Desde la seccional ANEP-AyA cuestionamos y desmentimos las declaraciones brindadas por el Presidente Ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados, Alejandro Guillén Guardia, a Radio Monumental sobre el proceso de reestructuración del organigrama de la institución.
Guardia manifestó a Radio Monumental en nota titulada “AyA valora salida de personal ante reestructuración de organigrama de la institución” del miércoles 30 de agosto del 2023, varias informaciones inexactas.
Dentro de lo manifestado por el Presidente Ejecutivo de AyA se consigna “Como le acabo de decir en algunas de las cajas mencione que son Áreas Administrativas puede haber si efectivamente algunas personas que pueden salir de la organización, eso todavía no lo tenemos determinado, ahorita estamos en discusiones socializando internamente el nuevo organigrama con la Junta Directiva etc, por ahí vamos.”
Sobre estas aseveraciones, la Administración Superior de AyA, presentó de forma preliminar una estructura base en la cual no se ha aportado información clara y detallada. La seccional ANEP-AyA se dio a la tarea de solicitar los diagnósticos que dan como resultado una estructura totalmente diferente a la que hoy está vigente, dicha información nunca fue remitida ni a esta seccional ni al personal de la institución.
Por otra parte, no es verdad que el nuevo organigrama de AyA fue socializado pues, varias jefaturas nos han informado que no participaron, ni fueron tomadas en cuanta durante el proceso de reorganización.
Guillén también explicó a Radio Monumental porque es que se ordenó este proceso, el cual corresponde a un crecimiento de áreas administrativas dentro de la institución:
“Con el organigrama de ese momento se aprobaron 129 cajas ósea áreas administrativas en el organigrama, desde el 2007 AyA se fue a la libre por decirlo
así y creció a 243 cajas en el organigrama o áreas administrativas. Eso significa 4421 plazas y el mandato de Mideplan es que nosotros tenemos que irnos lo más cercano posible a lo que se aprobó en aquella época, que sería la eliminación de más o menos como 61 áreas administrativas o reubicación etc. Entonces eso es lo que estamos haciendo para tratar de quedar como con 92 aproximadamente áreas administrativas”
Nos preocupa, porque se está dando información incompleta. Además de los argumentos expuestos por el señor Guillen interpretamos que esa nueva estructura, obedece a una solicitud de Midepla, apegada a la nueva Ley Marco de Empleo Público y no a un planteamiento para modernización del AyA.
El señor Guillén indica que, “el AyA quedará con aproximadamente 92 áreas administrativas”, pero no indica por qué no fueron funcionales las restantes 151 áreas que han operado por muchos años en la institución, ni cómo van a quedar cubiertas esas funciones que serán eliminadas como consecuencia de la eliminación de Áreas Administrativas. Dónde y cómo justifica que el AyA puede eliminar 151 áreas, sin deteriorar la calidad del servicio público.
Como consecuencia vemos que esas áreas podrían ser tercerizadas para finalmente hacer de esta una institución cada día más pequeña y debilitada, consecuentemente encarecer y deteriorar la calidad del servicio que se brinda. Por el contrario se requiere fortalecerla ante las necesidades de desarrollo del país, de la protección de las cuencas o fuentes y del aprovechamiento del Capital Humano de que se dispone en diferentes especializaciones técnicas, operativas, de ingeniería, economía administración entre otras.
Ahora bien, qué sentido tendría eliminar áreas agregadas desde el año 2007, llamada estructura paralela, si se pretende reubicar al personal que labora dentro de las mismas. Evidentemente esto contradice las políticas de reorganización.
¿Quitar el problema de un lado para pasarlo a otro? ¿Despedir a algunas personas o reubicarlas? mentira, lo que verdaderamente buscan es minimizar la estructura y despedir a la mayor cantidad posible del personal que las conforman, sin tomar en cuenta que el AyA dispone de trabajadores con un alto grado de especialización y experiencia.
Podríamos afirmar que, en términos políticos y basados en la directriz de la Ley Marco de Empleo Público, esto sería: reducción del aparato estatal.
Esta es una reorganización inventada, totalitaria y dictatorial, impuesta para el beneficio de quienes buscan negociar con el agua potable que genera Acueductos y Alcantarillados para enriquecer a unos cuantos.
¡Poner en venta y privatizar la Institución es el principal objetivo en esta novela!
Por lo tanto, la ANEP y su Seccional en AyA, bajo ningún extremo apoyaran esta propuesta de reestructuración.
ANEP presentó una demanda contra el Estado por no realizar el pago por reajueste salarial por costo de vida de 7.500 colones a la base, decretado a finales de 2019. En la demanda se contemplas las deudas de los años 2020,2021,2022 y lo que va del 2023.
El Juzgado de Trabajo condenó en primera instancia al Consejo Nacional de la Producción (CNP), al pago de poco más de 9 millones de colones por infringir las leyes laborales y violentar los derechos sindicales del Sindicato de Profesionales del CNP (SIPROCNP).
-También advierten por desobediencia al presidente de la institución
– Proceso debió finalizar en setiembre de 2021 y a la fecha no hay resultados
La Sala Constitucional ordenó al Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER), finalizar con el proceso de reorganización administrativa para otorgar plaza en propiedad a 196 trabajadores interinos, esto luego de que la institución incumpliera el plazo de seis meses otorgados por la misma sala para finalizar dicho proceso.
Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, manifestó que desde el 12 de marzo del 2021 se dio el fallo 2021-005033, donde la Sala Constitucional le otorgó seis meses de plazo al INDER para finalizar el proceso de reorganización administrativa interna. Sin embargo, pasaron más de dos años y no hay resultados, por lo que debieron acudir nuevamente a la Sala.
“Por esto presentamos una acción de desobediencia en contra de la administración. posteriormente otro de los sindicatos presentó un pronto despacho, lo anterior ante la afectación y zozobra que están sufriendo estos 196 trabajadores destacados en diversas sedes de la institución en todo el país” detalló Fernández.
Por lo anterior la Sala Constitucional, también advirtió al presidente Ejecutivo de la institución Eduardo Robert Ureña, o a quien ocupe su cargo, acatar lo dispuesto por el órgano constitucional, de lo contrario se le abrirá un proceso administrativo en su contra o bien se le acusará ante el Ministerio Público por el presunto delito de desobediencia a la autoridad.
Actualmente en el INDER existe un total de 196 funcionarios nombrados en forma interina, con prórrogas que datan de hace 6 años aproximadamente. Además, existen un total de 84 plazas vacantes que a la fecha no se han utilizado.
Este proceso ante la Sala Constitucional fue presentado por la Seccional ANEP-INDER, SITRAINDER, SIPROINDER y UNEINDER.
– Denuncia también recae sobre cuatro funcionarios de la institución
–También se denuncia decusaciones en torno a el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), presentó una denuncia ante la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, así como ante la Contraloría General de la República (CGR), para que se investigue el accionar de la Presidenta de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Marta Esquivel Rodríguez, así como de los miembros de la Junta Directiva y cuatro funcionarios de la institución, por presuntos elementos graves en torno al posible amañamiento de datos actuariales y el tratamiento del portafolio de inversiones de infraestructura y tecnología de la CCSS.
Dentro de la denuncia planteada, también se solicita se investigue a la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; a Carolina González Gaitán, Directora Actuarial; a Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, todos los anteriores por presuntos actos contrarios a la ley. Así como, a Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno de la CCSS, por presunto incumplimiento de deberes.
Para la ANEP, la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) es un pilar de la democracia del país, institución fundamental para el desarrollo y la protección social, a través de los aportes en salud y pensiones, así como las ayudas económicas directas e indirectas y la gran inversión que realiza anualmente para beneficio de miles de personas en el mercado laboral.
“En estos primeros seis meses del 2023 hemos sido testigos, como organización sindical, de una política de terror, persecución con rasgos de autoritarismo, como nunca en la historia institucional. Actitud que, sin duda entre otros objetivos no menos importantes, atiende preferentemente el de debilitar la imagen de la CCSS y su gobernanza, que, aunque con defectos, virtudes y focos de diversas formas de corrupción, no dudamos es una institución que es una insignia del país y su democracia y desde esa caracterización sumamente objetiva, la ANEP es uno de los actores que ha alzado la voz en defensa de esta institución, por lo que denunciamos a las autoridades correspondientes los hechos que se presentan en la institución ” manifestó Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
Posible maquillaje de informes
Nos presentamos, nuevamente, a denunciar las actuaciones de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, del licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente y de los directivos de la Caja Costarricense de Seguro Social; quienes, hasta donde ha sido público y notorio, adoptaron, presuntamente, acuerdos en contra de los criterios técnicos y financieros en posible perjuicio de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), específicamente los generados por la Dirección Actuarial y Económica para la sesión de Junta Directiva donde se informó a la población de una crisis financiera grave.
La señora Marta Eugenia Esquivel Rodríguez tiene, posiblemente, una mayor cuota de responsabilidad como superior jerárquico de la Dirección de Planificación y la Dirección Actuarial; pero, sobre todo, porque medios de comunicación digital y otros, entendemos, han expuesto que desde el despacho de ella se conocían los ajustes propuestos en los escenarios actuariales.
Además, confirman en principio que la misma Junta Directiva fue informada por ella, 8 días antes de que se tomara la decisión de suspender las obras del portafolio de infraestructura y equipamiento.
La Junta Directiva de la CCSS, el 9 de marzo 2023, conoció un informe, presuntamente alterado, por parte de la licenciada Carolina González Gaitán, Directora de Actuarial, la ingeniera Susan Peraza Solano, Directora de Planificación Institucional y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico, de la Presidencia Ejecutiva.
Dicho informe fue utilizado para indicar que la CCSS estaba en crisis financiera y desencadenó la suspensión de las obras del portafolio de inversiones en infraestructura y tecnología, aun así, en la sesión donde se presentó el tema presuntamente no advirtieron de las modificaciones y reiteraron que era un trabajo de equipo técnico.
El 26 de julio 2023, en el oficio DFOE-SEM-1266 – DFOE-BIS-0454, la Contraloría General de la República señala hasta donde se conoce, el incumplimiento de Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva, estableciendo posibles situaciones contrarias a las buenas prácticas en las valuaciones actuariales y el posible incumplimiento de disposiciones en esta materia. Además, de disposiciones que se giraron para blindar el proceso actuarial.
Señala la Contraloría que la valuación actuarial dispone de dos versiones adjuntas al mismo oficio y que tienen el mismo nombre, solo cambiando el contenido. Eso, lamentablemente, es gravísimo para la CCSS y los funcionarios que participaron pareciera se prestaron para encubrir tal situación, lo cual debe sin lugar a dudas dilucidarse con urgencia.
Para rematar, el 11 de agosto 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en la segunda y final Opinión técnica ( sin recibir por parte de la CCSS toda la información requerida según se desprende del propio texto de la opinión de marras), sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social, prácticamente deja al descubierto que los números actuariales están sobrestimados; y, todo apunta que no fue un error de cálculo, sino que pudo existir una posible intencionalidad para dañar la imagen financiera de la CCSS y fundamentar la narrativa de crisis y suspensión de obras. Esto es en un alto grado así, en razón de:
A- Posible alteración de tasas de utilización, ya que se denotan cambios abruptos que pareciera muy complejo defenderlos.
B- Serias inconsistencias documentadas.
C- Referencias que denotan cambios abruptos en las proyecciones para el portafolio de inversiones en un lapso de 7 días, que no dudamos imponen una explicación científica creíble.
D- La no entrega de toda la información que la CCSS requirió (el contenido de esta segunda opinión técnica así lo establece), lo cual incluye la herramienta (algorismo), que entendemos utiliza la Dirección Actuarial para procesar y proyectar escenarios a partir de las hipótesis comúnmente utilizadas en estos procesos.
E- El video público y notorio de respuesta a la OIT, por parte de la Presidenta Ejecutiva que pareciera ser un acto administrativo unilateral ya que no existe quorum estructural en ese órgano colegiado. En tal sentido la Contraloría General debería solicitar a la funcionaria en cuestión el acuerdo de Junta Directiva que sustenta dicho acto para valorar si está apegado al ordenamiento jurídico.
Por lo anterior, se solicita, respetuosamente, a la Contraloría General de la República (CGR), investigar a Marta Eugenia Esquivel Rodríguez, Presidenta Ejecutiva; al licenciado Roberto Quirós Coronado, Vicepresidente de Junta Directiva, miembros de Junta Directiva que votaron a favor, por una posible falsedad ideológica y alteración de documentos públicos.
Además de lo anterior, se solicita valorar las actuaciones de Susan Peraza Solano, Directora de Planificación; la licenciada Carolina González Gaitán; y el licenciado Allan Quesada Soto, Asesor Económico de la Presidenta Ejecutiva, para que se determine si estos funcionarios incurrieron en actos administrativos contrarios a la ley.
Esta segunda petitoria, valorando por parte de este contralor la separación inmediata del cargo, ya sea reubicándolos en una unidad donde no puedan alterar posible evidencia; o incurrir en acciones que, presumiblemente, puedan deterior la investigación objetiva que estamos formulando, por cuanto si se demuestra que las unidades técnicas de la CCSS se prestaron para montar una presunta farsa política a partir de presuntos delitos, esto aparte de generar posibles consecuencias legales, sin duda alguna deviene en hechos gravísimos que dañan la institucionalidad.
En todo este tiempo de la Administración, para algunos temas de señalar y advertir riesgos de la Junta Directiva ha existido, posiblemente, un gran ausente, la Auditoría Interna, pero para respaldar los intereses de persecución y/o desacreditar los criterios técnicos y financieros, si están presente con oportunidad, nada más bastaba un acuerdo de Junta pidiendo el producto: relación de hechos o denuncia penal.
La Auditoría Interna, hoy día, podrá hacer un mix de palabras para indicar que señaló cosas, pero ninguna dirigida al jerarca de la CCSS. Sobran ejemplos ya expuestos de nombramientos presuntamente irregulares e ilegales, y muchas otras decisiones sin fundamento, según han surgido al conocimiento público por personas comunes y corrientes que no aceptan la corrupción.
En este tema concreto, la Auditoría Interna, según entendemos, recibió denuncias formales e informales desde marzo del 2023, luego en mayo indicó que estaba investigando y en la Asamblea Legislativa según parece formuló que en “2 meses” tenía el producto, pero todo parece indicar que existe un posible, pero profundo alineamiento que no logramos entender.
Muy probable exista un daño social relevante, obras que no se iniciaran ni concretarán este 2023, por ejemplo: lo que se visualiza del Hospital de Cartago, la torre del Hospital de San Rafael de Alajuela, saturados por la gran demanda, el Hospital de Limón, el Hospital de Guápiles, la puesta a punto del Área de Salud de San Rafael de Heredia; o, la incertidumbre que quedan las obras del Fidecomiso a partir del 2024, todo eso por decisiones de esta Junta Directiva que consideramos fue presuntamente nombrada ilegalmente, lo cual ha sido ratificado por la Sala Constitucional.
Por lo anterior, como una tercera petitoria, debe valorar con sumo cuidado este ente contralor, el posible incumplimiento de deberes del licenciado Ólger Sánchez Carrillo, Auditor Interno; del licenciado Randall Jiménez Saborío, Subauditor Interno; y, del Lic. Adrián Céspedes Carvajal, por presuntamente no advertir a la Junta Directiva de lo acontecido, ni pedir una valoración técnica de mayor rigurosidad e inclusive por aparentemente ralentizar los productos de auditoría en esta materia, para alinearse al funcionamiento de la Presidenta Ejecutiva, en lo que podríamos reiterar como un incumplimiento de deberes y pérdida de credibilidad de esta instancia “independiente” y “objetiva”.
En visita de la Seccional ANEP- Policía Profesional de Migración (PPM), a Puerto Caldera, en el arribo del primer Ferry desde El Salvador, se pudo constatar que no existe espacio físico para que los oficiales de la Policía Profesional de Migración puedan trabajar y realizar los respectivos controles.
Los oficiales realizan el Control Migratorio, primeramente en las oficinas de Puntarenas, donde tienen los sistemas tecnológicos 24 horas antes del pre chequeo y luego en el Puerto donde realizan la inspección física de acuerdo con el manifiesto de salida de la embarcación..
Esta informacion fue confirma por Viviana Moscoso, funcionaria del INCOP, quien manifestó que la Policía de Migración no cuenta con un espacio físico en estas instalaciones, situación también confirmada por el Servicio Nacional de Guardacostas.
Desde la Seccional ANEP-PPM denunciamos que para atender la llegada del Ferry no se dio capacitación al personal, ya que fue suspendida, esta se daría en principio el 9 y 10 de agosto.
Otro de las situaciones detectadas es el faltante de personal, que sigue siendo abrumador, hoy se encontraba en la Oficina Polícial Regional de Puntarenas solamente la coordinadora, quien indicó que «al menos se necesitan 10 plazas nuevas para cubrir todas las funciones de toda esta Regional»
Hacemos un llamado a todas las autoridades de Puerto Caldera para que se le dé una oficina a la Policía Profesional de Migración, así como el equipo necesario para atender esta nueva ruta de Ferry entre Costa Rica y El Salvador.
La Seccional, también hace un llamado al Gobierno de la República, para que se saque de la Regla Fiscal a los Cuerpos Policiales, entre estos a la Policía Profesional de Migración y se le den los recursos que realmente se necesita para atender y resguardar de la mejor manera los puntos y controles migratorios de país.
La Comisión Política Socio Ambiental de la ANEP, junto a diversos grupos ecologistas, buscan que el país esté libre de gasificadora de residuos, debido a su alta contaminación. Por lo que presentaron una mención para declarar al cantón de León Cortés libre de este tipo de proyectos que atentan contra el medio ambiente.
La recién creada seccional ANEP-Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC), se reunió con las máximas autoridades de la institución, para tratar diversos temas que preocupan a la población laboral.
-Dentro de las conclusiones específicamente en su punto número cuatro donde se indica que las proyecciones de la institución sufrieron una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud.
El reciente estudio llamado “Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS)”, publicado en este mes de agosto por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), desmiente las afirmaciones del Gobierno de la República en indicar que la Caja está quebrada.
Así se desprende dentro de las conclusiones específicamente en su punto número cuatro donde se indica que las proyecciones de la institución sufrieron una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud.
“Según se documentó en esta nota técnica, el análisis de las proyecciones de gastos contenidas en los informes actuariales del Seguro de Salud conducidos en los últimos años por la CCSS evidenciaría una recurrente sobreestimación de los gastos totales del Seguro de Salud, en un rango del 13 al 30 por ciento por el año 2021, con tendencia a aumentar conforme transcurren los años en el horizonte de proyección”, indica el documento de la OIT.
El documento también indica que Todos los estados financieros desde 2017, compartidos por la CCSS, presentan superávit de ingresos sobre gastos.
Además, se destaca que “las proyecciones financieras contenidas en la Valuación Actuarial del Seguro de Salud de la CCSS con corte a 2021, y presentadas en 2022 no reflejarían una continuidad en las finanzas del Seguro de Salud observada durante la última década y se desviarían de la tendencia. Todo indica que las principales razones de la marcada desviación de la tendencia anterior son una sobreestimación de los supuestos de tasa de crecimiento de las tasas de utilización de los servicios de salud.”
Para la ANEP, este estudio es claro y contundente, y refleja una clara intención por llevar a la Caja Costarricense del Seguro Social a la privatización de sus servicios. Compartimos el enlace de descarga con declaraciones de Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP, sobre la Opinión técnica de la OIT sobre las valuaciones actuariales del Seguro de Salud de la CCSS, así como el documento de análisis de la OIT.
– Se registran aproximadamente 100 despidos en los últimos 6 meses.
– Denuncias por parte de la seccional ANEP-Cruz Roja provocan persecución sindical
La Seccional ANEP-Cruz Roja denunció en conferencia de prensa una serie de decisiones y anomalías que se vienen presentando en el seno de la Cruz Roja Costarricense, que pondrían en peligro la operatividad de la institución y afectaría seriamente la atención de pacientes y emergencias médicas.
Así lo detalló Ricardo Castro Calderón, presidente de la Seccional ANEP-Cruz Roja, quién manifestó que en los últimos seis meses se habrían presentado aproximadamente 100 despidos en diversos departamentos de la institución, entre estos la parte operativa de la benemérita, aduciendo la institución falta de recursos financieros.
Para la seccional ANEP-Cruz Roja está justificación es cuestionable, ya que en la institución aducen que el salario de las personas cesadas es alto. Sin embargo, en la parte administrativa se mantienen funcionarios con salarios mayores y que no cumplen con los requisitos mínimos del puesto en ejercicio.
“Se ha despedido a socorristas calificados que laboraban en puestos transcendentales en la atención de emergencias médicas y rescate, para contratar en su lugar a personal que no cumple con los requisitos necesarios, incluso estas últimas personas, cuentan con denuncias de hostigamiento laboral”, denunció el presidente de la Seccional ANEP-Cruz Roja.
“Recordemos que para la institución el 60 o 70% de las funciones son en el área operativa, con este proceso de despidos el servicio se precariza. Si la institución continúa en este proceso de despidos se va agravar lo que se presenta desde hace un año y medio, que es el cierre de los diferentes Comités Auxiliares a nivel nacional. Por ende, el tiempo de respuesta de emergencias médicas también se van afectar drásticamente”, expresó Castro
A estas situaciones, según detalló la seccional, se suma que las ambulancias deben esperar entre tres y cuatro horas para que en centros médicos les devuelvan la camilla, debido al faltante de estas en hospitales.
Castro manifestó que, actualmente existe una incertidumbre laboral en la institución, ya que el personal espera cada pago de quincena para saber si van a continuar trabajado o serán despidos.
A esto se suma, el acoso laboral y sindical que la administración de la Cruz Roja Costarricense ha venido realizando en contra de la Seccional ANEP-Cruz Roja, debido a las denuncias realizadas por la seccional en medios de comunicación y otras instancias.
Entre las denuncias realizadas destacan el faltante de personal en ambulancias, lo que ha provocado en algunos casos, el fallecimiento de pacientes durante su traslado al centro médico, ya que la ambulancia solo cuenta con chofer. Otras denuncias se han realizado, ante la Asamblea Legislativa, como por ejemplo, el incumplimiento a la reforma de ley Nº 8690 para la contratación de socorristas con fondos públicos.
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
