulneraciones a los derechos de personas menores de edad que se encuentran bajo protección institucional, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones efectivas para corregir esta situación. La ausencia de respuestas contundentes, así como el incumplimiento de las responsabilidades inherentes al cargo, han comprometido seriamente la misión y el funcionamiento del PANI.
Por lo tanto, la ANEP exige la renuncia inmediata de la señora Presidenta Ejecutiva del PANI, como medida indispensable para restaurar la confianza en la institución y garantizar la protección efectiva de los derechos de la niñez costarricense.
San José, 13 de junio de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
ANEP solicita información urgente al PANI por caso de presunto abuso sexual a persona menor de edad en albergue
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más profunda preocupación y consternación ante la denuncia de presunto abuso sexual a una persona menor de edad en un albergue, hecho que ha trascendido públicamente mediante un video difundido en redes sociales y que ha generado alarma a nivel nacional.
De acuerdo con lo expuesto en dicho video, la persona menor de edad habría sido víctima de abuso sexual en un albergue que estaría bajo la responsabilidad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo cual amerita una respuesta institucional clara, urgente y transparente.
Ante la gravedad de esta situación, la ANEP ha enviado una solicitud formal de información dirigida a la Presidenta Ejecutiva del PANI, señora Kennly Garza Sánchez, y a la Gerente Técnica a.i., señora Anagerie Alvarado Ulloa, en la que se requiere conocer:
¿Qué acciones ha emprendido el PANI desde que tuvo conocimiento del caso?
¿Cuál es el estado actual de protección y atención que se le brinda a la persona menor de edad?
¿Qué medidas de protección inmediatas fueron aplicadas en el albergue involucrado?
¿Se han activado los protocolos institucionales correspondientes, incluyendo la articulación con las autoridades competentes, judiciales y medicas para las valoraciones respectivas?
¿Qué medidas se están implementando para garantizar la seguridad de otras personas menores de edad bajo la responsabilidad institucional, en dicho albergue?
Aclaramos expresamente que esta solicitud no pretende obtener datos sensibles, confidenciales o identificadores de la persona menor de edad, en resguardo absoluto de su dignidad, privacidad e integridad. La información solicitada se limita únicamente a aspectos puntuales que permitan esclarecer las acciones institucionales adoptadas, dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas.
En relación con este caso, el asesor sindical de ANEP en el PANI, Jeffry Hernández Rojas, cuestiono el accionar del PANI.
«Una vez más, el PANI le falla a la niñez costarricense. No podemos permitir que la institución rectora en materia de niñez y adolescencia incumpla con su deber de brindar protección integral a las personas menores de edad. Los albergues institucionales, al no existir recursos familiares o comunales para protección de las personas menores de edad, deben ser espacios seguros, de cuidado y resguardo, no escenarios donde se repitan violaciones graves a los derechos humanos. Este caso es sumamente alarmante, y la Presidenta Ejecutiva debe responder con claridad, transparencia y responsabilidad. El país no puede tolerar más indiferencia institucional frente al sufrimiento de su niñez. Si el PANI no puede garantizar entornos seguros, está fallando en su razón de ser y esto es responsabilidad de la Presidenta Ejecutiva.»
Los niños, niñas y adolescentes no son simples estadísticas o datos para reportes; son personas cuya protección y bienestar deben ser prioridad absoluta. La ANEP solicita al PANI y a sus autoridades que asuman con responsabilidad y prontitud su deber constitucional de garantizar un entorno seguro, digno y libre de violencia para la niñez y adolescencia del país.
San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).
Compartimos declaraciones de Jeffry Hernéndez Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.
ANEP solicita al Ministerio Público investigar posible influencia indebida contra la hacienda pública por implementación del sistema ERP en la CCSS
–Denuncia también fue presentada ante a la Contraloría General de la República.
–Sistema habría costado a la CCSS 27 mil millones de colones ($52 millones)
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República ante una posible influencia indebida contra la hacienda pública por la implementación del sistema ERP-SAP en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).
En la denuncia presentada por nuestra organización se plantea que la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), conoció una serie de informes elaborados por los entes técnicos institucionales, relacionados con el proceso de implementación del nuevo sistema informático de gestión empresarial conocido como ERP-SAP (por sus siglas en inglés, Enterprise Resource Planning ).
“Ante esta situación, para nada menor y que trastoca el funcionamiento estructural de la institución en sus procesos más sustantivos, ese órgano colegiado y superior de la CCSS, al parecer entró en una dinámica altamente cuestionable, al punto de que existen serios elementos públicos y notorios que podrían evidenciar que dicho órgano no quiso escuchar las advertencias de los entes técnicos y trasladó la valoración a la administración de las gerencias de la institución”, indica la denuncia.
“Posteriormente, parece ser que la Presidenta Ejecutiva, realizó una interpretación del acuerdo de Junta Directiva, para obligar a las gerencias a implementar ese nuevo sistema ERP-SAP, aún con las consecuencias que podrían generar en los servicios de salud en dos dimensiones, por un lado, la estructura funcional interna, y, sin duda alguna, por otro lado, los efectos e impactos en la población costarricense”, amplia el documento presentado al Ministerio Público y CGR.
ANEP plantea en la denuncia que los daños previstos abarcaban desde la suspensión de pagos de incapacidades y proveedores, hasta el deterioro de la cadena de abastecimiento de medicamentos e implementos médicos. Además, a la fecha, posiblemente ya existan datos que evidencian que el sistema no estaba preparado para su implementación, a pesar de que su costo ronda los 27 mil millones de colones del erario público, según declaraciones del propio director a cargo del proyecto.
A esto se suma que existen informes de la Auditoría Interna de la Caja Costarricense de Seguro Social que advierten sobre los riesgos y documentan los efectos negativos. No obstante, para mayor claridad ante esta fiscalía y contraloría, es oportuno señalar que el contenido del oficio GL-DABS-1006-2025/GL-DTBS-174-2025/GL-DPI-0675-2025, constituye un recuento detallado y elocuente de múltiples falencias, que por sí solo justifica plenamente nuestra solicitud.
Por todo lo anterior, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se solicita a la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como, ante la Contraloría General de la República lo siguiente:
- Se investigue a las personas integrantes de la Junta Directiva que votaron a favor en la sesión N.º 9524, celebrada el jueves 29 de mayo del 2025, donde se tomó un acuerdo en torno a la implementación del ERP-SAP.
- Se investigue a la Licenciada Mónica Taylor Hernández, Presidenta Ejecutiva, sus asesores, Eugenio Guevara Chaves, Angeline Badilla Berrocal, y al Lic. Héctor Arias Mora, Director del Plan de Innovación, por sus posibles actuaciones en perjuicio de la CCSS y en consecuencia contra la Hacienda Pública.
- Se solicite a la Auditoría Interna de la CCSS, trasladar a esta fiscalía y contraloría, aquellos estudios o similares en su poder, que entendemos han sido calificados como CONFIDENCIALES y que están vinculados al tema ERP-SAP.
- Investigar los elementos que privaron para el nombramiento del actual Director del Proyecto de Innovación de la CCSS, puesto que entendemos que podrían existir actos administrativos viciados de nulidad.
- Desarrollar las investigaciones pertinentes a efecto de dilucidar posibles vínculos que se deriven del contrato establecido entre la CCSS y la empresa adjudicada.
Nuestra organización adjunto en la denuncia una serie de informes técnicos de los equipos CCSS, informes de Auditoría Interna, instrucciones de Presidencia Ejecutiva y otros documentos de interés para las pertinentes investigaciones.
Seccional ANEP-INA advierte que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración
Con mucha preocupación la Seccional ANEP-INA, se dirige a la opinión pública dejando constancia y evidenciando una serie de irregularidades que están sucediendo en el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).
Y es que, siendo conscientes como personas funcionarias, de que esta noble institución, requiere de modernización para poder evolucionar, ser competentes en el mercado y lograr de manera objetiva, así como cumplir con la misión y visión del INA, los hechos que acontecen, están muy lejos de lo que se plasma en el papel, la institución está perdiendo su norte, su razón de ser, para muestra un botón.
Existe un oficio, emitido el pasado mes de mayo 2025, mediante el cual, el Presidente Ejecutivo, Christian Rucavado Leandro, de forma, en apariencia, sigilosa, instruyó a unidades estratégicas de la institución, para que incluyeran dentro de la formulación del presupuesto 2026, la “módica” suma de más ₵900.000.000,00 (novecientos millones de colones), para atender la “iniciativa del inglés”, producto del “estudio” de demanda nacional de inglés que se promoviera desde la misma Presidencia Ejecutiva del INA. A esta fecha no se conoce, al menos no ésta Seccional, la ruta que se llevó a cabo para estimar dicho monto.
Surgen paralelamente, otras preguntas ¿quién o quiénes son los interesados en que el INA esté inmerso en el tema del inglés? ¿cuáles son las verdaderas intenciones detrás de todo esto?, ¿por qué razón no se impulsa con la misma fuerza las demás áreas productivas a las que la institución no debe, ni puede dejar de atender?
Se viene observando, como una y otra vez, en cada período presupuestario, los presupuestos de la institución, no se direccionan para fomentar y reforzar las verdaderas áreas prioritarias, prueba de ello y ya conocido en el Plenario Legislativo, existe desabastecimiento de materiales, afectando a estudiantes y docentes, estos últimos, también, sin recursos para desplazarse a atender los cursos asignados, existe insatisfacción en la demanda a falta de docentes, sencillamente por escasez de estos, al no existir interés claramente por contratar más, o bien, porque no se encuentran al100% capacitados y esto último, no porque ellos así lo hayan preferido o sugerido, sino porque, así están dadas las “líneas estratégicas”.
Tenemos un presidente ejecutivo ausente, que fue enviado a la institución, en apariencia, única y exclusivamente para acatar órdenes superiores y que para infortunio del INA, no son las mejores y mucho menos las más transparentes.
Qué decir de las personas que recién se suman a puestos Gerenciales, unos sin experiencia en la institución y otros “amigos del Gobierno de Turno”, ¿qué se puede interpretar de esto? sencillo, entre más llano esté el camino, más fácilmente logran su cometido, o sea, otra forma más de dañar a la institución no importa el costo, el perjuicio va.
Por otro lado, no menos preocupante, figura quien ocupa el cargo de Auditor Interno y de las personas Encargadas de Jefatura que lo acompañan, no cuestionan lo que está sucediendo en el INA y no se interprete esto, que se requiere que el Auditor Interno, sea un coadministrador, papel que presuntamente también lleva a cabo, sino más bien, haciendo y ejerciendo el rol que le corresponde, entre otros, siendo vigilante del uso de los recursos públicos.
Como representantes de esta Seccional, hemos en infinidad de ocasiones, señalado ante las instancias externas correspondientes, que la institución está careciendo de prácticas sanas de administración, propiciando entre otros aspectos, desprotección a las demás áreas técnicas productivas del país, que sabemos, nos demandan y que, evidentemente nos necesitan. En este particular, se desconoce si existió un muestreo probabilístico, si ha sido validado técnicamente o en su defecto contiene un sesgo de autoselección.
El INA se nos está escapando de las manos y a quienes tratan desesperadamente de hacer algo para salvarla de lo casi inevitable, simplemente, los apartan del camino, de una u otra manera, en algunos casos, ha mediado hasta la persecución.
Freddy Bonilla García, presidente Seccional ANEP-INA.
Auditoría Interna de la CCSS confirma denuncias de la ANEP sobre implementación de programa ERP
La Auditoria Interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), mediante informe AD-AFINPE-0038-2025, del pasado viernes 6 de junio del presente año, en poder de la ANEP, confirma las denuncias de nuestra organización sobre las afectaciones e implicaciones que ha sufrido la institución por la implementación del sistema digital ERP-SAP, desde el pasado 2 de junio.
Según el informe de la Auditoría Interna “se logró evidenciar situaciones de riesgo relacionadas con la gestión de pagos ordinarios que debe realizar la institución tras la salida en vivo del ERP-SAP, especialmente identificada en casos que han paralizado o retrasado procesos esenciales como el pago a proveedores, incapacidades, viáticos y obligaciones judiciales”.
Según lo analizado por la Auditoría Interna, estos problemas derivan de la no integración efectiva de los sistemas legados, así como otros aspectos relacionados con la integridad de las pruebas efectuadas, una posible capacitación insuficiente del personal y una gestión administrativa con incertidumbre ante decisiones y procedimientos operativos diarios.
“Lo anterior ha generado una acumulación de obligaciones pendientes de procesar por montos significativos y con el riesgo institucional que podría representar en términos financieros lo relacionado con el pago de multas e intereses ante el posible incumplimiento de las condiciones jurídicas pactadas con proveedores y usuarios por la continuidad de servicios y beneficios”, indica el informe.
Desde la entrada en operación del sistema ERP, el pasado 2 de junio de 2025, la ANEP ha denunciado una serie de afectaciones. Estas han sido, ahora, identificadas por la Auditoria Interna de la Institución; lo que ha provocado dificultades operativas relacionadas con:
•La ejecución oportuna de pagos a proveedores, acumulando saldos pendientes por más de $11 millones.
• El pago de las licencias e incapacidades se suspendió desde el 3 de junio de 2025, restableciéndose hasta que se logre el 100% de la integración del RCPI con el ERP. A la fecha se tienen 20,127 casos por un monto estimado de 1,324.5 millones de colones pendientes de pago.
• Además, el proceso de pago de incapacidades asociadas al reconocimiento del salario escolar conforme la directriz N 019-MTSS emitida por la Presidencia de la Republica y el Ministerio de Trabajo para los funcionarios del sector público, a la fecha están suspendidos los desembolsos para 78 mil casos por un monto de 1,212 millones aproximadamente.
•Suspensión temporal en el pago de viáticos institucionales.
•Inconvenientes en la integración con sistemas legados como SIPE, RCPI, SICO y SICERE.
•Atrasos en desembolsos críticos del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR, con posibles afectaciones contractuales.
En el informe también se detalla que mediante oficios GF-1647-2025 del 27 de mayo de 2025, firmado por el Lic. Gustavo Picado Chacón, Gerente Financiero y el oficio GL-0921-2025 del 26 de mayo de 2025 de la Gerencia de Logística, se señalaron y describieron las afectaciones descritas anteriormente con la salida en vivo del ERP, programada para el 02 de junio.
A pesar de estas advertencias, mediante el artículo 12° de la sesión ordinaria N° 9524, celebrada el 29 de mayo, y lo instruido por Mónica Taylor Hernández, presidenta ejecutiva de la CCSS, en el oficio PE-2270-2025 del 30 de mayo del 2025, se solicita corregir la situación. Y contandose con tan solo dos días para que el sistema entrara en operación.
Esto fue lo acordado por la Junta Directiva, detalla el informe “Instruir a la Gerencia de Logística y a la Gerencia Financiera, para que-ante lo manifestado en los oficios GF-1647-2025 y GL-0921-2025-, dado que de lo allí indicado se desprende que se trata de aspectos técnicos y administrativos propios de esas dependencias, procedan a tomar todas las acciones técnicas operativas de rigor, elaborando un plan de contingencia para asegurar y garantizar la operación e implementación exitosa del ERP y de la continuidad de los servicios, sin que existan riesgos, o de existir los mismos para la institución o terceros, que estos sean mitigados. Lo anterior en coordinación con la Dirección del Proyecto ERP-SAP.”
Desde la ANEP y desde el mismo principio de toda esta controvercia, denunciamos las diversas afectaciones que estaba causando la implementación de este sistema a la institución, reportados por los mismos trabajadores; por lo cual reiteramos nuestra solicitud a la Junta Directiva de la CCSS de suspender su operación mientras se corrigen las situaciones denunciadas.
Otra de las situaciones que llama la atención del informe, es que en algunas unidades, las personas capacitadas ya no están trabajando ahí, lo que ha causado problemas; y pese a que se están proporcionando videos y acompañamiento directo para ayudar a las unidades a utilizar el sistema, sin embargo hay temor en la población laboral en cometer errores.
La ANEP, también solicitó a la Auditoria Interna de la CCSS, abrir un a investigación en la fase previa de la implementación del sistema, ante un posible nombramiento irregular durante el proyecto, manipulación del mismo, equivocaciones graves en su aplicación, así como posibles pagos irregulares a la empresa desarrolladora.
En ANEP, aclaramos que no estamos en contra de la innovación tecnológica en la institución, entendemos la necesidad y estamos de acuerdo de que este proyecto se implemente, siempre y cuando no afecte a la CCSS y a los intereses de la población asegurados.
