El Tribunal de Apelación de Trabajo confirmó una sentencia favorable a un funcionario policial, representado por ANEP, obligando al Estado a reconocer diferencias salariales por los incentivos de Riesgo Policial y Operaciones de Alto Riesgo. La resolución también contempla ajustes en aguinaldo, salario escolar, vacaciones, anualidades e intereses.
Categoría: Acción Sindical
Seccional de ANEP gana recurso de amparo contra el Colegio De Contadores Privados De Costa Rica por violación a derechos fundamentales de acceso a la información y transparencia
• Sala Constitucional ordena la publicación de convocatorias, agendas y actas de Junta Directiva en un sitio digital de acceso público.
La Seccional ANEP-Colegio de Contadores Privados de Costa Rica informa con satisfacción a las personas colegiadas y a la opinión pública nacional que la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto por nuestra organización ante la violación de los derechos fundamentales de acceso a la información, publicidad, transparencia, rendición de cuentas y seguridad jurídica.
La acción constitucional fue promovida ante la negativa institucional de garantizar mecanismos permanentes, claros y accesibles para que las personas agremiadas y la ciudadanía pudieran conocer las convocatorias, agendas y actas de las sesiones de la Junta Directiva del Colegio, información de evidente interés público tratándose de una corporación de carácter público. La Sala reconoció que estas omisiones afectan el derecho de fiscalización y control democrático que corresponde ejercer a quienes forman parte del Colegio Profesional.
En su resolución, la Sala Constitucional ordenó a la Presidencia del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica que, en un plazo máximo de un mes, garantice la publicación en un sitio digital de acceso público de las convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias, las agendas y las actas de la Junta Directiva, resguardando únicamente aquella información que por ley tenga carácter confidencial o contenga datos personales sensibles.
Este fallo constituye un importante precedente en favor de la transparencia institucional y fortalece los principios democráticos que deben regir el funcionamiento de todos los colegios profesionales del país. Asimismo, reafirma que las corporaciones públicas no pueden restringir ni dificultar el acceso a información esencial sobre la toma de decisiones que impactan a sus agremiados.
Desde la Seccional ANEP-Colegio de Contadores Privados de Costa Rica reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las personas colegiadas, la vigilancia de la gestión institucional y la promoción de una cultura de transparencia, participación y rendición de cuentas.
Consideramos que esta resolución representa una victoria para todas las personas colegiadas que durante años han demandado una administración más abierta y accesible, donde la información pública deje de ser un privilegio y se convierta en un derecho efectivo.
Hacemos un llamado a las autoridades del Colegio para que acaten de manera inmediata y plena lo dispuesto por la Sala Constitucional y aprovechen esta oportunidad para fortalecer la confianza de la membresía mediante prácticas modernas de gobierno abierto y transparencia institucional.
San José, Costa Rica Junio de 2026
Seccional ANEP Colegio de Contadores Privados de Costa Rica
Sala IV anula directriz que pretendía centralizar y controlar la comunicación sindical en el PANI
–ANEP logra que la Sala Constitucional declare con lugar el recurso de amparo contra la directriz PANI-PE-OF-0680-2026
-• El fallo reafirma que ninguna autoridad administrativa puede imponer controles previos que restrinjan el ejercicio de la actividad sindical
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) celebra la sentencia N.° 2026021146 de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, dictada dentro del expediente N.° 26-009863-0007-CO, mediante la cual se declaró con lugar el recurso de amparo interpuesto contra el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y se anuló la directriz contenida en el oficio PANI-PE-OF-0680-2026 emitido por la Presidencia Ejecutiva de esa institución.
La acción de amparo fue presentada tras la emisión del oficio PANI-PE-OF-0680-2026, mediante el cual la Presidencia Ejecutiva del PANI estableció un mecanismo de control previo sobre las respuestas institucionales dirigidas a las organizaciones sindicales. La directriz ordenaba que toda respuesta elaborada por las distintas dependencias institucionales fuera remitida obligatoriamente a la Presidencia Ejecutiva para su revisión, análisis y aprobación antes de ser comunicada oficialmente. Asimismo, disponía que únicamente mediante autorización expresa de ese despacho las dependencias podrían responder de manera directa a las organizaciones sindicales, advirtiendo incluso sobre eventuales responsabilidades administrativas para quienes incumplieran dicha instrucción.
Desde el primer momento, ANEP consideró que dicha disposición constituía una grave restricción al ejercicio de la libertad sindical, pues imponía un mecanismo de control previo sobre la comunicación entre las organizaciones sindicales y las distintas dependencias institucionales, eliminando en la práctica la interlocución directa con las áreas técnicas, administrativas y operativas del PANI. Asimismo, la medida generaba el riesgo de retrasar respuestas, limitar el acceso oportuno a información institucional y crear un efecto inhibidor sobre las personas funcionarias ante el temor de eventuales sanciones administrativas.
Ante esta situación, ANEP acudió a la jurisdicción constitucional solicitando que se declarara la violación de la libertad sindical, del derecho de petición y de los principios de razonabilidad, proporcionalidad, transparencia y buena administración; que se dejara sin efecto la directriz impugnada; que se impidiera la reproducción de prácticas administrativas que limitaran la comunicación directa entre las organizaciones sindicales y las dependencias institucionales; y que se garantizara a las organizaciones sindicales una comunicación directa, oportuna y efectiva para el ejercicio de sus funciones de representación y defensa de los derechos laborales.
La Sala Constitucional acogió los argumentos planteados en el recurso y concluyó que las organizaciones sindicales tienen derecho a comunicarse y gestionar asuntos ante las distintas dependencias institucionales sin estar sujetas a mecanismos de control previo que limiten u obstaculicen el ejercicio de la actividad sindical. La sentencia reafirma que los derechos fundamentales pueden verse afectados no solo por prohibiciones expresas, sino también por mecanismos administrativos que produzcan efectos restrictivos o inhibidores sobre su ejercicio.
Esta resolución constituye un precedente de extraordinaria relevancia para todo el movimiento sindical costarricense, pues fortalece la libertad sindical como derecho humano fundamental y establece límites claros frente a cualquier intento de imponer controles administrativos que restrinjan la comunicación legítima entre las organizaciones sindicales y las instituciones públicas.
La trascendencia de este fallo supera el ámbito del Patronato Nacional de la Infancia. La sentencia fortalece las garantías constitucionales de las organizaciones sindicales en todo el sector público, protege el derecho de petición, promueve la transparencia institucional y reafirma que la defensa de los derechos de las personas trabajadoras debe desarrollarse en un entorno libre de obstáculos administrativos indebidos.
Con esta resolución, la Sala Constitucional envía un mensaje claro: la libertad sindical no admite restricciones indebidas. ANEP continuará ejerciendo su labor de defensa y representación con la firmeza y responsabilidad que demandan las personas trabajadoras y la democracia costarricense.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Fallo de la Sala IV
ANEP exige explicaciones a JASEC por construcción de costoso edificio de más de ₡2 mil millones para oficinas mientras persisten necesidades institucionales
¿Esto es realmente una necesidad de JASEC o es un proyectos de lujo administrativo?
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su profunda preocupación y rechazo ante el destino de más de dos mil millones de colones en la construcción de una nueva sede corporativa para la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), bajo la modalidad llave en mano (según consta en la página del SICOP), proyecto que hoy genera serias dudas sobre su oportunidad, prioridad y conveniencia para la institución y para la ciudadanía cartaginesa.
Resulta alarmante que, en momentos en que las instituciones públicas enfrentan crecientes exigencias de austeridad, eficiencia y transparencia, se pretenda comprometer una suma multimillonaria de recursos públicos en un complejo administrativo cuyo beneficio real para los usuarios del servicio eléctrico no ha sido demostrado de forma contundente.
Según la documentación institucional analizada, la principal justificación del proyecto radica en el deterioro de algunas edificaciones existentes y en la necesidad de reorganizar oficinas administrativas. Sin embargo, ANEP considera que la Administración no ha demostrado de manera irrefutable que la construcción de una nueva sede corporativa sea la única alternativa viable ni la opción más eficiente desde el punto de vista financiero.
Más preocupante aún es que la propia documentación reconoce que durante años la institución postergó proyectos de inversión debido a problemas financieros y restricciones presupuestarias. Hoy se pretende impulsar una obra de enorme magnitud económica sin que exista un debate público amplio sobre sus verdaderas prioridades y sin que la ciudadanía conozca con claridad el impacto financiero total que esta decisión tendrá sobre el patrimonio institucional.
ANEP considera legítimo preguntarse:
* ¿Por qué una institución que históricamente ha señalado limitaciones financieras ahora pretende invertir miles de millones de colones en oficinas administrativas?
* ¿Se agotaron realmente todas las alternativas de remodelación, reconstrucción por etapas o aprovechamiento de infraestructura existente?
* ¿Cuál será el costo final real del proyecto una vez incorporados diseño, construcción, supervisión, mobiliario, tecnología, equipamiento, urbanización, parqueos, seguridad y gastos imprevistos? Y cuáles serán los costos anuales de mantenimiento de este nuevo Edificio?
* ¿Cuál será el retorno económico de esta inversión?
* ¿Cuántos años requerirá la institución para recuperar estos recursos?
* ¿Qué otros proyectos institucionales dejarán de ejecutarse o se verán limitados por destinar semejante cantidad de recursos a esta obra?
La preocupación se incrementa al observar que el proyecto no está orientado directamente a fortalecer la distribución eléctrica, mejorar la calidad del servicio, modernizar redes, reducir interrupciones o ampliar la capacidad operativa para atender a los abonados. Por el contrario, se trata de una inversión centrada principalmente en instalaciones administrativas.
La ciudadanía tiene derecho a preguntarse si una nueva sede corporativa constituye realmente una necesidad urgente o si estamos frente a un proyecto que responde más a aspiraciones administrativas que a las verdaderas prioridades institucionales.
Los recursos de JASEC no pertenecen a una administración de turno ni a una Junta Directiva temporal. Son recursos públicos construidos durante décadas gracias al aporte de los usuarios y al trabajo de generaciones de funcionarios. Por ello, cada colón invertido debe responder a criterios de necesidad, razonabilidad, eficiencia y beneficio colectivo.
ANEP advierte que toda decisión que implique comprometer miles de millones de colones debe estar respaldada por estudios independientes, análisis financieros robustos, criterios técnicos verificables y mecanismos de rendición de cuentas que permitan a la ciudadanía conocer si esta inversión es realmente la mejor opción para el futuro de la institución.
La transparencia no puede ser un simple discurso. Cuando se pretende destinar una cifra multimillonaria a infraestructura administrativa, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Por ello, ANEP solicita formalmente a la Administración Superior, a la Junta Directiva, a la Auditoría Interna y a los órganos de control correspondientes que se divulguen de forma íntegra los estudios técnicos, financieros, económicos y de riesgo asociados a este proyecto, así como las evaluaciones comparativas de otras alternativas que eventualmente fueron descartadas.
La ciudadanía cartaginesa merece respuestas claras.
JASEC necesita inversiones estratégicas que fortalezcan el servicio público, no proyectos cuya rentabilidad institucional y social continúan generando dudas legítimas.
Los recursos públicos deben administrarse con responsabilidad, prudencia y absoluta transparencia.
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)
Retrasos en construcción o mejoras a hospitales se frenan por procesos judiciales de expropiación
ANEP se reunió con representantes de las Gerencias Médica y de Infraestructura para plantear diversas consultas relacionadas con la mejora y construcción de centros hospitalarios. Durante el encuentro, la institución indicó que ya se están desarrollando los procesos correspondientes; sin embargo, explicó que las expropiaciones han ralentizado el avance de algunos proyectos.
Realidad de Derechos Humanos y Diversidad contradicen a la presidenta Fernández
Desde la Seccional ANEP- Diversidad expresamos nuestro más firme y categórico rechazo a las recientes declaraciones de la presidenta de la República, Laura Fernández, en las que afirma que Costa Rica ya se encuentra “al día” en materia de derechos de las personas LGBTIQA+ y manifiesta su intención de alejar al país de los espacios internacionales de las Naciones Unidas dedicados a la promoción y protección de los derechos humanos, la igualdad y la diversidad.
Las afirmaciones realizadas por la señora presidenta no solamente desconocen la realidad que enfrentan miles de personas LGBTIQA+ en Costa Rica, sino que constituyen un peligroso discurso de invisibilización de las desigualdades que aún persisten en nuestra sociedad.
Decir que en Costa Rica todas las personas son tratadas por igual y que gozan de los mismos derechos constituye una afirmación falsa que ignora las múltiples brechas existentes entre el reconocimiento formal de algunos derechos y la realidad cotidiana de quienes integran las diversidades sexuales y de género.
Las personas LGBTIQA+ continúan enfrentando discriminación en los centros de trabajo, en los espacios educativos, en los servicios de salud, en el acceso a la vivienda y en múltiples ámbitos de la vida social. Particularmente grave es la situación que enfrentan muchas personas trans y no binarias, quienes siguen encontrando obstáculos para acceder a empleo digno, atención integral de salud, oportunidades económicas y una vida libre de violencia y exclusión.
Costa Rica aún mantiene importantes deudas con la población LGBTIQA+. Nuestro país carece de una legislación integral que sancione de manera específica y efectiva la discriminación por orientación sexual, identidad y expresión de género. Persisten vacíos en materia de inclusión laboral, protección contra los discursos de odio, recopilación de datos sobre violencia basada en prejuicios y garantía efectiva de derechos para las personas trans e intersexuales.
Mientras otros países han avanzado significativamente en materia de igualdad y reconocimiento de derechos, Costa Rica todavía enfrenta desafíos importantes.
Resulta igualmente preocupante que la Presidencia de la República considere que los derechos humanos, la igualdad y la diversidad son temas secundarios o prescindibles dentro de la agenda internacional del país. Los derechos humanos no constituyen una ideología ni una moda política. Son obligaciones jurídicas asumidas por el Estado costarricense mediante la Constitución Política, los tratados internacionales ratificados por Costa Rica y la jurisprudencia internacional en materia de derechos humanos.
Costa Rica ha sido históricamente reconocida por su liderazgo internacional en la defensa de la democracia, la paz, el multilateralismo y los derechos humanos. Ese prestigio no fue producto de la casualidad, sino del compromiso sostenido de generaciones que comprendieron que la dignidad humana debe estar en el centro de toda acción estatal.
Por ello, genera profunda preocupación que el nombramiento del señor Boris Marchegiani como representante de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas sea presentado públicamente como parte de una estrategia para modificar la posición histórica del país en materia de derechos humanos y diversidad.
Más allá de cualquier valoración sobre su trayectoria profesional o empresarial, preocupa el mensaje político que acompaña dicho nombramiento y la intención expresa de reducir la participación de Costa Rica en espacios internacionales donde se discuten y promueven derechos fundamentales para poblaciones históricamente discriminadas.
Las declaraciones emitidas desde la Presidencia tienen consecuencias. Cuando una autoridad pública afirma que ya no existen desigualdades, invisibiliza las experiencias de discriminación y violencia que continúan enfrentando miles de personas. Cuando se minimizan las luchas por la igualdad, se debilitan los esfuerzos institucionales para combatir la exclusión. Cuando se deslegitiman las agendas de derechos humanos, se envía un mensaje de desprotección a quienes aún enfrentan barreras para ejercer plenamente su ciudadanía.
Como organización sindical comprometida con la justicia social, la igualdad, la democracia y los derechos humanos, ANEP Diversidad rechaza cualquier intento de retroceder en los avances conquistados por las personas LGBTIQA+ y por otros grupos históricamente excluidos.
La defensa de los derechos humanos no puede estar sujeta a intereses políticos coyunturales, cálculos electorales o prejuicios ideológicos. Los derechos humanos son universales, indivisibles e irrenunciables. Ningún gobierno tiene la potestad de decidir cuáles derechos merecen ser defendidos y cuáles pueden ser relegados al olvido.
Reafirmamos nuestro compromiso con la construcción de una Costa Rica más justa, inclusiva y respetuosa de la diversidad humana. Asimismo, hacemos un llamado a las autoridades nacionales para que honren los compromisos internacionales asumidos por el Estado costarricense, fortalezcan las políticas públicas de inclusión y continúen promoviendo espacios nacionales e internacionales destinados a garantizar la igualdad y la dignidad de todas las personas.
La igualdad real aún no ha sido alcanzada. Negar las desigualdades no las elimina. Por el contrario, las profundiza.
Seccional ANEP- Diversidad
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Costa Rica
Junta Directiva de la ANEP recibió al jefe de fracción del PLN, Álvaro Ramírez.
ANEP insta a Concejo Municipal de Buenos Aires a incorporar a representante en negociación colectiva
ANEP-AyA refuerza cuestionamientos ante nombramientos en Acueductos y Alcantarillados
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP manifiesta su profunda preocupación por los recientes nombramientos realizados en puestos de alta dirección dentro del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), los cuales continúan generando serias dudas sobre los criterios utilizados para conformar la estructura gerencial de la institución.
Resulta imposible ignorar que los funcionarios públicos recientemente designados provienen directamente de otras instituciones del actual aparato gubernamental y mantienen vínculos laborales previos con quienes hoy ocupan posiciones de poder dentro del AyA.
Tal es el caso de Roberto Alvarado Astúa, quien recientemente fungía como Director Nacional de DINADECO y anteriormente laboró en el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), y que ahora asume una de las posiciones de mayor relevancia administrativa y financiera dentro del Instituto.
De igual forma, María Morera Calderón laboró en la Dirección de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación Pública (MEP), dependencia donde también desempeñó funciones la actual Presidenta Ejecutiva del AyA. Posteriormente fue incorporada a la institución y ascendida a una posición de alta jerarquía.
Desde ANEP consideramos que la ciudadanía tiene derecho a conocer cuáles fueron los criterios técnicos, profesionales y de experiencia que justificaron estos nombramientos, así como los estudios de atestados y análisis realizados para determinar que las personas designadas cumplen con los requisitos establecidos para cargos de tan alta responsabilidad e impacto en los resultados institucionales.
Más preocupante aún resulta la ausencia de información pública suficiente sobre algunos de estos perfiles, particularmente en lo referente al puesto de Subgerencia General, situación que impide a la ciudadanía verificar con transparencia la idoneidad de quienes hoy administran recursos públicos millonarios y toman decisiones estratégicas para el país.
Surge entonces una interrogante fundamental: ¿cuál es la verdadera necesidad institucional que justifica el fortalecimiento de nuevas posiciones de subgerencia y alta dirección mientras persisten múltiples necesidades operativas, técnicas y de infraestructura en los sistemas de agua potable y saneamiento?
¿Se está fortaleciendo la capacidad operativa del AyA o se está fortaleciendo la burocracia institucional?
¿Existe una evaluación técnica, organizacional y financiera que demuestre que estas nuevas posiciones no generan duplicidad de funciones con gerencias, direcciones y estructuras ya existentes?
¿Puede la Junta Directiva de AYA demostrar que estos nombramientos responden a una necesidad institucional real y no al crecimiento de una estructura administrativa cada vez más pesada y costosa para la institución?
Por transparencia, corresponde a la Administración Superior y particularmente a la Junta Directiva poner a disposición de la ciudadanía los estudios técnicos, criterios de selección y análisis organizacionales que respaldan estas decisiones.
Mientras miles de usuarios enfrentan problemas de abastecimiento, infraestructura rezagada, pérdidas de agua, limitaciones presupuestarias y crecientes demandas de inversión, resulta legítimo cuestionar si el camino correcto es aumentar la estructura administrativa superior o fortalecer las áreas técnicas y operativas que impactan directamente la prestación de los servicios.
La ANEP continuará vigilante y exigirá que todos los nombramientos en el AyA respondan a principios de mérito, capacidad, experiencia comprobada, transparencia y rendición de cuentas. Las instituciones públicas deben estar al servicio del interés general y no convertirse en espacios donde prevalezcan relaciones de confianza, cercanía política o redes de influencia por encima de la idoneidad profesional.
La administración de una institución estratégica para Costa Rica no puede estar rodeada de dudas ni de cuestionamientos sobre la utilización de los recursos públicos. La ciudadanía merece respuestas claras, documentos públicos, procesos transparentes y la certeza de que cada decisión adoptada responde al interés institucional y no a intereses particulares.
ANEP denuncia grave plaga de ratas en taller municipal de estructuras y respalda cierre temporal del plantel para proteger la salud de las personas trabajadoras
–• Cerca de 16 trabajadores y trabajadoras mantienen suspendidas sus labores en el taller de estructuras de la Municipalidad de San José debido a condiciones extremas de insalubridad.
• La Seccional ANEP-Municipalidad de San José exige una intervención inmediata de la Alcaldía para garantizar condiciones seguras y dignas de trabajo.
San José, 2 de junio de 2026. La Seccional ANEP-Municipalidad de San José denunció públicamente las graves condiciones de insalubridad que enfrentan las personas trabajadoras de la Sección de Parques – Taller de Estructuras, quienes se vieron obligadas a suspender temporalmente sus labores debido a una severa plaga de ratas que afecta las instalaciones donde desempeñan sus funciones.
Según consta en un acta suscrita por el personal operativo y técnico del taller, la presencia de roedores ha alcanzado niveles críticos durante las últimas semanas, generando un serio riesgo para la salud, la seguridad y la integridad física de quienes laboran en el lugar.
La denuncia señala que las personas trabajadoras se encuentran expuestas diariamente a heces, orina y otros fluidos de estos animales, situación que representa un foco de contaminación y un riesgo inminente de contraer enfermedades infectocontagiosas.
Además, se reportó la presencia de ratas muertas en estado de descomposición dentro de paredes, techos y estructuras del plantel, provocando fuertes olores nauseabundos y condiciones que hacen prácticamente inhabitable el lugar de trabajo.
Johnny Castillo Matamoros, presidente de la Seccional ANEP-Municipalidad de San José, manifestó que la situación se ha vuelto insostenible y que las personas trabajadoras tomaron la decisión responsable de no ingresar a realizar labores internas hasta que se garantice un ambiente seguro.
“Estamos hablando de la salud de cerca de 16 trabajadores y trabajadoras municipales. No se les puede exigir que permanezcan en instalaciones donde existe una plaga de ratas y condiciones que ponen en riesgo su integridad. La Municipalidad debe actuar de inmediato y brindar una solución definitiva”, expresó Castillo.
La organización sindical respalda plenamente la decisión adoptada por el personal afectado y recalca que la suspensión temporal de labores responde exclusivamente a la necesidad de proteger la salud y la vida de quienes diariamente cumplen funciones esenciales para la ciudadanía josefina.
La ANEP exige a la Alcaldía de San José la ejecución urgente de un plan integral de fumigación, control de plagas, saneamiento y desinfección profunda de las instalaciones, así como una evaluación técnica que garantice la eliminación total del problema antes del reinicio de labores.
Asimismo, la organización permanecerá vigilante para que se respeten los derechos laborales, la salud ocupacional y las condiciones mínimas de seguridad que toda persona trabajadora merece.
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados.
