Algunas de las preocupaciones de los trabajadores tienen que ver con la reducción de personal, debido a la deserción, porque, aunque tienen un gran acercamiento con la comunidad; el horario no es atractivo.
Escuche las declaraciones de Eduardo Solano, viceministro del MSP y Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) debido a las malas condiciones laborales y de infraestructura que se presentan en la nueva Policía Metropolitana, las cuales atentan contra la salud e integridad de los oficiales.
El recurso fue presentado el pasado 3 de mayo del presente año, luego de la visita que realizó el Presidente de la Secciona ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía a la sede (antigua UIP) de la Policía Metropolitana, ubicada en Sagrada Familia, donde constato las condiciones con las que deben laborar los y las oficiales.
*Audio:*Mainor Anchía sobre recurso de amparo
Cabe destacar que posterior a interponer el recurso de amparo, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública conversó con el nuevo Ministro de Seguridad Pública designado, Michael Soto quien se mostró anuente a solucionar este y otros problemas que aquejan a “la tropa”.
A continuación las razones por las cuales se interpone el recurso de amparo
PRIMERO: Ante la falta de oportunidad, por la carencia de voluntad, por parte de la administración, de observar los Derechos Humanos laborales, del personal policial, nos vemos en la urgencia de acudir ante el Máximo Tribunal Constitucional.
SEGUNDO: El Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de la Fuerza Pública, anunciaron la instauración de la “nueva Policía Metropolitana”, destacando a 600 funcionarios en las instalaciones ubicadas en Sagrada Familia, mismas que no cuentan con área para preparar alimentos, en razón de que están en proceso de construcción de la cocina. Por lo anterior, a los funcionarios se les hace llegar la alimentación en tazas plásticas, lo cual contraviene lo estipulado en el Código de Trabajo que cita: “Artículo 296. Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros donde prestan los servicios, el patrono deberán instalar locales que sirvan como comedor y los mantendrá en buenas condiciones de limpieza. Además, deberán reunir los requisitos de iluminación, ventilación y ubicación, estar amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar utensilios.”
TERCERO: Aunado a lo anterior, las instalaciones no reúnen las condiciones óptimas para el descanso de los funcionarios policiales, con lo cual se ve afectada su salud, así como se pone en riesgo su seguridad, en tanto que deberán volver a servicio sin haber logrado un adecuado descanso. Al presentarnos a las instalaciones, ubicadas en Sagrada Familia, logramos constatar que se están haciendo trabajos de reparación y construcción, con lo cual se provoca mucho ruido por el corte de materiales, aunado al polvo y otros agentes contaminantes, propios de una construcción.
CUARTO: La Unidad Policial no cuenta con armería, la misma también se mantiene en proceso de construcción. Por tal razón, los funcionarios deben salir uniformados, en motos, patrullas o busetas y trasladarse hasta Rohrmoser en Pavas, con el consecuente riesgo que ello representa para su integridad física y su vida inclusive, dado que ante un eventual incidente no tendrían posibilidad de repeler una agresión ilegítima.
QUINTO: Lo antes descrito, viola de manera flagrante lo que cita el artículo 50 de la Constitución Política, en torno al Derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, se incumple lo que estipula nuestra Carta Magna, en su artículo 66 y el Código de Trabajo en el siguiente numeral: “Artículo 273. Declárase de interés público todo lo referente a su salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo daño causado a la salud de éste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea.”
La mala manipulación de alimentos, así como el no contar con las condiciones mínimas para un buen descanso, ponen en riesgo inminente la salud de las personas trabajadoras destacadas en la Unidad Policial de Sagrada Familia, bautizada por la Administración como “Delta Charly 0”.
Presentan recurso de amparo contra el MSP por malas condiciones laborales en nueva Policía Metropolitana by EugenioGuerrero on Scribd
ANEP X6 13 de Marzo de 2018 by EugenioGuerrero on Scribd
La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un Recurso de Amparo presentando por la Seccional ANEP-Fuerza Pública en el cual se ordena al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reparar en un plazo de 18 meses las delegaciones de Cañas, León XIII y Matina debido al mal estado de las infraestructuras.
El recurso de la Seccional también incluía las delegaciones de Guajiniquil en La Cruz de Guanacaste, , Barrio San José de Alajuela, Buenos Aires de Puntarenas, Pavas, Guápiles, Los Guidos en Desamparados y la Delegación de Tibás. Sin embargo estas ya se estaban realizando las mejoras respectivas o bien el contrato del inmueble estaba por vencer
Mainor Anchía sobre fallo
Cabe destacar que la seccional ANEP-Fuerza Pública ha venido denunciando el mal estado de las delegaciones policiales en todo el país desde el 2014, ya que afecta la salud y desempeño de los oficiales de la Fuerza Pública.
Este es el segundo Recurso de Amparo a favor de la Seccional sobre este tema, ya que un año la Sala Constitucional ordenó al MSP reparar las delegaciones de Pavas, Guápiles, Piedras Blancas, Frontera Sur, Peñas Blancas, Upala, Belén de Carrillo, Playa Zancudo, Playas del Coco, Jicaral, La Peregrina, Boca Arenal y Palmar Norte.
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Datos oficiales en manos de la Seccional ANEP-Fuerza Pública demuestran la alta deserción presente en la Fuerza Pública, ya que del año 2014 al 2017 un aproximado de 736 oficiales abandonaron sus labores policiacas, para un promedio de 184 deserciones por año.
A esta cifra se le debe de sumar los 40 oficiales que abandonaron el Curso Básico Policial durante el 2016 y 2017, para un promedio de 20 personas por año.
Para la Seccional ANEP-Fuerza Pública las malas condiciones laborales es la principal razón para que este fenómeno se esté presentado en la Fuerza Pública, el cual, a la vez, impacta la seguridad ciudadana y las arcas del Estado.
“Este fenómeno tiene una relación directa con las malas condiciones de trabajo que encuentran las personas en la Fuerza Pública, así como la afectación y desintegración que se ha provocado hacia las familias de los oficiales; a esto se une la desgastada infraestructura policial, así como la incerteza y estrés que conlleva el trabajo. Estas situaciones han provocado que la persona deserte, incluso sin antes haber conseguido otro empleo”, manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Para Anchía estas situaciones también afectan y se vinculan con la seguridad ciudadana, ya que “en la medida que nuestros policías tengan mejores condiciones el servicio se va a favorecer”.
Otro de los factores que provoca la deserción, es la baja remuneración salarial que reciben los oficiales a pesar de las largas jornadas laborales, ya que actualmente el salario base mensual de un Agente 1 de la Fuerza Pública es de 300.600 colones, mientras que un Oficial 1 percibe 465.100 colones por mes.
Este fenómeno de deserción policial también impacta las arcas del Estado, ya que según datos de la Escuela Nacional de Policías la formación de un sólo policía en el Curso Básico Policial tiene un costo de ₡6.722.803, es decir que de 2014 a 2017 se invirtieron casi 5 mil millones de colones en la preparación de policías que al final desertaron de la Fuerza Pública.
“La inversión que hace el Estado para capacitar a una persona que ingresa a la Fuerza Pública es bastante alta y se está perdiendo con la alta deserción. Por eso se debe resolver el tema de las condiciones, ambiente laboral y desarraigo familiar. En este último punto se debe establecer diferentes políticas de reclutamiento identificando en que zonas del país se requiere personal para captarlos de ese mismo lugar”, finalizó Anchía.
Así lo establece el contrato de adiestramiento de la Escuela Nacional de Policías para el Curso Técnico Básico Policial en su punto cuarto, inciso b referente a Causas de Disolución, situación que para la Seccional Anep-Fuerza Pública violenta la normativa de Trabajo y la propia Constitución Política.
Dicho contrato, entregado a la ANEP por el Ministerio de Seguridad Pública (MSP), indica que para “la disolución de contrato se tendrá por razones suficientes, sin responsabilidad para ambas partes: b) la incapacidad de la servidora por estado de gravidez”. Esto pese a existir un salario de por medio desde que se firma dicho contrato y se ingresa a la Escuela Nacional de Policías.
Para Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública es sumamente grave que se de esta situación en la Escuela Nacional de Policías.
“Nos parece sumamente grave que en un contrato se establezca la posibilidad de despedir a una compañera por embarazo, totalmente contrario a lo que establece nuestra carta magna en su artículo 71, así como lo que establece la Ley de Trabajo en el artículo 94 y la nueva Reforma Procesal Laboral referente a la protección en fueros especiales”, indicó Anchía.
Precisamente, el artículo 94 del Código de Trabajo indica que “Queda prohibido a los patronos despedir a las trabajadoras que estuvieran en estado de embarazo o periodo de lactancia”.
Incluso Anchía indicó que, en mayo del año anterior, la Seccional presentó un Recurso de Amparo ante la Sala Constitucional por el despido de una oficial de policía por estado de embarazo, la cual se encontraba realizado el Curso Básico Policial. En la resolución Nº 2017009592 la Sala Constitucional declara parcialmente con lugar el recurso y ordena al MSP a reinstalar a la oficial, además debe pagar los daños, costos y perjuicios causados.
“Nos preocupa que a pesar de ese fallo de la Sala Constitucional no se ha realizado la modificación reglamentaria, irrespetando lo que establece el Código de Trabajo en nuestro país. Recordemos que una vez que se firma el contrato con la Escuela Nacional de Policía se establece una relación laboral con el MSP”, finalizó Anchía.
La Secciona ANEP-Fuerza Pública presentará una solicitud ante la Dirección Jurídica del MPS para que procedan a realizar la corrección correspondiente. En caso de no hacerlo acudirán a las vías ordinarias del derecho.
Escoltado y vigilado, como sí ingresara a un centro penal de máxima seguridad, esta fue la descripción que brindó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública en su visita este viernes 12 de enero a la Escuela Nacional de Policías, ubicada en Guápiles.
Anchía indicó que se trasladó al recinto policial a visitar a un afiliado de la ANEP, para conversar sobre una serie de situaciones laborales, pero incluso durante la reunión con el afiliado debió ser acompañado por un oficial.
El Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública también crítico la forma en que se está manejando el entornó en la Escuela Nacional de Policías, ya que, según este, obligan a los y las oficiales a ingresar desde el día domingo por la noche al recinto, cuando por horario deberían de hacerlo a partir del lunes,” incluso se les impide el ingreso de alimentos para pasar la noche ya que no les brindan la cena el domingo; y hay compañeros y compañeras que se trasladan desde zonas alejadas”
Conversamos con Mainor Anchía sobre estas y otras situaciones que se presentaron en su visita a la Escuela Nacional de Policía. Escuche la entrevista completa en el siguiente audio:
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
