Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE) Universidad Estatal a Distancia (UNED): el Covid-19 es una problemática social, cultural y económica, antes que biológica y médica. Si bien sus orígenes son biológicos, y sus manifestaciones extremas y más dolorosas, se dan en los hospitales, su evolución, y eventual complicación, está esencialmente influida por las relaciones sociales, puesto que es en la interacción humana como el SARS-CoV-2 se difunde y los contagios se multiplican.
Las máximas cúpulas político-gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS): gerencias General, Médica, Administrativa, Financiera, Logística, Pensiones, Infraestructura y Tecnología; así como la dirección del Centro de Atención de Emergencias y Desastres; enviaron una desesperada carta al Dr. Román Macaya Hayes, en su condición de Presidente Ejecutivo de la institución, planteando lo que para tales autoridades es la Saturación Hospitalaria ante el estado actual de la situación de la pandemia del covid-19.
Solicitan a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) “…la declaratoria que corresponde en razón del nivel de emergencia en que nos encontramos frente a la saturación de los servicios de salud, que ha ocasionado el aumento exponencial de casos COVID 19; estando dicha comisión facultada por Ley para declarar la alerta que se requiere de manera urgente”.; pues, “…ya se ha manifestado de forma reiterada que se ha materializado el riesgo y se ha producido la saturación de los servicios de salud y por lo tanto, se tienen suficientes elementos objetivos,…” para una alerta roja.
Se indica en la carta al presidente ejecutivo de la CCSS que, la “Alerta Roja se reserva para momentos donde se determine la saturación en la capacidad de respuesta, por ejemplo, saturación de los servicios de salud”.
Una eventual declaratoria de alerta roja como lo plantean las cúpulas gerenciales de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implicará una mayor movilización de recursos humanos: profesionales, técnico-especializados, asistenciales y de servicio; y, a la vez, de recursos financieros que, presuntamente, no estarían disponibles para enfrentar el mayúsculo reto de una alerta roja por saturación hospitalaria.
Y es aquí, en tal situación, que Alvarado y su gobierno deben hacer una escogencia fundamental: la salud y la vida de las personas; ó, la salud del sistema bancario-financiero que se encuentra tan excesivamente robusto que llegó la hora de pedirle un aporte solidario con la urgencia requerida.
ANEP propone, así las cosas, que se decrete una moratoria del pago de intereses de la deuda pública, al menos por un trimestre, 90, días de manera tal que el país y su sistema de salud dispongan de una cantidad de dinero fresco por la cantidad de 630 mil millones de colones, equivalentes a un 1.75 % de Producto Interno Bruto (PIB).
Bien se sabe que la impagable deuda pública ha llegado a tal nivel que está demandando un obsceno pago diario, cada 24 horas, de, prácticamente, 7 mil millones de colones, según lo ha reconocido el propio Ministerio de Hacienda.
Es hora de decisiones estratégicas, realmente heroicas, en función del bien común y de la salud de las personas trabajadoras, principalmente; las cuales, por ejemplo, no tienen dinero para salir del país a vacunarse.
«La élite económica en estas circunstancias debiera concertarse para patrocinar planes de ayuda al sector más vulnerable de nuestra población. La gente pierde su trabajo, pierde su remuneración, carece de medios y, encima, los obligan a encerrarse en sus casas». De manera atinada, lo ha planteado el pensador latinoamericano, filósofo chileno, Gastón Soublette, en su reciente entrevista para BBC-Mundo.
Si el 75 % de la deuda pública costarricense está centrada en deuda pública interna; y si ésta es, en gran parte, entre entes del sector estatal (“se coge plata de un bolsillo para pasarlo a otro del mismo pantalón”), no habrá grandes riesgos de descalabro financiero y, mucho menos, de que se diga que esta operación de reingeniería financiera intra-sector Público, es una especie de default; considerándose que el principal de la deuda se mantendrá intocado.
Téngase en cuenta que la Alerta Roja podría potenciar, todavía más, el autoritarismo gubernamental de seguir impulsando cierres económico-sociales para afectación de las más amplias mayorías de la población costarricense; con los efectos multidimensionales (sociales y culturales y ya no solamente económicos) que hacen que la pandemia, sin dejar de serlo, ahora sea una sindemia; según lo ha denunciado el Centro de Investigación en Cultura y Desarrollo (CICDE), de la Universidad Estatal a Distancia (UNED), en su carta oficio CICDE-023-021, fechado 7 de mayo, dirigido a la Presidencia de la República y su Ministro de Salud, así como a las presidencias de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias (CNE).
Repetimos, la propuesta de ANEP para destinar el pago de obscenos intereses de la deuda pública, al menos por 90 días, para enfrentar la Alerta Roja de la Saturación Hospitalaria que está generando la pandemia y ante la transición de ésta (sin dejar de serlo), a la situación de sindemia (como lo plantea el CICDE-UNED); no implicará riesgo de colapso financiero ni mucho menos asomo de un default.
San José, domingo 10 de mayo de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
La Seccional ANEP-IAFA realizó una reunión para identificar sus fortalezas, amenazas y oportunidades de cara a un fortalecimiento del trabajo que realizan en la institución. La Intención de la seccional es convertirse en un ente fiscalizador en el IAFA, con aras de fortalecer la transparencia en la gestión institucional, tanto, en la parte administrativa como hacia los usuarios, sin dejar de lado el respeto a los derechos laborales.
Comunicado de Prensa
Sindicato ANEP-AyA cuestiona medida transitoria de Acueductos y Alcantarillados al considerarla política y no técnica
El sindicato de ANEP en Acueductos y Alcantarillados (AyA), cuestiona la medida transitoria adoptada por la institución para atender casos de recibos con incrementos anormales, al considerarla como una estrategia política, la cual no subsana las verdaderas razones de las altas facturación durante la pandemia.
Para el sindicato, el informe de la Auditoría Interna de AyA (AU-2020-00506) es claro y contundente, debido a que revela los factores por los que se dan las altas facturaciones, algunos de estos están asociadas a los problemas de gestión y mal funcionamiento de los hidrómetros.
“Dicho informe indica que, existen 299,696 hidrómetros instalados en el campo que registran el rango de siete o más años de instalación, cumpliendo con su vida útil. Así mismo, 118,305 hidrómetros presentan registro de consumos mayores a los 3,000 metros cúbicos, contraviniendo esta situación a lo dispuesto por la Junta Directiva en cuanto a criterio operativo para el cambio de medidores, detalló Ivonne Mata Núñez, miembro del sindicato ANEP-AyA.
La medida transitoria aprobada por AyA, regirá a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta, y se aplicará cuando se cumplan los siguientes escenarios.
Tarifa residencial: cuando el consumo sea mayor a los 15 metros cúbicos y se presente un aumento del consumo cliente de más de un 25% respecto a su histórico.
Tarifa comercial u ordinaria: cuando el consumo sea mayor a los 25 metros cúbicos y el aumento de consumo sea de más de un 100% con respecto a su histórico.
Ambos escenarios se aplicarán solamente si las causas no sean atribuibles al cliente, como fugas internas o variación de hábitos de consumo, lo cual se corroborará mediante inspecciones de campo.
Este transitorio aprobado por la Junta Directiva del AyA estará vigente por 24 meses. Además, se podrá aplicar a casos de “alta facturación” presentadas en el periodo comprendido del 20 de marzo de 2020 a l14 de abril 2021, según detalla el comunicado de prensa enviado por AyA.
Para Ivonne Mata Núñez, esto quiere decir que dejan el problema para el próximo Gobierno, porque no aseguran que al finalizar la medida no se presentarán errores en las facturaciones y cobros altos.
“Esta medida evidencia que la administración de AyA ha mentido todo este tiempo de pandemia a los usuarios, ya que prácticamente aceptan que hubo errores en la facturación y no explica un fundamento técnico para su aplicación, más bien pensamos que es una medida 100% política en un período de campaña electoral. El AyA en la representación de Tomas Martínez (Presidente Ejecutivo) está aplicando una medida paliativa para los altos consumos en la facturación”, manifestó Mata.
Otro de los cuestionamientos del sindicato ANEP-AyA es que el jerarca de la institución manifestó que la aplicación de este transitorio traerá un ahorro por el tema de reclamos, pero no expone cual es ese ahorro que viene a compensar el hueco económico al dejar de percibir, casi 800 millones de colones mensuales, como así lo expresaron a la prensa.
“Ponen en riesgo financiero a la institución, ya que con esta medida habrá una diferencia entre lo facturado y lo cobrado, el AyA deberá asumir el Impuesto al Valor Agregado y con los números en rojo creemos que no tendrá la capacidad para asumirlo”, aseveró Edwin Marín, presidente del sindicato ANEP-AyA
Otra de las preocupaciones de la seccional, recae en la inversión de una Plataforma Tecnológica como solución a todo el problema de facturación, la cual ha sido impulsada desde la Presidencia Ejecutiva, sin embargo, se desconoce de dónde saldrán los dineros para su implementación.
“Nos preocupa enormemente que tenga la institución que solicitar un aumento tarifario para que el gobierno entrante le haga frente a este compromiso, por un lado, le dan al consumidor y por otro lado le quita. Lo anterior, porque bajo fe de juramento Manuel Salas (ex Gerente General de AyA y ahora Subgerencia Ambiente y Desarrollo) en la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa, indicó que la plataforma se financiaría con recursos públicos, pero no han querido mostrarnos el presupuesto 2021 donde compromete esos recursos ni los flujos de caja proyectados, frente a un estado de resultados que muestra sus números en rojo”, cuestionó Marín.
Por estas razones la seccional considera como un paliativo totalmente político la medida transitoria impulsada desde la Presidencia Ejecutiva, que podría poner en riesgo a la institución y con esto terminar de afectar a los consumidores.
Para declaraciones o entrevistas comunicarse con Edwin Marín, Presidente ANEP-AyA al 6017-8216 o Ivonne Mata Núñez, miembro del sindicato ANEP-AyA al 8837-6030
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), se reunió con autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para analizar la situación laboral de trabajadores jornales ocasionales del Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA), ente adscrito al MAG
La incertidumbre se apodera de estos trabajadores año con año al desconocer si van a continuar trabajando, para así llevar sustento a sus familias, ya que incluso algunos cuentan con 13 años laborando con dicha modalidad laboral.
Luego de la reunión y analizar la situación de estos trabajadores, se acordó entre las partes solicitar a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda la apertura de plazas para el 2022.
Celebramos que la denuncia constante de la ANEP acerca de los brutales recortes presupuestarios, haya aportado, en gran medida, a fin de que la actual Asamblea Legislativa corrija su grave error de aplicarlos, a mansalva, a estratégicos servicios públicos como los de Educación y de Seguridad.
Tiene ya la ANEP bastante tiempo, y con ocasión de la tramitación parlamentaria de los últimos presupuestos de la República que pasan por la Asamblea Legislativa, de denunciar esos recortes presupuestarios, tildándolos de recortes presupuestarios “triple i”: irreflexivos, irracionales, irresponsables.
Efectivamente, con ocasión de la tramitación del presupuesto de la República para el actual ejercicio fiscal 2021, los diputados extremistas ideológicos anti-Estado, avanzaron peligrosamente en cuanto a su fundamentalismo recortista; al punto de dejar sin educadores a miles de niños y de jóvenes estudiantes provenientes de hogares con ingresos y bajos que no pueden pagar educación privada; negándoles así el Derecho Humano Fundamental a la educación, por demás, algo inconcebible a los ojos del mundo que siempre han considerado a Costa Rica como un país baluarte en políticas educativas públicas.
Por otra parte, ese enfermizo fanatismo fiscalista, cuyo fundamento ideológico riñe con la naturaleza del ser costarricense, ha puesto en peligro la propia seguridad del país, tanto en el plano nacional como en el ciudadano. El caso más dramático es el que está viviendo la Policía Profesional de Migración y Extranjería, dejándose al país en total ridículo internacional en cuanto a su política migratoria. No menos grave es el caso de la Fuerza Pública, cuyos oficiales no solamente han venido soportando condiciones salariales paupérrimas; sino que, han venido laborando en condiciones de salud ocupacional y de instalaciones físicas muy deterioradas, amén de serios problemas de avituallamiento y de logística técnica.
Felicitamos a las diversas organizaciones sindicales de la ANEP en los cuerpos policiales por su aporte fundamental a esta victoria civil-laboral y sindical-social; particularmente a las seccionales ANEP-Fuerza Pública y ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería.
Felicitamos a cada compañero y compañera policía (especialmente, integrantes de la Fuerza Pública) que, en días pasados, concretamente, el martes 26 de enero, atendió la convocatoria de calle de ANEP, manifestándose contra las precarias condiciones de trabajo que están viviendo los cuerpos policiales de Costa Rica.
Seguiremos en esta senda de lucha contra las aberrantes políticas de corte neoliberal contrarias al bien común; contrarias a la inclusión social y económica; contrarias a la paz misma y contrarias a la propia Democracia; políticas muy posicionadas en el seno de los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo, con efectos nefastas para la convivencia civil, como lo demostraron estos recortes presupuestarios “triple i”, hoy revertidos, por irreflexivos, irracionales e irresponsables.
San José, miércoles 10 de enero de 2021.
Albino Vargas Barrantes, Secretario General
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto
Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)
Desde la ANEP y desde la Seccional ANEP-Magisterio Nacional sabemos que, en estos momentos, la mística de personal docente y administrativo, aboca en estos momentos a miles de personas trabajadoras de la educación a dar lo mejor de sí para con lo dispuesto, con el estratégico objetivo de retomar en este nuevo ciclo lectivo, al estudiantado que tanto apoyaron el año anterior. Pero, también consideramos que hay vacíos necesarios de clarificar a través de la pronta respuesta de jerarcas como su persona, para asegurar la tranquilidad del digno personal docente y administrativo a lo largo y ancho del país.
Los 12 cuestionamientos de la ANEP a la ministra de Educación por regreso a clases by EugenioGuerrero on Scribd
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
