Categoría: Gobierno Central

Rebaja salarial en el sector público: golpear más duro a la Caja

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Rebaja salarial en el sector público: golpear más duro a la Caja
  • Movilizaciones obrero-sociales apoyaron su creación
  • Movilizaciones obrero-sociales deben defenderla

Para el año 2019, a pesar de que la fuerza laboral asalariada del sector Público apenas representó un 18 % de la Población Económicamente Activa (PEA), con empleo formal y con salario fijo, su aporte a las finanzas de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), andaba por el orden del 45 % de los ingresos de tan vital institución para la salud de la población y para la vida democrática misma del país.

Durante los primeros seis meses del presente año 2020, en plena pandemia (aunque ésta nos llegó en marzo anterior), el conjunto del aporte obrero del personal asalariado del Estado para con las finanzas de la Caja ha crecido sustancialmente, si consideramos que la parte del aporte obrero privado ha mermado de manera significativa por la suspensión de contratos laborales, las reducciones de jornada, los despidos duros y abiertos.

Los datos provienen del Instituto de Investigaciones Sociales (IIS) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Incrementar las dificultades financieras de la Caja en estos durísimos momentos que muchos pensamos van a ser más dolorosos próximamente, mediando una rebaja salarial para el sector Público, viene a representar una especie de crimen social que ANEP condena enérgicamente.

La institución ya acumula enormes dificultades, no solamente por la acumulación de la deuda del Estado con ella sobre lo cual no se ve voluntad política alguna para empezar a saldarla como debe ser; sino que la han obligado a otorgar concesiones al empresariado con relación a las propias responsabilidades de éstos en cuanto patronos que parecen haber rebasado una lógica comprensible por las circunstancias, agravando más la reducción de ingresos que sufre.

Sin duda alguna, se están presentando diversas circunstancias que obligan a lanzar una alerta general a la población trabajadora del país, acerca de que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), enfrenta el más severo ataque de toda su historia pues los enemigos de siempre, los que ansían apropiarse de los servicios públicos de salud para convertirlos en mercado de negocios, se han descarado a tal nivel que ya plantean, sin asco, su privatización abierta como lo impulsa el sindicato patronal-empresarial más agresivo del país en contra del Estado Social.

Nada raro sería que la primera rebaja salarial en contra del empleo público esté concatenada para golpear más duro a la Caja, más allá de las insostenibles justificaciones fiscales que se vienen esgrimiendo en contra de las personas asalariadas del sector público.

Hay que señalar con el dedo cívico-popular acusador a quienes, de manera farisea, se rasgan las vestiduras a propósito del amor que dicen tenerle a la Caja pero que, en la práctica, están haciendo todo lo contrario para estrangularla. 

Si grandes e importantes movilizaciones obrero-sociales hubo en los años 40 del siglo anterior para que tuviéramos Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); tocará a la generación presente (joven, adulta y adulta mayor), salir a defender su existencia, también mediando importantes movilizaciones obrero-sociales.

San José, lunes 13 de julio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP

Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Cartel licitatorio del Incofer generaría desempleo en tiempo de crisis

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Cartel licitatorio del Incofer generaría desempleo en tiempo de crisis

• Unos 70 trabajadores de empresa privada que brindan el servicio operativo-logístico para el Incofer, se quedarían sin empleo en setiembre.

 • ANEP solicitó una reunión con representantes del ministerio de la Presidencia, Incofer y de la empresa Transfeco, encargada de dar mantenimiento y servicio a los trenes.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ve con suma preocupación y alarma el cartel licitatorio del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) denominado “Servicios de logística para el transporte de pasajeros en el Gran Área Metropolitana” el cual vendría a generar una mayor afectación económica y desempleo en tiempos de crisis. 

Para ANEP el cartel licitatorio del cual se están recibiendo ofertas de forma electrónica en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), amerita una valoración integral por cuanto existen temas obreros-laborales involucrados. Además, es necesario el abordaje de la vigencia de la misma actividad micro-empresarial hasta ahora participante en la prestación de los actuales servicios de logística, en vista de que nuestra organización posee representación sindical en la misma y se podría generar un conflicto social innecesario en el marco de la pandemia del Covid-19 y el riesgo inminente de más desempleo.

“Este cartel licitatorio va a perjudicar a los trabajadores de la parte operativa- logística que actualmente operan para el Incofer, ya que la licitación menciona que se requieren cobradores, pero con grado académico superior, es decir, que cuenten con bachiller o estudios universitarios. Alrededor de un 60% a 70% de los trabajadores que hacen esas funciones actualmente para el Incofer no tienen ese rango y no tienen los recursos ni las condiciones para estudiar debido a que la mayoría son cabeza de hogar.  Al solicitar esos requisitos y no tenerlos, obviamente creemos que se van a generar los despidos”, comentó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de ANEP. 

De acuerdo con Vargas, el cartel licitatorio afectará a los trabajadores que realizan el cobro tanto en el tren como en los puestos de estación y prácticamente conllevaría la renovación completa del personal, lo cual se traduce en que unos 70 trabajadores aproximadamente se quedarían sin empleo. 

“Hay mucha preocupación en los trabajadores de perder sus empleos dada la situación actual que enfrenta el país. En el caso de un cobrador del tren se les está solicitando formación académica de Tercer Año aprobado y preferiblemente Bachillerato en Educación Secundaria, prácticamente aquel que tiene bachillerato es el que va a tener más opción para obtener el puesto de cobrador. A la vez solicitan capacitaciones o certificaciones de servicio al cliente, Ley 7600, comunicación y atención de emergencias. Este cartel es discriminatorio, se podría considerar desigual en cuanto a los atestados que se les están pidiendo ahora”, agregó Vargas

Además, existen cuestiones referentes a las funciones que se les exigen y que no son propias de ese puesto que se está solicitando, este es un tema importante de definir porque los perfiles son la parte más sensible de una contratación.

El Secretario General de ANEP y su seccional en Transfeco consideran la necesidad de establecer una reunión urgente con los jerarcas del Ministerio de la Presidencia, Marcelo Prieto Jiménez, ministro y  Silvia Lara Podevano, viceministra;  así como con Presidenta Ejecutiva de Incofer, Elizabeth Briceño y la  empresa Transfeco & Cía., en representación de  Jorge Castro Murillo.

Algunas consideraciones  de ANEP que contiene el cartel que  son de cuidado tiene que ver con el establecimiento de los perfiles, las funciones asignadas  y el puesto; la validación en la elaboración de los perfiles a la población vulnerable y la realidad laboral de los colaboradores; el cartel no posee ninguna referencia de participación de género ni de población discapacitada de conformidad con la Ley de Igualdad de Oportunidades; asimismo,  los criterios de evaluación  deben de ser revisados ya que genera duda al brindar el puntaje de 100 % al precio menor es excesivo.  Aparte de las observaciones de legalidad y oportunidad del cartel, debe atenderse a los plazos previstos en la ley de contratación y su reglamento y el tipo de licitación con respecto a la una eventual objeción al cartel en atención al interés legítimo que ostentaría la persona trabajadora afectada.

Imagen con fines ilustrativos. Diario Extra.

¿Cuál es la realidad de la Policía de Tránsito del país?

Publicada el | por ANEP | 1 comentario en ¿Cuál es la realidad de la Policía de Tránsito del país?
  • La ANEP mediante una recopilación de datos retrata la realidad que enfrentan los policías de tránsito en todo el territorio nacional
  • Parte de los problemas refieren a que la mayoría de delegaciones de tránsito cuentan con orden sanitaria del Ministerio de Salud y al faltante de personal pese a la gran cantidad de funciones que desempeñan.

Malas condiciones físico sanitarias, desechos de muebles, llantas con agua estancada, vehículos dañados, tuberías sin tapar, aposentos sin servicios sanitarios ni lavamanos, estas son algunas de las razones por las que 32 de las 37 delegaciones de la Policía de Tránsito del país tienen orden sanitaria del Ministerio de Salud.

Así lo demuestran los datos obtenidos mediante consulta de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) al Ministerio de Salud, los cuales fueron suministrados con fecha la 5 de junio del 2019.

Para ejemplificar la realidad mencionaremos a aquellas que poseen el aviso de las autoridades de Salud para realizar las mejoras; a la Delegación General de la Policía de Tránsito en Zapote se le giró una orden sanitaria por problemas físico sanitarios y de seguridad; la Escuela de Capacitación de la Policía de Tránsito ubicada en San Rafael arriba de Desamparados presentaba deficiencias físico-sanitarias y de seguridad, dos vehículos en abandono, llantas con agua estancada, desechos de muebles y otros materiales a la intemperie, mientras que la  oficina de la Policía de Tránsito en Desamparados  recibió orden del Ministerio de Salud por que no posee sistema mecánico, es decir, ni baño ni fregadero, además tiene el piso dañado y no cumple con la Ley 7600.

Por su parte, en los depósitos de vehículos del Cosevi en Desamparados se encontraron puntos con residuos sólidos diversos y tubería sin tapar y canoas sin plan de limpieza.

Las Unidades Policiales de Alajuela, Heredia y Grecia obtuvieron la orden sanitaria por condiciones físicos sanitarias y está última también por razones de seguridad.  

Uno de los peores escenarios, se vive en el depósito de vehículos de la Dirección General de la Policía de Tránsito ubicado en Santo Domingo de Heredia donde fueron detectadas falencias como depósitos de carros a cielo abierto, crecimiento de maleza, presencia de zancos e improvisación de casetillas de los guardas en condiciones de peligro e insalubres.

En la zona atlántica, las principales inconformidades en la Unidad Policial de Guápiles encontradas son las condiciones físico-sanitarias, las autoridades deben de buscar la evacuación de las motos decomisadas y patrullas en mal estado del predio de la delegación.  Mientras que la Unidad Policial de Siquirres posee dos órdenes sanitarias por condiciones físico-sanitarias y seguridad. En el área de Guanacaste, la Unidad Policial de Liberia recibió orden sanitaria por acumulación de vehículos en el entorno de las estructuras físicas, es decir, de oficina de licencias, policía de tránsito, oficinas de ingeniería y transporte público. La delegación de Tránsito de Nicoya  y la de Cañas poseen orden sanitaria por condiciones físico-sanitarias y de seguridad.  Al igual que el plantel del MOPT de Cañas y el plantel del COSEVI en Cañas.

En la Unidad Policial en San Nicolás en Cartago, se encontraron 36 motocicletas a la intemperie sin acumulación de agua ni plagas. Además, según el reporte del Ministerio de Salud cada semana salen 20 motocicletas para los depósitos de Pavas, Coco o de Cartago.

La delegación de Tránsito de Palmar Norte en Osa, no cumple con la Ley 7600 (servicio sanitario y accesos) y no existe mantenimiento del edificio.  La Unidad Policial de Río Claro en Guaycará de Golfito, tiene problemas de infraestructura, condiciones inseguras e insalubres. Asimismo, la delegación en Jacó tiene deficiencias por sus condiciones físico-sanitarias.

A este problema de las delegaciones en mal estado se suma la falta de oficiales de tránsito y muchas otras carencias en la Dirección General de la Policía de Tránsito.

ANEP consultó sobre las plazas que se requieren para atender las competencias que le confiere la Ley General de Policía, sin embargo, ante dicha solicitud informaron que la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) no cuenta con ningún tipo de estudio sobre el tema, lo que impide contar con un dato a nivel ministerial.

Lo único que se posee es un estudio realizado por la Unidad de Planificación denominado “Personal policial requerido en las delegaciones de tránsito de la Dirección General de la Policía de Tránsito”, el mismo fue realizado en el año 2010 y actualizado en los años 2012 y 2018.

En dicho estudio para determinar el personal requerido en la Policía de Tránsito se utilizaron cinco variables las cuales son las regulaciones, operativos de control, atención de accidentes, controles rutinarios y la atención de eventos especiales.

Se registraron las cantidades totales de puntos de regulación efectivos que deben atender cada una de las Delegaciones y Corredores de Tránsito, a esto se suma, la cantidad de oficiales de tránsito  que se necesitan para atender dichos puntos de regulación, independientemente de si se cuenta o no con dicho personal. También se incluyeron la cantidad total de operativos de control ejecutados para cada Delegación o Corredor de los Planes Operativos Institucionales del año 2017, financiados tanto por e MOPT como por el Cosevi y se incluye el índice de accidentalidad del año 2017.

De acuerdo con el documento el personal faltante es de 2040 policías de tránsito, para obtener este calculo se aplicó una fórmula total es decir,  se cuantificaron todas y cada una de las cinco  actividades que desarrolla la Policía de Tránsito, las cuales fueron mencionadas anteriormente.

“Permitió obtener un valor final muy cercano a la realidad operativa de este Cuerpo Policial. De los datos obtenidos se infiere, que la planilla operativa actual, representa el 21% (540) de lo que se necesita en la realidad (2580), o sea que se tiene un faltante del 79% (2040)”, indica el informe.

Es importante destacar en la necesidad del personal administrativo de apoyo que se tiene ya que prácticamente en todas las delegaciones y regionales de tránsito, cuando hay una ausencia de este personal; prácticamente se “obliga” al policía de tránsito a asumir las funciones administrativas, reduciendo aún más la participación y utilidad en las carreteras.

Para nuestra organización sindical, existen muchas preguntas del por qué no se ha reforzado a esta dependencia y parte de las interrogantes tienen que ver con los recursos. ¿cuál es el ingreso por infracciones a la Ley de Tránsito que registra mensualmente el Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT)?

Esta información fue suministrada mediante oficio DF-2019-214, suscrito por la Dirección Financiera del Consejo de Seguridad Vial, el cual aclara que las multas provenientes por infracciones a la Ley de Tránsito forman parte del Fondo de Seguridad Vial dispuesto para el cumplimiento de las funciones del Consejo de Seguridad Vial, de acuerdo con la Ley de Administración Vial Número 6324.

Los ingresos mensuales son variables, ya que dependen del comportamiento y necesidades de los usuarios para cancelar las infracciones de que son objeto.

El concepto de los ingresos por las multas de tránsito e intereses moratorios registrado en el año 2018 corresponde a ¢12.176.815.407,42, es decir más ¢12.176 millones. Los meses en los con mayores ingresos son enero, noviembre y diciembre (Ver recuadro).

Mientras que en el año 2019 al mes de abril se registraron ¢4.860.629.323,55 millones, es decir más de ¢4.860 millones. (Ver recuadro).

En 16 meses, los ingresos por multas de tránsito e intereses moratorios fueron de más de 17.000 millones (¢17.019.444.730,88).

La seguridad en carreteras en deficiente, dado el poco personal y el faltante de al menos 2.000 policías, por ello, consideramos que los ingresos económicos deberían permitirle al MOPT, ser   autosuficiente para solventar el faltante de recurso en la Policía de tránsito. Por otro lado, las condiciones infrahumanas que deben soportar los oficiales de la policía de tránsito, dan cuenta de una deficiente gestión por parte de quienes han ocupado en varias administraciones los cargos jerárquicos dentro de dicho Cuerpo Policial; así como la falta de voluntad política, de quienes lejos de tomar decisiones encaminadas a fortalecer la labor policial, la debilitaron al asignarle a la Fuerza Pública el recargo de la policía de tránsito.

El tiempo nos permite una vez más decir, teníamos razón, cuando dijimos muchas veces que la falta de personal y las deficientes condiciones en la policía de tránsito, obedecían a un problema de gestión institucional, acompañada de falta de voluntad política. Lamentablemente, nuestros legisladores, que la mayoría de las veces se dejan llevar por el calor del momento, sumado al poco conocimiento que tienen de la función policial; se dejaron seducir por la propuesta de Fabricio Alvarado, recargando las competencias de la Policía de transito en la Fuerza Pública, con lo cual, se vera en el corto plazo se estará afectando la prevención y la represión de delitos y, por ende, la seguridad humana.

En conclusión: Tenemos una policía de tránsito raquítica, por el faltante de personal que es más que evidente, al mismo tiempo, los funcionarios que se mantienen activos enfrentan un tremendo desgaste físico, en función de los roles que mantienen.  

ANEP-Posición oficial sobre la crisis estructural de AyA

Publicada el | por ANEP | 1 comentario en ANEP-Posición oficial sobre la crisis estructural de AyA
  • Indignación, condena y preocupación por lo que pasa en AyA
  • Deben sentarse todas las responsabilidades sin miramiento alguno
  • Al parecer los enemigos están dentro de la institución y los privatizadores, felices, están al asecho

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), deja pública constancia de su profunda indignación, de su más vehemente condena y de su honda preocupación por lo que denominamos como la crisis estructural que está viendo el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA); entidad más que estratégica para la paz social y para la propia estabilidad republicana y democrática del país.

ANEP, con una sólida autoridad moral acumulada por su larga lucha en defensa del patrimonio institucional que nos fuera heredado por las generaciones anteriores que siempre se preocuparon por el bien común y la inclusión social, patrimonio del cual AyA es parte fundamental; exige que se sienten todas las responsabilidades y sin miramiento alguno, mucho menos con tutelas de compadrazgo politiquero, a fin de sancionar a las personas culpables de los nada creíbles “errores” por los abusivos cobros tarifarios que se han hecho evidentes en las últimas semanas, afectando a miles de familias de los sectores obrero-sociales y de la clase trabajadora, muchas de las cuales están sufriendo por la consecuencias económicas negativas de la pandemia del coronavirus covid-19.

Esta legítima exigencia por transparentar al máximo el señalamiento de responsabilidades incluye, por supuesto, a las autoridades políticas de mayor nivel, empezando por la propia Presidencia Ejecutiva de la institución y por su Junta Directiva. No pueden mirar para otro lado y si competencia grave les cabe por la agresión económica sufrida por la población usuaria, deben dejar la institución.

ANEP está convencida de que mucha de las razones de la crisis estructural que sufre el AyA se debe a la perversa acción de ciertos enemigos internos colocados en posiciones claves y que, pese a los cambios de administración, siguen ostentando cargos de poder que en nada contribuyen a la superación de la acumulación de problemas y de severos yerros de gestión.

Con dolor tenemos que admitir que presumimos la acción oscura de las fuerzas político-privatizadoras alimentando el desarrollo de la crisis estructural de AyA, para llevarla a un punto de no retorno en el cual sea la propia población afectada la que clame por su entrega a las despiadadas fuerzas del mercado abierto, mismo que opera sin la menor pizca de sensibilidad social y de preocupación por el bien común.

ANEP refirma su compromiso sociopolítico y sindical en defensa de la institucionalidad del AyA y de lo que representa, teniendo absoluta certeza de que la mayoría de su personal operativo, técnico, administrativo y profesional no solamente representan un funcionariado honesto, sino que tienen plena convicción de que la institución debe ser defendida de la “tiburonada” que desea engullirla y que saben que el agua privatizada es un negocio de demasiados millones de colones y de dólares en juego. Damos un paso al frente en defensa activa de AyA.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

Edwin Marín Bonilla, Presidente Seccional Nacional ANEP-AyA

No más agresiones salariales a los derechos del sector público

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en No más agresiones salariales a los derechos del sector público

-ANEP rechaza, categóricamente, proyectos de eliminación de anualidades, impuesto de renta al salario escolar y eliminación del escuálido reajuste salarial

–Proyecto de empleo público fiscalista dogmático está destinado al fracaso

Los proyectos de ley en trámite, irresponsablemente acelerado, para eliminar el pago de anualidades para los años 2021 y 2022; así como el que pretende ponerle impuesto sobre la renta al salario escolar, generan la más fuerte condena y rechazo de parte de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

De la misma manera, es abrumador nuestro rechazo obrero-laboral a la pretendida anulación del escuálido reajuste salarial anual impuesto al sector Público para todo el presente año 2020.

Datos oficiales emanados del Ministerio de Hacienda nos indican que, apenas un 25 % del total de gastos del mal denominado Presupuesto General de la República para el presente año 2020, corresponde a la partida de remuneraciones: solamente un total de 2 billones 657 mil 708 millones 96 mil 547 colones (2.657.708.096.547), dentro de una suma global de 10 billones 509 mil 606 millones 847 mil colones (10.509.606.847.000).

Por tanto, es una soberana infamia y una gran canallada seguir insistiendo en este tipo de legislaciones anti-obreras contra los derechos salariales de las personas trabajadoras del sector público; hoy por hoy, como se está demostrando, bastiones fundamentales e imprescindibles en el primer frente de combate a la pandemia del coronavirus covid-19.

En el caso de las anualidades, la ANEP entregó ya a cada una de las 57 personas diputadas un extenso documento, preparado con gran solidez jurídico-legal, manifestando nuestra oposición a tal iniciativa, fundamentando incluso su eventual inconstitucionalidad.

Lo mismo estamos ya elaborando con relación a la indebida carga de renta sobre el salario escolar. A su vez, para la defensa del escuálido reajuste salarial por costo de vida impuesto para este año 2020, las argumentaciones jurídicas sobran y estamos en puertas de apersonarnos a las instancias correspondientes.

“En cuanto al proyecto de empleo público, incluso en su nueva versión, la colección de inconstitucionalidades es impresionante; además de que impulsarlo bajo los sesgos fiscalistas que le contaminan producto de la intensa campaña de odio, de terrorismo ideológico y de agresión psicológica en contra del empleo público, solamente auguran un clima de tensión política y de conflicto social como atmósfera fundamental de su tramitación parlamentaria. Prácticamente tenemos listo nuestro documento argumental de carácter integral listo para entregarlo al parlamento”, indico Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

La opción de la movilización social, activa y unitaria, adaptada a los tiempos del covid-19, es ahora más legítima que nunca. ANEP jamás renunciará a dar su aporte para una convocatoria compartida, transparentemente coordinada y dirigida.

ANEP hace un llamado a todas sus bases laborales del sector público y, en lo específico, a cada una de las personas dirigentes de las correspondientes seccionales, impulsar ya los dispositivos de lucha pertinentes.

Acuerdo “stand-by” entre el Gobierno y el FMI traerá más miseria, sufrimiento, exclusión y desestabilización social

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Acuerdo “stand-by” entre el Gobierno y el FMI traerá más miseria, sufrimiento, exclusión y desestabilización social

– Gobierno debe abrirse a la ciudadaníany dejar del secretismo en esas “negociaciones”.

-Ni venta de activos, ni más impuestos a los que menos tienen, ni más recortes al gasto social, ni despidos.

Tenemos que ser contundentes y dejar muy bien definida la posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con relación al inminente acuerdo-préstamo conocido en la jerga de los mercados financieros internacionales como “stand-by”, que pretende firmar el actual Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI), cuyas políticas nada bueno traen para los pueblos que son obligados a asumirlas.

La pandemia del coronavirus covid-19 vino a aportar más dolor y más estrés social a la gran mayoría del pueblo costarricense, el cual ya sufría de alto desempleo e informalidad, alta carestía de la vida, alta evasión-elusión fiscales, alta concentración de la riqueza y alta exclusión socioeconómica, incluida alta depreciación del poder adquisitivo de los salarios.

Es inamisible y lo rechazamos tajantemente que el acuerdo “stand-by”, por un monto de 2 mil 250 millones de dólares, facilitados en tres tercios a lo largo de los próximos tres años, de 750 millones de dólares c/u, suponga un aumento de impuestos de carácter indirecto, como una eventual subida del Impuesto al Valor Agregado (IVA), al 15 % y hasta en una cifra superior.

Igualmente resulta inaceptable el planteamiento fondomonetarista de “venta de activos”, considerando que la práctica totalidad de las empresas públicas que todavía siguen siendo propiedad costarricense, son vitales para atenuar el acelerado deterioro de la inclusión social; y, por el contrario, revitalizadas y excluidas de ellas la politiquería, son pilares de la promoción del bien común de las generaciones presente y futura.

Es sumamente peligroso que el planteamiento sobre mayores recortes de gasto pueda incluir fondos destinados, precisamente, a evitar mayores niveles de exclusión social y económica; e, incluso, decisiones que puedan pulverizar la propia Seguridad Social del país y, particularmente, el servicio de Salud; ambos hoy en grave riesgo institucional y de estabilidad financiera.

Por otra parte, no se puede someter al país al flagelo del despido de cientos y cientos, hasta de miles, de personas trabajadoras asalariadas del sector Público, como ha sido la tónica en otros países que se someten a los dictados del FMI, como los de los acuerdos “stand-by”. En este apartado y al igual que en los anteriores, debemos formular una alerta roja a todas las agrupaciones civiles, profesionales y sindicales honestas que tienen mucha responsabilidad en el desarrollo de los acontecimientos por venir.

Sólo es comprensible que se pretenda imponerle al país un convenio tan perjudicial como el “stand by”, a partir de bases ideológicas formadas en el fundamentalismo fiscalista macroeconómico-neoliberal si, por ejemplo, las reservas internacionales en dólares que guarda el Banco Central de Costa Rica (BCCR), están llegando a los 9 mil millones de dólares, cantidad más que suficiente para sustituir esos 2.250 millones $ que vienen a ser como un humillante precio por la venta del país. Al BCCR le quedaría un 75 % de sus reservas. Y éste es tan solo un ejemplo de un abanico de alternativas para el manejo del déficit y de la deuda.

Mucho queda por decir, por plantear, por cuestionar y por demandar. En lo inmediato, el Gobierno de la República, habida cuenta del deterioro de su credibilidad y la pérdida de su propia legitimidad, debe impulsar un real diálogo social, sin exclusiones, para tratar este delicado asunto. Deben tener presente que el buen manejo de la pandemia no les da la autoridad política, suficiente y necesaria, como para comprometer el futuro del país en aras de un marco ideológico excluyente y voraz en cuanto al manejo del déficit fiscal y del endeudamiento público.

San José, lunes 15 de junio de 2020.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPLEADOS PÚBLICOS Y PRIVADOS (ANEP)

Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y extranjería: “Urgen recursos para hacer un mejor trabajo”

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y extranjería: “Urgen recursos para hacer un mejor trabajo”

Ante las declaraciones del Ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Renato Alvarado, de que son necesarias las inspecciones en las plantaciones agrícolas; la Seccional de la ANEP en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) alega de que la petición sería posible si se le asignan “los recursos necesarios para hacer un mejor trabajo en beneficio de la ciudadanía”.

Gerardo Mora Ordóñez, Presidente de la Seccional ANEP-PPME explicó que al momento en que se retire a todo el personal dedicado a reforzar el control migratorio en las fronteras, las oficinas policiales regionales de Migración en San Carlos, Los Chiles, Las Tablillas, Upala y Sarapiquí quedarían con 37 oficiales para el trabajo diario, distribuidos de la siguiente manera:

San Carlos 12
Los Chiles 5
Las Tablillas 12
Upala 4
Sarapiqui 4

El horario es de 7 a.m. a 7 p.m., en dos turnos de 3×3. Sólo Upala y Sarapiquí trabajan de lunes a viernes de 8 a.m. a 4 p.m. con un oficial disponible para fines de semana

Se estiman un faltante de 84 a 100 oficiales para la zona norte (sin contar la zona de Peñas Blancas), en el cual se pueda hacer un horario de 24 horas

Pronunciamiento de la seccional Anep-Minae ante la salida del ministro de Ambiente y Energia

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Pronunciamiento de la seccional Anep-Minae ante la salida del ministro de Ambiente y Energia

La Seccional ANEP/MINAE, felicita al señor ministro, Carlos Manuel Rodriguez Echandi por su ultimo operativo en el mes de mayo en el Parque Nacional Corcovado, con el grupo denominado GOA (Grupo Operativo Ambiental), pero será este un grupo permanente para la conservación y cuido de los recursos naturales? ¿o se crearan más grupos como este? eso sí, sin dejar al descubierto y sin personal a las demás áreas silvestres del país, pues como se sabe por el momento este GOA se consolida con funcionarios de diferentes sitios naturales del país, lo que quiere decir que cuando se sacan guarda parques de uno de sus sitios de trabajo para reforzar labores en otro lugar del territorio nacional, se provoca dejar sin protección por varios días otras áreas naturales; o lo que popularmente llamamos, “desvestir un santo, para vestir a otro”.

Pero aparte de felicitar también criticamos con mucho malestar muchas de sus acciones y le preguntamos además, si ya le fueron canceladas las horas extraordinarias en su totalidad, a los muchachos que le acompañaron en tal operativo, y recalcamos “en su totalidad”, pues se tiene conocimiento que la entidad bajo su jerarquía, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación SINAC, no acepta pagar más de cuatro horas extraordinarias, pues estos y muy de la mano con la legislación laboral solo contempla pago de un máximo de cuatro horas extraordinarias, a pesar de saber que muchas y muchos guarda parques del sistema laboran extenuantes jornadas extraordinarias que van más allá de 4hrs extraordinarias, en el cuido de tortugas marinas, atención de incendios forestales, patrullajes marinos y terrestres, pero sin pago alguno de dicho tiempo extra; pero aquí les comprendemos, pues la frase “El trabajo en horas extraordinarias deberá ser remunerado” que se arraiga de nuestra Constitución Política en su artículo 58, no es de conocimiento en SINAC-MINAE, a pesar de que la historia de Costa Rica en el cuido y conservación de los recursos naturales y sus áreas silvestres, data ya de más de cuarenta años, y mal pagado, a sus verdaderos vigilantes, a pesar de los sacrificios de familia y demás vida social para quienes su trabajo les obliga a permanecer 24 horas en sus centros operativos, y con prolongadas jornadas mensuales acumulativas.

Don Carlos, le deseamos muchos logros desde su nueva jerarquía en el GEF (Global Environmental Facility), y no olvide ni deje atrás a sus amigas(os) guarda parques, que prácticamente lo pusieron en esa silla, esperamos que desde allí les recuerde, y no vaya a ser que solo les utilizo para su publicidad; pues de ser así, no quedará más que enlistarlo entre aquellas personas que solo han utilizado el tema ambiental para satisfacer intereses propios.

Aprovechando su nueva y valiosa posición internacional, deseamos que lleve en su agenda varios temas pendientes a mencionar desde su jerarquía y antecesores del SINAC-MINAE, mismos que aun y queriéndose indicar que son heredados de otras administraciones; lo cierto es que su persona lleva hoy el mismo compromiso a tales deudas a sus funcionarios y “al derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado en Costa Rica”, a saber:

CASO DE CRUCITAS:

Como representante de la Seccional ANEP/MINAE, considero que le quedo debiendo muchísimo al país respecto a los daños causados al Medio Ambiente.

RECURSOS DE AMPARO PENDIENTES

1) Exp: 16-010216-0007-CO

Res. Nº 2017014907

Por tanto:

“Se declara parcialmente con lugar el recurso en contra del Ministerio de Ambiente y Energía, el Ministerio de Hacienda y el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Se ordena a Edgar Gutiérrez Espeleta, Helio Fallas Venegas y Mario Coto Hidalgo, por su orden Ministro de Ambiente y Energía, Ministro de Hacienda y Director Ejecutivo del SINAC, o a quienes en su lugar ocupen esos cargos, que coordinen lo pertinente a fin de que se evalúe la situación actual de las áreas de conservación y se tomen las medidas necesarias para proteger el medio ambiente, de tal forma que se atiendan de manera efectiva y razonable las áreas silvestres protegidas del país. Para lo anterior deberán elaborar y ejecutar, en el plazo de SESENTA MESES, un plan de control y protección de las áreas silvestres protegidas que garantice su vigilancia efectiva a fin de prevenir y atender daños ambientales; para lo cual deberá asegurarse la existencia de los recursos necesarios para su cumplimiento. Asimismo, se ordena a Marta Eugenia Acosta Zúñiga, en su condición de Contralora General de la República, o a quien ocupe su cargo, girar las órdenes que estime pertinentes para que se actualice el estado de cumplimiento del informe DFOE-AE-IF-16-2014 y, de acuerdo con los medios que le otorga el ordenamiento jurídico, requiera al SINAC la efectiva atención a las recomendaciones brindadas, ante lo cual, Mario Coto Hidalgo, como Director Ejecutivo del SINAC, o quien ocupe su cargo, deberá gestionar su cumplimiento en los términos y plazos que disponga el requerimiento del órgano contralor. Finalmente se ordena al Director Ejecutivo del SINAC, o a quien ocupe su cargo, realizar un estudio sobre la necesidad de abastecimiento de agua potable en las áreas de conservación contenidas en el oficio SITRA-0023-16 de 9 de febrero de 2016 dirigido al Director del SINAC presentado por SITRAMINAE el 11 febrero de 2016, a efectos de que se evalúe si las personas que se encuentran o visitan esas áreas de conservación requieren o no el servicio de agua potable, y si resulta procedente, gestione ante las autoridades competentes lo necesario a fin de que se determine si  desde el punto de vista técnico y material es posible proveer el servicio” (…).(subrayado no obedece al original)

2) Exp: 15-011930-0007-CO

Res. Nº 2017000641

Por tanto:

“Se declara con lugar el recurso. Se ordena a JULIO JURADO FERNÁNDEZ, en su condición de Director Ejecutivo del Sistema Nacional de Área de Conservación (SINAC) del Ministerio de Ambiente y Energía, a ÓLGER MÉNDEZ FALLAS, en su condición de Director del Área de Conservación de Osa del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC), a ÉDGAR E. GUTIÉRREZ ESPELETA, en su condición de Ministro de Ambiente y Energía, a HELIO FALLAS, en su condición de Ministro de Hacienda y a LUIS GUSTAVO MATA VEGA, en su condición de Ministro de Seguridad Pública; o a quienes ocupen sus cargos, que dentro del plazo de dos meses contados a partir de la notificación de esta sentencia, coordinen lo pertinente para que se elabore y ejecute un plan que garantice la vigilancia y protección permanente del Parque Nacional de Corcovado y la Reserva Forestal Golfo Dulce, contra las actividades ilegales de orería, caza, tala y robo de madera” (…). (subrayado no obedece al original)

3) EXPEDIENTE N° 15-011930-0007-CO

PROCESO: RECURSO DE AMPARO

SALA CONSTITUCIONAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

San José, a las nueve horas y cincuenta y dos minutos de diez de mayo de dos mil

dieciocho.

(…) “que consta en el expediente electrónico número 15-011930-0007-CO, en

el que se acusa desobediencia a lo ordenado por esta Sala en la resolución

No.2017000641 de las 09:05 horas del 20 de enero de 2017” (…)

(*) Como puede observarse, este punto alude al punto 2) anterior, Recurso de Amparo con Resolución Nº 2017000641, para el cual ya se apunta desobediencia desde año 2018.

OTROS PENDIENTES ANTE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA

1) INFORME Nro. DFOE-AE-IF-15-2015 / 15 de diciembre, 2015 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INFORME DE AUDITORÍA FINANCIERA REALIZADA EN EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

4. DISPOSICIONES

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones de acatamiento obligatorio que deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo cual, su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

4.8 Elaborar y aprobar el procedimiento para el control y registro contable de las transacciones relativas a la adquisición de terrenos Patrimonio Natural del Estado. Dicho procedimiento debe considerar al menos:

a) Que estos terrenos no se registren como activos del SINAC.

b) Se resguarde apropiadamente la documentación que respalda los registros respectivos.

c) Se efectúen conciliaciones mensuales de la cuenta de Terrenos.

Remitir al Órgano Contralor copia del documento que evidencie la aprobación de este procedimiento, a más tardar el 29 de abril de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe.

LIC. MARCO TULIO CASTRO CHINCHILLA EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.9 Determinar la composición del saldo contable de la cuenta Terrenos y conciliar dicha cuenta con el respectivo auxiliar SIBINET. Este proceso debe dar de baja los terrenos que permanecen en el SIBINET y en la contabilidad, que son Patrimonio Natural del Estado, pues, son propiedad del MINAE. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite la conciliación y ajustes solicitados, a más tardar el 29 de julio de 2016. Ver párrafos del 2.40 al 2.54 de este informe.

4.10 Analizar las causas por las cuales se presenta una diferencia entre el registro contable del gasto por salario escolar y el cálculo efectuado por la Contraloría General; con base en ello efectuar los ajustes pertinentes. Comunicar a la Contraloría General los ajustes realizados, a más tardar el 31 de marzo de 2016. Ver párrafos del 2.55 al 2.58 de este informe.

4.11 Revelar en los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, el registro contable erróneo efectuado en el periodo 2014 en la cuenta de terrenos, relativo a la compra de la propiedad del INBIO. Además, registrar la porción circulante de deuda adquirida para realizar dicha compra. Remitir a la Contraloría General una certificación que acredite el cumplimiento de lo dispuesto, a más tardar el 29 de febrero de 2016. Ver párrafos del 2.59 al 2.65 de este informe.

2) INFORME Nro. DFOE-AE-IF-16-2014 DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN OPERATIVA Y EVALUATIVA ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES Y DE ENERGÍA INFORME DE LA AUDITORÍA OPERATIVA SOBRE LA EFICACIA DEL SINAC EN LA CONSERVACIÓN Y EL USO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD DENTRO DE LAS ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS CONTINENTALES

4. DISPOSICIONES

4.1 De conformidad con las competencias asignadas en los artículos 183 y 184 de la Constitución Política, los artículos 12 y 21 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, Nro. 7428, y el artículo 12 inciso c) de la Ley General de Control Interno, se emiten las siguientes disposiciones, las cuales son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro del plazo (o en el término) conferido para ello, por lo que su incumplimiento no justificado constituye causal de responsabilidad.

AL CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN

4.3 Resolver acerca de la propuesta que le remita el Director Ejecutivo del SINAC relativa a los mecanismos de financiamiento, los criterios y ajustes de distribución de personal, el plan de desarrollo y mantenimiento de las sedes administrativas, el mecanismo para determinar el estatus legal de los terrenos dentro de las Áreas Silvestres Protegidas y acciones de integración al Patrimonio Natural del Estado, el mecanismo de control y protección, y el de asignación y ejecución de recursos en la atención de desastres y emergencias ambientales. Remitir a la Contraloría General, en el transcurso de los dos meses calendario siguientes a recibir la propuesta de la Dirección Ejecutiva, copia de los acuerdos que resuelvan sobre cada asunto. Ver párrafos del 2.1 al 2.80 de este informe.

AL DR. JULIO JURADO FERNÁNDEZ, EN SU CALIDAD DE DIRECTOR EJECUTIVO DEL SINAC O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO

4.4 Establecer e implementar los mecanismos de financiamiento que aseguren la sostenibilidad de la gestión de las Áreas Silvestres Protegidas. Remitir copia del oficio mediante el cual se someten tales mecanismos a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 31 de agosto de 2015, un primer informe de avance de la implementación de los mecanismos al 29 de enero de 2016 y un segundo informe al 30 de junio de 2016.  Ver párrafos del 2.4 al 2.12 de este informe.

4.5 Establecer los criterios de asignación de personal en las Áreas Silvestres Protegidas, y con base en dichos criterios ajustar su distribución en lo procedente. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se someten los criterios de distribución y los ajustes a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2015, un informe de avance en la implementación de los ajustes, a más tardar el 29 de febrero de 2016 y un segundo informe a más tardar el 31 de agosto de 2016. Ver párrafos del 2.13 al 2.18 de este informe.

4.6 Establecer e implementar un plan de desarrollo y mantenimiento de las sedes administrativas prioritarias de las Áreas Silvestres Protegidas, considerando entre las variables técnicas al menos las necesidades de control y protección, investigación y monitoreo. Remitir a la Contraloría General, copia del oficio mediante el cual se somete el plan a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2015, un primer informe de implementación al 27 de abril de 2016 y un segundo informe al 31 de agosto de 2016. Ver párrafos del 2.19 al 2.21 de este informe.

4.7 Priorizar las Áreas Silvestres Protegidas que requieren la elaboración o actualización del Plan General de Manejo. Remitir a la Contraloría General, un oficio en el cual conste esta priorización, a más tardar el 30 de junio de 2015. Ver párrafos del 2.22 al 2.27 de este informe.

4.8 Establecer e implementar el mecanismo de seguimiento a la implementación de los planes generales de manejo de las Áreas Silvestres Protegidas. Remitir a la Contraloría General, copia del documento que evidencie la instauración del mecanismo, a más tardar el 31 de agosto de 2015; además, un primer informe de seguimiento al 30 de noviembre de 2015 y un segundo informe al 30 de junio de 2016. Ver párrafos del 2.22 al 2.27 de este informe. 

4.9 Establecer e implementar un mecanismo para determinar el estatus legal de los terrenos ubicados dentro de los límites de cada Área Silvestre Protegida y priorizar las acciones para su integración al Patrimonio Natural del Estado, su demarcación y señalización, según proceda. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se somete esa estrategia a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de noviembre de 2015; además, un primer informe de implementación a más tardar el 30 de junio de 2016, y un segundo informe a más tardar el 30 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.28 al 2.37 de este informe.

4.10 Establecer e implementar un mecanismo de control y protección aplicable a todas las Áreas Silvestres Protegidas del país, la cual, deberá establecer al menos los objetivos y metas en la materia, la capacitación de los funcionarios destacados en esas labores, los mecanismos formales de coordinación con actores relevantes involucrados, de conformidad con las amenazas y presiones a la biodiversidad identificadas dentro de estos territorios. Remitir a la Contraloría General, copia del oficio mediante el cual se somete esta estrategia a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de octubre de 2015, un primer informe de implementación a más tardar el 31 de marzo de 2016, y un segundo informe a más tardar el 31 de octubre de 2016. Ver párrafos del 2.38 al 2.42 de este informe.

4.11 Establecer un mecanismo para asignar y ejecutar recursos con la oportunidad requerida en la prevención y atención de desastres y emergencias ambientales, aplicable a todas las Áreas Silvestres Protegidas del país. Remitir a la Contraloría General copia del oficio mediante el cual se somete el mecanismo a la aprobación del Consejo Nacional de Áreas de Conservación, a más tardar el 30 de setiembre de 2016. Ver párrafos del 2.43 al 2.45 de este informe. 

4.12 Establecer los ámbitos de la gestión del SINAC en los que se deba fomentar la cooperación interinstitucional, con organizaciones no gubernamentales y con las comunidades locales y los pueblos indígenas; ello, de conformidad con el ordenamiento jurídico para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad dentro de las Áreas Silvestres Protegidas continentales. Remitir a la Contraloría General, una certificación que haga constar lo actuado, a más tardar el 31 de julio de 2015. Ver párrafos del 2.46 al 2.53 de este informe.

4.13 Realizar un diagnóstico acerca de las actividades de uso público que se realizan dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, así como, sus efectos en la biodiversidad y oportunidades y recomendaciones para impulsar su potencial. Con base en ello, elaborar un plan de implementación de las mejoras. Remitir a la Contraloría General una certificación de la elaboración del diagnóstico, a más tardar el 16 de octubre de 2015; un primer informe de implementación de las recomendaciones a más tardar el 29 de julio y un segundo informe a más tardar el 18 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.70 al 2.75 de este informe.

4.14 Realizar un diagnóstico acerca de las actividades de uso sostenible de la biodiversidad que se realizan dentro de las Áreas Silvestres Protegidas, así como, sus efectos en la biodiversidad y oportunidades y recomendaciones para impulsar su potencial. Con base en ello, elaborar un plan de implementación de las mejoras.  Remitir a la Contraloría General una certificación de la elaboración del diagnóstico, a más tardar el 16 de octubre de 2015; un primer informe de implementación de las recomendaciones a más tardar el 29 de julio y un segundo informe a más tardar el 18 de noviembre de 2016. Ver párrafos del 2.76 al 2.80 de este informe.

LEGISLACION NO ATENDIDA COMO CORRESPONDE

1) *LEY DE BIODIVERSIDAD 7788

ARTÍCULO 11.-Criterios para aplicar esta ley

Son criterios para aplicar esta ley:

1.-Criterio preventivo:  Se reconoce que es de vital importancia anticipar, prevenir y atacar las causas de la pérdida de la biodiversidad o sus amenazas.

(*) Una ley de la cual la institucionalidad SINAC-MINAE, a cargo del señor Carlos Manuel Rodríguez nos queda en una amplísima deuda, pues es notorio a nivel país, que el faltante de funcionarios que atienden la conservación y uso racional de los recursos naturales, se encuentra en números rojos, provocando una altísima suma de delitos contra el ambiente: lo que refleja que no existe la debida prevención ante tales delitos.

2) *LEY ORGANICA DEL AMBIENTE 7554

ARTÍCULO 36.- Requisitos para crear nuevas áreas.

Para crear áreas silvestres protegidas propiedad del Estado, cualquiera sea la categoría de manejo que él establezca, deberá cumplirse previamente con lo siguiente:

a) Estudios preliminares físico geográficos, de diversidad biológica y socioeconómica, que la justifiquen.

b)  Definición de objetivos y ubicación del área.

c)  Estudio de factibilidad técnica y tenencia de la tierra.

d)  Financiamiento mínimo para adquirir el área, protegerla y manejarla.

e)  Confección de planos.

f)  Emisión de la ley o el decreto respectivo.

(*) Para resaltar este artículo de ley, haremos recordatorio de la creación del Parque Nacional Miravalles Jorge Manuel Dengo, el 5 junio 2019, mismo que con tanta alegría y bullicio nos anunciara el señor ministro de Ambiente Carlos Manuel Rodríguez y la Presidencia de la República. Pero ¿está cumpliendo este parque nacional con todo lo que establece la ley y articulo de cita? O fue otra reacción emocional y ambiental de este jerarca y presidencia.

Se estima que la deuda de tierras privadas que fueron afectadas por la ampliación o creación de algún área silvestre en Costa Rica supera los 100.000 millones de colones, e imaginamos que, con este nuevo parque nacional, que igualmente ha afectado tierras privadas, dicha deuda económica se ha ampliado. Además de la afectación que ha cientos de personas de escasos recursos en zonas rurales han causado tales iniciativas, pues se realizan al margen de lo que la legislación para la creación de áreas silvestre establece, sin economía para adquirirlas, funcionarios para su cuido, estudios científicos actualizados, tenencia de la tierra y demás, que no afecte a los más vulnerables.

Entonces ¿Podría determinarse estas creaciones de áreas silvestres o parques nacionales tipo exprés, como un prevaricato?

 Aunado a todas estas anomalías tenemos que agregar en su mala administración, toda la cantidad de órganos directores interpuestos en puestos políticos y de confianza como lo son los casos de Alberto Bravo exdirector de Hidrocarburos, Alfonso Pérez exgerente de Comcure, Juan Carlos Fallas exdirector del IMN, Ileana Boschini Directora de Geología y Minas.

Solo esperamos señor Ministro  Carlos Manuel Rodríguez, que  desde su nueva trinchera, no olvide los pendientes que ha dejado en este país, y sus promesas a los funcionarios, pues ahora posee el insumo económico para dar un respiro a nuestra materia ambiental, si es que desde su nuevo puesto, se acordara de aquellos que aun caminaron entre charcos, ríos y bajo la lluvia cuidando el Patrimonio Natural del Estado, igualmente del humilde campesino y sus familias, que hace años esperan se resuelva el que si la tierra que heredaron es aún suya o de algún parque nacional estilo exprés.

Atentamente:

William Arias Soto

Presidente Seccional ANEP-MINAE

Entrevista Diario Extra: “El futuro del país no puede ser a raíz de un pandemia”

Publicada el | por ANEP | Dejar un comentario en Entrevista Diario Extra: “El futuro del país no puede ser a raíz de un pandemia”

ANEP en conversación sobre empleo público.

El proyecto de empleo público sigue siendo criticado por distintos sectores, debido a una serie de inconsistencias que incluyen en su redacción.

Por ejemplo, el irrespeto a la Constitución Política pues el plan le da al Poder Ejecutivo la potestad de interferir con el Poder Judicial y con instituciones autónomas.

Pero también las supuestas mentiras de la ministra de Planificación, Pilar Garrido, cuando dijo que el texto era de consenso nacional, ya que había conversado con distintos sectores, incluyendo los sindicatos.

Sobre este tema DIARIO EXTRA conversó Albino Vargas, secretario general de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), con el secretario general adjunto Walter Quesada y el director jurídico Rafael Mora. 

A continuación, un extracto de la entrevista.

¿Qué opina del Proyecto de Empleo Público?

-Ese proyecto es una aberración jurídica, es un proyecto inconstitucional de entrada y es muy demagógico, porque está diciendo ella (la ministra Pilar Garrido) que le va a economizar al erario público ¢70 mil millones, pero en diez años, ¢7 mil millones por año, eso no es nada, si se trata de dizque economizar a las finanzas públicas, ese proyecto no aporta nada. Es muy mentiroso decir que, por ejemplo, en el Gobierno Central los que entren van a ganar mucho mejor y uno se pregunta, es que en el Gobierno Central es donde está el famoso déficit fiscal, o sea no hay plata para pagárseles mejor, entonces cómo se le ocurre a ella decir que los que van a entrar al Gobierno Central van a ganar mejor.

¿Se oponen a conversar de empleo público?

-Lo que hemos planteado es que este no era el momento político para presentar ese proyecto, pero nosotros nunca nos hemos opuesto a hablar del tema de empleo público, siempre hemos estado dispuestos a ir a los espacios de diálogo. Cuál es el problema que hay, que no existen los espacios de diálogo.

¿Cuándo será el momento de hablar?

-Lo que nosotros hemos dicho es que usted no puede coger empleo público solito, tiene que agarrar empleo público y analizarlo con el sistema tributario y analizarlo con el endeudamiento.

¿Cómo hacerlo si Tributación indicó que hay desorden y archivos perdidos?

-Eso es otra cosa gravísima, hay que señalar con el dedo acusador a los últimos gobiernos y al actual de las barbaridades que han hecho con el departamento de Cobro Judicial, lo tienen debilitado, precarizado, no tienen suficiente personal. Ha sido una estrategia desde hace mucho tiempo dejar que prescriban los casos.

¿Por qué empleo público debe analizarse con tributación y endeudamiento?

-Tiene que poner los tres naipes en la mesa. Evasión y elusión y exenciones y exoneraciones suman prácticamente 15 puntos del Producto Interno Bruto al año, ya hubiéramos pagado todo, la Caja estaría libre, entonces cómo vas a discutir empleo público si vas a dejar eso sin tocar. Entonces nosotros quisiéramos una mesa nacional con plazos determinados con la participación de las universidades públicas, las cámaras empresariales, las corrientes sindicales y buscar un acuerdo nacional sobre el tema fiscal, sobre empleo público, exenciones, exoneraciones, endeudamiento público.

¿Pero por qué cuesta tanto cobrar los impuestos?

-Yo creo que hay mucho tagarote que ha acumulado plata excesivamente evadiendo impuestos, con las exenciones y las exoneraciones y no quieren que se les acabe esa buchaquita, porque habría que entrarles de lleno a las aduanas, por ejemplo. 

¿Es un tema cultural?

-Cuando muchos estaban pequeños les enseñaban que era más vivo el que se colaba en la fila, que era más audaz el que copiaba, que era más inteligente el que se saltaba alguna norma, alguna responsabilidad, alguna regla y eso empezó a promocionarse más en los 80 cuando nos empezaron a enseñar que la solidaridad no podía prevalecer sobre el individualismo y sobre mi capacidad de imponerme ante los demás. A mí me parece que son parte de ese esquema y engranaje individualista, que es yo genero mi riqueza y los demás que vean a ver qué hacen.

¿Cómo lograr que eso pare?

-La ANEP a través de DIARIO EXTRA le hace una fuerte invitación a la Unión de Cámaras, Uccaep, sentémonos, sentémonos cara a cara, dejemos de volarnos pedradas, dejémonos de chinitas, por el bien del país sentémonos cara a cara y hablemos de empleo público, de pensiones, de exoneraciones, porque yo no creo que Uccaep tutele a los empresarios evasores, porque eso es tutelar la competencia desleal.

¿Cuál es la importancia del diálogo social?

-El verdadero diálogo social lo podemos llevar a cabo siempre y cuando haya transparencia de las partes, haya real disposición de que los acuerdos que se vayan a tomar sean parte de un diálogo efectivo. En el proyecto de ley que está presentando la ministra de empleo público dice “yo hablé con los sectores” e involucra específicamente el sindicalismo, pero no dice con quién o cuándo se reunió. Nosotros le mandamos a preguntar a doña Pilar si podía mandar la minuta de las reuniones y nos manda a decir que no hubo minuta, entonces le mandamos una segunda carta para pedir la lista de asistentes a la reunión y mandó a decir “no recogíamos lista de asistencia”. Ella dijo que habló con varios sectores, ¡qué mentirosa!, vende la idea de que es un consenso nacional y que quede claro que no hay un consenso en ese tema. Pilar miente.

¿Tienen temor de que se apruebe Empleo Público con rapidez?

-Nosotros estamos alertando a los empleados públicos, los sindicatos, todos los gremios que cerremos filas porque definir el futuro del país no puede ser a raíz de una pandemia y mucho menos con este tipo de trampa, porque es una trampa, decir que usted habló con todo mundo y no poder demostrarlo es una trampa, Pilar miente.

¿Qué situaciones graves cree que pueden ocurrir aprovechando la pandemia?

-Por dicha la pandemia en Costa Rica llega con una institucionalidad fuerte, de una manera u otra, porque si había plata escondida quiere decir que había una institucionalidad fuerte, entonces a uno le preocupa que con el tema de empleo público se debilite esa institucionalidad, la deje completamente precaria y se la entregue a esos tagarotes que andan detrás de la Caja y otras.

¿Es riesgoso el proyecto?

-Los expertos nos han alertado de que este proyecto de empleo público colisiona radicalmente con los valores de la Constitución Política de 1949, que pensó en que había que descentralizar el Estado. Constitucionalmente hay una regla muy clara y es que los poderes son autónomos, un Poder no puede meterse en otro. Esta ley de empleo público está transgrediendo esa norma y está dando la autoridad al Ejecutivo de tomar decisiones hasta en instituciones autónomas y en municipios.

¿Cómo pagan las plazas que congelaron gobiernos anteriores y ahora reactivan?

-Ahí es donde se encuentra el montón de superávits acumulados, pienso que a nosotros no nos han dicho toda la verdad del real estado de las finanzas públicas, a nosotros los ciudadanos no nos han dicho la verdad, porque ahora resulta que con la pandemia se descubrieron superávits por todo lado.

¿Qué piensa del traslado de recursos de las instituciones?

-Cuando nosotros estuvimos discutiendo el tema del déficit fiscal, planteamos que se tomaran recursos del INS que tenía mucho dinero para atender el problema fiscal y no se podía, pero ahora sí se podía trasladar recursos del INS para atender de la pandemia.

¿Qué dice de dar plata a la organización no gubernamental Obras del Espíritu Santo?

-Nosotros creemos que ahí debe haber algún interés político.

EMPLEO PÚBLICO EN 

11 PUNTOS SEGÚN ANEP

-Viola las autonomías que dispone la Constitución de 1949.

-Viola la independencia de poderes.

-Establece dos tipos de empleados públicos.

-Tiene una evaluación del desempeño diseñada para despedir al empleado público con dos calificaciones negativas.

-Es engañoso en materia de que los empleados públicos nuevos van a ganar mejor que los que están actualmente más mal pagados.

-Elimina la negociación colectiva que es un derecho humano fundamental.

-Flexibiliza las jornadas laborales, establece tres tipos de jornadas. El Código de Trabajo establece mixta, diurna y nocturna, el Proyecto de Empleo Público permite mezclarlas.

-Es falso que sea producto de un gran consenso.

-Pretende concentrar todo el régimen de empleo público en uno solo.

-Pretenden convertir a Mideplan en un superministerio, rector del empleo público, violentando la Constitución Política.

-Prohíbe capacitaciones con contenidos que se salgan de la línea de Gobierno.

Periodista: Sharon Cascante Lizano

CRÉDITOS: Fotos: Johanfred Bonilla

EMAIL: sharon.cascante@diarioextra.com

https://www.diarioextra.com/Noticia/detalle/420448/-el-futuro-del-pa-s-no-puede-ser-a-ra-z-de-una-pandemia-