Categoría: Institucional

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en AyA, manifiesta su profunda preocupación ante la renuncia presentada por la Directora de Comunicación Institucional (interina) del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), María Jesús Chavarría Montero, quien en su carta denuncia limitaciones estructurales, falta de visión estratégica y una preocupante instrumentalización de la comunicación institucional con fines personalistas.

Este hecho no puede verse como un caso aislado. Se trata de una señal clara del deterioro en la gobernanza interna de una institución estratégica para el país, en donde la comunicación —en lugar de servir al interés público— ha sido utilizada como un mecanismo de promoción de la figura del Presidente Ejecutivo, Juan Manuel Quesada, ignorando su verdadero rol institucional: informar, educar, conectar y generar confianza con la ciudadanía.

Interinazgos cuestionables y prácticas contrarias a la ley

A pesar de que la señora Chavarría fue seleccionada mediante un concurso externo, su puesto se mantuvo en condición interina. Tras su salida, la Presidencia Ejecutiva nombra nuevamente de forma interina a otra persona, sin abrir el proceso para un nombramiento en propiedad, lo cual evidencia un patrón de prácticas administrativas que violentan la legalidad y perpetúan la discrecionalidad en el acceso a cargos estratégicos.

Desde ANEP denunciamos esta situación como una clara violación al marco regulatorio vigente, en particular a la Ley Marco de Empleo Público (Ley N.º 10159), que en su artículo 38 establece que los interinazgos deben ser temporales, debidamente justificados y no pueden utilizarse para evadir los concursos públicos. El artículo 39 de la misma ley advierte que el abuso de estas figuras puede acarrear responsabilidad administrativa para los jerarcas que incurran en estas prácticas.

Estas acciones debilitan la institucionalidad, erosionan la confianza en los procesos de selección, y excluyen a profesionales calificados que desean aportar desde el servicio público bajo condiciones estables y justas.

Comunicación institucional al servicio de una persona y no de la ciudadanía

La carta de renuncia deja en evidencia que la Dirección de Comunicación ha sido reducida a una función reactiva y operativa, sin planificación estratégica ni articulación real con los objetivos institucionales. Lejos de utilizarse para informar sobre los grandes retos del AyA en saneamiento, infraestructura y acceso al agua, la comunicación ha sido dirigida principalmente a reforzar la imagen pública del jerarca, en detrimento de una verdadera rendición de cuentas.

Campañas institucionales, recursos humanos y esfuerzos técnicos han sido dirigidos, según lo denunciado, más al posicionamiento de una figura que a la misión institucional. Esto representa un uso indebido de los recursos públicos que no puede pasar inadvertido.

ANEP solicita la intervención urgente de la Junta Directiva de AyA, para que se de:

1. La apertura inmediata de un concurso para el nombramiento en propiedad de la Dirección de Comunicación Institucional.
2. La revisión administrativa y legal de los nombramientos interinos en el AyA, especialmente en puestos estratégicos.
3. El cese inmediato de toda campaña institucional orientada a beneficiar la imagen del Presidente Ejecutivo.
4. La publicación de un informe detallado sobre el uso de recursos en comunicación durante los últimos 12 meses.

Desde ANEP reiteramos que el servicio público debe regirse por principios de legalidad, mérito, equidad y eficiencia. La renuncia de una profesional calificada, motivada por razones éticas y estructurales, debe encender las alertas institucionales y ciudadanas.

La comunicación institucional no es una herramienta de propaganda para campañas políticas con recursos públicos.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

– La protección de la niñez y adolescencia es un deber del Estado, no un recurso para eludir responsabilidades.

– La ANEP exige respeto y compromiso real con los derechos de la niñez costarricense.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) manifiesta su más enérgico rechazo a las declaraciones emitidas por la Presidenta Ejecutiva del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), Kennly Garza Sánchez, durante la conferencia de prensa celebrada en Casa Presidencial el pasado 25 de junio.

En esa comparecencia pública, de manera alarmista e irresponsable, se expuso información sensible sobre personas menores de edad bajo la protección del Estado, instrumentalizándolas como argumento político para intentar justificar las falencias del sistema de protección y las tensiones existentes con otros Poderes de la República.

Todas las personas menores de edad merecen un tratamiento legal, ético y comunicacional acorde con su condición, el interés superior de la persona menor de edad y los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en materia de derechos humanos.

No es admisible que un día se invoque el respeto a los derechos de la niñez y la adolescencia, y al siguiente se les exponga ante el país con afirmaciones estigmatizantes y discriminatorias.

No es coherente rechazar el uso de la imagen de la niñez en convocatorias ciudadanas, y luego convertirles en el centro de un discurso con fines políticos y mediáticos.

¿Desde cuándo es aceptable que el Estado utilice a las personas menores de edad bajo su tutela como recurso argumentativo para encubrir deficiencias institucionales?

Lo más grave de las declaraciones de la Presidenta Ejecutiva del PANI es que convierten una obligación del Estado —la protección integral de toda persona menor de edad, sin excepción, incluyendo a quienes enfrentan procesos judiciales— en un mecanismo para desviar responsabilidades y alimentar temores. Con ello:

• Se revictimiza a quienes ya han sido vulnerados por el propio sistema de protección.
• Se profundizan estigmas sociales hacia adolescentes en condición de vulnerabilidad.
• Se distorsiona el rol esencial del PANI, que no es castigar ni etiquetar, sino garantizar derechos y proteger integralmente.

La discusión sobre los presupuestos institucionales, incluyendo los ₡13.000 millones destinados a organizaciones no gubernamentales (ONG), los ₡3.600 millones para tutores, los ₡1.865 millones para servicios de apoyo profesional y los casi ₡4.000 millones para la operación ordinaria de albergues, no puede ni debe fundamentarse en cuántas personas menores de edad enfrentan causas judiciales. El debate debe centrarse en cómo garantizar efectivamente los derechos de la niñez y adolescencia, y no en administrar temores ni buscar culpables externos.

Lo sucedido constituye un acto irresponsable que lesiona gravemente la imagen institucional del PANI y traiciona el mandato legal, ético y social de protección que le corresponde cumplir como ente rector en materia de niñez y adolescencia. Ningún objetivo político puede ni debe justificar la exposición pública de personas menores de edad ni la utilización de su situación para encubrir crisis institucionales.

La ANEP hace un llamado a la reflexión responsable de las autoridades y a la urgente necesidad de devolver al PANI su verdadero propósito: la protección integral y digna de la niñez y la adolescencia, sin instrumentalizaciones ni exposiciones que desvíen la atención de los verdaderos problemas estructurales que enfrenta la institución.

La niñez y la adolescencia merecen respeto, compromiso y acciones efectivas, no discursos que alimenten el miedo ni intentos de trasladar responsabilidades.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

En relación con el comunicado emitido por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) rechaza de forma categórica cualquier insinuación de que este sindicato haya divulgado información falsa sobre la adquisición del vehículo de lujo para la Presidencia Ejecutiva.

La cifra de 14.831 kilómetros reportada para el vehículo BPL438, Toyota Land Cruiser Prado TX año 2017, fue obtenida directamente del Sistema de Gestión de Transporte GETRANS, herramienta institucional, cuya confiabilidad en la sana teoría debería cumplir con lo que establece la Ley General de la Administración Pública y la Ley de Control Interno, que exigen la integridad y trazabilidad de los sistemas de información.

Es importante señalar que dicha información fue consultada días antes de que la unidad fuera entregada a la empresa proveedora, y ya ha sido formalmente remitida a las entidades de fiscalización como parte de la denuncia presentada por ANEP.

Frente a las afirmaciones del AyA de que el vehículo tenía 178.000 kilómetros, solo caben dos posibilidades:

1.  Que el AyA cuenta con sistemas de información institucional poco confiables o incluso manipulables, lo cual compromete gravemente la transparencia en la gestión pública.

2. O que el vehículo recorrió en pocas semanas una distancia equivalente a un viaje de ida y vuelta al Polo Norte, lo cual resulta francamente absurdo.

Este intento de justificar lo injustificable agrava la ya deteriorada credibilidad de la administración del AyA.

Además, es aún más cuestionable la compra de un nuevo vehículo de lujo, valorado en más de USD $90.000, cuando la institución ya dispone de vehículos en operación y asignados a los más altos niveles jerárquicos, entre ellos:

•   Unidad 102-2325, Pick-Up 4x4 año 2021, prestado a la Presidencia Ejecutiva desde septiembre 2023.

•   Unidad 102-2225, Kia Seltos Rural 4x2 año 2020, asignado a la Subgerencia General.

•   Unidad 102-2224, Kia Seltos Rural 4x2 año 2020, asignado a la Gerencia General.

¿Cómo se justifica entonces la adquisición de otra unidad de alta gama si ya existe un parque vehicular disponible y funcional en la institución?

Más aún, ¿cómo es posible que la empresa proveedora aceptara como parte del trato un vehículo en mal estado mecánico? Esto evidentemente, no corresponde con la realidad técnica ni comercial, ya que agencias como Grupo Purdy Motor solo reciben unidades en buenas condiciones y luego las revenden a un precio acorde con el mercado.

Además es importante señalar otros gastos suntuosos que ya ha realizado la institución, como:

• El alquiler de vehículos para el transporte discrecional del Presidente Ejecutivo.

•   La remodelación de su oficina con acabados de lujo, en momentos en que muchas regiones operativas carecen de vehículos en condiciones funcionales para cumplir tareas esenciales.

Mientras se despilfarran recursos públicos en lujos para jerarcas, las unidades operativas enfrentan carencias críticas. Además, con las decisiones administrativas que se están tomando, la ejecución del presupuesto 2025 podría verse comprometida, e incluso, configurarse un eventual fraccionamiento presupuestario o ineficiencia administrativa.

Desde ANEP, ratificamos nuestra denuncia formal ante las autoridades competentes, y advertimos que daremos seguimiento firme y continuo a este caso hasta que se establezcan las responsabilidades correspondientes.

Asimismo, hacemos un llamado enérgico a la Asamblea Legislativa para que cite a comparecer a la Gerente General Alejandra Mora Segura y a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, para que rindan cuentas ante el país sobre estas decisiones que atentan contra el interés general.

La ciudadanía merece instituciones responsables, no administraciones al servicio del confort personal de sus jerarcas.

¡Basta de privilegios con fondos públicos!

ANEP – Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) informa a la opinión pública, que ha presentado una denuncia formal ante las autoridades competentes contra la Gerente General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Alejandra Mora Segura, y la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, por el uso injustificado de recursos públicos en la compra de un vehículo de lujo para uso de la Presidencia Ejecutiva.

Mucho se ha dicho en los medios de comunicación sobre la adquisición de dicho vehículo, sin embargo, los verdaderos responsables de tramitar y facilitar esta compra, para complacer los gustos personales del presidente ejecutivo Juan Manuel Quesada, permanecen sin ser llamados a cuentas. Este sindicato ha decidido actuar con responsabilidad institucional y denunciar los hechos concretos, con base en pruebas y fundamentos jurídicos claros.

Según consta en la documentación oficial, la institución contaba con un vehículo en excelente estado, con apenas 14.831 kilómetros recorridos, y en buen estado de conservación, el cual fue entregado como parte del pago de una nueva unidad valorada en más de $92.000, sin que existiera una justificación técnica válida para su reemplazo. Esta decisión se tomó a pesar de que la institución aún debe ejecutar un presupuesto millonario para la compra de vehículos esenciales, como camiones y unidades pick-up, indispensables para las tareas operativas del AyA.

Este tipo de decisiones administrativas comprometen gravemente la eficiencia del gasto público, violan los principios de legalidad y probidad que deben regir en la función pública, y representan un claro acto de despilfarro institucional.

La ANEP considera de suma importancia, que la Asamblea Legislativa también asuma su responsabilidad en el control político y cite a comparecer tanto a la Gerente General, Alejandra Mora Segura, como a la Directora de la Dirección de Servicios de Apoyo, Jessica Brizuela, a fin de que den cuentas ante el país sobre estos hechos.

Desde la ANEP reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los recursos públicos, el combate a la discrecionalidad administrativa y la vigilancia ciudadana sobre el uso de los fondos que pertenecen a toda la población.

¡El país no tolera más lujos ni privilegios con dinero público mientras tantas necesidades básicas siguen sin ser atendidas!.

-¿Contrataciones innecesarias o despilfarro institucional?

En medio de una crisis hídrica nacional, con comunidades enteras enfrentando cortes constantes de agua y una creciente indignación ciudadana por la gestión ineficiente del recurso hídrico, la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), parece mantener prioridades cuestionables, comprometiendo recursos públicos en contrataciones externas que, a todas luces, podrían ser asumidas por su robusta estructura interna.

Recientemente, mediante la licitación 2025LD-000016-0021400001, se adjudicó a la empresa BCR Consultores Sociedad Anónima un contrato por ₡32.004.744 para “Servicios profesionales en administración de empresas con énfasis en contaduría pública” con el fin de integrar, como miembro independiente, el Comité de Auditoría y Riesgos de la Junta Directiva del AyA.

Esta contratación resulta particularmente alarmante cuando se toma en cuenta que la Presidencia Ejecutiva del Instituto cuenta con una amplia estructura técnica y administrativa con profesionales altamente capacitados en las áreas de contabilidad, auditoría y gestión financiera. ¿Cuál es entonces la justificación real para contratar servicios externos cuando existen capacidades instaladas dentro de la misma institución?

Aún más grave es que esta contratación no es un caso aislado.

Actualmente se encuentra en trámite la contratación 0062025003500003, por un monto estimado de ₡186.078.145,76, para servicios profesionales de revaluación de activos de Propiedad, Planta y Equipo (PPE). Según la justificación oficial, la institución afirma no contar con suficiente capacidad para ejecutar dicha labor debido a “la carga de trabajo actual del área de avalúos”. Este argumento evidencia una alarmante falta de planificación institucional: si se sabe que estos procesos son periódicos y necesarios para mantener actualizados los estados financieros, ¿por qué no se han fortalecido internamente las unidades responsables?

En vez de invertir en la mejora y eficiencia de sus propias direcciones técnicas —algunas de las cuales apenas cuentan con personal suficiente o han sido desprovistas de funciones estratégicas— se opta por desviar millones del presupuesto institucional a consultorías externas, muchas veces sin transparencia suficiente sobre los criterios de contratación y sin una evaluación técnica pública sobre la pertinencia de estos servicios.

Más de 218 millones de colones en contrataciones externas, en dos procesos por separado, son una muestra clara del despilfarro de recursos públicos y la desconexión de la alta administración del AyA con las verdaderas prioridades del país.

Resulta inaceptable que, mientras se le exige a la ciudadanía hacer sacrificios frente a la crisis hídrica y se reportan fallas constantes en el servicio, se comprometan recursos públicos en contrataciones cuya necesidad es, como mínimo, debatible. Es momento de exigir rendición de cuentas a la Junta Directiva y a la Presidencia Ejecutiva, y de abrir un debate nacional sobre el uso eficiente, ético y responsable de los fondos públicos dentro de instituciones estratégicas como el AyA.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

– Denuncias evidencian vulneraciones sistemáticas a los derechos de la niñez bajo protección del PANI.

– ANEP exige renuncia inmediata de la Presidenta Ejecutiva para restaurar la confianza institucional

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), en cumplimiento de su deber de defensa de los derechos laborales y humanos de las personas trabajadoras, así como de vigilancia sobre el correcto funcionamiento de las instituciones públicas, denuncia ante la opinión pública una serie de hechos gravísimos ocurridos en la oficina del Departamento de Atención y Respuesta Inmediata (DARI) de la Región Huetar Caribe del Patronato Nacional de la Infancia (PANI).

Estos hechos constituyen no solo una vulneración directa de las condiciones laborales del personal técnico institucional, sino también una violación alarmante a los derechos fundamentales de personas menores de edad que se encuentran bajo medidas de protección. Las actuaciones denunciadas reflejan una preocupante improvisación institucional, un desacato a los protocolos de protección integral y una exposición inaceptable de personas menores de edad a tratos indignos y riesgosos.

Desde el mes de mayo de 2025, la Directora Regional a.i., ha ordenado que adolescentes varones sean alojados de manera improvisada dentro de las oficinas administrativas del DARI Huetar Caribe. Estos menores han sido obligados a dormir sobre colchonetas en el piso, permanecer en las oficinas hasta por tres días consecutivos, sin posibilidad de salir del inmueble, sin condiciones mínimas de habitabilidad, sin acceso pleno a servicios básicos y sin acompañamiento técnico especializado.

Además, se ha instruido al personal técnico del DARI —profesionales en trabajo social, psicología, derecho, criminología, entre otros— a asumir funciones totalmente ajenas a su formación y perfil profesional, tales como la custodia directa, la supervisión continua y la contención conductual de estos adolescentes. Estas tareas han sido impuestas incluso fuera de la jornada laboral y durante días libres del personal, bajo promesas informales de pago de horas extra, lo cual agrava aún más la situación.

Estas prácticas representan una violación directa a la Convención sobre los Derechos del Niño, el Código de la Niñez y la Adolescencia, y los protocolos técnicos de la institución. Utilizar oficinas administrativas como albergues improvisados constituye una forma de trato degradante, contraria a la dignidad humana y al deber reforzado de protección que el Estado costarricense debe garantizar.

De igual forma, se infringen normas del ordenamiento jurídico-laboral costarricense, al imponer funciones no contempladas en los perfiles de puesto, alterar jornadas sin acuerdo previo ni justificación legal, y exponer al personal a responsabilidades de alto riesgo sin respaldo institucional, lo que podría derivar en consecuencias administrativas, penales y éticas para los funcionarios afectados.

Una vez más, bajo la administración de la señora Kennly Garza Sánchez, se registran hechos en los que los derechos de las personas menores de edad son vulnerados de forma sistemática y alarmante. La ANEP cuenta con fotografías y videos que evidencian estas prácticas y que demuestran la gravedad de las decisiones adoptadas por la Dirección Regional.

En oficio enviado a la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, la ANEP solicita de manera inmediata y categórica:

1- La intervención urgente y directa de la Presidencia Ejecutiva y la Gerencia Técnica, a fin de detener de inmediato estas prácticas irregulares y establecer las responsabilidades administrativas correspondientes.

2- La prohibición expresa y definitiva del uso de oficinas administrativas como espacios de abrigo temporal (albergues), dado que carecen de las condiciones mínimas legales, técnicas y éticas para la atención de personas menores de edad bajo medida de protección.

3- Que se dispongan medidas correctivas inmediatas que garanticen el cumplimiento de los protocolos de atención integral, el respeto al principio de legalidad y el resguardo de los derechos humanos de las personas menores de edad en protección.

4- Que se asegure el pleno respeto a las condiciones laborales, profesionales y humanas del personal institucional, protegiéndoles de decisiones arbitrarias que los expongan a escenarios ilegales, de riesgo o contrarios a su formación.

La ANEP, en el ejercicio de su compromiso con la defensa de los derechos de la niñez costarricense y la integridad institucional del Patronato Nacional de la Infancia, manifiesta su profunda preocupación ante las múltiples irregularidades que persisten bajo la actual administración del PANI.

Dichas irregularidades han derivado en graves vulneraciones a los derechos de personas menores de edad que se encuentran bajo protección institucional, sin que hasta la fecha se hayan tomado acciones efectivas para corregir esta situación. La ausencia de respuestas contundentes, así como el incumplimiento de las responsabilidades inherentes al cargo, han comprometido seriamente la misión y el funcionamiento del PANI.

Por lo tanto, la ANEP exige la renuncia inmediata de la señora Presidenta Ejecutiva del PANI, como medida indispensable para restaurar la confianza en la institución y garantizar la protección efectiva de los derechos de la niñez costarricense.

San José, 13 de junio de 2025
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) expresa su más profunda preocupación y consternación ante la denuncia de presunto abuso sexual a una persona menor de edad en un albergue, hecho que ha trascendido públicamente mediante un video difundido en redes sociales y que ha generado alarma a nivel nacional.

De acuerdo con lo expuesto en dicho video, la persona menor de edad habría sido víctima de abuso sexual en un albergue que estaría bajo la responsabilidad del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), lo cual amerita una respuesta institucional clara, urgente y transparente.

Ante la gravedad de esta situación, la ANEP ha enviado una solicitud formal de información dirigida a la Presidenta Ejecutiva del PANI, señora Kennly Garza Sánchez, y a la Gerente Técnica a.i., señora Anagerie Alvarado Ulloa, en la que se requiere conocer:

¿Qué acciones ha emprendido el PANI desde que tuvo conocimiento del caso?

¿Cuál es el estado actual de protección y atención que se le brinda a la persona menor de edad?

¿Qué medidas de protección inmediatas fueron aplicadas en el albergue involucrado?

¿Se han activado los protocolos institucionales correspondientes, incluyendo la articulación con las autoridades competentes, judiciales y medicas para las valoraciones respectivas?

¿Qué medidas se están implementando para garantizar la seguridad de otras personas menores de edad bajo la responsabilidad institucional, en dicho albergue?

Aclaramos expresamente que esta solicitud no pretende obtener datos sensibles, confidenciales o identificadores de la persona menor de edad, en resguardo absoluto de su dignidad, privacidad e integridad. La información solicitada se limita únicamente a aspectos puntuales que permitan esclarecer las acciones institucionales adoptadas, dentro del marco de la transparencia y la rendición de cuentas.

En relación con este caso, el asesor sindical de ANEP en el PANI, Jeffry Hernández Rojas, cuestiono el accionar del PANI.

«Una vez más, el PANI le falla a la niñez costarricense. No podemos permitir que la institución rectora en materia de niñez y adolescencia incumpla con su deber de brindar protección integral a las personas menores de edad. Los albergues institucionales, al no existir recursos familiares o comunales para protección de las personas menores de edad, deben ser espacios seguros, de cuidado y resguardo, no escenarios donde se repitan violaciones graves a los derechos humanos. Este caso es sumamente alarmante, y la Presidenta Ejecutiva debe responder con claridad, transparencia y responsabilidad. El país no puede tolerar más indiferencia institucional frente al sufrimiento de su niñez. Si el PANI no puede garantizar entornos seguros, está fallando en su razón de ser y esto es responsabilidad de la Presidenta Ejecutiva.»

Los niños, niñas y adolescentes no son simples estadísticas o datos para reportes; son personas cuya protección y bienestar deben ser prioridad absoluta. La ANEP solicita al PANI y a sus autoridades que asuman con responsabilidad y prontitud su deber constitucional de garantizar un entorno seguro, digno y libre de violencia para la niñez y adolescencia del país.

San José, Costa Rica, 12 de junio de 2025, Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP).

Compartimos declaraciones de Jeffry Hernéndez Rojas, Asesor Sindical ANEP en el PANI.