Procuraduría avala separación administrativa de la Policía de Migración

La mañana de este miércoles, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), junto a su Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, se reunieron con la Viceministra de Gobernación, Carmen Muñoz Quesada; para tratar diversos temas referentes a este cuerpo policial, con muy buenas noticias.

En dicha reunión, la Viceministra de Gobernación confirmó a los representantes sindicales el pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, que indica la separación administrativa de la Policía Profesional de Migración con el régimen Administrativo del Servicio Civil.

Gelvin Montes Medina, Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración indicó que esta noticia viene a destruir el interés de ciertos mandos que durante años han estado de forma ilegal a cargo de la Policía Profesional de Migración.

“Son jefaturas amparadas al Servicio Civil, que tenían oficiales a su cargo y la Ley General de Policía es muy clara y dice que la policía debe de estar a cargo de jefes policiales, y así quedó estipulado en este pronunciamiento de la Procuraduría”, dijo Montes.

El Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración destacó la disposición mostrada por la Viceministra de Gobernación en aclarar este tema, ya que según Mena, fue ella quien solicitó a la Procuraduría un dictamen sobre la situación.

“La postura de la Viceministra fue de análisis, primero puso personal y asesores a su cargo a analizar e investigar que estaba sucediendo, el resultado de esas averiguaciones fueron que la posición dela ANEP y la Seccional de ANEP en la Policía Profesional de Migración estaban en lo correcto, y se debía realizar una separación de la parte administrativa con la policial, ya que jefes administrativos no tenían que estar a cargo de oficiales de la policía”, explicó Mena.

Según indicó el Vicepresidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración solo falta que la Viceministra de Gobernación se reúna con el Ministro, Celso Gamboa, para que el pronunciamiento sea oficializado.

Respecto al Manual de Puestos, la Viceministra Muñoz se mostró muy anuente a cooperar en el proceso de aprobación de este importante acuerdo.

Conciliar con los evasores es como negociar con un criminal

¡Desafortunada, imprudente y sospechosa! Así catalogamos la pésima decisión gubernativa de permitir la conciliación con los grandes evasores de impuestos y, especialmente, cuando éstos han quedado en total evidencia que hasta han sido llevados a los estrados judiciales.

Resulta impresionante que el señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera y su Primer Vicepresidente, además de Ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, queden en entredicho, el uno con el otro, ante la opinión pública nacional, por sus contradicciones en este grave asunto que les genera a ambos un serio problema de credibilidad en este asunto del déficit fiscal, la evasión impositiva y la voluntad política para atacarla.

En primer término, esto nos lleva a calificar como completamente desafortunada la derogatoria de la directriz que fuera emitida por el Gobierno anterior de la hoy Expresidenta de la República, señora Laura Chinchilla Mirada; una de los poquísimas acertadas decisiones que tomó en su administración.

En segundo término, también es imprudente esta decisión de conciliar con los ladrones de impuestos pues si algo ocupamos es de condenas judiciales contra los evasores; especialmente los que tienen grandes poderes económico-políticos, pues estos procesos judiciales y eventuales condenatorias, pueden servir de contención y de prevención de esta perversa tendencia de atentar contra toda la sociedad como lo es el robo de impuestos.

La conciliación que está permitiendo el presente Gobierno en este caso equivale a algo así como preguntarle al autor de un crimen cuál es la pena que quiere que le impongan.

La justificación leguleyesca de “jerarquía de las normas” no es de recibo en estos graves casos de evasión impositiva. La condena judicial por evasión de impuestos y si es de casos de grandes contribuyentes, es una necesidad política de primer orden, para abrir senderos de transformación de una cultura nacional que ve el robo de impuestos como algo a aplaudir y gratificar.

Y, finalmente, es sospechosa que esta posibilidad de conciliar en materia de robo y evasión se produzca cuando en los tribunales hay casos de gran repercusión sociopolítica por el papel que en la sociedad tienen los presuntos evasores.

Específicamente, el caso del Grupo Nación es paradigmático pues el Estado le ha demandado por la astronómica cantidad de casi 2 mil millones de colones por una supuesta evasión tributaria que este emporio mediático refuta fuertemente.

La suspicacia que anida ya en sectores sociales es que esta derogatoria de la directriz que buscaba fortalecer la acción penal y combatir la impunidad en el robo de impuestos, podría tener, en consecuencia, nombre y apellidos empresariales.

Finalmente, los evasores consuetudinarios de impuestos y los bufetes que les protegen pues sentirse tranquilos y contentos.

El mensaje del Gobierno podría ser el siguiente: “¡Roben!, roben todo lo que puedan… hagan y reproduzcan capital con la plata de impuestos que se roban… No se preocupen. Cuando los pesquemos robando y les cuantifiquemos lo que dejaron de pagar… conciliaremos y hasta nos podrán pagar en abonos”.

Mientras tanto, la clase trabajadora seguirá pagando puntualmente sus impuestos porque no tiene forma de evadirlos: Si gana como para que le apliquen renta, ésta le será rebajada inmediatamente del salario, deducida de planilla… Si va a la pulpería o al supermercado, en la caja le aplican el cobro del impuesto sobre las ventas.

Mejoramiento de los Cen-Cinai es el norte de la Administración y del Sindicato

La seccional de la ANEP en los Cen-Cinai de todo el país, se reunió nuevamente con la señora Licenciada Gabriela Castro Páez, Directora del programa de Centros de Educación y Nutrición y de Centros Infantiles de Atención Integral, con la cual se tienen muy buenas relaciones, siempre en el marco del respeto mutuo y del reconocimiento a la libertad sindical.

Con la llegada del nuevo gobierno, aunque la Directora Castro se mantiene de la administración anterior, era necesario retomar el diálogo, para contraponer agendas para buscar puntos en común, además de plantearle a la administración dudas y preocupaciones características de la visión sindical.

El primer tema que se tocó fue la diversidad de horarios de trabajo con que tienen que lidiar las personas trabajadoras de los Cen-Cinai, tomando en cuenta que muchas comunidades tienen necesidades diferentes en el horario del cuido. Así como algunos Centros abren sus puertas a las 6.30 de la mañana, otros comienzan la atención hasta las 8am. Y se dan casos particulares, como en Guararí de Heredia, donde se está realizando una atención nocturna, para las madres adolescentes que están terminando sus estudios en colegios nocturnos. Esto complejiza el accionar del Centro y también plantea la necesidad de contar con más personal ya que se ha establecido que el horario de trabajo es de 8 horas y los Centros atienden, en la mayoría de los casos, hasta 10 o 12 horas.

Temas presupuestarios también estuvieron en la mesa. El programa de los Cen-Cinai poco a poco va logrando su autonomía del Ministerio de Salud, no en el tema salarial, pero si en los dineros para poder hacer inversión en infraestructura y equipos necesarios para en mejor funcionamiento de los Centros. Para eso en estos momentos el Programa recibe un 4,5% del presupuesto de Asignaciones Familiares, el cual debe subir un 2% anual, lo que se utilizará para el mejoramiento de equipos y para mejorar la infraestructura en un convenio con el MOPT.

Por último se le dejó claro a la Dirección la necesidad de incluir en el plan de trabajo anual los procesos de capacitación pertinentes a su labor y que promuevan el acercamiento entre las jefaturas medias y los y las trabajadoras.

La seccional seguirá insistiendo en el tema de las mejoras salariales, ya que las personas trabajadoras de los Cen-Cinai son de las peores pagadas en la función pública.

Seccional del Ministerio de Hacienda define objetivos ante la nueva gestión

Inicia una nueva gestión en el Ministerio de Hacienda, bajo la tutela de Helio Fallas, Ministro de esa cartera y en la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda ya tienen claro cuáles serán sus objetivos, los que se concentraran en: controlar la evasión fiscal, los nombramientos irregulares y la protección de los derechos laborales en la población hacendaria.

Así lo manifestó Jorge Fonseca, Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, quien a la vez indicó que otro de los temas a seguir de cerca, es el alto costo en que incurre el Ministerio de Hacienda en el alquiler de edificios, que incluso no están ocupados en su totalidad.

“Como Seccional de Hacienda tenemos tres objetivos que nos hemos propuesto desde nuestro establecimiento en el Ministerio de Hacienda, que fue defender los derechos laborales de la población hacendaria, denunciar la corrupción; venga de dónde vega y sea quien sea, y también aportar nuestro granito de arena en lo que sea mejorar la gestión tributaria y aduanera”, indicó Fonseca.

Según el Vicepresidente de la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, ya han participado de reuniones con el Ministro de Hacienda, Helio Fallas, con la presencia de los otros sindicatos del ministerio, con el objetivo de plantearle sus ideas de cara a estos cuatro años.

“La idea es llevar nuestras propuestas, seguir con nuestro plan de denunciar nombramientos irregulares, ya incluso se ha denunciado casos en Servicio Civil, así como las reestructuraciones que se han realizado en tributación; creando más burocracia, entrabando los procesos fiscalizadores, desmejorando la gestión tributaria, además, de generar altos salarios para unos cuantos”, explicó Fonseca.

Además, agregó. “Le recordamos al Ministro que se ha referido a la gran evasión fiscal que existe en el país, que incluso puede llegar a un 6% del PIB, creemos que por ahí debería atacarse el déficit fiscal, cobrando bien los impuestos existentes antes de crear nuevos, con el fin de generar recursos frescos para llevar a cabo los diversos programas que necesita el país en diversas áreas, y que no se ataque los pluses salariales. También, hicimos ver al Ministro, el alto pago que se da en alquileres por parte del Ministerio de Hacienda, incluso el diputado Ottón Solís hizo referencia a este tema”.

Para la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, lo que necesita el Ministerio es personal operativo como: auditores, que anden revisando si en los negocios se entrega la factura; inspectores que remitan a los contribuyentes los procesos determinativos y notificadores que revisen empresas, que incluso están ligadas a políticos empresarios que nunca se revisan.

Aplaudimos la decisión de revisar los gastos de alquiler en que incurre el Gobierno

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), aplaude la decisión del Gobierno de revisar y tomar acciones sobre los gastos en alquiler de edificios que incurre para el sector público y, que dicha revisión empiece por el Ministerio de Hacienda, como lo indicó el propio Ministro de esa cartera, Helio Fallas, quien además calificó de “astronómicas” las cifras que paga el Estado por ese concepto.

Lo anterior debido, a que según datos solicitados al Ministerio de Hacienda, el 28 de noviembre del 2013, por la Seccional ANEP-Ministerio de Hacienda, y entregados el 22 de mayo del presente año, indican que sólo dicho Ministerio gasta por año en alquiler de edificios la suma de 7.500 millones de colones, lo que representa cerca de 600 millones de colones por mes.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP indicó que hay que celebrar que el Gobierno de la República este hablando de este tema del pago de alquileres, y también de anotar de que el ejemplo empieza por casa (Ministerio de Hacienda), “Le adelantamos a don Helio (Fallas) que en ANEP ya teníamos datos de que en el caso del Ministerio de Hacienda la cifra ronda los 7.500 millones de colones al año en alquileres, lo que representa 600 millones de colones por mes”.

“Lo que nosotros nos mueve al comentar esto, es que ojala se realice de manera integral, al menos empezando por el Gobierno Central y sus entes adscritos. Pero también sería muy interesante y que ANEP lo va a formalizar, es saber con exactitud las sociedades o personas que le cobran esos alquileres al Estado; de tal suerte que pudiéramos constatar si hay diversidad de oferentes, si existe concentración de grupos empresariales, si están al día con sus responsabilidades tributarias, y también si estos grupos o personas han tenido o mantienen nexos con importantes figuras del sistema político tradicional”, dijo Vargas.

Para el Secretario General de la ANEP parece muy importante transparentar esto, ya que en reiteradas ocasiones desde nuestra organización se ha dicho que el problema del déficit fiscal que tanto preocupa no necesariamente es un problema de salarios, ni se le debe de echar los muertos del déficit fiscal a los pluses salariales, si no que existen muchas vías para resolver el problema tributario del país.

“Si en alquileres se pueden dar pasos en esa dirección, en buena hora que el Gobierno haya señalado este punto”, finalizó Vargas.

La reunión de los “papudos” banqueros con el Presidente Solís

El señor Presidente de la República, don Luis Guillermo Solís Rivera, recibió en su despacho a los representantes de la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), poderoso gremio corporativo-empresarial en cuyo seno se han integrado los mismos bancos del Estado que, en buen parte, comparten los “ideales” de los banqueros “naturales”: que es la máxima reproducción del capital posible sin consideraciones de orden social ni de integración y movilidad sociales.

Los banqueros de la ABC le “ofrecieron” al nuevo Gobierno, para empezar (porque podría ser más plata), ¡500 millones de dólares!: casi 300 mil millones de colones; poco más de un 1 % del Producto Interno Bruto (PIB).

Esta gigantesca cantidad de dinero que le ofrecen prestar al Gobierno para que éste lleve a cabo sus buenas intenciones en materia de construcción de obra pública (como escuelas) y en reparación y restauración de diversa infraestructura vial; nos motiva para lanzar varias reflexiones e interrogantes:

Los banqueros han venido siendo objeto de grandes privilegios fiscales-tributarios en los últimos tiempos del fundamentalismo macroeconómico de sesgo neoliberal. Si tienen para prestar, “en dos toques” (como diría nuestro pueblo), 500 millones de dólares, o más; entonces; ¿de qué naturaleza ha sido el tratamiento fiscal-tributario para que se diera semejante acumulación de capital durante los gobiernos neoliberales del PLUSC?…

¿No habrá llegado la hora de “darle vuelta a la tortilla” y poner a los banqueros a tributar en proporción progresiva a sus abultados ingresos, capitales y nuevas posibilidades de negocio que representa un préstamo de tal magnitud?

Es evidente que tal acumulación de capital generada por el negocio financiero-bancario de las entidades integradas en la ABC, son la contracara (o, por lo menos, una de las principales), del doloroso proceso de crecimiento de la desigualdad, de la precariedad laboral, del crecimiento del empleo informal y de la prevalencia de un sistema tributaria absolutamente injusto: el regresivo, el que hace pagar más, proporcionalmente hablando, al que gana menos. Evidentemente, cada vez se nota el carácter de desafío estratégico para la lucha social y popular que significa cambiar el sistema tributario costarricense.

¿Cómo se ha de manejar semejante cantidad de plata en manos de una institucionalidad pública, como la de los consejos del MOPT, altamente cuestionada e impregnada de gran opacidad? En lo específico y en materia de construcciones, se abren las posibilidades de nuevos y enormes negocios de insospechados beneficios rentistas, a favor de varias y poderosas empresas constructoras privadas que han venido funcionando como una especie de cártel oligopólico en materia de construcción privada de infraestructura vial pública pagada con fondos públicos.

La dimensión del reto gubernamental para transparentar este aspecto, se agiganta enormemente ante la posibilidad del uso de esos 500 millones de dólares que la ofrece la ABC al gobierno del Presidente Solís, en un marco de una institucionalidad que no ha cambiado.

Finalmente, lo que debe ocurrir con una recuperación nacional del papel de la banca pública en un escenario de “cambio” como el que se nos viene indicando, debe ser una preocupación de todos los sectores políticos y sociales que vemos en el crecimiento de la desigualdad un grave problema de estabilidad democrática.

Al menos, en lo que a esta organización respecta, la tarea histórica es obligar a los bancos estatales a volver a sus postulados originales, los de la nacionalización bancaria de 1949, decretada con don José Figueres Ferrer (“Don Pepe”). Este podría ser uno de los ámbitos donde el “cambio” alcance a más gente, tanto como la enorme cantidad de ciudadanía que tiene confianza en la acción gubernativa del Presidente Solís.

¿No será que llegó el momento de que a la banca pública se le ordene dejar de andar con “malas juntas”? Además, es preciso saber cuánta plata de esos 500 millones de dólares los aportan los bancos del Estado; para, al menos en este ámbito, intentar averiguar por qué razón les ha estado “sobrando” tanta plata en medio de tanta desesperanza y sufrimiento social de grandes segmentos de compatriotas, especialmente la agobiada y estrujada clase media.

Ministro de Trabajo asegura que hay similitud en su agenda de trabajo y la de la ANEP

La mañana de este jueves la Junta Directiva Nacional de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), tuvo el primer contacto con el designado Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Víctor Morales, con quien se trataron temas como: la Reforma Procesal Laboral, ajuste salarial y equidad laboral.

La reunión que se desarrolló en la sede de la ANEP, permitió identificar una similitud de agendas en diversos temas entre nuestra organización y los proyectos de la nueva administración en materia laboral, como mencionó el nuevo Ministro.

“Estamos de acuerdo con la Reforma Procesal Laboral, incluso desde sus inicios hace ya 15 años, nos pareció importantísimo cuando fue aprobada en la Asamblea Legislativa y nos parece que la próxima administración tiene que resolver las objeciones que se han planteado al proyecto y en eso la ANEP tiene una posición que nos parece importante. Existen temas en los que estoy seguro podemos avanzar y hacer trabajos juntos, enfocados en los objetivos del próximo gobierno”, dijo Morales.

El Ministro designado se mostró agradecido por la invitación realizada por la ANEP, a la vez que indicó que este es tan solo el primer encuentro.

“Con muchísimo gusto hemos aceptado la invitación de la ANEP para participar en esta reunión , en un primer encuentro para identificar puntos de agenda, que nos interesan tanto al Ministerio de Trabajo, en la próximo administración, como a esta organización sindical. En ese sentido nos parece importante destacar temas tan relevantes como: el fortalecimiento del dialogo social, del Concejo Superior de Trabajo, el Concejo Nacional de Salarios y en política de empleo que nos permitan trabajar en una agenda a partir del 8 de mayo”, precisó Morales.

Al finalizar la reunión, Morales destacó la disponibilidad de nuestra organización para fortalecer los espacios de dialogo social y de avanzar en temas que son de importancia para el país, en reconocimiento de que se debe trabajar con los empleados y empleadas públicas, principal activo de las instituciones del Estado.

“Hay retos muy importantes como los que sean planteado hoy acá, como: el tema de la política nacional de empleo, la disminución de la desigualdad que se ha abierto en Costa Rica en los últimos años y que nos ha llevado a niveles de pobreza inaceptables, en estos temas hay que trabajar muy fuerte, así como en el tema de salarios que se fijan por ley y el reto de promover y estimular el dialogo social. Es decir poner el Ministerio de Trabajo al servicio de los trabajadores”, finalizó Morales.

Por su parte, Rafael Mora, Asesor Político de la ANEP calificó de suma importancia la reunión sostenida con el Ministro de Trabajo designado, ya que demuestra que hay un reconocimiento de las nuevas autoridades por el papel de propuesta, protagónico, que de una u otra forma nuestra organización ha desempeñado en las últimas décadas; en cuanto a temas laborales, lucha social, mejoramiento en la calidad de vida de los y las trabajadoras costarricenses, así como en las búsqueda de una sociedad más inclusiva y solidaria.

“El haber tenido esta reunión con el Ministro designado nos parece que se ha dejado claro algunos de nuestros planteamientos principalmente en el tema fundamental de la aprobación de la Reforma Procesal Laboral y la eliminación del veto impuesto por el actual Gobierno”, manifestó el Asesor Político de la ANEP.

Cuerpos policiales ponen al descubierto fallos del Gobierno en Seguridad Pública

Los cuatro principales cuerpos policiales del país, llámese, Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía de Tránsito y la Policía Profesional de Migración y Extranjería pusieron al descubiertos los fallos de la actual administración en el tema de seguridad pública, yerros que afectan directamente al personal de estas policías.

Los fallos fueron develados en conferencia de prensa, por los representantes sindicales de cada cuerpo de policía delegados por la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP). Donde resaltaron temas como: el manual de puestos, no pago de horas extra y disponibilidad, mal estado de las delegaciones, así como la solicitud al Gobierno entrante para que intervenga la Policía de Tránsito.

Descontento absoluto por la gestión del Ministro saliente Mario Zamora

El Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora Cordero se irá de la cartera ministerial de Gobernación y Policía, llevándose el mayor repudio y la más enérgica condena de parte de todas las personas trabajadoras honorables que se desempeñan al servicio del país, con nobleza y transparencia, como integrantes de la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME).

El ya saliente Ministro Zamora, sale dejando la percepción entre todo este personal y, en general, en el seno de toda la comunidad laboral de la Dirección General de Migración y Extranjería, de ser un jerarca falto de seriedad, absolutamente irresponsable y manipulador, por cuanto esgrimió argumentos falaces para bloquear el acceso a mejores condiciones laborales y de salarios para el personal de la Policía Profesional de Migración Costarricense.

Desplegó el indicado jerarca un “inexplicable” desvelo protector de ocho jefaturas espurias que han venido ejerciendo, de manera ilegal, funciones jerárquicas al interior de la PPME, siendo niveles administrativos cubiertos por el Régimen de Servicio Civil, manteniendo con las mismas una incógnita y controversial alianza, violatoria de la misma Ley General de Policía, No. 7410.

El Ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora indicó que la firma del manual de puestos de la Policía de Migración provocaría despidos.

En oficio número DG-1045-04-2014 de fecha 03 de abril 2014 la señora Directora Kathya Rodríguez, le indica al señor ministro Mario Zamora:

PRIMERO: “No es cierto que los actuales funcionarios y funcionarias de la Policía Profesional de Migración que se encuentran interinos estén en riesgo de despido”.

La Directora de Migración y Extranjería, Kathya Rodríguez afirmó que el manual “se contaminó de inconsistencias, tras la entrada de un nuevo reglamento Decreto G-38173”, publicado en la Gaceta número 45 del 05 de marzo del 2014, avalado por el viceministro de Gobernación y Policía Freddy Montero, y firmado por el hoy Ministro saliente Mario Zamora.

La jerarca y la comisión pidieron que se derogara dicho reglamento. Sin embargo, ahora sale Don Mario Zamora, hablando de errores técnicos en el Manual.

Será que don Mario no se leyó el STAP-0525-2014 de fecha 18 de marzo 2014, en el cual la Licenciada Mayra Calvo Cascante, Directora Ejecutiva de la Autoridad Presupuestaria indica, todos los errores publicados en el Decreto G-38173, publicado en la Gaceta número 45 del 05 de marzo del 2014, decreto que derogó al 31999 y en el nuevo Decreto se refuerzan las inconsistencias encontradas y se plantean otros aspectos que se contraponen a la normativa vigente debido a lo siguiente:

La estructura que se incluye en el artículo 11 del nuevo reglamento no guarda consistencia por lo aprobado por MIDEPLAN.

En el artículo 12, se establece que los Delegados Regionales se desempeñan operativamente y administrativamente y serán el superior policial de la Regional y será el superior administrativo de la Regional, que estarán amparados por el Régimen del Servicio Civil, esto se contrapone con la Ley General de Policía, no es procedente legal ni técnicamente, que un puesto cubierto por el Estatuto Policial, ejerciendo funciones policiales, tenga como jefatura un puesto del Régimen de Servicio Civil y a este también se le asignen funciones policiales.

En el artículo 34 se establece como requisito de ingreso a la Policía, al indicar que contará como mínimo con el titulo de bachiller en enseñanza media y esto no se ajusta a lo estipulado en la Ley General de Policía, la cual establece que para ingresar a las fuerzas de policía basta con haber concluido el tercer ciclo de la Enseñanza General Básica.

Por último se establece en dicho reglamento G-38173, como requisito de ingreso el Curso Básico Policial Migratorio, que ninguna Escuela,
Instituto o Universidad a la fecha lo imparten, siendo esto un estado de indefensión para el funcionario.

Todo esto ya está solucionado por las diferentes comisiones, de acuerdo a lo solicitado por la STAP y lo tiene el Ministro Zamora en su escritorio durmiendo el sueño de los justos.

Aquí resulta ser que las diferencias entre jerarcas son las que están afectantando el avance del Manual de Puestos para la Policía Profesional de Migración, esperamos que esto ya no siga sucediendo en nuestra Institución.

Por lo que a partir de hoy nos concentraremos en retomar las conversaciones con el próximo Gobierno.

Por otra parte, este próximo mes de mayo se cumplirá 20 años de vigencia de la ley General de Policía 7410, misma que creo a la policía de Migración y Extranjería, lo que no es admisible es que la administración continúe sin crear los mecanismos adecuados para impartir la capacitación policial por parte de la Escuela Nacional de Policías, valida jurídicamente para la incorporación al Estatuto Policía para los Oficiales de la Policía Profesional de Migración y extranjería

Tenemos conocimiento del espíritu de colaboración y la mejor voluntad del Ministro de Seguridad Pública, designado, Celso Gamboa y de la señora Viceministra de Gobernación designada y posible Ministra de Gobernación señora Carmen Muñoz, con los que ya hemos tenido conversaciones para entrar a conocer el tema relacionado al Reglamento, Manual de Puestos y Curso Básico Policial lo antes posible.

¡No a la transformación del impuesto sobre las ventas en IVA!

Leemos hoy información periodística publicada por Diario Extra, en la cual se anota que el señor Presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, estaría rechazando la transformación del impuesto sobre las ventas, en impuesto al valor agregado (IVA). Si esto es cierto, el futuro mandatario tendrá mucho mayor apoyo social y popular.

La clase trabajadora, especialmente la de carácter asalariado (con empleo formal y salario fijo), no aguanta más impuestos. Si gana tanto como para que le apliquen el de la renta, ésta le es rebajada directamente del salario, vía planilla. Si es el de ventas, éste lo paga de manera inmediata, al momento de la compra.

Por el contrario, lo que procede es el ataque frontal y con rotunda rigurosidad al fraude tributario en todas sus manifestaciones. Se debe propiciar un “Plan Nacional de Combate a la Evasión” con objetivos, entre otros, tales como: a) identificar y analizar las modalidades más significativas del fraude fiscal, sus causas y sus efectos. b) Evaluar las normas legales disponibles para la prevención y el castigo del fraude, así como identificar las omisiones y debilidades que restan efectividad a la lucha contra la evasión.

Es más, así como el señor Presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, está indicando que ha de declarar el tema de la infraestructura vial un asunto de “Emergencia Nacional”, debería hacer lo mismo con el tema del fraude fiscal. Los datos siguientes fundamentan una decisión política de este calibre. Veamos:

En el primer año de la Administración Chinchilla Miranda, la evasión y la elusión tributarias representaron un 5.8 % del PIB; en impuesto sobre las ventas la evasión ronda el 25 %; en el ámbito de la renta empresarial, este porcentaje evasor es del 50 %.

En materia de contrabando, se calcula en unos 100 millones de dólares anuales, la defraudación únicamente en licores, cigarrillos y videojuegos (sin considerar, perfumes, ropa, medicamentos).

En las profesiones liberales, la tributación es ridícula: el 93 % declaró, promedialmente hablando, unos 35 mil 574 colones per cápita.

Y si, de verdad, se requiriera un nuevo impuesto en el corto plazo, el único que se puede aceptar es aquel destinado a gravar las transacciones financieras y luego de cierto monto para no afectar a los sectores medios. Este impuesto, conocido como “Tasa Tobin”, generaría una cuantía inimaginable de recursos, a juzgar por un dato como el siguiente. Según la entidad denominada Global Financial Integrity, en el período 2000-2009, en Costa Rica se movieron 4.359 millones de dólares de actividades ilícitas.

Por tanto, si es cierto que el señor Presidente electo, don Luis Guillermo Solís Rivera, está opuesto a que el impuesto sobre las ventas se transforme en IVA, la clase trabajadora se lo aplaudirá; como se ha de respaldar si decide, con rotunda severidad, enfrentar el impresionante fraude tributario mencionado con solo algunos de los ejemplos acabados de mencionar.