Luego de varios años de lucha, se logró ordenar el reglamento de roles dentro del Ministerio de Seguridad Pública, de esta manera quedaron.
Categoría: Fuerza Pública
“Narco empoderado, PCD debilitada”
Jonathan Flores Mata, Criminólogo y Directivo Nacional de ANEP
Respecto a la diferencia desproporcional, entre la evolución de las narco-estructuras organizadas y la Policía de Control de Drogas, las cosas siguen siendo tema de preocupación. Anteriormente ya me había referido a este tema, lo sé, en varias ocasiones, y en distintos espacios, también lo sé, pero no es majadería, es solo que este no es un asunto que se pueda solo dejar de lado y ya, se debe tener el dedo en el renglón. Porque mientras el aumento en la producción de sustancias ilícitas, así como la demanda de este sucio mercado, sigue en crecimiento, también incrementan sus secuelas de sangre y destrucción social. Y las barreras formales policiales, contrario a la impresión que quieren dar a la opinión pública, están estancadas.
Vamos a dejar momentáneamente de lado que Costa Rica mantiene un plan antidrogas reciclado, no cuenta con verdaderas políticas de seguridad ciudadanas, y por alguna razón inexplicable, ni siquiera se dignan las autoridades a declarar el problema de las drogas como un asunto de salud pública. Esos serán temas que veremos en otra ocasión.
Con el contexto por todos y todas conocido, sobre los homicidios, familias destruidas, asaltos, sobre población carcelaria, imposibilidad de reinsertar a quien nunca estuvo dentro de la sociedad, y demás, la lógica nos dicta que el Estado debe tener una atención prioritaria en los Cuerpos Policiales, especialmente en la Policía de Control de Drogas. No obstante, el diálogo con las y los valientes que ejecutan estas arriesgadísimas labores, así como las conversaciones con quienes ocupan cargos jerárquicos en el Ministerio de Seguridad Pública, más las respuestas a nuestras consultas desde ANEP, me permiten, lamentablemente, afirmar con completa seguridad, que esta policía (PCD) se rezaga cada vez más.
¿En qué ámbitos se requiere de un fortalecimiento de la PCD? En todos, la pregunta es necia. No alcanza con que las y los oficiales cuenten con una infraestructura adecuada, punto que si se le debe reconocer a la Administración. Las condiciones de salud, motivación, equipamiento, cantidad de personal y demás, son trascendentales para que ellos y ellas presten el más óptimo servicio en sus labores.
Empecemos por el equipamiento. Servidores y servidoras que se desenvuelven en las fronteras acuden al sindicato para externar su molestia por la falta de uniformes (recordemos que se tienen que “tirar” al piso a revisar camiones, en medio de un clima caliente). También demandan que sus labores las ejecutan con solamente, un punzón y un foco, que son comprados con su propio dinero.
Lo siguiente que les externa son los tiempos de descanso, y las odiosas diferencias en materia de jornadas de trabajo, en comparación con los demás cuerpos policiales. Este personal (y tenemos los registros de asistencia que lo comprueba), de manera muy frecuente, se ve obligado a trabajar jornadas de 18, 20 y hasta 32 horas seguidas (hay casos que alcanzan más horas). Se les convoca a presentarse en sus días libres para participar en allanamientos. Les obligan a presentarse desde el día antes de su entrada oficial. Por motivos de seguridad personal y de su familia (para no ser reconocidos por los narcos) todos y todas están destacados lejos de su residencia. Y a pesar de todas estas circunstancias, tienen 2 días menos de descanso que los demás Cuerpos Policiales, sin que exista ningún argumento técnico al respecto, solo la prepotencia de una Dirección General que parece empeñada en desmotivar al personal.
Vinculado con el punto anterior, debemos decir que las y los compañeros de PCD están sufriendo de desintegración familiar, sus núcleos sociales y afectivos se están desgastando considerablemente, (con ello su motivación y parte psicológica). Sus extenuantes y autoritarios roles de trabajo tampoco les permiten estudiar, ese derecho lo han perdido. Producto de esto, desde hace poco más de 3 años que por mes renuncian 1 o 2 personas, números que afectan claramente a una policía tan pequeña. Me disculpo con las y los funcionarios de PCD por todas las otras situaciones que no mencioné, pero de hacerlo terminaría escribiendo un libro y ese no es el fin de este espacio.
Finalmente, aunque los números son fríos, la verdad nos presentan una realidad objetiva. Por ello, me voy a apoyar en ellos, para reforzar mi punto. Según los datos que aportan los documentos oficiales proporcionados por el mismo Ministerio de Seguridad Pública, se visualiza que en los últimos 5 años hay un incremento del recurso humano en PCD de 0 (sí, cero). Mientras en 2015 se contaba con menos de 155 plazas policiales, para el 2021 hay la misma cantidad, pero con menos investigadores, o sea, según la perspectiva, podría incluso decir que son menos. El ministro está al tanto de la situación, se le ha informado, por escrito y personalmente, desde hace dos años que se le insiste en el tema. Lastimosamente, no se ha visto que mueva un solo dedo para cambiar la situación.
En síntesis, mientras la producción de cocaína en el cono sur del continente aumenta, se incrementan los homicidios (en su mayoría por rencillas referente a drogas), el equipo, cantidad de personas y estrategias que usa el crimen organizado, es mayor y más especializado; en Costa Rica tenemos una Policía de Control de Drogas que no crece en personal, en equipo y con funcionarios y funcionarias cada vez más desmotivados. Esto debe salir a la luz y lo debe conocer el pueblo.
Señores; Ministro de Seguridad Pública y Director General de PCD, si este panorama solo beneficia a las narco-estructuras y ustedes lo saben: ¿Qué esperan para actuar? ¿O es que en sus puestos están defendiendo los intereses del narco…?
ANEP-Fuerza Pública denuncia privilegios en el MSP para los jerarcas en los procesos disciplinarios
¡Lucha de ANEP da frutos! – Asamblea revierte brutales recortes en Seguridad y Educación
Seccional ANEP-Fuerza Pública inicia campaña de recolección de firmas para mejorar condiciones laborles de policías
ANEP trabaja junto a MSP en modificación de roles policiales
Diputados acuerdan trabajar en favor de policías
Policías saldrán nuevamente a las calles
– Seccionales de ANEP en los cuerpos policiales hacen un llamado a los oficiales que están en su tiempo libre para que participen en la manifestación pacífica
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) convocó a todos los trabajadores de los cuerpos policiales en su tiempo libre a la manifestación pacífica, el próximo martes 26 de enero, las 9 a.m.
Son diversos los motivos por los que los dirigentes sindicales llaman a unirse a esta lucha, entre ellos, las reformas legislativas y reglamentarias que favorezcan la labor policial. Una de las más grandes falencias es la reducción del salario cuando existe una incapacidad producto de sus funciones, en caso de que el oficial quede con una secuela que le impida ejercer como policía, le quitan el 18% del riesgo policial que es parte del componente salarial.
Además, urgen mejoras en la capacitación (defensa personal, armas, legislación, manejo de crisis, técnicas de intervención, resolución alterna de conflictos, derechos humanos).
Para Mainor Anchía, asesor sindical y legal de ANEP-Fuerza Pública, el Ministerio de Seguridad Pública (MSP) debe mejorar las condiciones para el ejercicio de la función policial, por ejemplo, dotar de recursos y equipamiento (tazer) para neutralizar a una persona agresiva y evitar el forcejeo cuerpo a cuerpo al momento de una intervención policial, dotar de más presupuesto a los cuerpos policiales y una cobertura de la póliza de vida 24/7.
Otro de los temas, es la exclusión de los policías de la Ley Marco de Empleo Público ya que ésta dejaría más indefensos a los y las oficiales.
“Este proyecto de Ley viene a generar una regresividad en las condiciones laborales de nuestros policías, toda vez que, permite el despido masivo solamente con justificación del jerarca de turno. Además, genera inestabilidad al autorizar el traslado horizontal entre los cuerpos policiales”, indicó Anchía.
Policía de Migración se unirá
La Seccional en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) también tendrá presencia en dicha manifestación, ellos abogan por la falta de presupuesto.
“Con la pérdida del dinero proveniente del fideicomiso que la Contraloría General de la República se negó a refrendar, la Policía Profesional de Migración y Extranjería se ha visto afectada con la contratación de personal, pago de viáticos para las giras, mantenimiento de vehículos e incertidumbre con el alquiler del edificio de la Policía Profesional de Migración en los Lagos de Heredia”, agregó Gerardo Mora Ordoñez, presidente de la Seccional ANEP-PPME.
La manifestación del martes 26 de enero saldrá desde las instalaciones de la ANEP y se dirigirá hacia el edificio de la Asamblea Legislativa.
Conferencia de Prensa – Miércoles 19 de enero
La presunción de inocencia no puede ser derribada sin un debido proceso
La noticia recurrente en varios medios de comunicación, ha sido la muerte de un joven que fue intervenido por cuatro oficiales de la Fuerza Pública, luego de haber sido denunciado por presunta violencia intrafamiliar. Algunos medios, posiblemente en su afán de vender pierden toda objetividad informativa, caen en el punitivismo mediático que les lleva a prácticamente dictar “sentencia”. Otros consultan a profesionales del derecho, los cuales, sin contar con los elementos fácticos que se encuentran en el expediente que para los efectos se lleva el Ministerio Público, emiten juicios de valor o criterios infundados, estableciendo una especie de “condena” en sus declaraciones.
Indudablemente, resulta lamentable la perdida de una vida humana, máxime en las circunstancias conocidas. Sin embargo, se deben tener en cuenta varios factores, uno de ellos, es que el sistema de emergencia 9-11 alertó de un caso de violencia doméstica, en apariencia, el joven habría realizado amenazas en contra de la integridad de algunos miembros de su familia, lo cual motivó que una de ellas acudiera a solicitar medidas de protección, por ello, los oficiales de la Fuerza Pública estaban atendiendo una situación en donde posiblemente se les comunicó de una persona alterada o agresiva.
No hace mucho, en la atención de una violencia domestica una oficial de la Fuerza Pública resultó herida de gravedad, al momento en que el presunto agresor desarmó a su compañero y le disparo a ella en la cabeza. Ello quiere decir, que los casos de violencia doméstica, no son para nada sencillos de atender, por el contrario, resultan complicados y de alto riesgo, se trata por lo general de personas agresivas (agresoras), la mayoría de las veces se atrincheran o están en un espacio cerrado, lo cual dificulta las maniobras de intervención, pero, además portan algún tipo de arma (tijeras, cuchillos, destornilladores). Aunque algunos medios tratan de resaltar que el fallecido era menor de edad, lo cierto es que eso no quiere decir que no pudiera ser peligroso, prueba de ello, es que su misma familia aparentemente había recibido amenazas de muerte.
¿Se pudo evitar el fatal desenlace? Sí, si el presunto agresor domestico hubiera respetado la figura de autoridad pública que tenia de frente, o si el Estado hubiese dotado a nuestros policías de armas menos letales (taser), algo que se ha venido solicitando desde hace un buen tiempo, con el taser hubiese sido posible neutralizarlo sin necesidad de forcejeo. Por ahora, un joven perdió la vida, una madre lamenta su partida, cuatro oficiales y sus familias sufren el linchamiento mediático motivado por algún funcionario inescrupuloso, que filtró el video que es parte de una investigación penal. La difusión del video, que fue grabado por los mismos oficiales, posiblemente con la finalidad de respaldar que su actuación seria ejecutada a derecho, tiene como objetivo provocar un linchamiento mediato, procurando generar presión sobre el Ministerio Público y al mismo tiempo sobre los juzgadores penales.
Al efecto, cita nuestra constitución política:
“A nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta, sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme dictada por autoridad competente, previa oportunidad concedida al indiciado para ejercitar su defensa y mediante la necesaria demostración de culpabilidad”.
Por su parte establece el Código Procesal Penal:
“Estado de inocencia. El imputado deberá ser considerado inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su culpabilidad en sentencia firme, conforme a las reglas establecidas en este Código. En caso de duda sobre las cuestiones de hecho, se estará a lo más favorable para el imputado. Hasta la declaratoria de culpabilidad, ninguna autoridad pública podrá presentar a una persona como culpable ni brindar información sobre ella en ese sentido. En los casos del ausente y del rebelde, se admitirá la publicación de los datos indispensables para su aprehensión por orden judicial”.
Finalmente, si terminado el proceso penal se determina culpabilidad, nuestros uniformados deberán afrontar las consecuencias, por ahora, se les debe respetar la presunción de inocencia, el debido proceso y el derecho de defensa.
