Los representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de los diferentes cuerpos policiales levantaron la voz esta mañana, luego de que el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) emitiera una respuesta sobre los cambios salariales debido a la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.
“Se nos comunicó de manera oficial que hay algunos incentivos que van a desaparecer, no lo van a recibir más los funcionarios que están en servicio como los nuevos ingresos”, comentó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
De acuerdo con la carta emitida por el MSP, para el reconocimiento de los aumentos anuales se requerirá de un resultado en la evaluación de desempeño como mínimo “muy bueno”. Para el ascenso del oficial no se realizará la revalorización del valor de los aumentos anuales ganados en la clase anterior, mientras que la anualidad y los incentivos serán reconocidos como un monto nominal fijo sobre cada escala salarial.
Otros de los aspectos salariales que se elimina y con mayor afectación hacia los policías es el pago del quinquenio, el cual corresponde a un reajuste del 5% al salario base por cada cinco años laborados.
Declaraciones de Mainor Anchía
“El quinquenio y la anualidad se ve seriamente amenazados ya que la evaluación es subjetiva. Además, ya no va a ser recalificada o revalorada, sino que va a ser un monto único. Los cuerpos policiales afectados son todos aquellos que están cubiertos por la Ley General de Policía; nosotros consideramos que a la policía no debería quitársele ni un colón, por el contrario, si hay un trabajador del Gobierno Central que merece que se le ajuste el salario es al gremio policial”, indicó Anchía.
Actualmente, el salario base mensual sin incentivos para oficiales de la Fuerza Pública es de ¢305.000 y de ¢320.000 para el Policía Penitenciaria, mientras que el policía Profesional de Migración gana ¢372.000.
Dentro de las acciones anunciadas se encuentra la solicitud de una reunión con el Poder Ejecutivo y Legislativo para solicitar que se presente un proyecto de ley para excluir a los cuerpos policías de la aplicación de la nueva ley. Tal y como sucedió con los educares. De no darse atención a la solicitud no se descarta realizar una convocatoria de los oficiales en tiempo libre para una manifestación.
Dicha directriz debe ser homologada por la jueza que atendió el juicio en el I Circuito Judicial de San José, en donde se resolvió con una conciliación entre las partes, es decir; la Seccional ANEP-Fuerza Pública y la Dirección General de la Fuerza Pública.
Ataques de ciudadanos hacia policías prácticamente quedan impunes, oficiales molestos por indefensión jurídica.
De acuerdo con la seccional, representante de una gran cantidad de policías; es urgente dotar de mayor protección jurídica la actuación de los oficiales, así como brindarles una mejor y constante capacitación.
“Podemos citar tres casos que han salido a la luz pública, el primero fue el enfrentamiento entre oficiales de la Fuerza Pública y vendedores ambulantes en San José, luego se presentó el ataque hacia un policía cuando acudió al parque de Barva de Heredia para atender una riña callejera y terminó con la nariz fracturada y tenemos a dos policías heridos de bala por perseguir a un vehículo en un retén en la zona de corredores, situaciones como estas no deben quedar impunes”, indicó Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Anchía explicó que existe un malestar generalizado ya que el policía se encuentra en incertidumbre ante lo que vaya a pasar y en completa indefensión jurídica, por lo que es necesario plantear reformas legales que acuerpen el actuar de los funcionarios públicos.
Recordemos que el artículo 312 del Código Penal establece “prisión de un mes a tres años al que empleare intimidación o violencia contra un funcionario público o contra la persona que le prestare asistencia a requerimiento de aquel o en virtud de un deber legal, para impedir u obstaculizar la ejecución de un acto propio del legítimo ejercicio de sus funciones. La misma pena se impondrá a quien empleare fuerza contra los equipamientos policiales utilizados por la autoridad policial para realizar su labor”.
Para el dirigente sindical la mayoría de faltas en contra de la figura de autoridad pública, se encuentran en el libro de las contravenciones del Código Penal, con penas que resultan insuficientes para persuadir a quienes irrespetan la actuación de nuestras autoridades.
Además, la aplicación de la ley, tanto en el campo penal como en el Administrativo, viene siendo en perjuicio de nuestros policías, los cuales se ven en una clara desventaja, al momento de ser juzgados, en contrapelo de quienes les agraden e irrespetan.
“Hemos sido testigos de como un juez de la República argumenta en sus conclusiones que el policía debe soportar sin perder la paz a que lo escupan, lo golpeen y lo insulten porque para eso está “bastamente entrenado”. Según algunos juzgadores, si se da una aprehensión con necesidad de hacer uso de la fuerza, el policía puede ser golpeado pero el que se resiste de la aprehensión no. Por tanto, es menester recordar que en nuestro país la formación policial es básica y de carácter civilista”, agregó Anchía.
Nuestra organización sindical es consciente de que el Estado viene siendo incapaz de resolver la falta de oportunidades, lo cual es motivo de que muchas personas recurran a la informalidad, al mismo tiempo, nos convertimos en tierra fértil para el narcotráfico y el crimen organizado que se favorece de la incapacidad gubernamental.
Actualmente, existe mucho descontento en la sociedad por los fallos en las políticas públicas, la descomposición social, la exclusión, la falta de oportunidades que están haciendo de Costa Rica un lugar cada vez más violento.
“La intolerancia y el estrés quedaron de manifiesto en diferentes eventos que fueron captados por cámaras de videos, así como el flagrante irrespeto a la figura de autoridad de policía. Sin omitir, que también hace falta mejorar la malla curricular de los cursos de formación policial, tal cual se lo hemos hecho ver a las más altas autoridades de la cartera de seguridad pública”, dijo Anchía.
Actualmente los cuerpos policiales del país cuentan con una póliza de riesgo que los cubre solo durante horas laborales. Sin embargo, el espíritu policial y como lo ha indicado el propio Ministerio se es policía 24/7.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública hizo un fuerte llamado a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar para que saque del recorte al presupuesto anunciado bajo la Directriz Nº 003-H, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ya que esto afectará drásticamente la seguridad ciudadana y beneficiará al hampa.
Así lo manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública quien indicó que el único beneficiado con los recortes a la seguridad es el crimen organizado.
“Limitar, recortar y congelarle el presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública es darle ventaja al narcotráfico y al crimen organizado. Es dejar en indefensión a los habitantes de este país en momentos en que tenemos un incremento en homicidios y actividad delictiva; por lo que hacemos un llamado vehemente a la Ministra de Hacienda para que deje sin efecto cualquier recorte de presupuesto al MSP”, manifestó Anchía.
Según el representante sindical el recorte afectaría directamente la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y su actividad operativa, reduciendo por ejemplo retenes en carretera, mantenimiento de unidades, adquisición de equipo para los oficiales, alquiler y mantenimiento de delegaciones, contratación de nuevos policías, entre otros aspectos.
“En materia de seguridad ciudadana esto es completamente contraproducente, parece que el equipo de la Ministra de Hacienda no lo tiene claro. Otro aspecto a tomar en cuenta es que para el 2019 el MSP tendrá un déficit entre 8 mil y 9 mil millones de colones”, indicó Anchía.
Ante esta situación la Seccional ANEP-Fuerza Pública no descarta realizar una manifestación de policías, similar a la del 2017, para que la Ministra de Hacienda de marcha atrás al recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad Pública.
La Seccional de ANEP-Fuerza Pública envió una carta al Presidente de la República, Carlos Alvarado solicitando mejores condiciones laborales y mayor protección jurídica para los oficiales de la Fuerza Pública. El documento fue enviado en respuesta al mensaje brindado por el mandatario mediante frecuencia policial.
Audio Mainor Anchía
Compartimos la carta enviada al Presidente de la República
San José, 29de junio del 2018 CO-UDO-FP-06-354-2018
Sr. Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República Gobierno de Costa Rica
Honorable señor;
Primeramente, reciba un atento y respetuoso saludo; seguidamente, el infrascrito Mainor Anchía Angulo, portador de la cédula de identidad número 6-0236-0798 en mi condición de Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados “ANEP”, y, además, como Presidente de la Seccional ANEP Fuerza Pública, me apersono ante su distinguida autoridad administrativa, de conformidad con el artículo Nº 27 de la Constitución Política, así como el canon Nº 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, para lo siguiente:
En días recientes fuimos testigos de un acto que nos parece se podría considerar histórico, al menos el suscrito no tiene en su memoria, recuerdo alguno de un Presidente de la República, que se haya dirigido a la población Policial, mediante la frecuencia nacional, así mismo, por medio de las redes sociales. En su mensaje, su distinguida persona externó, entre otras cosas, un agradecimiento para el trabajo que desempeñan nuestros cuerpos policiales, al mismo tiempo, manifestó: “queremos llevar dignidad a ese trabajo, que ustedes hacen y respeto (…) y sepan de mi parte, que cuentan con el respaldo del gobierno de la República y de todos los costarricenses”.
En tal sentido, nuestra organización sindical, y la Seccional ANEP Fuerza Pública, desde hace algunos años, hemos venido haciendo énfasis en la necesidad de dignificar el trabajo de nuestros policías. Sin embargo, a la fecha seguimos con serios problemas de infraestructura, edificaciones que se alquilan a un alto costo, sin contar con las características de una delegación policial, delegaciones que permanecen en condiciones “precarias”, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de nuestros policías. Por otro lado, se mantiene un altísimo nivel de desarraigo familiar, lo cual potencia la desintegración familiar, en los hogares de nuestros policías.
También, y no menos importante, se hace necesario dotar de mayor protección jurídica el trabajo de nuestros buenos policías, para lo cual se hace necesario impulsar algunas reformas legales, que sería oportuno, surjan desde el Poder Ejecutivo, o en su efecto, de la cartera de Seguridad Pública. Para tales efectos, ofrecemos nuestra modesta experiencia en el conocimiento de la materia policial, así como en lo que, desde nuestra organización, hemos venido estudiando y planteando, desde hace varios años.
Señor Presiente, la Ley General de Policía número 7.410, establece en el numeral 44 inciso g): “Otorgar el apoyo legal oportuno y razonable, en las causas judiciales incoadas contra los funcionarios policiales, y darles el seguimiento a las resultas del proceso”. La interpretación nuestra del artículo citado, es que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante su Departamento Legal, debería brindar apoyo letrado a nuestros funcionarios, en las causas judiciales incoadas, en razón de sus funciones. En tal sentido, nos parece oportuno plantear lo siguiente: Es necesario definir los tipos de procesos en que se pueda brindar ese apoyo en causas judiciales, por ejemplo: la mayoría de los casos incoados contra nuestros policías, obedecen a un presunto abuso de autoridad, el cual deviene de la actuación policial, del contacto que muchas veces resulta inevitable con el infractor de las normas de convivencia social.
En caso de que sea correcta nuestra interpretación, además, por ser la función Policial, una materia que se vincula directamente con el ámbito Penal, nos parece debería invertir la Administración en capacitar a los abogados y abogadas de la Dirección de Apoyo Legal Policial, en materia Penal. Lo anterior, por cuanto, en su mayoría, nuestros abnegados funcionarios, de la supra citada dirección, carecen de dicha especialización. Es así señor Presidente, como se le podría comenzar a dar un mayor y más efectivo respaldo a nuestros policías. Sin omitir, que nosotros les brindamos asesoría y respaldo letrado, por medio de nuestra Unidad Jurídica, en materia laboral, administrativa y contenciosa.
En otro orden de ideas, pero no menos importante, es menester solicitar se nos aclare la aplicación de la Directriz Presidencial 003-H, publicada en la Gaceta del 06 de junio del año en curso, en relación con nuevos alquileres, así como otras medidas que podrían afectar Derechos Humanos laborales de nuestros policías, así como del personal administrativo, que labora en las delegaciones policiales. En tal sentido, preocupa a esta representación sindical, que se detenga la implementación de la Segunda Etapa del Manual de Clases Policiales, lo cual podría acarrear desmotivación, así como generar demandas judiciales por concepto de diferencias salariales.
Si bien existen otros temas importantes, por lo pronto, hacemos mención de los aquí supra citados, quedando en espera de su atención y atentos a lo que se requiera de nuestra parte.
Sin más, me suscribo respetuosamente. Señalo como medio para escuchar notificaciones el correo electrónico, mainoranchia@anep.or.cr
Cordialmente;
Lic. Mainor Anchía Angulo Directivo Nacional ANEP Representante Sindical
Algunas de las preocupaciones de los trabajadores tienen que ver con la reducción de personal, debido a la deserción, porque, aunque tienen un gran acercamiento con la comunidad; el horario no es atractivo.
Escuche las declaraciones de Eduardo Solano, viceministro del MSP y Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
Es precisamente el límite que fija la Ley contra la Usura el que hoy le permite al Estado costarricense meter preso al operador del gota a gota. Sin ese límite en la ley, no hay delito. Sin delito, no hay cárcel. Si usted elimina el tope, no está combatiendo el gota a gota. Le está dando amnistía.
Se equivocan si creen que su agenda neoliberal y su estilo autoritario nos representan. ¡Las personas jóvenes NO votamos por el desmantelamiento del Estado Social de Derecho! Ustedes no solo rompen una mesa de negociación; están rompiendo el pacto social que permitía a la hija de una madre soltera, al joven de los territorios indígenas y al estudiante de escasos recursos soñar con una vida digna.
