Un Primero de Mayo muy especial

A pocas horas de la conmemoración histórica y mundial del PRIMERO DE MAYO, el Día Internacional de la Clase Trabajadora, como militantes sindicales honraremos las figuras gigantes que protagonizaron la gesta de la lucha obrera más relevante jamás dada: la Jornada de las Ocho Horas. Hablamos de Los Mártires de Chicago cuyos nombres siempre debemos recordar George Engel, Michael Schwab, Luis Lingg, Adolh Fischer, Samuel Fielden, Albert Parsons, Aguste Spies y Oscar Neebe.

Su sacrificio, su legado y su ejemplo mártir animan la práctica cotidiana de ese tipo de sindicalismo que procura ser consecuente, en todo momento, con la filosofía integral de la reivindicación obrera plena según los principios que la sustentan.

Estamos catalogando la conmemoración histórica del Primero de Mayo en lo que respecta al pueblo trabajador costarricense como de muy especial, considerando el entorno económico, político y hasta histórico de nuestro desarrollo como sociedad costarricense en estos momentos.

Consideremos que el concepto de clase trabajadora es hoy día mucho más amplio que el clásico-tradicional: la persona asalariada con empleo formal y salario fijo, tanto en el sector público como el privado. Está la persona trabajadora independiente, la que está sin empleo, la que está en el subempleo, también son clase trabajadora. Sin duda, también, las personas trabajadoras ya jubiladas-pensionadas que, en su abrumadora mayoría, dependen de la Seguridad Social para su propia salud. Igualmente, podemos considerar clase trabajadora a quienes realizan actividad micro-pequeña y mediana empresarial que destinan su producción para el mercado interno y hasta para exportación.

Todos estos segmentos de clase trabajadora, de una mera u otra, están bajo grandes amenazas contra su propio bienestar y el de sus respectivas familias. La flexibilidad laboral, la precariedad y el congelamiento salarial con su inherente deterioro del poder de compra del salario, el ataque del capital a la jornada histórica de las 8 horas, el teletrabajo sobreexplotador, la inteligencia artificial, los cambios demográficos y climáticos, la crisis fiscal y de los sistemas de salud y de seguridad social, así como jubilatorios; constituyen amenazas sumamente potentes que conspiran todos los días contra el bienestar obrero.

Todas estas manifestaciones adversas las sufren las personas trabajadoras costarricenses y migrantes en la Costa Rica del 2025.

Como si todo ello no bastase, la clase gobernante, la que ejerce la operatividad política cotidiana en la institucionalidad vigente, vive un conflicto de poder entre sus actores viejos y nuevos. Sin embargo, el mismo no pone en riesgo el modelo económico dominante basado en el ya desacredito dogma neoliberal, por una parte; y por la otra, la élite plutocrática del real poder en la sociedad no está sufriendo riesgo alguno por culpa del indicado conflicto de poder.

Lo que sí está sumamente claro es que tal conflicto de poder por el ejercicio cotidiano de la operatividad ejecutiva de la cosa pública presenta dos altísimos riesgos, que harán más difícil el diario vivir de todos los segmentos componentes de la clase trabajadora.

El riesgo que representa un ataque artero y estructural contra la serie de valores y de principios consagrados en lo que en Costa Rica conocemos como las Garantías Sociales y los que integran el todo único de la Constitución Política del 7 de noviembre de 1949; y el riesgo de que el autoritarismo de corte fascista que se está manifestando en estos momentos se termine imponiendo, totalmente, en nuestra sociedad con la tesis político-ideológica de las 40 diputaciones.
La clase política vieja luce gastada, por decir lo menos, para enfrentar el desafío fascistoide en desarrollo. Haber abandonado postulados de integración social como los de corte socialdemócrata y los de carácter socialcristiano que impregnan la Carta Magna de 1949, lo está pagando muy caro.

Los sectores sindicales, sociales y populares también estamos pagando un precio muy alto: no haber comprendido, en su real dimensión, qué se estaba jugando con la traición del gobierno de Carlos Alvarado Quesada y su paquetazo fiscal del 2018, contando él para ello con los partidos arquitectos del orden social derivado de la Constitución Política de 1949, particularmente Liberación Nacional. La hegemonía plutocrática del real poder se impuso en esa ocasión y casi nos da una derrota estratégica al ciento por ciento.

Sin entrar a hablar del horizonte electoral de cercanía, a fin no de echarle más sal a la herida, es dable soñar que podemos reconstruirnos como sectores populares destinados a ser sujetos históricos; especialmente, si podemos considerar que la principalísima tarea histórica del momento es derrotar la tesis facistoide de las 40 diputaciones, teniendo presente, eso sí, que la institucionalidad de la Carta Magna del 49 que fue pervertida porque la corrompieron, debe ser saneada.

Finalmente, como lo apuntó la jerarquía eclesiástica católica de nuestro país acerca de que el actual modelo de organización económica está, prácticamente fracasado, este Primero de Mayo de 2025 dejemos constando, contundentemente, que el sindicalismo sí tiene propuesta para que tengamos otro modelo de organización económica centrado en el bien común, en la inclusión social y económica, en contra de la corrupta y abusiva concentración de la riqueza; y con la inspiración que nos da ese gigante de la Humanidad: el papa Francisco.

Llamado urgente: alerta ante el retroceso de los Derechos Laborales en Costa Rica

Las organizaciones firmantes, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), Asociación de Trabajadoras Domésticas (ASTRADOMES), y el Instituto Internacional de Responsabilidad Social y Derechos Humanos (IIRESODH), expresamos nuestra profunda preocupación ante el alarmante retroceso en los derechos laborales que se está produciendo en nuestro país y las condiciones injustas y regresivas de trabajo que continúan presentes.

 Las organizaciones de personas trabajadoras que firmamos este pronunciamiento, desde nuestras particularidades: trabajo remunerado del hogar, plantaciones agricolas, seguridad privada, conductores y conductoras de autobuses, compartimos una preocupación común: la violación constante de algunos derechos laborales fundamentales a las personas trabajadoras en Costa Rica, ya que observamos con alarma la proliferación de prácticas que vulneran los principios más básicos de la justicia social y el trabajo digno, según se comenta a continuación:

Salarios indignos y pagos irregulares: Muchos trabajadores y trabajadoras obtienen remuneraciones insuficientes que no les permiten cubrir sus necesidades básicas, así como retrasos y arbitrariedades en el pago de sus salarios. Las trabajadoras remuneradas del hogar siguen siendo las personas peor pagadas del país, donde no se alcanza ni siquiera el salario mínimo establecido según el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En el caso del trabajador(a) agrícola también laboran por un tipo salarial mínimo, y su ajuste salarial períodico se da por costo de vida, sin embargo, los entes institucionales encargados no cuentan con información sobre el origen de la base salarial que se debe ajustar anualmente, lo que significa que no existe un estudio que garantice si ese salario cubre las necesidades básicas de vida digna.

● Incumplimiento en el pago de las horas extra. Grupos de personas trabajadoras vulnerables como las trabajadoras remunerada del hogar o los trabajadores y las trabajadoras de las plantaciones agrícolas no reciben pagos por sus jornadas extraordinarias; y, en las pocos casos en que los reciben, muchas veces son víctimas de retrasos injustificados y/o reciben montos inferiores que no se ajustan a la legislación del país. También se crean modalidades de pago (destajo) que producen el no pago justo, y donde se premia el esfuerzo físico, generando a su vez un inhumano desgaste físico, aprovechándose de las necesidades de las personas. Sobra decir que estos esfuerzos excesivos generan enfermedades y aumentan los riesgos laborales.


● Jornadas laborales extenuantes: La imposición de horarios laborales excesivos que superan los límites legales y afectan la salud y el bienestar de las y los trabajadores, se ha convertido en una práctica cada vez más frecuente. Sobra decir que negarse a cumplir con esas jornadas excesivas se convierte, solapadamente, en un justificante para próximos despidos.


● Condiciones laborales insalubres y peligrosas: Numerosos centros de trabajo presentan condiciones que ponen en riesgo la seguridad y la salud de las trabajadoras y los trabajadores, debido a la falta de medidas de protección adecuadas y al incumplimiento de las normativas de higiene y seguridad ocupacional; como por ejemplo, la utilización de agroquímicos en los trabajos de plantaciones agrícolas que se sabe son perjudiciales para la salud, además, las y los trabajadores sufren de la constante exposición al sol sin los materiales adecuados para ello (protectores solares, mangas y sombreros protectores de la luz solar en la epidermis, entre otros).


● Restricciones al derecho de huelga: Además, las recientes prohibiciones legislativas a la huelga establecidas en la nefasta Ley 9808 (denominada irónicamente Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos), representan un grave atentado contra uno de los derechos fundamentales de las trabajadoras y los trabajadores, limitando su capacidad para defender sus intereses y reivindicaciones; y donde la ley laboral vigente del país, establece que el salario de la persona trabajadora debe retenerse en el momento que este va a huelga, y sólo le es devuelto si se cumple con una serie de exigencias del Estado para la realización de huelgas.

Procedimientos ineficientes para garantizar la atención médica en los accidentes laborales. Si bien existe en el país un procedimiento, supuestamente obligatorio, para la atención de los accidentes laborales por parte de los patronos y del Estado; en la práctica no se brinda de forma eficiente, por cuanto los patronos no denuncian el accidente y no utilizan los seguros obligatorios en beneficio de sus trabajadores y trabajadoras, para evitar aumentos posteriores del costo de las pólizas. De esta forma, muchas personas trabajadoras no son atendidas, o no lo son de forma oportuna, ante accidentes laborales.

Necesidad urgente de mejorar el servicio de Inspección Laboral que brinda el Estado. Se ha determinado una serie de fallas en el sistema indicado, iniciando por una insuficiente cantidad de personas inspectoras laborales en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social; así como “malas prácticas” en el momento en que se realizan las inspecciones (entrevistas privadas sólo con la parte patronal, invisibilización de “partes” importantes del proceso como los sindicatos, informes parcializados, falta de procesos de transparencia en la presentación de resultados de los informes de las inspecciones, entre otros).

Persistencia de restricciones y represión sindical. Si bien existe legislación clara sobre la libertad sindical en el país, existen también algunas “malas prácticas” solapadas para generar restricciones al trabajo de dirigencia sindical. Iniciando por el “mal ambiente” que se genera a las personas sindicalizadas y sus dirigentes, y continuando con la ineficacia de los órganos contralores de estas situaciones, para en algunas ocasiones resolverlos de forma efectiva.

Estas situaciones no solo perjudican a las trabajadoras y a los trabajadores y a sus familias, sino que también socava el desarrollo económico y social de nuestro país, al generar desigualdad, pobreza y exclusión.


Ante esta grave situación, exigimos a las autoridades nacionales e internacionales, en particular al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Consejo de Salarios de este Ministerio, y a la Sala Constitucional del Poder Judicial, que adopten medidas urgentes para garantizar el pleno cumplimiento de los derechos laborales establecidos en nuestra Constitución, en las leyes laborales, y en los tratados internacionales de derechos humanos que el país ha asumido libremente.


De esta forma hacemos un llamado vehemente a:


● El respeto irrestricto al derecho de huelga como herramienta fundamental para la defensa de los derechos laborales.
● La implementación de políticas públicas que promuevan el trabajo decente, la igualdad salarial y la seguridad laboral y ocupacional.
● El fortalecimiento de la inspección laboral y la sanción efectiva de las empresas que vulneren los derechos de las y los trabajadores.
● El cumplimiento de los tratados internacionales de los que Costa Rica forma parte, y que establecen de forma categórica el respeto por los derechos humanos y laborales de las personas trabajadoras. Estimamos que este cumplimiento es obligatorio ya que al firmarlos libremente, asumimos la responsabilidad de hacerlos cumplir a cabalidad.
Comprometidos con la defensa y promoción de los derechos laborales, ANEP, SITRAP, ASTRADOMES e IIRESODH se complacen en anunciar las siguientes acciones futuras:

1. Foro Internacional sobre Derechos Laborales en Latinoamérica:

Con el objetivo de analizar a profundidad la situación de los derechos laborales en la región, en el próximo mes de mayo de 2025 se llevará a cabo un foro internacional de alto nivel. Este evento reunirá a personas destacadas, expertas, académicas, dirigentes sindicales y representantes de organizaciones internacionales, para exponer y debatir sobre las diversas circunstancias que afectan a los trabajadores y trabajadoras en Latinoamérica.

Objetivos Específicos del Foro:

-Identificar las principales tendencias y desafíos en materia de derechos laborales en la región.

-Promover el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre los diferentes actores.

-Generar propuestas concretas para fortalecer la protección y promoción de los derechos laborales.

-Fomentar la colaboración y la solidaridad entre las organizaciones y movimientos sociales de la región, que promueven y defienden los derechos laborales de los grupos de personas trabajadoras vulnerables.

2. Creación del Observatorio de los Derechos Laborales en Costa Rica:

Con el fin de velar por la protección efectiva de los derechos de las personas trabajadoras costarricenses y migrantes, en el mes de junio de 2025 se iniciará con la construcción de un observatorio especializado en derechos laborales. El cual tendrá como misión monitorear, analizar y denunciar las violaciones a los derechos laborales y sindicales, así como promover el cumplimiento de la legislación nacional e internacional en la materia.

Objetivos Específicos:

-Recopilar y sistematizar información sobre la situación de las violaciones de los derechos laborales en Costa Rica.

-Realizar investigaciones y estudios sobre temas relevantes para el mundo del trabajo.

-Monitorear el cumplimiento de la legislación laboral y los convenios internacionales sobre el tema.

-Denunciar públicamente las violaciones a los derechos laborales.

-Elaborar informes y recomendaciones para las autoridades nacionales e internacionales, y para la sociedad en general.

-Promover la educación y la sensibilización sobre la necesidad de cumplimiento de los derechos laborales.

No permitiremos que se sigan pisoteando los derechos de las personas trabajadoras. Nos mantendremos vigilantes, activos y activas en la defensa de nuestros derechos y de una sociedad más justa y equitativa.

¡Por la defensa de los derechos laborales y la justicia social!

Atentamente,

Didier Leitón Valverde, Secretario General SITRAP

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Maria del Carmen Martínez Cruz, Presidente Astradomes

Víctor Rodríguez Rescia, Presidente IIRESODH

Gestión de ANEP logra mejoras en el plantel municipal de Escazú

Gracias al accionar de la Directiva, se lograron mejoras en baños, duchas, cocina, techo, entre otras que genera mejores condiciones para los trabajadores operativos de la Municipalidad de Escazú.

Concejo Municipal de Escazú vincula fallo de la Sala IV contra la Ley de las Finanzas Públicas

El personal operativo recibió la explicación por parte de la Secretaría General y la Directiva de seccional sobre la forma en la que el Concejo vinculó lo resulto por la Sala Constitucional.

¡A casa llena! así celebró ANEP el 25º aniversario de la victoria contra el “Combo Ice”

Por Aarón Chacón Cavero, Asesor Sindical ANEP

El pasado viernes 4 de abril la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) realizó el conversatorio “25 Años de la Victoria Contra el “Combo ICE”, Repercusiones y Actualidad de la Lucha por el Modelo Eléctrico Solidario” en las instalaciones de nuestra organización, en barrio México.

La actividad tuvo como expositores a nuestro secretario general, Albino Vargas Barrantes y al exdirigente sindical del ICE e integrante del grupo ciudadano Unidos por el ICE, Fabio Chaves Castro. Además, tuvimos la grata presencia de la Señora Sofía Guillén Pérez, diputada de la República.

En el conversatorio se rememoró la importancia histórica de la victoria contra el “combo” y se recordaron las extraordinarias jornadas de lucha que, gracias acción de la democracia de la calle, culminaron en la victoria por mantener el modelo eléctrico solidario del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y que asestaron un golpe mortal al modelo bipartidista que dominaba la realidad política del país.

La diputada Sofía Guillén Pérez profundizó con los asistentes respecto al proyecto de ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional (23.414) que, como bien sabemos, es el nuevo intento de un pequeño, pero poderoso grupo económico que pretende destruir el modelo eléctrico solidario para imponer uno con una visión mercantilista que les permitiría a sus impulsores hacer aún más grandes sus ya de por sí vastas fortunas, todo a costa de los demás usuarios.

Desde la ANEP reafirmamos nuestro compromiso hoy, igual que hace 25 años, de luchar por el modelo eléctrico solidario en manos del ICE, porque estamos convencidos de que la energía eléctrica no es una simple mercancía, es un derecho al que deben seguir teniendo acceso todas y todos los habitantes del país, al mejor costo posible.

Conversatorio realizado

ANEP envía posición oficial a todos los municipios ante fallo de la Sala IV sobre Ley 9635

La ANEP ha enviado una carta a todas las Alcaldías, Concejos Municipales y Concejos de Distrito, del país, detallando su posición con relación al reciente fallo de la Sala Constitucional, sobre los cuestionamientos planteados por nuestra organización en artículos contenidos en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, popularmente conocido como Combo Fiscal.

ANEP firma segundo convenio de donación de documentos con el Archivo Nacional

La ANEP, ya ha entregado al Archivo Nacional un total de 131 documentos de diferente tipo, contenidos en 83 cajas, siendo la primera organización sindical que aporta este tipo de documentación al Archivo Nacional.

Seccional en la Municipalidad de Osa logra acuerdos, pero judicializará pago de viáticos

Los dirigencia estuvo en una audiencia en el Ministerio de Trabajo en la que se abordaron temas como el pago de horas extras, Convención Colectiva y pago de viáticos. En los dos primeros hubo acuerdo, pero el tercer punto se llevará a vía judicial.




Seccional ANEP-AyA cuestiona recomendación urgente de reajuste en las tarifas de Acueductos y Alcantarillados tras pérdidas de más de 21 mil millones de colones en el año 2024

-Así lo recomienda estudio financiero realizado por la Dirección Financiera de AyA

-2 mil millones de colones en pérdidas se debieron a la contaminación del agua que se presentó a inicios del año 2024

Desde la seccional ANEP-AyA se cuestiona fuertemente que se traslade al usuario, por medio de una alza en las tarifas, las malas decisiones que se han tomado desde altas gerencias de la institución desde hace varios años.

La posición de la seccional de la ANEP, se da luego de conocer el Informe Detallado Situación Financiera al 31 de diciembre 2023 -2024 de Acueductos y Alcantarillados, elaborado en febrero anterior, por la Dirección Financiera de la institución.

En el documento se detalla que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados tuvo pérdidas en el año 2024 por más de 21 mil millones de colones y la única recomendación que proponen para subsanar las perdidas, es realizar una urgente alza en las tarifas y generar nuevas fuentes de ingresos, sin detallar cuales.

En las conclusiones del informe se detalla:

“En cuanto a los resultados, el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2024 finaliza con una pérdida de ¢21.413 millones. Esto contrasta significativamente con el cierre de diciembre de 2023, cuando se reportó una Utilidad Neta de ¢2.522 millones. La variación representa una pérdida de ¢23.934 millones, lo que equivale a una desmejora de más de nueve veces. Este deterioro se debe principalmente a la disminución de los ingresos y al incremento de los gastos, lo cual afecta negativamente la salud financiera de la institución”.

Además, indica, “de persistir esta situación, la operación normal de la institución estaría en riesgo, comprometiendo la capacidad de atender el pago de la deuda y aún más, la posibilidad de invertir en nuevos sistemas que mejoren el servicio brindado.

Una de las causas de esas perdidas, según el informe, fue la situación presentada a inicios del año 2024, cuando varias comunidades de la capital se vieron perjudicadas por la contaminación del agua por hidrocarburos.

“A diciembre 2024 se observa una disminución de los Ingresos de Operación por ¢2.341 millones, lo que representa un 1.31% con respecto a diciembre 2023. Esta disminución se deriva de que el mes de febrero se dejó de facturar aproximadamente a 20 mil usuarios por la contaminación del sistema que abastece a Coronado, Tibás y Guadalupe”, indica el Informe.

Desde La seccional ANEP-AyA no ven mejora en la gestión, todo lo contrario, “Acueductos y Alcantarillados se debilita y quien paga los platos rotos son los usuarios, no vemos responsabilidades en los altos jerarcas”

Para la seccional ANEP-AyA, lamentablemente, aunque hubo un cambio de presidencia ejecutiva producto de la salida de Alejandro Guillén, cuando se detecto el agua contaminada, se mantuvo la misma gerencia general, a cargo de Alejandra Mora Segura que sigue siendo apoyada por el actual presidente ejecutivo, Juan Manuel Quesada Espinoza.