Entre las organizaciones que denuncia se encuentran: Sindicato Nacional de Enfermería (SINAE), Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Sindicato de Funcionarios Públicos y Privados de C.R. (SIFUPCR), Sindicato de Trabajadores de la Salud y Afines (SITHOSAJUDI), Confederación de Trabajadores Rerum Novarum (CTRN), Central del Movimiento de Trabajadores Costarricenses (CMTC), Confederación Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Central Social Juanito Mora Porras (CSJMP).
Categoría: Institucional
Negocios millonarios que se esconden detrás del déficit fiscal
En nuestro artículo anterior nos manifestamos sobre la infame campaña que se ha orquestado en contra de los empleados públicos, queriendo hacer creer a la ciudadanía que por los salarios y los pluses que percibimos, somos los responsables directos del alto déficit fiscal que existe en el país. El sindicato ANEP-HACIENDA considera que estos ataques venenosos lo que pretenden es confundir y engañar a la opinión pública, desviando la atención de las verdaderas causas de este desajuste fiscal, como lo son, el robo de impuestos en todas sus manifestaciones que alcanza la astronómica suma del 8 % del PIB, la regresividad del sistema tributario, salarios y pensiones millonarias para unos cuantos favorecidos, además, de algunos negocios muy lucrativos que se han creado para satisfacer algunas necesidades institucionales que implican cuantiosas sumas de dineros públicos, los cuales son transados con inversionistas muy acaudalados que gracias a estos contratos pactados con el estado han aumentado con creces sus espléndidas fortunas. Un negocio de este tipo es el de los alquileres de oficinas gubernativas, donde participan algunos empresarios privados que han financiado campañas políticas, además de algunos políticos con fuertes nexos en el sector empresarial.
Nuestro Ministerio de Hacienda tiene el deshonroso puesto de ser el inquilino más caro del sector público, por ejemplo a Hogares de Costa Rica a la cual se le alquilan oficinas desde el 2008 y que son ocupadas por la Administración Tributaria del Oeste y el Centro de Información de Formación Hacendaria ( CIFH) en Barrio Don Bosco, se le paga una suma mensual de ¢174.050.568 (Ciento Setenta y Cuatro Millones, Cincuenta Mil, Quinientos Sesenta y Ocho colones ), para un total anual convertido en dólares de aproximadamente $3.968.698.
A la sociedad Inmobiliaria Mira, con la cual se tienen varios contratos, por las oficinas que se alquilan en Zapote, se le paga un monto mensual de ¢79.822.430, lo cual representa una suma anual en dólares de $ 1.820.110. A la empresa COPPERMINE INC S A, por las oficinas del Edificio Fischel, se le cancela una suma mensual de ¢53.435.980, lo cual en dólares asciende al año a un monto aproximado de
$ 1.218.446.
También a la Compañía La Llacuna, empresa ligada al actual diputado por el partido Liberación Nacional el Sr. Antonio Álvarez Desanti y con la que se tiene contrato de alquiler desde hace muchos años, se le paga mensualmente ¢65.581.650, que al año llega a $ 1.495.392, por cierto el Sr. Álvarez Desanti es uno de los propulsores de la Ley de Empleo Público, que entre otras cosas, pretende eliminarnos los pluses salariales, que hemos logrado por medio de la lucha y en el transcurso de largo tiempo, a Inversiones Inmobiliarias por el edificio localizado en el Paseo Colón donde se encuentra Presupuesto Nacional se le paga al mes ¢51.255.115, que representa $ 1.168.718 y para no aburrirlos finalmente tenemos a Comercial Sol y Lluvia, propietaria del OUTLET MALL, donde se encuentra la Administración Tributaria del Este, cuyo dueño es el Sr. Donald Formal, ( ex suegro del diputado Otto Guevara del Movimiento Libertario ) y otro de los diputados que quieren a capa y espada la imposición de la Ley de Empleo Público y eliminar todo lo que se relacione con el Estado y los sindicatos, a la cual se le paga por mes ¢50.362.490 y por año $ 1.148.365. Estos son sólo algunos casos de los descomunales montos en alquileres que cancela el Ministerio de Hacienda y cuyos inmuebles se ubican en el Área Metropolitana, dichas sociedades se reparten al año alrededor de $ 11.000.000, que representa casi Seis Mil millones de colones.
Por supuesto que detrás de este pujante negocio, de esta orgía de recursos públicos, hay sectores económicos muy poderosos, de gran capital e influencia política, que no quieren que se acabe esta piñata de fondos públicos, porque desde hace muchos años, están como vampiros prendidos de la yugular estatal, devorando los dineros que ha financiado nuestro sacrificado pueblo por medio del pago de impuestos.
Son los mismos grupos que vestidos de ovejas, hipócritamente dicen defender a la población contra el aumento de impuestos, pero lo que hacen es disimular que lo que realmente están defendiendo y protegiendo es que las cosas se mantengan igual, que siga el robo de impuestos y por supuesto seguir ellos dándose la gran vida, continuar en sus posiciones de privilegio, acrecentando cada día más su patrimonio, alcahueteados por un sistema tributario injusto y altamente regresivo. En estos grupos se encuentran también los medios de comunicación que no quieren que se aumenten los montos ridículos que se pagan por los cánones del espectro radioeléctrico. Son los mismos que se han enriquecido con los servicios privados que alquila la Caja Costarricense del Seguro Social y que tampoco quieren que se terminen. Y entonces para perpetuar sus grandes negocios y tener intactas sus exageradas ganancias, tiran sus mortíferos dardos contra los empleados públicos, que pagamos nuestros impuestos de manera puntual, tanto el que nos rebajan mes a mes de nuestro devaluado salario, como el que pagamos cada vez que compramos en el comercio. Por estas razones y ocultando sus verdaderos propósitos que consisten en conservar su acomodada holgura financiera, es que estos sectores se oponen a algunos proyectos de reformas fiscales, que deben ser ampliamente discutidos y ojalá modificados en algunos de sus aspectos esenciales, como por ejemplo el aumento que se quiere hacer del IVA del 13 al 15 % y al cual nos oponemos, pero que deben ser concretados para cambiar la injusta situación fiscal que prevalece actualmente, donde lo que debe predominar es la progresividad de nuestro sistema tributario y que los individuos contribuyan con el sostenimiento de las cargas públicas de acuerdo a su capacidad económica. Para ver con más detalle los alquileres cancelados por este Ministerio, pueden revisar el cuadro que se adjunta a este comunicado.
ANEP-HACIENDA QUE SE ACABE EL PERVERSO NEGOCIO DE LOS ALQUILERES QUE CAUSA MAS POBREZA Y DESIGUALDAD
SITRAPEQUIA demanda nacionalizar la distribución del gas
No es posible que un servicio público de primera necesidad en los hogares, el comercio y la industria esté en manos privadas y quede sujeto a pleitos y diferencias entre empresarios particulares, poniendo en riesgo el abastecimiento nacional y el interés público.
¿Cómo es posible que haya desabastecimiento? si RECOPE tiene disponible el gas que el país necesita, tal y como la ha hecho durante más de 50 años con el combustible que mueve al país.
Llamamos a los usuarios del gas, a las organizaciones comunitarias y al conjunto del movimiento sindical, a sumarse a esta lucha para que la distribución del gas esté en manos exclusivas del Estado costarricense y se garantice el abastecimiento continuo del combustible.
¡Los servicios públicos no se privatizan! ¡Debe prevalecer el interés público sobre cualquier otro!
Edificaciones aduaneras modernas o aduanas “transformer”
Nuestro sindicato ANEP-HACIENDA ha sido muy crítico en cuanto a las pésimas condiciones en que se encuentran las Aduanas fronterizas de nuestro país, las cuales con el transcurso de los años se han ido deteriorando progresivamente y adquiriendo cada vez un aspecto más indigente .
Esta situación nos llevó a presentar recursos ante la Sala Constitucional, que resolvió conceder un tiempo prudencial al Ministerio de Hacienda para que se realizaran los trabajos correspondientes. Por lo que en esa época se integró una Comisión interinstitucional, liderada por el Ministerio de Comercio Exterior (COMEX) y la Sra. Anabelle González, sin embargo, el tiempo pasó y las mejoras han sido mínimas, agravándose aún más el problema con el incendio en la Aduana de Peñas Blancas y en esa ocasión, en lugar de aprovechar esas difíciles circunstancias y revertirlas en el sabio refrán de “que no hay mal que por bien no venga“ y construir de una vez por todas una aduana moderna, de primer orden, las autoridades decidieron y manifestaron que por tratarse de una emergencia se iba a acondicionar el andén, para que funcionara sólo de manera temporal, pero éste todavía sigue operando, además de que presenta serios daños estructurales, con el peligro eminente de que se pueda derrumbar. Adicionalmente hay que comentar sobre los arreglos millonarios tipo parche que se realizan en esa Aduana..
Por eso nos preocupa la apertura del nuevo puesto fronterizo de Tablillas en el cantón de Los Chiles, Alajuela, pues mientras nuestro vecino Nicaragua, desde hace bastante tiempo, tiene prácticamente habilitadas sus instalaciones aduaneras y vías de acceso, las jerarquías costarricenses optaron por abrir dicho puesto montando oficinas móviles en base de contenedores, se argumenta que éstas son provisionales y que se utilizarán hasta tanto se construyan las edificaciones definitivas. No se crea que por tratarse de esta clase de oficinas, las mismas resultan baratas, por el contrario se han tenido que invertir sumas millonarias, que rondan alrededor de los 4 millones de dólares. Consideramos que aunque se haya manifestado por parte de algunos altos funcionarios del ICE ,que es la dependencia responsable de la parte constructiva, además de otras autoridades de COMEX, que en el puesto de Tablillas se instalará un “moderno complejo de oficinas “, creemos que éstas deben operar únicamente en un período muy reducido de tiempo, transitoriamente, para luego dar paso a una infraestructura aduanera fronteriza permanente, innovadora y vanguardista, acorde con las exigencias de las aduanas de avanzada, en cuanto a la facilitación del comercio, la prevención del contrabando y el tráfico de mercancías ilegales.
Por eso en relación con la idea de provisionalidad de estas oficinas, ojalá que esta vez si tenga ese carácter y no como en el pasado donde se ha manoseado demagógicamente dicha condición, esperamos que ahora no se queden operando a perpetuidad, como sucedió en Peñas Blancas y Paso Canoas , pues nuestro país debe ambicionar y también merece contar con aduanas, que contengan los principales aspectos y requerimientos de las aduanas más desarrolladas de los países líderes en esta materia.
Seccional Orquesta Sinfónica Nacional alza la vos
Seccional AyA inauguró local en la sede central de Acueductos y Alcantarillados
A propósito de lo que ha venido pasando en el Hospital México
Profundamente consternados, y sin haber salido aún del asombro sobre las informaciones periodísticas expuestas en las últimas horas con relación a la situación particular denunciada en el Hospital México, nada menos que por la jefe de Cardiología de ese nosocomio, a raíz del deceso por falta de atención de ciudadanos con afecciones cardiacas;
y aún sin existir resultados claros sobre hechos similares sucedidos en el Hospital Calderón Guardia con las prótesis de ortopedia donde se inventaron datos (entre otras acciones gravísimas);
así como lo relativo a las cirugías cardiacas en el Hospital de Niños, otro hecho sin claridad sobre lo sucedido lo que podría dejar en la más absoluta impunidad a los responsables;
DECLARAMOS
Nuestra coalición sindical PATRIA JUSTA exige, una vez más, a la Presidencia Ejecutiva y a la Junta Directiva la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que brinden una explicación al pueblo costarricense y una solución a los problemas planteados en el menor plazo posible, sobre la ineficiencia en la gestión administrativa por parte de algunos de los más altos funcionarios de la institución, lo que afecta de manera directa la atención de la salud de los asegurados que dependen y acuden a la Caja en busca de alivio.
Particularmente, la denuncia efectuada por la Dra. Sofía Bogantes Ledezma, Jefa del Servicio de Cardiología del Hospital México, que nos merece credibilidad, evidencia lo grave de esta situación que ha ocasionado un aumento en la tasa de mortalidad como producto de esta negligencia e inoperancia de esas cúpulas de alto nivel central y hospitalario, según se desprende de su acusación, dejando en duda y entredicho la gestión de altas autoridades institucionales.
PATRIA JUSTA denuncia que el faltante de médicos especialistas dentro de la institución agrava la atención del asegurado en procedimientos diagnósticos, terapéuticos o quirúrgicos; aumentando con ello las listas de espera de pacientes y convirtiendo a nuestro sistema de salud y a la Caja misma en un régimen indiferente al dolor humano; todo lo cual contribuye al fortalecimiento de la atención asistencial médica en clínicas y hospitales privados los cuales se ven beneficiados de este deterioro sistematizado de la Seguridad Social proporcionado por la CCSS.
Por tal razón apoyamos una urgente investigación de la Asamblea Legislativa en este problema de manera integral y, especialmente, en lo relativo a la formación de especialistas; para que se investigue de manera pronta y oportuna cuál es la verdadera causa de la inopia de especialistas médicos en la Caja, para buscar una verdadera solución al problema de salud para todos los costarricenses y proteger con ello el derecho constitucional a la vida y a la salud.
¡No más alzas en las tarifas de bus!
De manera contundente, una vez más, debemos expresar nuestra más fuerte crítica a la alianza que, ahora de manera descarada, se da entre la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y el empresariado autobusero; una alianza de corte corporativo en contra de las miles de personas trabajadoras usuarias obligadas del transporte público modalidad autobús. No podemos de otra forma interpretar la nueva alza tarifaria en los buses que se está anunciando.
Sinceramente nos parece escandaloso que la Aresep les apruebe a sus “socios” del empresariado autobusero una nueva alza en las tarifas de los buses, cuando éstas jamás reflejaron las siete u ocho bajas consecutivas que en los últimos meses tuvieron los precios de los combustibles, dada la caída de los precios internacionales del petróleo.
Enfatizamos en la imperiosa necesidad de que la Aresep se cierre para dar paso a otro tipo de institucionalidad en la materia que actúe con más justicia y con más transparencia.
El proceso de audiencias de la Aresep al respecto está totalmente desacreditado. Es pura “operación cosmética” de una casi que burlesca “participación ciudadana”.
Las personas usuarias del servicio de autobús y sus organizaciones a nivel local, regional y comunal, deberían cuestionarse seguir participando en este tipo de consultas espurias y dejar de legitimar con su presencia un proceso que termina siendo una tomadura de pelo. Aresep siempre le concederá al autobusero el alza que éste le está pidiendo.
El contubernio entre la Aresep y los empresarios autobuseros, ahora todavía mucho más evidente, empobrece al pueblo trabajador de ingresos salarios medios y bajos, ya de por sí en bastantes aprietos económicos por cuanto seguimos con una política de salarios mínimos en constante deterioro al no incrementarse el poder de compra de los mismos.
Lastimosamente, el actual Gobierno de la República parece “mirar para otro lado” en estos de la alianza corporativa ARESEP-empresariado autobusero, pues no le conocemos ninguna iniciativa político-administrativa, y mucho menos legal, a favor del usuario del transporte por autobús; usuario que, por cierto, también se encuentra indefenso ante el control que este mismo sector empresarial tiene sobre el Consejo de Transporte Público (CTP).
Gestores Ambientales envían propuesta al Ministerio de Salud
1. Que se nombre a un funcionario de recursos humanos del Nivel Central de éste Ministerio para que se revise y se proponga un Manual de Puestos en coordinación con la Seccional de Gestores Ambientales, los cuales pueden colaborar en la orientación con respecto a la competencia y perfil técnico y profesional de las personas destacadas en éstos puestos. Se solicita dicha persona tenga designada esta tarea dentro de sus funciones ordinarias, con la finalidad que participe activamente en las reuniones correspondientes.
2. Que se elimine la práctica inadecuada de delegar funciones de gestión ambiental a personas con carencia de conocimiento en el campo, así como que no se asignen labores ajenas a la competencia técnica y profesional de los gestores y gestoras ambientales, con la finalidad de garantizar un servicio de calidad a los usuarios.
3. Que se brinden los insumos necesarios para la realización de las labores cotidianas, teniendo prioridad sobre los aspectos de equipo de protección personal y que esto sea informado a las direcciones tanto regionales como de áreas rectoras de salud, con respecto a la necesidad de dotación de bloqueador solar(salidas a campo, especialmente en zonas costeras), capas(época lluviosa), botas(inspección en zonas boscosas), zapatos de seguridad, casco de seguridad, lentes de seguridad, mascarillas, tapones de seguridad (inspecciones en industrias y construcciones) , jackets (supervisión de eventos de pólvora), repelente (atención de denuncias por vectores como mosquitos o visitas a zonas con brotes de dengue o chiconkunya), entre otros.
4. Que se priorice la contratación de personal en plazas de saneamiento ambiental según estudio previo de la oficina de Recursos Humanos del Nivel Central, de la carga de trabajo y cantidad de establecimientos industriales y comerciales así como viviendas de cada una de las Áreas Rectoras de Salud.
5. Revisión y análisis de las guías existentes de manera conjunta por parte de la Dirección de Protección al Ambiente Humano con la Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales, en donde se garantice la participación del personal de campo con el conocimiento suficiente para garantizar un uso efectivo y eficiente de los recursos disponibles (papel, tinta, tiempo, personal, vehículos, entre otros). Y se logre un consenso con respecto a la información pertinente a recabar en las inspecciones.
6. Coordinación prioritaria con el Consultorio Médico del Nivel Central para vacunación del personal de saneamiento ambiental (programado anualmente por el médico), con respecto a vacunación, así como refuerzos de vacunas especialmente en el acompañamiento a la atención de brotes (de hepatitis, A1N1, Sarampión, Varicela, entre otros).
7. Que se coordinen capacitaciones de calidad impartidas por Universidades Estatales u otras entidades para los funcionarios en temas relacionados a la regulación de la salud, por ejemplo, supervisión de eventos con explosivos, inocuidad alimentaria, sustancias peligrosas, ruido, salud ocupacional, aguas residuales, contaminación del aire, manejo de residuos especiales, entre otros, en los que se garantice la participación de todo el personal de saneamiento ambiental de las áreas rectoras de salud, así como se gestione certificados con reconocimiento ante el servicio civil.
8. Que se efectúen concursos internos para la asignación de plazas vacantes en el Ministerio, antes de contratación de personal nuevo, garantizando mantener la experiencia del personal tanto interino como en plaza existente en el Ministerio.
9. Que se mejoren las condiciones físico-sanitarias de los puestos de trabajo.
10. Que se reconozca el pago de rubro de peligrosidad a los gestores y gestoras ambientales según lo solicitado con anterioridad ante la Dirección General de Salud.
11. Que se resuelva la recalificación de los puestos de asistentes de servicio civil para aquellas personas que cumplan con los requisitos legales.
12. Que se coordine por parte de las Unidades de Rectoría de la Salud Regionales reuniones mensuales o bimensuales para abordar temas técnicos y legales del trabajo desarrollado por los gestores y gestoras ambientales de manera cotidiana, esto como por ejemplo sucede con la realización de las reuniones de médicos directores. Dichas reuniones solicitamos sean autorizadas mediante directriz Ministerial.
13. Que se convoque a la Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales cuando se trabaje en instrumentos o normativa que va a ser aplicable por parte de dichos funcionarios, con la finalidad que exista una retroalimentación con la experiencia del personal existente.
14. Que se priorice la salud pública antes que los intereses políticos, eliminando directrices que contravienen la normativa vigente y minimizan el criterio técnico y profesional, por ejemplo el procedimiento de valoración de clausura de cierto tipo de establecimientos.
15. Que se indique mediante directriz que la Ley N°9028 puede ser aplicada por cualquier funcionario del Ministerio de Salud y que no es responsabilidad exclusiva de los gestores y gestoras ambientales, para lo que deseamos destacar que consideramos importante que las mismas sean priorizadas en asignación al personal de vigilancia de la salud, quienes tienen el conocimiento suficiente con respecto a las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco, los cuales al atender este tipo de denuncias pueden tener mayor injerencia en la concientización acerca de la problemática del consumo de dicha sustancia.
16. Que se efectúe un análisis de labores desempeñadas por los funcionarios de las distintas Áreas Rectoras de Salud, en las que se evidencia la carga de trabajo asignada a los mismos, y la capacidad de resolución del trabajo asignado, sin tomar como criterio definitivo el emitido por los y las directoras de las Áreas rectoras de Salud, sino más bien el trabajo desempeñado según la carga de trabajo asignado y disponibilidad de recursos, y a partir de esto se tomen las decisiones pertinentes. Garantizando que los puestos de trabajo que se asignan hagan un uso efectivo y eficaz de los recursos y se considere la reubicación de personal que no desempeñe de manera adecuada las funciones para las que fue contratado. Mejorando la imagen del Ministerio ante la sociedad costarricense.
17. Revisión y análisis de los distintos puestos de jefaturas (jefaturas y coordinadores), en los cuales se realice una apertura para los profesionales de saneamiento ambiental, puesto que la regulación de la salud está relacionada directamente con las funciones y conocimiento técnico y profesional de dichos funcionarios y que no sólo se limite a los profesionales en medicina.
18. Que se efectúe el análisis y respectivas aclaraciones mediante informe con respecto al reconocimiento de incentivo de zonaje a varios funcionarios y a otros no, en áreas rectoras de salud alejadas del área metropolitana.
19. Que exista un funcionario de las oficinas de asuntos jurídicos de las diversas regiones del país que brinde soporte legal a los gestores y gestoras que se encuentren inmerso en un proceso contencioso administrativo, siendo el asesor legal de dicho funcionario.
Nos oponemos a que oficiales de migración realicen cobros de multas a extranjeros
La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPM), se oponen rotundamente a que oficiales de Migración y Extranjería, destacados en diferentes puestos de control migratorio, realicen el cobro de multas a personas extranjeras que salgan del país y hayan permanecido en suelo nacional más del tiempo establecido.
Ante esta situación la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración envió una nota dirigida a la Viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz Quesada, para que den marcha atrás con dicha directriz que empezaría a regir a partir del 15 de abril del año en curso.
Según Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, existen muchos riesgos para el cobro de las multas pues los y las oficiales se estarían convirtiendo en “cajeros bancarios, siendo esto muy peligroso”, ya que la multa equivale a $100 por cada mes irregular en el país.
“Existen oficinas donde no hay sedes bancarias para realizar los depósitos y no hay cajas de seguridad donde resguardar el dinero recaudado. Se da así un gran riesgo para que dicho dinero se pierda ya sea por asalto u otra forma. El personal no está capacitado para realizar dicho cobro y se le estarían variando las funciones”, explicó el Presidente de la Seccional.
Ordoñez indicó que existen ejemplos de cobros similares asignados a cuerpos policiales en el pasado, los cuales no han dado resultado y se ha prestado para situaciones irregulares.
“Si vemos la historia tenemos que en la Fuerza Pública, se comenzó a “perder” el dinero cuando eran los propios policías los que cobraban las pensiones alimentarias, y por ese motivo es que ahora los interesados deben depositar al banco dicho pago. De la misma manera sucedía cuando se pagaban los derechos de salida con timbres fiscales, éstos eran escaneados y falsificados. Las multas por infracciones a la ley de tránsito se tienen que pagar en los bancos estatales, también”, manifestó Mora.
Otro de los puntos en que enfatiza Mora, es que la normativa actual no indica en ningún apartado que sean los oficiales de la Policía Profesional de Migración los que realicen este tipo de cobro.
“Consideramos que el Gobierno debe buscar un mecanismo seguro donde el oficial no tenga que tocar dinero en efectivo por dicho cobro y así prevenir cualquier situación anómala y/o de infortunio que se pueda presentar; solamente verificar que el pago se haya efectuado en los lugares autorizados”, finalizó el Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración.
