Categoría: Gobierno Central

Compartimos la respuesta del Gobierno de la República ante consulta de Patria Justa.

1-2015-InTERINOS-Gobierno Responde a Nota de Patria Justa-ANEP

Consulta de Patria Justa al Gobierno por tema de interinos

1 2015 Patria Justa Interinos Nota Enviada Al Gobierno

En la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería, celebramos la aprobación, por parte de la Autoridad Presupuestaria (AP) del Ministerio de Hacienda, del Manual Descriptivo de Clases de la Policía Profesional de Migración, que viene a mejorar en gran medida la escala salarial de este cuerpo policial, que al día de hoy era el más mal pagado en el país.

La aprobación de dicho manual fue establecida, el pasado lunes 27 de julio, por la AP e informado por la Dirección de Migración y Extranjería, este viernes 31 de julio, por lo que el Manual Descriptivo de Clases de la Policía Profesional de Migración entrará a regir a partir de este sábado 1 de agosto.

Para Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, la aprobación del Manual de Puestos representa una gran satisfacción en todos los y las compañeras oficiales de la Policía Profesional de Migración en todo el país, ya que el día de hoy están celebrando una lucha que emprendieron hace una década buscando mejores condiciones salariales para todos sus compañeros.

“Tenemos que resaltar el protagonismo que tuvo la ANEP en esta lucha, la cual fue ardua, donde tuvimos altos y bajos, incluso hubo momentos de angustia pero hoy estamos celebrando este momento y esperamos que los compañeros y compañeras de la Policía Profesional de Migración estén satisfechos”, manifestó Mora Ordoñez.

La entrada en vigencia del Manual Descriptivo de Clases de la Policía Profesional de Migración viene a mejorar en gran medida la escala salarial de los puestos, por ejemplo, un Policía de Migración 1, que representa la escala más baja de puesto, percibirá un reajuste salarial de casi 40 mil colones, pasando su salario base de 281 mil colones a 321 mil colones. Mientras que un Policía de Migración 2 pasará a percibir un salario de 289 mil colones a 372 mil colones, lo que significa un reajuste de 83 mil colones en su salario base.

“Al día de hoy la Policía de Migración era el cuerpo policial más mal pagado, esperamos que a partir de este 1 de agosto esto cambie, hay una diferencia importantes de salarios que se van a reajustar de acuerdo a las necesidades de hoy en día. Esto es importante en muchos aspectos, ya que se viene a ordenar la casa, así como la estructura de la policía, los mandos de esta y el salario que es muy importante para todos”, manifestó el Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración.

La aprobación del Manual Descriptivo de Clases de la Policía Profesional de Migración, beneficiará a 401 policías. Cabe destacar que el presupuesto para hacerle frente a los reajustes salariales saldrá de la misma Dirección General de Migración y Extranjería, sin generar un costo extra al Estado.

Es importante agradecer la participación en esta lucha de todos los y las compañeras de las seccionales ANEP -Policía Profesional de Migración y ANEP-Administrativa de Migración y Extranjería; la Directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez y su equipo de trabajo; la Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz; el equipo de trabajo de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la participación en última instancia del Ministro de la Presidencia, Sergio Alfaro.

Los y las policías, las trabajadoras de los CEN-CINAI, personal de oficina y secretarial, choferes y trabajadores de mantenimiento, conserjes y misceláneos, personal de cocinas y comedores escolares, agentes de seguridad y vigilancia, asistentes de pacientes y técnicos de diversas especialidades; son parte importante de los grandes perjudicados en cuanto al poder de compra de sus salarios, si el Gobierno pretende aferrarse a un“reajuste” por costo de vida centrado, exclusivamente, en el índice oficial sobre variación en los precios que para el primer semestre de este año 2015, ha sido fijado en un 0.08 % (8 centésimas), por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

Ese 0.08 % representa 80 colones de reajuste por mes, por cada 100 mil colones de salario.

Según Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP, promedialmente hablando, en salarios alrededor del medio millón de colones, estos grupos laborales tendrían 400 colones de “reajuste” mensual, unos 13.33 colones diarios, a los cuales hay que deducirles el aporte obrero a la Seguridad Social. Por tanto, en realidad, en liquidez, serían unos 12 colones al día.

“Estos grupos salariales de empleo público sufren de gran precariedad salarial, sensible endeudamiento y poca liquidez en su pago quincenal. Por otra parte, tampoco no dista mucho la diferencia en cuanto a su situación socio-económica en lo que respecta a diversos grupos profesionales de la Administración Pública, especialmente del Gobierno Central, entes adscritos y otras entidades que se guían por el sistema salarial del Servicio Civil”.

Vargas aseveró que, no puede argumentarse en estos casos que el tema de los “pluses” debe considerarse, pues éstos no se moverán de forma alguna con ese 0.08 % de variación en el IPC, según el INEC.

Mañana martes 7 de julio, a la 1 de la tarde y en la sede de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema), el Gobierno y las principales organizaciones sindicales del sector Público “hablarán” del tema, por cuanto las posibilidades de una negociación real son escasas.

“Por nuestra parte, hemos de insistir en las difíciles condiciones de este grupo de servidores y de servidoras del sector Público y otros de similar naturaleza, a fin de que se tome en cuenta que el considerar la inflación por venir y que el crecimiento de la economía, deben ayudar a quienes están en mucho mayor desventaja salarial”, dijo el Secretario General de la ANEP.

En todo caso y dada la gravedad de las amenazas sobre el propio Empleo Público y su sistema salarial (propuesta de imponer el salario único y la amenaza de eliminación de todo tipo de pluses, incluidas las anualidades), abren paso a que el clima laboral en el seno de la Administración Pública se siga calentando y generando las condiciones para una gran movilización en fecha cercana.

Hoy, miércoles 1 de julio de 2015, se inicia el segundo semestre del presente año 2015 y quienes laboran asalariadamente para el sector Público no tienen ni la menor idea de lo que pasará con su reajuste salarial; es más, si habrá reajuste…

En este asunto, la situación por venir se ve sumamente compleja, se mira tensa, se percibe polémica y hasta conflictiva.

Por un lado y según registro oficial gubernamental, “no hay inflación”. Por otro, para la abrumadora mayoría del personal estatal, la realidad económica de su bolsillo indica otra cosa: la plata no alcanza. ¿Acudirá el Gobierno del Presidente Solís al “decretazo”?…

El desfase entre los datos de un indicador de medición de las variaciones semestrales en el costo de la vida, con lo que dicta la realidad socioeconómica de hoy en día, cuya característica central es el crecimiento de la desigualdad, es más que elocuente.

Afortunadamente, parece ser que en el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ya tienen conciencia de este problema y de ahí la importancia de la reunión a la que han convocado a los sindicatos para el próximo 9 de julio.

Ahora bien, en ANEP pensamos que la discusión por venir a propósito del reajuste (o “no reajuste”), del sector Público valedero para el segundo semestre que hoy inicia, está sumamente “contaminada” dada la virulenta campaña que se desarrolla en estos momentos, de ataque al empleo público jamás vista en los últimos años.

ANEP se encuentra preocupada y alarmada por los llamados de los voceros del capital oligárquico-neoliberal al casi que linchamiento de las personas trabajadoras asalariadas del sector Público, más allá de las polémicas situaciones puntuales que en el tema de los salarios se dan en ciertos segmentos de la administración estatal vista como un todo.

La rabia y el odio que destilan estas personas está en un frenesí peligrosísimo luego del acuerdo firmado del pasado viernes 26 de junio de 2015, suscrito en el Teatro Popular Melico Salazar y ante unas mil personas dirigentes sindicales-sociales, entre el Partido Acción Ciudadana (PAC), el Partido Frente Amplio (PFA) y el Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, del cual ANEP forma parte. La propuesta de este acuerdo, “Agenda Patriótica para el Bien Común”, los tiene fuera de sí, cayendo en las más absurdas irracionalidades.

La furia de quienes sienten que el poder real y absoluto, hegemónica política y económicamente hablando, que han venido detentando durante tantos años, lo están perdiendo; la están convirtiendo en una provocación a niveles confrontativos que no hemos experimentado como sociedad, ni aún en las situaciones tan tensas como las del Combo ICE o la del TLC con Estados Unidos.

ANEP formula un vehemente llamado a todos los empleados públicos y a todas las empleadas públicas, junto a sus familias y seres queridos para que:

PRIMERO: No cedamos a las provocaciones violentistas, de “cacería de brujas”, que están atizando ya los fuegos de la confrontación social abierta. Rechacemos el odio y la violencia.

SEGUNDO: Nos prepararemos para las más grandes movilizaciones, bajo el concepto de la Democracia de la Calle, profundamente pacifistas y plenamente cívicas. A la vez, construyamos la más grande unidad gremial y sindical-social en la acción, para asumir el más grande reto del empleo público de toda la historia republicana costarricense.

TERCERO: Comprender que lo que ya está en juego no necesariamente se trata de un punto porcentual de reajuste, de medio punto porcentual de reajuste: es algo más grave y delicado: está en juego el propio empleo público, la seguridad presente y futura de las familias asalariadas que de él dependen, y la propia institucionalidad pública.

El Gobierno de la República, por intermedio de su Primer Vicepresidente y Ministro de Hacienda, el distinguido ciudadano don Helio Fallas Venegas, anunció ya que para el segundo semestre del presente año 2015, las personas trabajadoras asalariadas del sector Público no tendrían reajuste por costo de vida. Así de claro. Congelamiento salarial, desde nuestra perspectiva. Así de claro, también.

En tal marco de tales condiciones, desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), organización integrante del Colectivo Sindical Latinoamericanista PATRIA JUSTA, queremos compartir, muy respetuosamente, los siguientes aspectos para que nos honren en considerarlos quienes laboran asalariadamente para el sector Público; los miles y las miles que nos honran con su pertenencia a la ANEP como personal al servicio del Estado; nuestros compañeros y nuestras compañeras dirigentes de base en las diferentes estructuras organizativas fundamentales de esta agrupación; las relevantes agrupaciones colegas de causa común en PATRIA JUSTA; las entidades gremiales y sindicales amigas y fraternas…

En fin, la opinión ciudadana, socio-sindical y pública del país. Y, por supuesto, para que lo tomen en cuenta quienes hoy en día están en el frenesí extremista y fundamentalista de atacar al sector Público y a quienes en él laboran honestamente; ataque que se da todos los días poniendo en grave riesgo la paz del país. Veamos:

Las empleadas públicas y los empleados públicos, ¡NO SON LOS RESPONSABLES DEL DÉFICIT FISCAL! Hasta la saciedad hay que repetirlo. El déficit fiscal es responsabilidad directa de los viejos partidos Liberación y Unidad, conocidos por el pueblo como “PLUSC”.

Ambos, cuando abjuraron y renegaron de sus postulados filosófico-políticos que fomentaban el bien común y la inclusión social para pasarse al neoliberalismo, nos dejaron esta herencia perversa, la del déficit fiscal; y más marcadamente, cuando se juntaron con los latifundios mediáticos promotores de esta ideología, y cuando decidieron entregarse al gremio corporativo del gran empresariado. Vemos:

El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de 2.5 % de Producto Interno Bruto (PIB), por los TLC’s neoliberales que promovieron, especialmente el que nos impusieron con los Estados Unidos, en condiciones totalmente asimétricas para la economía nacional. Nosotros creemos que es una cifra superior.

El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de, prácticamente, 8 % de PIB, producto del robo de impuestos y del fraude fiscal en todas sus manifestaciones, con ropaje legal o sin él. Ahora entendemos las razones por las cuales el “PLUSC”, en el actual parlamento, está bloqueando todas las iniciativas contra el fraude fiscal y contra el contrabando.

El “PLUSC” nos dejó una pérdida en las finanzas públicas de, prácticamente 6 % de PIB, por el sistema de exenciones y de exoneraciones que promovieron durante tanto tiempo y a favor del gran corporativismo empresarial. Datos del propio Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su visita a la ANEP, plantean que el 50 % de esas exenciones y exoneraciones ha beneficiado al 20 % más rico de la población, segmento éste muy ligado al “PLUSC”. Se entiende bien porqué, también, no quieren legislación que corrija esta barbaridad.

EL “PLUSC” nos dejó un sistema tributario perversamente regresivo: pagan más los que, proporcionalmente considerados, ganan menos. Bloquean ahora las iniciativas de ley para cambiar, aunque sea un poquito, tanta injusticia tributaria; como por ejemplo, se oponen al concepto de Renta Global que obliga a la sumatoria de todos los ingresos de todas las fuentes que los originan, con lo cual los que acumulan grandes fortunas y capitales aportarían lo realmente debido y justo.

En este apartado nos interesa empezar ya a plantear, con fuerte argumentación y sólida contundencia, la imperiosa necesidad civil de desnudar la naturaleza del abusivo proceso concentrador de la riqueza por parte del sector banquero-financiero del país. Los banqueros son, hasta ahora, “políticamente intocables” y tienen pendiente una gran rendición de cuentas ante la sociedad dado la gran deuda ética, moral, tributaria que con ella han acumulado. Gran parte del poder histórico-tradicional del viejo “PLUSC”, ahora reverdecido con el control que tienen de la Asamblea Legislativa actual, precisamente proviene del grupo de los banqueros.

El “PLUSC” nos dejó un injusto sistema metodológico de medición de las variaciones de la inflación, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que ellos diseñaron, para (entre otros factores), disimular el sostenido proceso de crecimiento de la desigualdad; haciendo que ahora se exprese, de manera muy fuerte y evidente, la contradicción entre la realidad económico del bolsillo de la persona trabajadora (“la plata no alcanza”, es la voz obrera generalizada al respecto), vs. el discurso gubernamental de que “no hay inflación”: a mayo de este año 2015, con el IPC que nos dejó el “PLUSC”, la inflación es “negativa”: ¡- 0.35 %! Sencillamente, ¡inaudito!

Por lo tanto, planteamos lo siguiente:

El actual Gobierno que se califica a sí mismo como una administración con sentido social, no puede lavarse las manos diciendo que “no hay inflación” y que, por tanto, “no hay reajuste”.

Por el contrario, en conjunto con las organizaciones sindicales involucradas en este problema, debe abrir una negociación para ponga en evidencia la precariedad y la estrechez salarial de sectores trabajadores del sector Público como los y las policías, el personal de los CEN-CINAI; oficinistas, secretarias, misceláneos, vigilantes, operadores de equipo móvil, personal de mantenimiento, técnicos; todos los cuales han venido siendo castigados, durante mucho tiempo, por su vinculación, por su “enganche”, con el sistema salarial médico.

Finalmente, concluimos en que una verdadera lucha salarial, de carácter general, en el sector Público debe contemplar, necesariamente, tales contenidos estratégicos, relacionados entre sí en estos tres aspectos centrales: Déficit fiscal, injusticia tributaria y medición actualizada de la inflación.

En tal sentido, respetuosamente, hacemos un llamado a nuestras bases y a las organizaciones y gremios fraternos para que nos preparemos.

Dejamos, nuevamente, constancia de nuestra más rotunda oposición a que el actual Gobierno de la República ceda de sus pretensiones originales en materia de control del fraude fiscal: la ejecución del embargo en sede administrativa ante la constatación evidente del robo de impuestos, por parte de las autoridades tributarias del Ministerio de Hacienda.

Esta primera “rendición” ante los representantes políticos del gran empresariado corporativo-neoliberal, que no fue el que ganó las elecciones nacionales del 2014, a pesar de que está hoy en el control del Directorio de la Asamblea Legislativa; abre paso a un segundo golpe para perpetuar el fraude fiscal: que ni siquiera pueda la administración tributaria declarar embargos por robo de impuestos, como se lo posibilita la ley actual.

El combate al robo de impuestos, con la mayor drasticidad y contundencia, es fundamentalmente imprescindible para atender el problema del déficit fiscal.

Por eso tenemos que reiterar nuestra más férrea oposición a que se pretenda la transformación del actual impuesto sobre las ventas en impuesto al valor agregado (IVA); y, mucho menos, que se suba del 13 al 15 %.

El pueblo trabajador no aguanta más cargas tributarias por el lado de la regresividad.

La mala señal que da el Gobierno y, particularmente, el Ministerio de Hacienda, cediendo al chantaje parlamentario del “PLUSC” en favor del robo del impuestos, le da más autoridad moral y gran valor ético a la oposición sociolaboral en contra de más impuestos indirectos, como el caso del IVA.

Aunque nos ha parecido correcto que las autoridades gubernativas actuales a su más alto nivel, como el Ministerio de Hacienda, haya indicado que, por ahora, no insistirán en el tema del IVA y su aumento, pues le quieren dar prioridad a los proyectos contra el fraude fiscal, contra el contrabando y las exoneraciones para combatir el déficit fiscal; al ceder al chantaje político-parlamentario de carácter corporativo ejercido por los favorecedores del robo de impuestos, “están borrando con la mano derecha lo que habían escrito, acertadamente, con la izquierda” (adaptando así el refrán popular de su versión original a esta circunstancia política).

Por otra parte, la contundente aceptación oficial por parte del Ministerio de Hacienda de que con los TLC´s neoliberales (como el que nos fue impuesto con Estados Unidos), el déficit fiscal creció en un 2.5 % de Producto Interno Bruto PIB (aunque creemos que es superior al 3 % PIB); debió haberles sido suficiente para no ceder a ese corporativismo parlamentario-empresarial que avala el robo de impuestos, pues es el mismísimo que siempre promovió este tipo de TLC’s, culpables clarísimos, ahora, de casi la mitad del déficit fiscal con el cual nos han venido aterrorizando como sociedad.

En conclusión, nuevamente hay que puntualizarlo: no es la clase trabajadora la que roba impuestos; no es el pueblo trabajador el responsable del déficit fiscal, ni éste es, particularmente, de quienes laboran asalariadamente para el Estado; no se debe, por tanto, fomentar más la regresividad tributaria y, por el contrario, la política pública en materia de tributos debe ser implacable al combatir el robo de impuestos.

Ojalá logremos que La Calle, próximamente, pueda decirlo con inobjetable potencia.

Una vez más tenemos que insistir en nuestra tesis adversa al fundamentalismo fiscalista neoliberal del recorte presupuestario por el recorte mismo; de la contención del gasto irracional e irreflexiva; del debilitamiento a mansalva de diversos programas de política pública que desde el Gobierno Central se han diseñado para favorecer a los más débiles, para (supuestamente) atajar el crecimiento de la desigualdad, para paliar el abusivo proceso concentrador de la riqueza.

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, “de paso por el país”, debe comprender que hay diversos servicios públicos que están siendo llevados a una crisis total y radical, al punto de que solamente se puede tener el recorte anhelado por los “Torquemada del gasto público”, si se empieza con la despedidera, a echar gente a la calle.

Sería sumamente oportuno y conveniente que el Sr. Presidente Solís Rivera le pusiera debido cuidado al acertado llamado que está formulando la señora Defensora de los Habitantes de la República, la ilustre ciudadana doña Monserrat Solano Carboni; advirtiéndonos de que los recortes previstos en el proyecto del mal llamado “presupuesto general de la República” para el 2016, pondrán en peligro compromisos-país, nada más y nada menos que en materia de Derechos Humanos Fundamentales y deshonrando nuestra ética internacional al respecto como país integrante del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Ejemplos sobran. Veamos unos cuántos.

Sería bueno que el mandatario se diera una vueltecita a la reunión-asamblea del próximo viernes 26 de junio, del personal del debilitado programa CEN-CINAI, especialmente mujeres trabajadoras en precariedad salarial que le cuidan los chiquitos y las chiquitas a mujeres solas jefas de hogar, trabajadoras que también están en precariedad salarial. ¡Escúchelas, Sr. Presidente y vea que ya no es posible recortarles más presupuesto.

Sería bueno que el mandatario se reuniera con el personal de la Policía de Tránsito y constatara que hace falta el doble del personal actual, lo cual convierte a este factor de insuficiente recurso humano, en determinante para la “matazón” que estamos presenciando en las carreteras del país.

Sr. Presidente: sin atisbos de xenofobia alguna pero el fenómeno migratorio nos tiene desbordados como país y la Policía Profesional de Migración y Extranjería (que, por cierto, lleva diez años de lucha a ver si le pagan un poquito mejor), está completamente diezmada para contenerlo. Notamos una especie de inmigración “mala” que está potenciando diversas formas de violencia criminal y organizada, angustiante para la colectividad.

Respetuosamente, vaya Sr. Presidente Solís, a las cárceles y compruebe que la ya casi inmanejable sobrepoblación carcelaria tiene atormentado al personal penitenciario que ya no tiene cómo generar procesos reales de reintegración social ante la gran precariedad de personal y de recursos. Por esa precariedad institucional, el Sistema Penitenciario Nacional va en camino de convertirse (sino es que ya lo es), aunque duela decirlo, en un “mero depósito de seres humanos que deben estar encerrados”.

La situación no es menos grave en el seno del cuerpo policial más grande del país: la Fuerza Pública. ¡Ni un cinco se le puede quitar! Sería bueno que los fundamentalistas neoliberales del recorte presupuestario vayan a las barriadas marginales y de pobreza extrema para que constaten a lo que se exponen los y las oficiales de la Fuerza Pública pues los niveles de violencia, producto de la desigualdad y de la exclusión social, son imposibles de contener a punta de represión física. ¡Falta más personal, integralmente formado, para que la política de Seguridad Ciudadana sea realmente efectiva.

Y, ¡qué contradicción!, Sr. Presidente, con la imagen internacional de “país ecológico”: las mafias de todo tipo están acabando con nuestros parques nacionales ante la ausencia de vigilancia suficiente pues ya, prácticamente, no hay personal. ¡Imposible algún recorte aquí! Nos vamos a quedar sin bosques porque la tala ilegal está incontrolada.

¿Y se le va a quitar plata al Poder Judicial? Respetuosamente, Sr. Presidente, pida los más recientes datos estadísticos acerca de cuáles son los sectores sociales a los cuales se está dirigiendo, en estos momentos, una mayoritariamente parte de los recursos presupuestarios judiciales: ¡a la clase trabajadora!, ¡a la violencia social que golpea a los sectores populares!, ¡a las madres solas jefas de hogar que demandan pensión alimenticia! ¡a trabajadores y a trabajadoras que son víctimas de violencia patronal, cuando les niegan, les roban o les escamotean sus derechos laborales!

Se quedan más ejemplos como éstos, señor Presidente, a los cuales debe usted poner debido cuidado.

Sr. Presidente: El gran capital político que usted recibió al elegírsele para tal cargo, está compuesto por muchas personas ciudadanas como las que están relacionadas con todos estos servicios públicos: quienes los prestan y quienes lo reciben. El tal “cambio”, supuestamente, no era para potenciar el fundamentalismo fiscalista; por el contrario, muchos entendimos que el gran cambio era para contener el crecimiento de la desigualdad.

En esto del déficit fiscal, “la procesión va por otro lado”. Nuestro mayor anhelo es que sean las calles las que hablen fuertemente al respecto, intermediando una gran convergencia de lucha entre el personal de estos y otros servicios públicos, personal sumamente acosado y atormentado, junto a sus propias familias; de las personas usuarias de sus servicios; de todo tipo de organizaciones que representan sus sentires, intereses y derechos.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), insiste en la urgencia de que el Gobierno de la República convoque a los sindicatos para resolver, de manera definitiva, el monto del reajuste que por costo de vida debe aplicarse a los salarios de todas las personas trabajadoras del sector Público: unas 300 mil, aproximadamente; reajuste valedero para el primer semestre de este año 2015.

La ANEP demanda que el Gobierno convoque a la Comisión Negociadora de Salarios del Sector Público (CNSSP), apenas terminada la III cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC); considerando además que estamos por entrar al segundo mes del año y el reajuste pendiente no llega para esos trabajadores y esas trabajadoras, especialmente los de ingresos bajos y medios, por demás, por demás víctimas económicas del alto endeudamiento.

La ANEP, que en este proceso acompaña a las centrales sindicales, estima que la situación de quienes son policías, misceláneos, vigilantes de escuelas y colegios, secretarias, oficinistas, choferes, cocineros y cocineras, personal asistencial de los CEN-CINA y personal técnico (entre otros de similar naturaleza “no profesional”), deben recibir un reajuste mayor al de la inflación del período semestral anterior (0.94 %); pues ya debe entrar a operar, por primera vez, el “desenganche” que desvinculó los salarios de este tipo de puestos del sistema de Servicio Civil con relación a la ley salarial médica.

La ANEP considera que es hora de que quienes laboran para la Administración Pública en tales labores, inicien un camino de recuperación salarial, toda vez que bien sabemos los reajustes salariales semestrales de esta naturaleza, son únicamente para “compensar” el alza en el costo de la vida según las cifras oficiales de inflación; pero no representan ampliación del poder de compra del salario ni incremento en el poder adquisitivo de las familias respectivas, afectadas seriamente en su nivel de vida.

La ANEP cree, además, que es preciso abrir un diálogo constructivo para el diseño de una nueva fórmula de cálculo del incremento semestral por costo de vida; que es necesario valorar la propiedad con que actualmente se miden las variaciones en el costo de la vida acordes con alto nivel que tiene la sobrevivencia obrera en un país tan caro como Costa Rica; y, además, abrir un proceso integral de reestructuración de las bases salariales de tales puestos, así como lo que corresponde en los salarios mínimos aplicables al sector privado de la economía.

La ANEP señala que en cuanto al sector profesional del Gobierno Central y entes adscritos que se guían por el sistema de Servicio Civil, la preservación de este tipo de puestos en su condición vinculante con la ley salarial médica, podría incrementar el deterioro del poder de compra de sus salarios, lo cual debe llevar a mantener la discusión sobre esta situación; especialmente ahora que ya quedó demostrado que la tesis de ANEP sobre el “desenganche” fue real y verdadera en todo momento.

Finalmente, es bueno señalar que si bien es cierto las bajas en el precio de la gasolina y los combustibles, por la dramática caída internacional del precio del petróleo, representa un “alivio” para la economía (aunque pudiera ser temporal); es notorio que en nada se refleja en el alto costo de los artículos y servicios básicos de consumo vital y básico que necesitan las familias de la clase trabajadora, especialmente las de ingresos medios y bajos.

Quienes ganan con la rebaja en los precios de los combustibles no son, por ende, las mayorías populares. Gana (entre otros pocos), el gran empresariado autobusero pues no se ve venir una rebaja en el pasaje. Esto debería discutirse también.

La cuestión de una nueva política salarial emerge con gran fuerza, tanto en el sector privado como contra el sector público, considerando que la propia Comisión Económica para la América Latina (CEPAL), refuerza la triste dolorosa realidad nacional de que en el país la pobreza y la desigualdad siguen creciendo.

En 1943, hace 71 años, se emitía en Costa Rica una de las leyes más trascendentales que jamás se habían dado en nuestro país hasta ese histórico momento; misma que sigue vigente hasta hoy, en pleno siglo XXI: hablamos del Código de Trabajo, que es la máxima ley laboral nacional.

En aquellos históricos años de los 40 del pasado siglo, el Código de Trabajo surgía a partir de una serie de circunstancias sociopolíticas que conjuntadas entre sí lograban que la clase trabajadora asalariada tuviera un cuerpo de normas jurídicas a su servicio, de forma tal que sus patronos o empleadores la tratase con dignidad a la hora en que éstos compraban la fuerza de trabajo que aquella les vendía.

Hoy, en el 2014, ha ocurrido la transformación más grande que ha sufrido nuestro Código de Trabajo desde que fuera emitido hace 71 años. El pasado viernes 12 de diciembre, el Presidente de la República, Luis Guillermo Solís Rivera, decidió levantar el veto a la Reforma Procesal Laboral, también conocida como Código Procesal Laboral; que, repetimos, introduce profundas variaciones a la máxima ley laboral del país, de forma que se ha de llevar más justicia social y laboral a las relaciones obrero-patronales.