La Unidad de Desarrollo Organizacional de la ANEP, sostuvo una serie de sesiones de trabajo en busca de mejoras con respecto al trabajo que realiza la ANEP en las bases de cada seccional, así como el trabajo de incidencia política y nacional de la organización.
Categoría: Gobierno Central
Proyecto 21.336, Empleo Público, está «herido de muerte
•Ahora es la Procuraduría General de la República la que señala problemas en el proyecto de ley
•Sensatez aconseja dejar el asunto para el nuevo período constitucional.
La Procuraduría General de la República (PGR), ha enviado una contundente opinión acerca de los problemas que tiene la actual versión del Expediente Legislativo No. 21.336, Ley Marco de Empleo Público, en su comunicación PGR-OJ-180-2021, fechada 19 de noviembre de 2021, que ha dirigido a la Asamblea Legislativa; específicamente, a la consulta que le formuló la Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad del parlamento.
La conclusión fundamental del ente procurador es, a nuestro juicio, contundente: tal proyecto sigue presentando “inconvenientes a nivel jurídico”; por una parte, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, contiene “eventuales roces de constitucionalidad”, así copiado literalmente del texto de tal pronunciamiento.
Aunque la PGR afirme que este proyecto, en cuanto a su aprobación o no, es un asunto de política legislativa que le compete en forma exclusiva a ese Poder de la República; el tema del empleo público jamás podrá abordarse sin considerar las opiniones obrero-organizaciones más responsables que han sido emitidas con la tutela de los más prestigiosos profesionales en diversas ramas, por una parte; y, por otra, mediando un inédito proceso de búsqueda de acuerdos en el marco de una concepción activa de Democracia Participativa. Ni lo uno ni lo otro se ha dado en el presente período gubernativo de Alvarado y sus soportes político-legislativos y mediáticos, caracterizado por un autoritarismo inédito.
Por otra parte, y para la ANEP, al conjuntar el significado político del criterio de la PGR, con el emitido por la Corte Plena del Poder Judicial en cuanto a que dicho proyecto ocupa de 38 votos, podemos afirmar que el mismo ya está “herido de muerte”.
Bien harían las actuales autoridades ejecutivas y legislativas que insisten en impulsarlo, contra viento y marea y contra toda racionalidad jurídico-legal, dejar de insistir en su aprobación; y, por el contrario, dejar que el asunto quede para el nuevo período constitucional a partir de los resultados de las elecciones presidenciales y diputadiles del 6 de febrero de 2022. Es prácticamente circunstancia irrefutable que ya no hay espacio político para tal iniciativa. Un mínimo sentido de sensatez política así lo aconseja.
La opinión de la PGR hace un análisis serio del “nuevo” texto (cuarta o quinta versión) del proyecto de empleo público; análisis en el que, aunque por el fondo mantiene su tradicional posición dogmática, conservadora y autoritaria, ha advertido acertadamente que el proyecto tiene vicios de procedimiento, que podrían implicar roces de constitucionalidad.
Al respecto gravísimo es, a juicio del experto en Derecho Constitucional, don Manuel Hernández, el hecho de que la comisión parlamentaria asuntos de constitucionalidad, se haya extralimitado, pues modificó a su arbitrio varios artículos del proyecto que no fueron objeto de pronunciamiento por la Sala Constitucional.
Derrotada que ha sido, y de manera contundente, la perversa tesis de que el grave problema del déficit fiscal se debía a los salarios devengados por las personas trabajadoras empleadas públicas (de lo cual ANEP ha sido fundamental abanderada obrera al respecto) ; es indudable que los contenidos totalitario-autoritarios del proyecto Ley Marco de Empleo Público jamás han podido, ni podrán, pasarle por en encima a postulados fundamentales de la constitucionalidad de la Carta Magna, que entró en vigencia el 7 de noviembre de 1949.
San José, sábado 20 de noviembre de 2021.
-Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
-Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
ANEP-AyA sigue insistente en pago a trabajadores de Plantas potabilizadoras y Estaciones de Bombeo
Veto de Alvarado a la ley de rebaja del marchamo es una sucia y cobarde maniobra política
• SITUACION HA GENERADO UN ENOJO CIUDADANO IMPRESIONANTE
• ASAMBLEA LEGISLATIVA TIENE TODO EL PODER POLÍTICO PARA ANULAR ESE VETO
Alvarado ha desatado una furia y una ira ciudadana impresionante con la jugada política, sucia y cobarde, de vetar la ley del rebajo del marchamo, poco antes de abordar el avión que lo llevó a Escocia, en la noche de este viernes 29 de octubre.
Esta decisión política se interpreta como una nueva burla, más que grotesca, de quien ya se cataloga, generalizadamente, como el peor mandatario en la Presidencia de la República de Costa Rica, desde la fundación de la denominada “Segunda República”, en 1949.
La gente del trabajo que ocupa de sus vehículos para movilizarse, para el desarrollo de su actividad productiva en las más diversas formas, la enorme cantidad de motociclistas que tienen en este tipo de transporte su herramienta fundamental de trabajo, etc.; perciben la jugada, repetimos, sucia y cobarde de Alvarado, como una brutal agresión a sus golpeados bolsillos y a su propia dignidad personal.
Sin embargo, la soberbia de Alvarado, su arrogante prepotencia y su nueva muestra de autoritarismo puede ser anulada por la Asamblea Legislativa; la cual, sin duda alguna, ha quedado en el más absoluto ridículo por veto a la ley de rebaja del marchamo que aprobaron.
Una férrea, digna y contundente posición parlamentaria de parte de la mayoría que aprobó tal legislación, puede anular el veto de Alvarado, lo que se conoce como resello; si le indican que no tramitarán ningún proyecto de ley de interés del Gobierno hasta que éste devuelva a la Asamblea Legislativa la indicada legislación para que se proceda a la anulación de ese veto.
Este proceso, totalmente constitucional, permitirá que la rebaja prometida del pago del marchamo se concrete, aunque empiece el cobro este lunes 1 de noviembre. La gente puede esperarse, y pagar hasta que se dé ese resello legislativo.
El INS puede, en ventanilla, proceder al descuento correspondiente al momento del pago.
Esta jugada, repetimos, sucia y cobarde del Poder Ejecutivo, pone a prueba a una Asamblea Legislativa que, la verdad sea dicha, ha sido sumamente dócil ante las soberbias y las prepotencias de Alvarado.
La mayoría parlamentaria de la misma (especialmente las diputaciones de los partidos PAC, Liberación, Unidad y los evangélicos), han co-gobernando con él y, por tanto, son co-responsables del desastre económico-social en que han sumido a la mayoría del pueblo costarricense.
Plantársele fuerte a Alvarado en esta ocasión, podría ser una pequeñísima señal de “arrepentimiento político” por el daño causado a la mayoría del pueblo costarricense; señal de arrepentimiento que buscaron enviar con ese proyecto de ley de rebaja del marchamo que, aunque no de sustancial impacto económico en el bolsillo de la gente, es una rebaja al fin.
Nuestra duda acerca de que habría una reacción legislativa en tal sentido, es tan grande como lo es el enojo de la gente por esta jugada política de Alvarado, sucia y cobarde.
San José, sábado 30 de octubre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Casi 22 millones de dólares diarios para atender la deuda pública en el 2022
• Urge una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública
• Grave situación totalmente ausente del debate electoral
La actual Asamblea Legislativa tramita lo que se conoce como el Presupuesto General “de la República” para el 2022; lo cual no es lo correcto pues solamente pasa por el parlamento, anualmente, el 40 % de toda la gestión presupuestaria financiera del Estado. El restante 60 % lo tramita la Contraloría General de la República (CGR).
11 billones 500 mil millones de colones (11.500.000.000.000), es la cantidad total del indicado presupuesto “de la República para el año entrante 2022.
De esa gigantesca cantidad, se deben destinar 5 billones de colones (5.000.000.000.000), para atender la monstruosa deuda pública y su pago abusivo de intereses; es decir, un 43 %.
Esos 5 billones de colones para atender la deuda pública significa, un pago promedio, al día, por el orden de los 13 mil 698 millones 630 mil 136 colones (13.698.630.136). Si los pasamos a dólar, con un tipo de cambio de 630 colones (a hoy), tenemos que, durante cada uno de los 365 días del año 2022, 21 millones 743 mil 857 dólares es la monstruosa cantidad que debe destinarse, cada 24 horas, para la deuda pública ($ 21.743.857); casi 22 millones de dólares.
Estamos hablando de cifras que escapan a la comprensión cabal de la generalidad de la población; pero que, a quienes medianamente tratamos de comprender la magnitud del problema, nos llevan a concluir que el Estado central costarricense va rumbo a la quiebra.
¡Casi 22 millones de dólares diarios para atender la deuda pública en el 2022!
De lo que queda del Presupuesto 2022, un 57 %, 6 billones 500 mil millones de colones (6.500.000.000.0000), es para atender (entre otras asignaciones) transferencias a las universidades públicas, pensiones de lujo, salarios de personas educadoras, policías, sistema penitenciario, atención primaria en salud, CEN-CINAI; PANI, IMAS, programas de otros ministerios, los poderes Legislativo y Judicial; transferencias como las de Fodesaf, municipalidades y otros organismos.
Las necesidades sociales son crecientes y presentan dramas sociofamiliares dolorosos.
De manera incansable, la ANEP ha venido planteando la urgentísima necesidad de que se efectúe una Auditoría Ciudadana de la Deuda Pública. Seguiremos insistiendo en ello. Se puede emitir una ley de la República al efecto.
Sin embargo, no hay el menor asomo de voluntad política de parte de quienes, de manera real, están hegemonizando la cosa pública en la Costa Rica actual. Preocupa muchísimo, además, que este asunto de la deuda pública no sea objeto del debate electoral (ni lo será), entre las 27 candidaturas presidenciales.
Hacemos un llamado vehemente a todas las personas trabajadoras asalariadas de las diversas entidades públicas del Estado central que, ante el avance del endeudamiento público, sus respectivos puestos de trabajo corren graven peligro; llamado que hacemos extensivo a las poblaciones usuarios de los servicios públicos en riesgo de quiebra, en conjunto con sus respectivas agrupaciones cívicas y sociales. La gente deberá defenderse a sí misma.
San José, miércoles 20 de octubre de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP
Ubicación de oficinas de aduanas y migración en puente binacional deja a ciegas a las autoridades
Prácticamente a ciegas, es como deben de laborar los agentes aduaneros destacados en el nuevo puente binacional entre Costa Rica y Panamá ubicado en Sixaola, el cual se inauguró el pasado 5 de marzo, ya que las oficinas quedaron varios metros bajo el nivel del puente lo que dificulta realizar un efectivo control sobre los contendores, camiones y vehículos que pasan el puente procedente desde Panamá. Mientras que los dos oficiales de la Policía de Migración y Extranjería destacados en el lugar ni tan siquiera cuentan con un arma.
Walter Quesada: «Reunión con el FMI es más de lo mismo»
Trabajadores de Alunasa presentan propuesta al Gobierno de Venezuela para mantener funcionamiento
Trabajadores de la empresa Alunasa, ubicada en Esparza de Puntarenas, presentaron una propuesta integral al Gobierno de Venezuela, con el objetivo de evitar el cierre de la transnacional, así como para reanudar operaciones lo más pronto posible y generar una solución a las 183 familias que dependen de la compañía.
Urgen recursos: Vulnerabilidad en control migratorio es evidente en puestos y zonas fronterizas
La Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería realizo su segunda gira por oficinas regionales y puestos fronterizos del país, en esta ocasión fue el turno de la zona norte, donde constataron diversas situaciones que ponen en evidencia la necesidad de fortalecer este cuerpo policial.
