La Seccional ANEP-Fuerza Pública hizo un fuerte llamado a la Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar para que saque del recorte al presupuesto anunciado bajo la Directriz Nº 003-H, al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) ya que esto afectará drásticamente la seguridad ciudadana y beneficiará al hampa.
Así lo manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública quien indicó que el único beneficiado con los recortes a la seguridad es el crimen organizado.
“Limitar, recortar y congelarle el presupuesto al Ministerio de Seguridad Pública es darle ventaja al narcotráfico y al crimen organizado. Es dejar en indefensión a los habitantes de este país en momentos en que tenemos un incremento en homicidios y actividad delictiva; por lo que hacemos un llamado vehemente a la Ministra de Hacienda para que deje sin efecto cualquier recorte de presupuesto al MSP”, manifestó Anchía.
Según el representante sindical el recorte afectaría directamente la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública y su actividad operativa, reduciendo por ejemplo retenes en carretera, mantenimiento de unidades, adquisición de equipo para los oficiales, alquiler y mantenimiento de delegaciones, contratación de nuevos policías, entre otros aspectos.
“En materia de seguridad ciudadana esto es completamente contraproducente, parece que el equipo de la Ministra de Hacienda no lo tiene claro. Otro aspecto a tomar en cuenta es que para el 2019 el MSP tendrá un déficit entre 8 mil y 9 mil millones de colones”, indicó Anchía.
Ante esta situación la Seccional ANEP-Fuerza Pública no descarta realizar una manifestación de policías, similar a la del 2017, para que la Ministra de Hacienda de marcha atrás al recorte presupuestario al Ministerio de Seguridad Pública.
La Seccional de ANEP-Fuerza Pública envió una carta al Presidente de la República, Carlos Alvarado solicitando mejores condiciones laborales y mayor protección jurídica para los oficiales de la Fuerza Pública. El documento fue enviado en respuesta al mensaje brindado por el mandatario mediante frecuencia policial.
Audio Mainor Anchía
Compartimos la carta enviada al Presidente de la República
San José, 29de junio del 2018 CO-UDO-FP-06-354-2018
Sr. Carlos Alvarado Quesada Presidente de la República Gobierno de Costa Rica
Honorable señor;
Primeramente, reciba un atento y respetuoso saludo; seguidamente, el infrascrito Mainor Anchía Angulo, portador de la cédula de identidad número 6-0236-0798 en mi condición de Directivo Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados “ANEP”, y, además, como Presidente de la Seccional ANEP Fuerza Pública, me apersono ante su distinguida autoridad administrativa, de conformidad con el artículo Nº 27 de la Constitución Política, así como el canon Nº 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, para lo siguiente:
En días recientes fuimos testigos de un acto que nos parece se podría considerar histórico, al menos el suscrito no tiene en su memoria, recuerdo alguno de un Presidente de la República, que se haya dirigido a la población Policial, mediante la frecuencia nacional, así mismo, por medio de las redes sociales. En su mensaje, su distinguida persona externó, entre otras cosas, un agradecimiento para el trabajo que desempeñan nuestros cuerpos policiales, al mismo tiempo, manifestó: “queremos llevar dignidad a ese trabajo, que ustedes hacen y respeto (…) y sepan de mi parte, que cuentan con el respaldo del gobierno de la República y de todos los costarricenses”.
En tal sentido, nuestra organización sindical, y la Seccional ANEP Fuerza Pública, desde hace algunos años, hemos venido haciendo énfasis en la necesidad de dignificar el trabajo de nuestros policías. Sin embargo, a la fecha seguimos con serios problemas de infraestructura, edificaciones que se alquilan a un alto costo, sin contar con las características de una delegación policial, delegaciones que permanecen en condiciones “precarias”, poniendo en riesgo la seguridad y la salud de nuestros policías. Por otro lado, se mantiene un altísimo nivel de desarraigo familiar, lo cual potencia la desintegración familiar, en los hogares de nuestros policías.
También, y no menos importante, se hace necesario dotar de mayor protección jurídica el trabajo de nuestros buenos policías, para lo cual se hace necesario impulsar algunas reformas legales, que sería oportuno, surjan desde el Poder Ejecutivo, o en su efecto, de la cartera de Seguridad Pública. Para tales efectos, ofrecemos nuestra modesta experiencia en el conocimiento de la materia policial, así como en lo que, desde nuestra organización, hemos venido estudiando y planteando, desde hace varios años.
Señor Presiente, la Ley General de Policía número 7.410, establece en el numeral 44 inciso g): “Otorgar el apoyo legal oportuno y razonable, en las causas judiciales incoadas contra los funcionarios policiales, y darles el seguimiento a las resultas del proceso”. La interpretación nuestra del artículo citado, es que el Ministerio de Seguridad Pública, mediante su Departamento Legal, debería brindar apoyo letrado a nuestros funcionarios, en las causas judiciales incoadas, en razón de sus funciones. En tal sentido, nos parece oportuno plantear lo siguiente: Es necesario definir los tipos de procesos en que se pueda brindar ese apoyo en causas judiciales, por ejemplo: la mayoría de los casos incoados contra nuestros policías, obedecen a un presunto abuso de autoridad, el cual deviene de la actuación policial, del contacto que muchas veces resulta inevitable con el infractor de las normas de convivencia social.
En caso de que sea correcta nuestra interpretación, además, por ser la función Policial, una materia que se vincula directamente con el ámbito Penal, nos parece debería invertir la Administración en capacitar a los abogados y abogadas de la Dirección de Apoyo Legal Policial, en materia Penal. Lo anterior, por cuanto, en su mayoría, nuestros abnegados funcionarios, de la supra citada dirección, carecen de dicha especialización. Es así señor Presidente, como se le podría comenzar a dar un mayor y más efectivo respaldo a nuestros policías. Sin omitir, que nosotros les brindamos asesoría y respaldo letrado, por medio de nuestra Unidad Jurídica, en materia laboral, administrativa y contenciosa.
En otro orden de ideas, pero no menos importante, es menester solicitar se nos aclare la aplicación de la Directriz Presidencial 003-H, publicada en la Gaceta del 06 de junio del año en curso, en relación con nuevos alquileres, así como otras medidas que podrían afectar Derechos Humanos laborales de nuestros policías, así como del personal administrativo, que labora en las delegaciones policiales. En tal sentido, preocupa a esta representación sindical, que se detenga la implementación de la Segunda Etapa del Manual de Clases Policiales, lo cual podría acarrear desmotivación, así como generar demandas judiciales por concepto de diferencias salariales.
Si bien existen otros temas importantes, por lo pronto, hacemos mención de los aquí supra citados, quedando en espera de su atención y atentos a lo que se requiera de nuestra parte.
Sin más, me suscribo respetuosamente. Señalo como medio para escuchar notificaciones el correo electrónico, mainoranchia@anep.or.cr
Cordialmente;
Lic. Mainor Anchía Angulo Directivo Nacional ANEP Representante Sindical
Algunas de las preocupaciones de los trabajadores tienen que ver con la reducción de personal, debido a la deserción, porque, aunque tienen un gran acercamiento con la comunidad; el horario no es atractivo.
Escuche las declaraciones de Eduardo Solano, viceministro del MSP y Mainor Anchía, presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó un recurso de amparo contra el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) debido a las malas condiciones laborales y de infraestructura que se presentan en la nueva Policía Metropolitana, las cuales atentan contra la salud e integridad de los oficiales.
El recurso fue presentado el pasado 3 de mayo del presente año, luego de la visita que realizó el Presidente de la Secciona ANEP-Fuerza Pública, Mainor Anchía a la sede (antigua UIP) de la Policía Metropolitana, ubicada en Sagrada Familia, donde constato las condiciones con las que deben laborar los y las oficiales.
*Audio:*Mainor Anchía sobre recurso de amparo
Cabe destacar que posterior a interponer el recurso de amparo, el Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública conversó con el nuevo Ministro de Seguridad Pública designado, Michael Soto quien se mostró anuente a solucionar este y otros problemas que aquejan a “la tropa”.
A continuación las razones por las cuales se interpone el recurso de amparo
PRIMERO: Ante la falta de oportunidad, por la carencia de voluntad, por parte de la administración, de observar los Derechos Humanos laborales, del personal policial, nos vemos en la urgencia de acudir ante el Máximo Tribunal Constitucional.
SEGUNDO: El Ministerio de Seguridad Pública y la Dirección General de la Fuerza Pública, anunciaron la instauración de la “nueva Policía Metropolitana”, destacando a 600 funcionarios en las instalaciones ubicadas en Sagrada Familia, mismas que no cuentan con área para preparar alimentos, en razón de que están en proceso de construcción de la cocina. Por lo anterior, a los funcionarios se les hace llegar la alimentación en tazas plásticas, lo cual contraviene lo estipulado en el Código de Trabajo que cita: “Artículo 296. Si, por la índole del trabajo, los trabajadores deben comer en los centros donde prestan los servicios, el patrono deberán instalar locales que sirvan como comedor y los mantendrá en buenas condiciones de limpieza. Además, deberán reunir los requisitos de iluminación, ventilación y ubicación, estar amueblados en forma conveniente y dotados de medios especiales para guardar alimentos, recalentarlos y lavar utensilios.”
TERCERO: Aunado a lo anterior, las instalaciones no reúnen las condiciones óptimas para el descanso de los funcionarios policiales, con lo cual se ve afectada su salud, así como se pone en riesgo su seguridad, en tanto que deberán volver a servicio sin haber logrado un adecuado descanso. Al presentarnos a las instalaciones, ubicadas en Sagrada Familia, logramos constatar que se están haciendo trabajos de reparación y construcción, con lo cual se provoca mucho ruido por el corte de materiales, aunado al polvo y otros agentes contaminantes, propios de una construcción.
CUARTO: La Unidad Policial no cuenta con armería, la misma también se mantiene en proceso de construcción. Por tal razón, los funcionarios deben salir uniformados, en motos, patrullas o busetas y trasladarse hasta Rohrmoser en Pavas, con el consecuente riesgo que ello representa para su integridad física y su vida inclusive, dado que ante un eventual incidente no tendrían posibilidad de repeler una agresión ilegítima.
QUINTO: Lo antes descrito, viola de manera flagrante lo que cita el artículo 50 de la Constitución Política, en torno al Derecho de un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Además, se incumple lo que estipula nuestra Carta Magna, en su artículo 66 y el Código de Trabajo en el siguiente numeral: “Artículo 273. Declárase de interés público todo lo referente a su salud ocupacional, que tiene como finalidad promover y mantener el más alto nivel de bienestar físico, mental y social del trabajador en general; prevenir todo daño causado a la salud de éste por las condiciones del trabajo; protegerlo en su empleo contra los riesgos resultantes de la existencia de agentes nocivos a la salud; colocar y mantener al trabajador en un empleo con sus aptitudes fisiológicas y sicológicas y, en síntesis, adaptar el trabajo al hombre y cada hombre a su tarea.” La mala manipulación de alimentos, así como el no contar con las condiciones mínimas para un buen descanso, ponen en riesgo inminente la salud de las personas trabajadoras destacadas en la Unidad Policial de Sagrada Familia, bautizada por la Administración como “Delta Charly 0”.
La Seccional ANEP-Fuerza Pública presentó el pliego de peticiones sobre el conflicto de carácter económico-sociolaboral para mejorar las condiciones laborales y resolver temas históricamente relegados por la administración
La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un Recurso de Amparo presentando por la Seccional ANEP-Fuerza Pública en el cual se ordena al Ministerio de Seguridad Pública (MSP) reparar en un plazo de 18 meses las delegaciones de Cañas, León XIII y Matina debido al mal estado de las infraestructuras.
El recurso de la Seccional también incluía las delegaciones de Guajiniquil en La Cruz de Guanacaste, , Barrio San José de Alajuela, Buenos Aires de Puntarenas, Pavas, Guápiles, Los Guidos en Desamparados y la Delegación de Tibás. Sin embargo estas ya se estaban realizando las mejoras respectivas o bien el contrato del inmueble estaba por vencer
Mainor Anchía sobre fallo
Cabe destacar que la seccional ANEP-Fuerza Pública ha venido denunciando el mal estado de las delegaciones policiales en todo el país desde el 2014, ya que afecta la salud y desempeño de los oficiales de la Fuerza Pública. Este es el segundo Recurso de Amparo a favor de la Seccional sobre este tema, ya que un año la Sala Constitucional ordenó al MSP reparar las delegaciones de Pavas, Guápiles, Piedras Blancas, Frontera Sur, Peñas Blancas, Upala, Belén de Carrillo, Playa Zancudo, Playas del Coco, Jicaral, La Peregrina, Boca Arenal y Palmar Norte.
Datos oficiales en manos de la Seccional ANEP-Fuerza Pública demuestran la alta deserción presente en la Fuerza Pública, ya que del año 2014 al 2017 un aproximado de 736 oficiales abandonaron sus labores policiacas, para un promedio de 184 deserciones por año.
A esta cifra se le debe de sumar los 40 oficiales que abandonaron el Curso Básico Policial durante el 2016 y 2017, para un promedio de 20 personas por año.
Para la Seccional ANEP-Fuerza Pública las malas condiciones laborales es la principal razón para que este fenómeno se esté presentado en la Fuerza Pública, el cual, a la vez, impacta la seguridad ciudadana y las arcas del Estado.
“Este fenómeno tiene una relación directa con las malas condiciones de trabajo que encuentran las personas en la Fuerza Pública, así como la afectación y desintegración que se ha provocado hacia las familias de los oficiales; a esto se une la desgastada infraestructura policial, así como la incerteza y estrés que conlleva el trabajo. Estas situaciones han provocado que la persona deserte, incluso sin antes haber conseguido otro empleo”, manifestó Mainor Anchía, Presidente de la Seccional ANEP-Fuerza Pública.
Para Anchía estas situaciones también afectan y se vinculan con la seguridad ciudadana, ya que “en la medida que nuestros policías tengan mejores condiciones el servicio se va a favorecer”.
Otro de los factores que provoca la deserción, es la baja remuneración salarial que reciben los oficiales a pesar de las largas jornadas laborales, ya que actualmente el salario base mensual de un Agente 1 de la Fuerza Pública es de 300.600 colones, mientras que un Oficial 1 percibe 465.100 colones por mes.
Este fenómeno de deserción policial también impacta las arcas del Estado, ya que según datos de la Escuela Nacional de Policías la formación de un sólo policía en el Curso Básico Policial tiene un costo de ₡6.722.803, es decir que de 2014 a 2017 se invirtieron casi 5 mil millones de colones en la preparación de policías que al final desertaron de la Fuerza Pública.
“La inversión que hace el Estado para capacitar a una persona que ingresa a la Fuerza Pública es bastante alta y se está perdiendo con la alta deserción. Por eso se debe resolver el tema de las condiciones, ambiente laboral y desarraigo familiar. En este último punto se debe establecer diferentes políticas de reclutamiento identificando en que zonas del país se requiere personal para captarlos de ese mismo lugar”, finalizó Anchía.
Esto debido a que muchos oficiales intentaron solicitar dicho bono, el cual les fue denegado por diversas situaciones, por lo cual la charla pretendía aclarar dudas, consultas y explicar quiénes pueden acceder al bono.
El espectáculo circense que se dio en el seno de la Asamblea Legislativa, el pasado miércoles 1 de mayo, con ocasión de la presentación del informe presidencial fue, sencillamente, deprimente, desalentador y nada beneficioso para la misma democracia; la representativa, por supuesto, la cual, ya de por sí, está sumamente deteriorada. Siguen echándole leña al fuego…
Nuestra lucha sociopolítica y sindical de la actualidad por la real Justicia Social parte de las formulaciones de propuesta alternativa al perverso neoliberalismo que hemos planteado en los últimos años; las cuales se entrecruzan con los valores y con los contenidos de la Doctrina Universal de los Derechos Humanos (DD.HH.); específicamente, con la serie de tratados en la materia que Costa Rica ha firmado y ha ratificado parlamentariamente hablando, jurando someterse a sus dictados.
Costa Rica no tiene “escapatoria”: cumple porque cumple, tal y como sucedió con el matrimonio igualitario y con la fertilización in vitro que ahora están en nuestro ordenamiento jurídico por mandatos de la Corte IDH.
Es momento de visibilizarse como mujeres, de demostrar las capacidades que nos caracterizan, de tomar los espacios en las aulas, de capacitarnos, de tomar decisiones, de que valoren nuestras capacidades en los puestos laborales, de apoyar a otras mujeres y niñas, para así minimizar los índices de desigualdad de la mitad de la población como lo son las mujeres.
El sistema Nacional de las juventudes en nuestro país, a través del tiempo ha estado bajo el control de no solo personas adultas tratando de imponer sus decisiones hacia las juventudes de nuestro país, sino que, a su vez, el Sistema Nacional de Juventudes ha estado secuestrado por intereses partidarios y esto ha incidido en que muy pocas personas jóvenes de nuestro país (de los 12 años a los 35 años), sepan que existe un Sistema Nacional de Juventudes.
