Una gestión de la seccional de ANEP permitió que por parte de la Dirección se aprobara que los oficiales puedan usar la camiseta negra y el chaleco en las zonas de temperatura alta.
Categoría: Institucional
Seccional ANEP-IAFA da voto de confianza a su Junta Directiva y los eligen en el cargo por dos años
Preocupación en trabajadores del SINART ante informaciones que cuestionan a la institución
ANEP mantendrá demanda legal contra el Estado por deuda de reajuste salarial con el sector público
Pese a que se diera a conocer que el Gobierno de la República pagará de forma retroactiva a los empleados públicos la deuda por reajuste salarial de 7.500 colones a la base por costo de vida, acumulada desde enero de 2020 a diciembre de 2023, la ANEP no desistirá del proceso legal entablado contra el Estado, por dicha deuda.
Con apoyo de ANEP, trabajadores de plantas de AyA logran evitar que se modifique su rol de trabajo
Seccional ANEP-AyA cuestiona declaraciones del Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados con respecto al proceso de reorganización institucional
Desde la seccional ANEP-AyA cuestionamos y desmentimos las declaraciones brindadas por el Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Alejandro Guillén Guardia, a Radio Monumental sobre el proceso de reestructuración del organigrama de la institución.
Guardia manifestó a Radio Monumental en nota titulada “AyA valora salida de personal ante reestructuración de organigrama de la institución” del miércoles 30 de agosto del 2023, varias informaciones inexactas.
Dentro de lo manifestado por el Presidente Ejecutivo de AyA se consigna “Como le acabo de decir en algunas de las cajas mencione que son Áreas Administrativas puede haber si efectivamente algunas personas que pueden salir de la organización, eso todavía no lo tenemos determinado, ahorita estamos en discusiones socializando internamente el nuevo organigrama con la Junta Directiva etc, por ahí vamos.”
Sobre estas aseveraciones, la Administración Superior de AyA, presentó de forma preliminar una estructura base en la cual no se ha aportado información clara y detallada. La seccional ANEP-AyA se dio a la tarea de solicitar los diagnósticos que dan como resultado una estructura totalmente diferente a la que hoy está vigente, dicha información nunca fue remitida ni a esta seccional ni al personal de la institución.
Por otra parte, no es verdad que el nuevo organigrama de AyA fue socializado pues, varias jefaturas nos han informado que no participaron, ni fueron tomadas en cuanta durante el proceso de reorganización.
Guillén también explicó a Radio Monumental porque es que se ordenó este proceso, el cual corresponde a un crecimiento de áreas administrativas dentro de la institución:
“Con el organigrama de ese momento se aprobaron 129 cajas ósea áreas administrativas en el organigrama, desde el 2007 AyA se fue a la libre por decirlo
así y creció a 243 cajas en el organigrama o áreas administrativas. Eso significa 4421 plazas y el mandato de Mideplan es que nosotros tenemos que irnos lo más cercano posible a lo que se aprobó en aquella época, que sería la eliminación de más o menos como 61 áreas administrativas o reubicación etc. Entonces eso es lo que estamos haciendo para tratar de quedar como con 92 aproximadamente áreas administrativas”
Nos preocupa, porque se está dando información incompleta. Además de los argumentos expuestos por el señor Guillen interpretamos que esa nueva estructura, obedece a una solicitud de Midepla, apegada a la nueva Ley Marco de Empleo Público y no a un planteamiento para modernización del AyA.
El señor Guillén indica que, “el AyA quedará con aproximadamente 92 áreas administrativas”, pero no indica por qué no fueron funcionales las restantes 151 áreas que han operado por muchos años en la institución, ni cómo van a quedar cubiertas esas funciones que serán eliminadas como consecuencia de la eliminación de Áreas Administrativas. Dónde y cómo justifica que el AyA puede eliminar 151 áreas, sin deteriorar la calidad del servicio público.
Como consecuencia vemos que esas áreas podrían ser tercerizadas para finalmente hacer de esta una institución cada día más pequeña y debilitada, consecuentemente encarecer y deteriorar la calidad del servicio que se brinda. Por el contrario se requiere fortalecerla ante las necesidades de desarrollo del país, de la protección de las cuencas o fuentes y del aprovechamiento del Capital Humano de que se dispone en diferentes especializaciones técnicas, operativas, de ingeniería, economía administración entre otras.
Ahora bien, qué sentido tendría eliminar áreas agregadas desde el año 2007, llamada estructura paralela, si se pretende reubicar al personal que labora dentro de las mismas. Evidentemente esto contradice las políticas de reorganización.
¿Quitar el problema de un lado para pasarlo a otro? ¿Despedir a algunas personas o reubicarlas? mentira, lo que verdaderamente buscan es minimizar la estructura y despedir a la mayor cantidad posible del personal que las conforman, sin tomar en cuenta que el AyA dispone de trabajadores con un alto grado de especialización y experiencia.
Podríamos afirmar que, en términos políticos y basados en la directriz de la Ley Marco de Empleo Público, esto sería: reducción del aparato estatal.
Esta es una reorganización inventada, totalitaria y dictatorial, impuesta para el beneficio de quienes buscan negociar con el agua potable que genera Acueductos y Alcantarillados para enriquecer a unos cuantos.
¡Poner en venta y privatizar la Institución es el principal objetivo en esta novela!
Por lo tanto, la ANEP y su Seccional en AyA, bajo ningún extremo apoyaran esta propuesta de reestructuración.
Se acerca juicio laboral para que paguen el reajuste por costo de vida adeudado desde el 2020
Condenan al CNP a pagar 9 millones de colones por practicas antisindicales
Sala IV ordena al INDER finalizar proceso de reorganización administrativa para otorgar plaza a 196 trabajadores interinos
-También advierten por desobediencia al presidente de la institución
– Proceso debió finalizar en setiembre de 2021 y a la fecha no hay resultados
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), finalizar con el proceso de reorganización administrativa para otorgar plaza en propiedad a 196 trabajadores interinos, esto luego de que la institución incumpliera el plazo de seis meses otorgados por la misma sala para finalizar dicho proceso.
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, manifestó que desde el 12 de marzo del 2021 se dio el fallo 2021-005033, donde la Sala Constitucional le otorgó seis meses de plazo al INDER para finalizar el proceso de reorganización administrativa interna. Sin embargo, pasaron más de dos años y no hay resultados, por lo que debieron acudir nuevamente a la Sala.
“Por esto presentamos una acción de desobediencia en contra de la administración. posteriormente otro de los sindicatos presentó un pronto despacho, lo anterior ante la afectación y zozobra que están sufriendo estos 196 trabajadores destacados en diversas sedes de la institución en todo el país” detalló Fernández.
Por lo anterior la Sala Constitucional, también advirtió al presidente Ejecutivo de la institución Eduardo Robert Ureña, o a quien ocupe su cargo, acatar lo dispuesto por el órgano constitucional, de lo contrario se le abrirá un proceso administrativo en su contra o bien se le acusará ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Actualmente en el INDER existe un total de 196 funcionarios nombrados en forma interina, con prórrogas que datan de hace 6 años aproximadamente. Además, existen un total de 84 plazas vacantes que a la fecha no se han utilizado.
Este proceso ante la Sala Constitucional fue presentado por la Seccional ANEP-INDER, SITRAINDER, SIPROINDER y UNEINDER.
ANEP solicita a la Fiscalía y a la Contraloría investigar a presidenta y junta directiva de la CCSS por posible amañamiento de datos actuariales
– Denuncia también recae sobre cuatro funcionarios de la institución
–También se denuncia decusaciones en torno a el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como ante la Contraloría General de la República (CGR), para que se investigue el accionar de la Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, así como de los miembros de la Junta Directiva y cuatro funcionarios de la institución, por presuntos elementos graves en torno al posible amañamiento de datos actuariales y el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS.
Dentro de la denuncia planteada, también se solicita se investigue a la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; a Carolina González Gaitán, Directora Actuarial; a Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, todos los anteriores por presuntos actos contrarios a la ley. Así como, a Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la CCSS, por presunto incumplimiento de deberes.
Para la ANEP, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un pilar de la democracia del país, institución fundamental para el desarrollo y la protección social, a través de los aportes en salud y pensiones, así como las ayudas económicas directas e indirectas y la gran inversión que realiza anualmente para beneficio de miles de personas en el mercado laboral.
“En estos primeros seis meses del 2023 hemos sido testigos, como organización sindical, de una política de terror, persecución con rasgos de autoritarismo, como nunca en la historia institucional. Actitud que, sin duda entre otros objetivos no menos importantes, atiende preferentemente el de debilitar la imagen de la CCSS y su gobernanza, que, aunque con defectos, virtudes y focos de diversas formas de corrupción, no dudamos es una institución que es una insignia del país y su democracia y desde esa caracterización sumamente objetiva, la ANEP es uno de los actores que ha alzado la voz en defensa de esta institución, por lo que denunciamos a las autoridades correspondientes los hechos que se presentan en la institución ” manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Posible maquillaje de informes
Nos presentamos, nuevamente, a denunciar las actuaciones de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, del licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente y de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social; quienes, hasta donde ha sido público y notorio, adoptaron, presuntamente, acuerdos en contra de los criterios técnicos y financieros en posible perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente los generados por la Dirección Actuarial y Económica para la sesión de Junta Directiva donde se informó a la población de una crisis financiera grave.
La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez tiene, posiblemente, una mayor cuota de responsabilidad como superior jerárquico de la Dirección de Planificación y la Dirección Actuarial; pero, sobre todo, porque medios de comunicación digital y otros, entendemos, han expuesto que desde el despacho de ella se conocían los ajustes propuestos en los escenarios actuariales.
Además, confirman en principio que la misma Junta Directiva fue informada por ella, 8 días antes de que se tomara la decisión de suspender las obras del portafolio de infraestructura y equipamiento.
La Junta Directiva de la CCSS, el 9 de marzo 2023, conoció un informe, presuntamente alterado, por parte de la licenciada Carolina González Gaitán, Directora de Actuarial, la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico, de la Presidencia Ejecutiva.
Dicho informe fue utilizado para indicar que la CCSS estaba en crisis financiera y desencadenó la suspensión de las obras del portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología, aun así, en la sesión donde se presentó el tema presuntamente no advirtieron de las modificaciones y reiteraron que era un trabajo de equipo técnico.
El 26 de julio 2023, en el oficio DFOE-SEM-1266 – DFOE-BIS-0454, la Contraloría General de la República señala hasta donde se conoce, el incumplimiento de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, estableciendo posibles situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales y el posible incumplimiento de disposiciones en esta materia. Además, de disposiciones que se giraron para blindar el proceso actuarial.
Señala la Contraloría que la valuación actuarial dispone de dos versiones adjuntas al mismo oficio y que tienen el mismo nombre, solo cambiando el contenido. Eso, lamentablemente, es gravísimo para la CCSS y los funcionarios que participaron pareciera se prestaron para encubrir tal situación, lo cual debe sin lugar a dudas dilucidarse con urgencia.
Para rematar, el 11 de agosto 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la segunda y final Opinión técnica ( sin recibir por parte de la CCSS toda la información requerida según se desprende del propio texto de la opinión de marras), sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, prácticamente deja al descubierto que los números actuariales están sobrestimados; y, todo apunta que no fue un error de cálculo, sino que pudo existir una posible intencionalidad para dañar la imagen financiera de la CCSS y fundamentar la narrativa de crisis y suspensión de obras. Esto es en un alto grado así, en razón de:
A- Posible alteración de tasas de utilización, ya que se denotan cambios abruptos que pareciera muy complejo defenderlos.
B- Serias inconsistencias documentadas.
C- Referencias que denotan cambios abruptos en las proyecciones para el portafolio de inversiones en un lapso de 7 días, que no dudamos imponen una explicación científica creíble.
D- La no entrega de toda la información que la CCSS requirió (el contenido de esta segunda opinión técnica así lo establece), lo cual incluye la herramienta (algorismo), que entendemos utiliza la Dirección Actuarial para procesar y proyectar escenarios a partir de las hipótesis comúnmente utilizadas en estos procesos.
E- El video público y notorio de respuesta a la OIT, por parte de la Presidenta Ejecutiva que pareciera ser un acto administrativo unilateral ya que no existe quorum estructural en ese órgano colegiado. En tal sentido la Contraloría General debería solicitar a la funcionaria en cuestión el acuerdo de Junta Directiva que sustenta dicho acto para valorar si está apegado al ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, se solicita, respetuosamente, a la Contraloría General de la República (CGR), investigar a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva; al licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente de Junta Directiva, miembros de Junta Directiva que votaron a favor, por una posible falsedad ideológica y alteración de documentos públicos.
Además de lo anterior, se solicita valorar las actuaciones de Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; la licenciada Carolina González Gaitán; y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, para que se determine si estos funcionarios incurrieron en actos administrativos contrarios a la ley.
Esta segunda petitoria, valorando por parte de este contralor la separación inmediata del cargo, ya sea reubicándolos en una unidad donde no puedan alterar posible evidencia; o incurrir en acciones que, presumiblemente, puedan deterior la investigación objetiva que estamos formulando, por cuanto si se demuestra que las unidades técnicas de la CCSS se prestaron para montar una presunta farsa política a partir de presuntos delitos, esto aparte de generar posibles consecuencias legales, sin duda alguna deviene en hechos gravísimos que dañan la institucionalidad.
En todo este tiempo de la Administración, para algunos temas de señalar y advertir riesgos de la Junta Directiva ha existido, posiblemente, un gran ausente, la Auditoría Interna, pero para respaldar los intereses de persecución y/o desacreditar los criterios técnicos y financieros, si están presente con oportunidad, nada más bastaba un acuerdo de Junta pidiendo el producto: relación de hechos o denuncia penal.
La Auditoría Interna, hoy día, podrá hacer un mix de palabras para indicar que señaló cosas, pero ninguna dirigida al jerarca de la CCSS. Sobran ejemplos ya expuestos de nombramientos presuntamente irregulares e ilegales, y muchas otras decisiones sin fundamento, según han surgido al conocimiento público por personas comunes y corrientes que no aceptan la corrupción.
En este tema concreto, la Auditoría Interna, según entendemos, recibió denuncias formales e informales desde marzo del 2023, luego en mayo indicó que estaba investigando y en la Asamblea Legislativa según parece formuló que en “2 meses” tenía el producto, pero todo parece indicar que existe un posible, pero profundo alineamiento que no logramos entender.
Muy probable exista un daño social relevante, obras que no se iniciaran ni concretarán este 2023, por ejemplo: lo que se visualiza del Hospital de Cartago, la torre del Hospital de San Rafael de Alajuela, saturados por la gran demanda, el Hospital de Limón, el Hospital de Guápiles, la puesta a punto del Área de Salud de San Rafael de Heredia; o, la incertidumbre que quedan las obras del Fidecomiso a partir del 2024, todo eso por decisiones de esta Junta Directiva que consideramos fue presuntamente nombrada ilegalmente, lo cual ha sido ratificado por la Sala Constitucional.
Por lo anterior, como una tercera petitoria, debe valorar con sumo cuidado este ente contralor, el posible incumplimiento de deberes del licenciado Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno; del licenciado Randall Jiménez Saborío, Subauditor Interno; y, del Lic. Adrián Céspedes Carvajal, por presuntamente no advertir a la Junta Directiva de lo acontecido, ni pedir una valoración técnica de mayor rigurosidad e inclusive por aparentemente ralentizar los productos de auditoría en esta materia, para alinearse al funcionamiento de la Presidenta Ejecutiva, en lo que podríamos reiterar como un incumplimiento de deberes y pérdida de credibilidad de esta instancia “independiente” y “objetiva”.
Denuncia planteada:
ANEP solicita a la Fiscalía y a la Contraloría investigar a presidenta y junta directiva de la CCSS por pos… by EugenioGuerrero on Scribd
