Categoría: Acción Sindical

En un Estado Social y Democrático de Derecho, toda actuación de la Administración Pública debe regirse por el principio de legalidad, consagrado en el artículo 11 de la Constitución Política y desarrollado en el artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, que obliga a los funcionarios a actuar conforme a la ley y únicamente dentro de las competencias expresamente atribuidas. A ello se suman los principios de transparencia, libre concurrencia, igualdad de trato y eficiencia en la gestión de los recursos públicos.

No obstante, recientes acontecimientos vinculados con proyectos estratégicos en el sector de telecomunicaciones del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) han encendido las alarmas por aparentes violaciones a dichos principios, mostrando un preocupante patrón de improvisación, falta de claridad técnica y debilidad en los procesos de planificación y contratación.

El primer ejemplo es el despliegue de la red 5G, un proyecto que debería posicionar al país en la vanguardia tecnológica. Sin embargo, lo que se observa es una gestión fragmentada, marcada por indefiniciones, retrasos y discursos ambiguos que generan dudas sobre la neutralidad tecnológica y la objetividad de quienes dirigen este proceso. El incumplimiento del principio de transparencia y la ausencia de información clara sobre los plazos y mecanismos de implementación generan inseguridad jurídica tanto en los usuarios como en eventuales oferentes.

En segundo término, el proyecto denominado “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco” despierta serias inquietudes sobre la pertinencia de sus lineamientos técnicos y la correcta aplicación del régimen de contratación administrativa. La reiterada selección de una marca específica sin que medien justificaciones sólidas abre la puerta a cuestionamientos sobre la violación del principio de igualdad de oportunidades para todos los potenciales oferentes, limitando la libre participación en los concursos públicos.

Finalmente, la más reciente problemática se dio con los enlaces internacionales, situación que evidenció la fragilidad de la operación y la falta de previsión de la administración superior. Aquí surgen serios cuestionamientos que demandan respuesta inmediata:

¿Dónde se encuentra la contratación que avala la entrada en funcionamiento de los nuevos enlaces?

¿Qué procedimiento administrativo y bajo cuál modalidad de contratación se realizó dicha adquisición?

¿Constituye esta denominada “capacidad transitoria” una maniobra para condicionar el mercado y orientar posteriormente una licitación pública a favor de un determinado proveedor?

Estas interrogantes no son simples especulaciones, al contrario, apuntan directamente al cumplimiento de la normativa de Contratación Pública, que obliga a la administración a velar por la transparencia, la concurrencia y la selección objetiva. De confirmarse que la actual administración incurrió en un condicionamiento artificial de futuros concursos, se podría estar ante un escenario de una posible nulidad absoluta de los actos administrativos involucrados, con las consecuencias patrimoniales y de responsabilidad personal que ello implica, según lo establece la Ley General de Administración Pública.

La ciudadanía, los usuarios y los propios trabajadores del ICE merecen claridad y garantías de que los recursos públicos no están siendo administrados bajo esquemas de conveniencia o de interés particular. El principio de eficiencia obliga a que las adquisiciones respondan a necesidades reales, debidamente planificadas y con la mejor relación costo-beneficio. Sin embargo, lo que hoy se observa es lo contrario; proyectos estratégicos empañados por falta de transparencia, improvisación y decisiones adoptadas al margen de los principios rectores del ordenamiento jurídico costarricense.

Por todo lo anterior, se hace un llamado urgente a la Contraloría General de la República, como órgano de control superior de la Hacienda Pública, para que, en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, abra de oficio los procedimientos de fiscalización e investigación que correspondan. Resulta imprescindible determinar si las intenciones de compra y los proyectos aquí señalados han cumplido con los principios de legalidad, transparencia, eficiencia y libre concurrencia, o si, por el contrario, se han materializado prácticas que comprometan la responsabilidad administrativa, civil o incluso penal de quienes han tomado las decisiones.

El ICE, institución histórica del desarrollo nacional, no puede continuar en un rumbo de improvisación y opacidad. El país requiere respuestas claras, inmediatas y verificables.

★ SOMOS ANEP, SOMOS USTED ★

-Para nuestra organización esta propuesta obedeció a un show político presidido por Juan Manuel Quesada, expresidente ejecutivo y apoyado por Alejandra Mora, Gerente General

El criterio PRE-J-2025-03057 de la Dirección Jurídica del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  (AyA), respalda plenamente las advertencias que la ANEP,  y su seccional ANEP-AyA han expuesto ante la opinión pública, Asamblea Legislativa y otras instancias,  sobre la propuesta de reorganización institucional parcial presentada en el Estudio Técnico de Julio 2025.

 Ambos pronunciamientos coinciden en que la reorganización carece de sustento legal, técnico y operativo, y que su ejecución en el estado actual pondría en riesgo la estabilidad institucional, el servicio público y la seguridad jurídica, tal y como ha venido advirtiendo la seccional ANEP-AyA

Confirmaciones clave de los informes de Dirección Jurídica

La Dirección Jurídica del AyA concluye que el acuerdo de Junta Directiva 2025-200, mediante el cual se aprobó la reestructuración institucional, adolece de nulidad absoluta, evidente y manifiesta por incumplir requisitos esenciales para la validez de un acto administrativo, según la Ley General de la Administración Pública y la doctrina administrativa.

Dentro de las conclusiones de la Dirección Jurídica se encuentran:

1.Deficiencias en la motivación y justificación

• El acuerdo carece de información técnica mínima necesaria (estudios, informes y análisis) para fundamentar el organigrama aprobado.

• La motivación se limita a citar normas procedimentales, sin desarrollar contenido, motivo y fin del acto administrativo.

• Esta omisión genera vicio por exceso de poder, afectando la proporcionalidad y el interés público.

2. Violaciones a normativa general vinculante

La propuesta elimina, rebaja de jerarquía o modifica de forma indebida dependencias cuya existencia y ubicación están protegidas por leyes y reglamentos:

• Dirección de Igualdad de Género e Interculturalidad → desaparece y se diluye en Capital Humano, lo que implica retroceso en materia de derechos humanos y compromisos internacionales.

• Contraloría de Servicios → cambio de nombre y funciones que genera confusión y contradice la Ley N.° 9158.

• Oficina de Cooperación Internacional → desintegrada, contraviniendo el Reglamento del Art. 11 de la Ley de Planificación Nacional.

• Oficina de Control Interno → no se ubica a nivel de jerarca, incumpliendo la Ley General de Control Interno.

• Laboratorio Nacional de Aguas → rebajado a nivel operativo, pese a su rol de rector nacional en calidad del agua.

• Dirección de Planificación Estratégica → trasladada de Presidencia Ejecutiva a Gerencia General, en contravención a la Ley de Planificación Nacional.

3. Debilitamiento de la Dirección Jurídica

• La propuesta desintegra áreas especializadas, elimina el principio de uniformidad de criterio legal y crea duplicidades e inseguridad jurídica.

• No se presenta evidencia técnica que justifique el cambio ni que demuestre deficiencias actuales.

• Se pone en riesgo la independencia de control de legalidad, por ejemplo, subordinando áreas legales a las mismas dependencias que deben fiscalizar (caso de Proveeduría y Contratación Administrativa).

Posición de ANEP

La ANEP reitera que la reorganización institucional planteada es inviable y perjudicial, y que representa un uso político y antitécnico de la gestión institucional.

Ante este escenario se solicita a las máximas autoridades de la institución:

• Suspender de inmediato su ejecución.

• Transparentar todos los gastos asociados a este proceso y la rendición de cuentas para los Jerarcas que estuvieron detrás de este proceso fallido.

• Iniciar un rediseño real y participativo, con respaldo técnico, legal y financiero, en beneficio de la institución y del servicio público.

EL AGUA ES UN DERECHO HUMANO, SU GESTION DEBE MANTENERSE PUBLICA TRANSPARENTE Y PARTICIPATIVA.

Un mensaje en conjunto fue entregado, el dia de ayer, por todos los sindicatos en la Policia de Tránsito a Efraím Zeledón Leiva, ministro de Obras Públicas y Transportes, en el que se le da un plazo de ocho días para la destitución del actual director de la Policía de Tránsito, Oswaldo Miranda Viquez. Para la seccional de ANEP es impostergable y no negociable el plazo, pues cada día el problema se agrava.

Esto debido a que su permanencia en el cargo va contraria a la paz laboral dentro de la institución. En especial, por las políticas arbitrarias, la mala planificación y gestión que ha generado un pésimo ambiente en este cuerpo policial.

A raíz de la situaciones que se han generado con Miranda Viquez, muchos oficiales han renunciado, generando un debilitamiento que se refleja en el servicio que se le da a la población.

Para la seccional de la ANEP es fundamental que la persona que dirige este cuerpo policial cumpla con los requisitos de ley y que genere acciones en beneficio de la población trabajadora y que esto se refleje en en el accionar operativo.

La seccional hace un llamado tanto a las personas afiliadas como a las que no son agremiadas a nuestros sindicatos a seguir manifestando su rechazo a las acciones y a la dirección de Oswaldo Miranda Viquez.

Los sindicatos acordaron que en caso de mantener en el puesto a Oswaldo Miranda Viquez, se tomarán otras medidas.

Declaraciones de Lizeth Quesada, Presidenta Seccional ANEP-Policía de Tránsito

En toda institución pública que se rija por el principio de legalidad, la aplicación del ordenamiento jurídico y las políticas internas debería ser uniforme, objetiva y ajena a favoritismos. Sin embargo, en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la realidad reciente deja entrever que la vara con la que se mide la conducta de sus funcionarios no siempre es la misma, lo que erosiona la confianza ciudadana y el sentido de equidad que debe imperar en la administración pública.

Mientras a algunos funcionarios se les pretendía iniciar un proceso de investigación por su asistencia a un evento de Huawei, trascendió que la actual gerente de telecomunicaciones, Leda Acevedo Zúñiga, fue designada en el cargo a pesar de haber participado en la mencionada actividad, tal como lo reveló Semanario Universidad. El contraste es evidente y plantea una pregunta incómoda, ¿por qué para unos la participación en un evento de un proveedor es causal de cuestionamiento disciplinario y para otros no sólo pasa inadvertida, sino que incluso, posterior a ello, se le “premia” con un nombramiento de alto mando.

Este patrón de “aplicación selectiva” de las normas se refleja también en otros frentes. *Hay voces que, con razón, exigen neutralidad tecnológica* y evitan la dependencia de un solo proveedor para la implementación de la red 5G. Sin embargo, *esas mismas voces guardan un silencio conveniente cuando se trata de la creciente dependencia tecnológica en la red de transporte IP a favor de la marca Cisco, algo huele muy feo.* Esta dependencia quedó plasmada en la intención de compra publicada en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP) bajo el rótulo “Adquisición de bienes y servicios para la actualización de la red de transporte IP marca Cisco”, una situación que ya había sido advertida por nuestra organización sindical, pero que no ha motivado el mismo clamor público ni exigencias de transparencia en algunos que hace unos meses se rasgaban las vestiduras.

A lo anterior se suma una preocupación adicional, la reciente implementación de enlaces internacionales bajo la figura de “capacidad transitoria”, sin que el proceso se encuentre documentado en el SICOP. Esta maniobra podría abrir la puerta a una compra directa hacia finales de año, eludiendo así los principios de publicidad y libre concurrencia que exige la contratación administrativa. Más grave aún, estos enlaces han estado vinculados a fallos recientes reportados por los clientes, lo que no sólo plantea dudas de carácter administrativo y financiero, sino también operativas.

Estas situaciones no pueden desligarse de un problema estructural más profundo, la falta de idoneidad de varios mandos medios y de la propia administración superior en puestos estratégicos. Se han asignado responsabilidades críticas a personas cuya experiencia y capacidades técnicas no se alinean con las necesidades reales del sector de telecomunicaciones del ICE, lo que deriva en decisiones desacertadas, omisiones graves y una gestión incapaz de anticipar riesgos o reaccionar con eficacia ante crisis. Cuando se privilegia la cercanía política o personal por encima de la competencia técnica, la consecuencia directa es el deterioro de los servicios, el aumento de la dependencia tecnológica y la pérdida de competitividad.

En un escenario así, resulta legítimo y necesario exigir a la administración superior una explicación clara y documentada sobre cada uno de estos puntos. El ICE, como institución pública, no puede permitirse criterios discrecionales para aplicar sanciones, aprobar compras o justificar dependencias tecnológicas según convenga a determinados intereses internos, como pareciera está ocurriendo.

El principio de igualdad ante la Ley y la transparencia en la gestión pública no son eslóganes opcionales, son mandatos constitucionales.

Cuando la dirección de una empresa estatal se percibe selectiva en la aplicación de las reglas y complaciente en la designación de puestos clave, el daño trasciende lo interno y mina la credibilidad institucional ante la ciudadanía y el mercado.

Hoy, más que nunca, el ICE necesita coherencia y esa coherencia empieza por *aplicar las mismas reglas para todos y todas* y por garantizar que los puestos estratégicos estén ocupados por personas idóneas y competentes. Sin excepciones, sin silencios convenientes y sin balanzas torcidas.

*★ SOMOS ANEP, SOMOS USTED ★*

La ANEP Y su Seccional  en Acueductos y Alcantarillados (AyA), celebra la salida del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, oficializada este mismo día, tras meses de una gestión que sumió a la institución en una profunda crisis operativa, ética y administrativa.

Desde ANEP hemos denunciado reiteradamente la opacidad con la que se llevaron a cabo procesos clave como la reestructuración institucional, la concentración indebida del poder en una “red de cuido” de confianza personal del expresidente ejecutivo, y el debilitamiento técnico y estratégico del AyA.

Juan Manuel Quesada deja una institución estancada, debilitada y al borde de decisiones que podrían agravar aún más su situación financiera y operativa.

Ante este escenario, hacemos un llamado urgente a la nueva presidenta ejecutiva para que asuma con firmeza los retos que enfrenta la institución.

El primero y más apremiante es desmontar la red de cuido que Quesada tejió en la alta administración institucional, donde aún persisten figuras nombradas sin los atestados técnicos, éticos ni legales necesarios, algunas incluso envueltas en serias denuncias por ejercicio ilegal de la profesión.

Si realmente se pretende marcar un cambio positivo en lo que resta de esta administración, es indispensable renovar la estructura gerencial de AyA, empezando por los actuales gerentes y subgerentes, muchos de los cuales han sido partícipes y cómplices de las malas decisiones que hoy ponen en riesgo el acceso al agua potable de miles de personas, así como la estabilidad del personal técnico y operativo de la institución.

Desde ANEP seguiremos vigilantes y firmes en la defensa del interés público, de los trabajadores del AyA y del derecho humano al agua.