Enormes preocupaciones laborales en la Policía Profesional de Migración

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Policía Profesional de Migración, se encuentran preocupados por diversas situaciones labores que afectaría principalmente la aplicación del nuevo Manual de Puestos y el Estatuto Policial, así como temas relacionados a roles de trabajo y carencia de personal.

Ante esta situación, la ANEP y la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración han solicitado una reunión de carácter urgente con la Viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz Quesada, para tratar los siguientes temas que afectarían el clima laboral.

PRIMERO: Dejamos constancia de que discrepamos de la posición de la honorable señora Directora General de Migración y Extranjería, Licda. Kathya Rodríguez Araica, de vincular la implementación del nuevo Manual de Puestos de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, a la realización del curso de portación de armas que, como bien sabemos, está pendiente en unos 180 casos. Si tal idea se oficializa, a lo que nos oponemos, se estará generando un nuevo traspiés, sumamente desestimulante y desmotivante, a una larga espera de varios años y a un complejo “vía crucis” de nuevo, luego de múltiples esfuerzos sostenidos por este honorable personal de servicio público que, con responsabilidad cívica, ha sido enormemente tolerante en lograr el objetivo de su profesionalización y, por ende, del abandono del estado de precariedad salarial en que todavía se encuentra.

SEGUNDO: Es preciso puntualizar que el ingreso a la propiedad en el marco del Estatuto Policial abre posibilidades de estar dentro del mismo de manera directa, cumpliendo las regulaciones reglamentarias que se han establecido al respecto, dentro de las cuales no se establece consideraciones negativas con relación a sanciones leves que impidieran ese ingreso; notándose ahora que se pretende desplegar una excesiva puntillosidad para bloquear tal aspiración; simplemente, para citar un caso, no presentarse a laborar al día siguiente de la incapacidad pues coincidía con día libre, amén de ser un asunto que se dio hace unos tres años.
TERCERO: En cuanto a los roles de trabajo se hace necesario definir un protocolo de respeto de manera tal que se establezca que el día de descanso que se anula para “reforzar” al personal en actividad, debe considerarse como jornada extraordinaria que debe pagarse según las estipulaciones laborales del Código de Trabajo; teniendo claro que ya hay una claridad absoluta, por intermediación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de que el reconocimiento del sobresueldo por Disponibilidad, no tiene relación alguna con el reconocimiento de pago de horas extra, pues son dos conceptos radicalmente distintos entre sí y no un sustitutivo del otro.

CUARTO: Queremos advertir de los graves riesgos institucionales por la carencia de personal a fin de atender como se merece la población extranjera visitante de nuestro país que está ingresando por los aeropuertos nacionales, debido a irracionales restricciones presupuestarias para nombrar más personal y/o para sustituir con celeridad a quienes están abandonando la institución. Los y las turistas muestran gran enojo y molestia por la disminución de la celeridad en su tramitación de ingreso, debiendo soportar el o la oficial que les recibe la situación de estrés que implica esta circunstancia. Es urgente un cambio de política radical al respecto que, por supuesto, incluye los puestos fronterizos por tierra.

ARESEP “al desnudo”: ¡Ciérrenla!

Un sonoro aplauso desde la clase trabajadora usuaria del transporte público modalidad autobús, merece el grupo ciudadano Red Solidaria Nacional, en la persona de don Olman Bonilla, quien con gran propiedad en el tema por ser el creador del modelo de tarifas para buses, ha denunciado las alteraciones que el mismo sufre hoy en día, con la complicidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para favorecer los intereses de lucro privado del empresariado autobusero; actividad que, por cierto, está en una peligrosa ruta de concentración de la propiedad.

El clamor que días atrás hiciera público la ANEP de que pese a la rebaja de los precios internacional del petróleo, con reflejo directo en ocho bajas consecutivas en los precios de los combustibles en Costa Rica, las tarifas de autobús no han bajado; ahora se potencia más.

La denuncia de la Red Solidaria Nacional deja, completamente, “al desnudo” a la Aresep: prácticamente “tomada” por ese empresariado autobusero, lo que ha dejado a los usuarios de buses totalmente indefensos.

Los cuestionamientos son múltiples para la Aresep. Por ejemplo, dar por cierto, por veraz, sin cuestionamiento alguno, el dato empresarial sobre la cantidad de pasajeros que se movilizan por bus; permitirle al empresariado autobusero que incluya para temas de costos los buses de su flota que tiene en reserva, que no está usando; en rutas de diferentes costos por tramo de recorrido, en vez de emplear un factor promedio, se utiliza el más alto, favoreciendo al empresario pero perjudicando al usuario.

Aresep es permisiva permitiendo que haya muchas tarifas de buses en condición de irregularidad, pues según la entidad denunciante, se están utilizando indicadores y coeficientes distintos a los creados en el modelo. Tal es la opinión experta del ciudadano Olman Bonilla.

Puede decirse que las personas usuarias del transporte público modalidad autobús han venido siendo, prácticamente, “estafadas” en los últimos tiempos: pagando tarifas de autobús infladas que podrían ser hasta el doble de lo que en realidad se debe pagar; y por otro, la rebaja en el precio de los combustibles no ha implicado ninguna reducción en los pasajes de autobús.

Evidentemente, el empresariado autobusero estaría enriqueciéndose muy aceleradamente; una actividad que, por demás, está en una peligrosa ruta de concentración de propiedad.

¡Ciérrenla! Es lo mejor para la población trabajadora usuaria de los servicios públicos de transporte por autobús y, en términos generales, usuaria de los otros servicios públicos que la Aresep ha venido “regulando” en cuanto tarifas pero no para favorecer el bien común.

Si ahora hay diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que están planteando “llamar a cuentas a la Aresep”, buena iniciativa es; pero, ¿y después qué?

Si se habla de una indemnización para la población usuaria de los buses, ésta debería ser de, al menos, a) inmediata reducción drástica en las actuales tarifas, especialmente las de las zonas rurales; b) debería abrirse un proceso penal para los responsables de la agresión económica que ha sufrido la clase trabajadora usuaria de tal servicios, abriéndose expedientes para personeros de la Aresep y para representantes empresariales autobuseros; y, c) finalmente, debería considerarse un cierre de la Aresep.

La verdad es que en esto de las tarifas de autobús, los usuarios que son abrumadoramente integrantes de la clase trabajadora, han estado indefensos, han sido abusados y engañados y hasta “asaltados”.

Policías de Tránsito exigen pago de horas extra

Los oficiales marcharon desde la sede central de la policía de tránsito en Plaza Víquez hacia la Procuraduría General de la República para solicitar el pronunciamiento de dicho órgano respecto al pago de horas extra.
Homer.

El apoyo de la ANEP a los oficiales de la Policía de Tránsito se dan en el marco de un acercamiento inter-gremial a partir de la confluencia de aspiraciones de mejores condiciones de trabajo y empleo de las cuatro principales policías del gobierno central Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración y la Policía de Tránsito.

ANEP y SINAE presentaron denuncia ante auditoria interna de la CCSS


La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato Nacional de Auxiliares en Enfermería, presentó la denuncia formal ante la auditoria interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el desperdicio y destrucción de reactivos médicos, que le cuesta a la institución cerca de 1 500 millones de colones.

Al final de esta nota se adjunta la denuncia respectiva

Solicitamos explicaciones a la CCSS por burla hacia trabajadores interinos

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), brindar explicaciones e información que sea totalmente real y veraz, con relación al grave problema de cientos de personas trabajadoras asalariadas que laboran para La Caja, en condición de interinas y que han sido burladas por la institución.

Lo anterior debido a que se anunció por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, la apertura de los concursos de rigor, para que los trabajadores interinos optaran por una plaza en propiedad. Sin embargo, en las últimas horas se ha decidido cancelar dichos concursos.

“En las últimas horas, la ANEP ha recibido numerosas exhortaciones por diversas vías a fin de que traslademos hasta las autoridades respectivas y la opinión pública, las grandes preocupaciones y molestias sobre el tema, ya que en primera instancia el anuncio oficial primero y luego su cancelación, de la apertura de los concursos de rigor, con lo cual se ha venido incrementando la zozobra del personal afectado”, dijo Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Vargas agregó, que muchas de estas personas en condición de interinos “acumulan varios años en una situación de gran incertidumbre e inseguridad, pese a que en la prolongación del tiempo en tal situación laboral, han demostrado idoneidad en el cargo, han servido con eficiencia y con eficacia y, no menos importante, se han desempeñado con gran honestidad y con gran dedicación a la población usuaria de los servicios que proveen”.

Ante esta situación, en ANEP aflora la imperiosa necesidad de que las máximas autoridades de la CCSS y el despacho de Recursos Humanos de la institución planteen con toda claridad, de una vez por todas, una contundente directriz que no dé lugar a dudas de que ahora sí, la situación “va en serio”.

Desperdicio de reactivos químicos en la CCSS

Ambas organizaciones, integrantes de Patria Justa, solicitan explicaciones a la Regencia de Microbiología y las Comisiones de Laboratorio Clínico de la CCSS, así como a la Junta Directiva y a la regente del Área de Microbiología del almacén donde se guardan los reactivos químicos, brindar explicaciones y acciones sobre lo sucedido.

INS pierde juicio y deberá pagar 10 millones de dólares

Tal y como en su momento lo advirtió la ANEP, se confirmó en tribunales estadounidenses fallo contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), elevándose así el costo del proceso judicial por la “terca” apelación institucional, a una suma superior a los 10 millones de dólares, unos 5.500 millones de colones; juicio que ganaron las firmas reaseguradoras HRG y HOWDEN.

Tanto el señor Guillermo Constenla Umaña, expresidente ejecutivo del INS, como los jerarcas y funcionarios involucrados deben responder por este catastrófico fallo en contra de las finanzas de la institución aseguradora y del país

Según el actual y máximo jerarca institucional, el Lic. Sergio Alfaro Salas, la condena y el pago a las reaseguradoras HRG y HOWDEN será de $4.4 millones de dólares y los costos de todo el proceso fueron de alrededor de $ 6 millones de dólares, por lo que todo el costo del mismo supera los $10.4 millones de dólares, es decir, unos ¢5.500 millones de colones.

*Como se había informado en los primeros meses del año 2014*, este caso fue investigado y tramitado en Estados Unidos, país en el cual el INS, representado en ese momento por su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla Umaña, interpuso una demanda en contra de Hemispheric Reinsurence Group y contra el corredor de seguros Howden, por una supuesta estafa de 3 millones de dólares, en el cobro de primas por reaseguro de la póliza U500 del ICE.

A pesar de que lo que en principio Constenla quería “recuperar” era alrededor de un millón de dólares, sólo los gastos para el pago de la firma de abogados que representaría al INS (honorarios legales), fueron superiores a los 4 millones de dólares; más otros gastos de atención del proceso, entre ellos varios viajes a Estados Unidos del Sr. Constenla y el grupo de funcionarios del INS encargados del mismo, rondaron los $ 6 millones de dólares.

Por el mal manejo de esta póliza del ICE, la U500, la cual respalda los equipos de represas hidroeléctricas, plantas eólicas, y equipo de telecomunicaciones por mencionar algunos; la Contraloría General de la República (CGR), ordenó sancionar a varios exfuncionarios del INS en el año 2009 y, al mismo tiempo, planteó la alternativa de investigar lo actuado por el entonces presidente ejecutivo del INS en este asunto. Pero el asunto de la investigación no continuó y, al parecer, la Contraloría lo dejo “pendiente”.

En ANEP le advertimos en ese momento al Sr. Constenla y a su administración que no debía seguir adelante con este proceso en contra de las reaseguradoras mencionadas; y que, por tanto, no debía apelar el mismo pues los costos en caso de una ratificación de condena se duplicarían, cosa que al final sucedió. Sin embargo, él insistió sin mayor argumentación y dijo públicamente que en ANEP no sabíamos de que hablábamos. Al final tuvimos razón.

En ANEP denunciamos la mala decisión administrativa del señor Guillermo Constenla Umaña y un mal manejo de la póliza U500 por parte de su administración, le cueste al Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, al país, tantos millones de dólares; juicio que entendemos el señor Cónstenla planteó en tribunales para recuperar un supuesto sobreprecio de poco más de un millón de dólares por el pago del reaseguro de dicha póliza y que, al final, le salió costando mucho más de los 10 millones de dólares.

Por lo anterior, exigimos al actual Presidente Ejecutivo del INS, Lic. Sergio Alfaro Salas, al cual también en su momento le advertimos de los riesgos de este proceso, que actúe en forma inmediata y sin dilaciones políticas contra Guillermo Cónstenla Umaña y contra el grupo de funcionarios involucrados en este asunto, para que los mismos sean responsabilizados por esta terrible pérdida financiera para el INS y para el Estado costarricense.

Asimismo, exigimos a la Contraloría General de la República (CGR), y al propio Ministerio Público actuar de oficio en este asunto; y, ante la posible inacción de la actual administración del INS, también ejercer las medidas correspondientes de cara a evitar otro “sonado caso de impunidad” en el manejo y la administración de fondos públicos.

Aprueban reglamento para el Manual de Puestos de la Policía de Migración

Para la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), y su Seccional en la Policía Profesional de Migración, es un verdadero orgullo y satisfacción anunciar la aprobación del Reglamento para el Manual de Puestos de la Policía Profesional de Migración (PPM), ya que viene a significar un enorme paso para la implementación de dicho manual.

La aprobación del Reglamento fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta, el pasado martes 9 de diciembre del presente año, lo que representa un premio al arduo trabajo en procura de la profesionalización de la Policía Profesional de Migración.

Para Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, la aprobación del reglamento es una gran satisfacción para todo el personal de la PPM.

“La aprobación del reglamento viene a corregir ciertas irregularidades que se habían presentado en el reglamento que público la administración anterior. Con esto estamos más cerca del manual de puestos”, manifestó Mora.

Una de las modificaciones que realiza este nuevo reglamento, es que los compañeros y compañeras que se encuentren con más de 5 años de interinazgo puedan ingresar al estatuto policial y optar por una plaza en propiedad, siempre y cuando cumplan con los requisitos solicitados.

Mora indicó, que para avanzar hacia la aprobación del Manual de Puestos, este debe ser enviado por la administración a la Secretará Técnica de la Autoridad Presupuestaria para que verifiquen las observaciones realizadas al manual. Por lo que se espera que para el segundo semestre del año próximo entre en vigencia.

En el siguiente enlace podrá descargar el reglamento publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Más de 16 mil trabajadores de la CCSS deben superar el interinazgo

Señores y señoras
Honorable Junta Directiva

Honorable señora
Dra. María del Rocío Sáenz Madrigal
Presidenta Ejecutiva

CAJA COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL (CCSS)

Estimadas señoras y estimados señores:

Con todo respeto, dejamos constancia expresa de nuestra mayor consideración para vuestras dignas autoridades.

Las organizaciones sindicales que nos honramos en representar y firmar la presente, enlazadas estratégicamente en el marco de la coalición socio-sindical “PATRIA JUSTA”; y, en consideración a la información recabada sobre la existencia de 16.500 (dieciséis mil quinientas) personas trabajadoras asalariadas funcionarias de la institución, quienes se encuentran en condición de interinato; les formulamos vehemente exhortación oficial por esta vía para que, con suma urgencia, se proceda a corregir esta injusta situación de inestabilidad laboral.

Según tenemos entendido, estas 16.500 personas funcionarias asalariadas de la Caja en su condición de interinas, tienen un promedio de ocho años de antigüedad laboral, ocupando códigos presupuestarios en tal condición de interinas; debido a la falta de políticas de empleo claras y posiblemente heredadas de la administración anterior (y/o de gestiones gubernativas trasanteriores), situación que les coloca en una condición de vulnerabilidad y de inestabilidad laboral, la cual debe corregirse con urgencia.

Fuentes oficiales confiables nos han indicado que como producto de la puesta en funcionamiento de un manual que reglamenta cómo deben efectuarse los nombramientos en propiedad en la institución, lejos de ayudar a resolver la problemática, ha permitido el crecimiento acelerado de funcionarios que no pueden tener estabilidad en sus empleos y que desde luego, se trata de mano de obra muy calificada y necesaria que viene trabajando años de manera interina en la institución.

Hablamos de, aproximadamente, 3800 médicos, 3200 enfermeras profesionales y 2500 auxiliares de enfermería; así como 9000 personas funcionarias que vienen prestando servicios en áreas como registros médicos y estadísticos, de apoyo en oficina, secretarial, aseo, vigilancia, misceláneos, entre otros.

Adicionalmente, las oficinas de recursos humanos no cuentan con suficiente capital humano para hacer frente a la dinámica concursal y, en algunas zonas del país es unipersonal. Esto significa que una sola persona debe realizar todas las tareas derivadas de las relaciones de trabajo de todos los funcionarios que laboran para determinadas unidades.

Es necesario urgir a esa honorable junta directiva institucional para que resuelva, cuanto antes, esta lamentable situación, estableciendo los mecanismos necesarios de planeación y ejecución para que sea garantizada la estabilidad laboral de tantos trabajadores y de tantas trabajadoras, quienes a diario se encuentran ofreciendo sus servicios para la Caja Costarricense del Seguro Social(CCSS).

Evidentemente, hablamos de personas trabajadoras a las cuales se les tiene en una situación de inseguridad jurídica laboralmente hablando; ocasionando con ello atrasos salariales y penurias familiares como consecuencia de la falta de atención al problema y de una poca considerada acción en relación a las políticas laborales que derivan de la junta directiva institucional.

Exigimos, con respeto pero con vehemencia, que a la mayor brevedad se defina políticas claras y efectivas que vengan a resolver de manera definitiva este penoso problema de un importante segmento laboral de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS); solicitándoles, a la vez, que se nos reciba lo más rápidamente posible para comprender la naturaleza de los desafíos que esta situación está generando, amén de poder aportar en la solución del problema y, con base en la legitimidad que nos asiste para proteger los intereses socioeconómicos y reivindicativo gremiales de muchas de esas personas trabajadoras interinas de la Caja que han depositado su confianza en nuestras organizaciones.

Al acudir a ustedes, invocamos el artículo 27 Constitucional y el 32 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, no sin antes agradecerles por anticipado su valiosa atención.

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Giovanny Ramírez Guerrero
Directivo Nacional ANEP

Harold Chinchilla Castro
Secretario General SINAE

Lenín Hernández Navas
Secretario General Adjunto SINAE