Categoría: Institucional

La mañana de este jueves, representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados ANEP, y de los sindicatos UNEINDER y SIPROINDER denunciaron al ex Presidente Ejecutivo del INDER y actual diputado del Partido Liberación Nacional, Rolando González por actuar en contra de los intereses de la Institución cuando este fungía como presidente.

Según Walter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto de la ANEP y Contralor de Servicios del INDER la denuncia tiene total fundamento y se cuenta con las pruebas necesarias para que se investigue a González.

“La denuncia se fundamenta en un mismo informe que realizó la Contraloría General de la Republica, esto a raíz de una denuncia que realizamos por una apelación que presentó el Presidente Ejecutivo (Rolando González) del INDER sobre un juicio que le fue fallado a favor de la institución (INDER). En ese momento, cuando Rolando era presidente los tribunales resolvieron de que tenía que despedirse a dos funcionarios de la institución por haber actuado irregularmente y, a raíz de una petición que hizo la Contraloría General de la Republica para que se despidieran”, manifestó Quesada.

Sin embargo, Quesada indicó que en vez de actuar conforme lo decía el tribunal, el Presidente Ejecutivo lo que hizo fue apelar la resolución y pedir que declararan en contra de la institución, “por lo que se presentó la denuncia esta mañana”.

“Esta situación a la vez dejo perdidas económicas a la institución, ya que aún se le sigue pagando a las personas que debieron ser despedidas”, finalizó Quesada.

A nuestro poder llegó la respuesta del Instituto Nacional de Seguros (INS), que le diera a la consulta del exdiputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), don Claudio Monge Pereira, en cuanto al tema de la“Política Salarial de Componente Variable por Logros y Objetivos”, aprobada por la administración de Guillermo Constenla Umaña: misma que la ANEP había cuestionado por considerarla irregular, considerando que el más beneficiado era el mismo indicado señor pues se le aplicaría a éste un ajuste mensual del 0,1% sobre las utilidades financieras del INS.

Mediante oficio G-02420-2014, de 9 de abril del 2014, la Gerencia General del INS, ante la pregunta formulada por el mencionado ex legislador Monge Pereira reconoce lo siguiente:

“De no haberse girado: ¿Cuánto se debería girar y a quiénes?

A la fecha por solicitud expresa del Dr. Guillermo Constenla Umaña no se ha girado la suma correspondiente, cuya cifra alcanza al 31-12-2013 un monto bruto de ¢ 127.288.939,oo (incluye la compensación variable y los montos por concepto de salario escolar y aguinaldo, sin intereses).

Para el año 2014 se procederá con el pago de acuerdo a la utilidad técnica acumulada que se consigne en los estados financieros al 30 de abril del 2014…”

Entonces, el señor Constenla Umaña quien durante todo el período de su administración a cargo del INS, trató de aumentarse el salario, y que fue detenido por denuncias de la ANEP, lo cual lo llevó a asegurar delante de los medios de comunicación y a comprometerse con la señora Expresidenta de la República a que no se realizaría ningún aumento salarial a su favor, resulta que en la práctica no fue así.

Lo que estuvo haciendo, contando con la aquiescencia de los directivos del INS, fue gestando una “buchaca”, que según se indica en el oficio arriba mencionado, supera los ¢ 128 millones de colones; suma que no contempla el pago de prestaciones por los ocho años en los que estuvo al frente del INS y que podría superar los ¢40 millones de colones.

Al conjuntar las dos cifras indicadas, tenemos que habría una cantidad superior a los 170 millones de colones de los fondos públicos que administra el INS por erogarse o haberse erogado parcialmente.

Creemos que ni moral ni técnicamente el señor Guillermo Cónstenla Umaña, debe retirar esos dineros que provienen del 0,1% de la utilidad técnica del Instituto Nacional de Seguros; toda vez que él rechazó en su momento su pretendido aumento y así lo manifestó públicamente: no recibir ningún tipo de ajuste salarial que aumentara su ingreso mensual como jerarca del INS.

Exigimos con respeto a la nueva administración del INS, en la figura de su nuevo Presidente Ejecutivo, el Lic. Sergio Alfaro Salas, realizar una exhaustiva investigación de lo aquí denunciado por nosotros; y de haber recibido el señor Constenla sumas que no le correspondían y que en su momento rechazó, precisamente por no corresponderle, las mismas sean devueltas (si ya se le pagaron) al erario público y que se sancione, eventualmente, a los funcionarios públicos que permitieron y autorizaron tales erogaciones.

El nuevo presidente del Instituto Nacional de Seguros (INS), Sergio Alfaro se reunió con Albino Vargas, Secretario General de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), así como con nuestro Asesor Político, Rafael Mora para tratar temas de suma importancia para la aseguradora.

Luego de una denuncia elevada desde la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), El rector de la Universidad de Costa Rica (UCR), Henning Jensen, ha solicitado al Centro de Investigación en Administración Pública (CICAP) dar explicaciones sobre la asesoría brindada a la CNE, sobre el denominado “Fortalecimiento Institucional”.

Según detalló, Leonardo Méndez, Presidente de la Seccional ANEP-CNE, están tratando primero de decirle a la UCR que desde el 2011 a la fecha el CICAP ha realizado unas consultorías, donde lo que han propuesto “es un mal llamado fortalecimiento institucional”, pero en el fondo es una reestructuración.

“Lo que nos ha preocupado, es que en ese transcurso de tiempo, tan corto, se han pagado 120 mil dólares, además, con un documento elaborado también por la Escuela de Administración Pública de la UCR, dan fe que desde el año 2003 a la fecha han tenido un ligamen directo con la CNE en este tema del supuesto fortalecimiento.

Hacemos estimaciones que si son 120 mil dólares en dos años, imagínese los números exorbitantes que se han pagado. Ahora bien, dónde están los resultados concretos o productos que tienen que dar por esta consultoría”, manifestó Méndez.

Precisamente, ese último punto, sobre los resultados de la consultoría, es el segundo cuestionamiento que formula la Seccional ANEP-CNE, ya que según estos; lo que ha provocado el supuesto “fortalecimiento institucional” es realmente una “restructuración total” en la CNE.

“Se han modificado unidades, se han nombrado jefaturas, se han variado puestos, compañeras y compañeros que no están en sus funciones como corresponde según su profesión o grado técnico. Además, han venido a violentarse derechos adquiridos por los trabajadores con base a supuestos criterios y recomendaciones que emiten esas consultorías”, dijo el Presidente de la Seccional ANEP-CNE.

Debido a estos cuestionamientos, la ANEP y su Seccional en la CNE, le piden al Concejo Universitario y al Rector de la UCR, Henning Jensen, aclarar si avalan y tiene conocimiento de este tipo de consultorías que gastan millones de colones del erario público y que caen en las arcas de la UCR, además si solicitan cuentas a los funcionarios de la Escuela de Administración Pública.

Méndez finalizó indicando, que ya han enviado documentos cuestionando dichas consultorías a instituciones como: la Contraloría General de la República y el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), he incluso dijo; que este último ente les indicó que la CNE está fuera de plazo para aplicar dicha consultoría y que no solicitaron una prórroga, por lo que MIDEPLAN le solicita a la CNE brindar los resultados de la misma.

Tal y como lo ha venido denunciando la ANEP, junto con sus secciónales de Trabajadores de la Junta de Protección Social y de Vendedores de Lotería, sobre los riesgos de haber privatizado y trasladado la venta de lotería electrónica a la transnacional de juegos de azar GTECH AND BOLD GAMMING; el Instituto Costarricense sobre Drogas )ICD), por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advierte sobre el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dólares), que conlleva la forma irregular en que la empresa GTECH opera con la venta de las loterías electrónicas de la JPS.

En su oficio O-UIF-037, del 12 de febrero de 2014, dirigido al Gerente General de la JPS, Lic. Milton Vargas y a la Junta Directiva de esa institución, la UIF, del ICD, indica lo siguiente:

• Que la actividad de loterías desarrolladas por la Junta de Protección Social, ha evidenciado el pago de sumas considerables en forma reiterada a un mismo apostador

• Que la perdida que representa para este apostador no supera el 50% de los recursos jugados o invertidos lo cual podría resultar atractivo para legitimadores de capitales bajo esquema de pagos de premios.

• Que uno de los aspectos fundamentales para lavar dinero es garantizar el anonimato de beneficiario final y distanciar los flujos de utilidades del delito precedente, siendo que actualmente se obvia la recaudación de datos importantes como la identificación del apostado.

• Que no existen controles que validen en forma efectiva los datos de identificación contra un documento válido conforme a los estándares de identificación establecidos en el país.

• Que por las funciones propias de la Junta de Protección Social, le corresponde, como regulador natural, aplicar los controles necesarios que reduzcan al mínimo los riesgos de lavado de dinero bajo los esquemas de los juegos que ofrece.

Indica además la UIF del ICD que desde el mes de febrero de 2013 viene trabajando con las autoridades de la JPS, una labor consultiva y no vinculante, referente a la prevención del lavado de dinero, pero que el proceso ha sido lento, es decir, la implementación de las recomendaciones; entonces se optó por la vía de emitir dichas recomendaciones, según lo que establece el artículo 126 de la Ley 8204, que dice lo siguiente:

“Artículo 126.—El acatamiento de las recomendaciones propuestas por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo del Instituto, tendrá prioridad en el sector público y, especialmente, en las entidades financieras o comerciales, a efecto de cumplir las políticas trazadas para combatir la legitimación de capitales y, con ello, incrementar la eficacia de las acciones estatales y privadas en esta materia.”

Pero también insiste la UIF del ICD en que la JPS tiene que realizar una serie de acciones que a pesar de que se han comentado bastante al parecer no se han cumplido como lo es Emitir y aprobar políticas y normativas preventivas del lavado de dinero.

Pero a esto se une lo externado por la misma procuraduría General de la República en su oficio OJ-001-2014 fechado 07 de enero de 2014, dirigido a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público (Comisión que investiga las actividades de la JPS y la lotería electrónica a cargo de la transnacional GTECH), y que en sus conclusiones, puntualmente en su puntos 4 y 6, indica lo siguiente:

“4- El dictamen C.060-2013 señala que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas dictar la normativa sobre registro y reporte de transacciones de los sujetos obligados conforme el artículo 15 bis de la Ley 8204. Reconocimiento que parte, precisamente, de que en el tanto en que la Junta de Protección Social organice, administre y lleve a cabo, directa o indirectamente, apuestas u otros juegos de azar distintos de la lotería quedará comprendida por lo dispuesto en dicha ley.

6- Por ello, si la UIF y el Instituto Costarricense sobre Drogas determinan que existe un riesgo de que la lotería sea utilizada para legitimar capitales o financiar el terrorismo puede incluirla entre las actividades que se sujetan a las disposiciones de la Ley y, por ende, respecto de las cuales regirán las distintas obligaciones que establecen la ley sobre Estupefacientes y su Reglamento.”(el resaltado no es del original)

Es por todo lo anterior, que la ANEP, y sus seccionales en la JPS, exigimos a la Junta Directiva y jerarcas de la Junta de Protección Social, prescindir y anular el contrato para la venta de sus loterías electrónicas que tiene con la transnacional GTECH AND BOLD GAMMING, pues ésta no cumple con lo exigido por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD; exigencias que con el equipo actual de venta de lotería electrónica que ha instalado dicha transnacional, resultan prácticamente imposibles de cumplir.

Para poner un ejemplo de lo grave de esta situación, en una reunión sostenida días atrás con el señor Gerente de la JPS, Lic. Milton Vargas y varios subgerentes de la institución, el mismo nos comentaba que tuvieron que intervenir un puesto de los administrados por GTECH, debido a que un comprador de lotería electrónica había llegado a comprar con tres millones de colones y le apostó a cada número (del 00 hasta el 99), treinta mil colones. Eso lo hizo en la mañana y en la tarde pasó a retirar la suma de dos millones cien mil colones (ya que la apuesta paga 70 veces lo invertido); es decir, aunque aparentemente perdió, en realidad lo que ocurrió es que se lavaron 2.100.000,00 colones.

Asimismo, solicitamos se intervenga por parte de las autoridades competentes la Junta de Protección Social (JPS), y se obligue a sus jerarcas al cumplimiento inmediato de las disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Por último nos preguntamos: ¿Qué intereses hay detrás de defender a la transnacional de juegos de azar GTECH AND BOLD GAMMING?, y ¿quiénes en la junta la están defendiendo?…

El medio digital “navegalo.com”, publicó en su página web que el Instituto Nacional de Seguros (INS) fue condenado por el jurado del Tribunal de la Florida, en el condado de Dade Miami, al pago de 9 millones de dólares a Hemispheric Reinsurance Group, es decir, aproximadamente unos 5 mil millones de colones por el manejo de la póliza U-500 del ICE.

Indica el medio digital que este caso fue investigado y tramitado en Estados Unidos, país en el cual el INS, representado por su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla, interpuso una demanda en contra de Hemispheric Reinsurence Group por una supuesta estafa de 3 millones de dólares.

A pesar de que lo que en principio Constenla quería “recuperar” era alrededor de un millón de dólares, indica la noticia, sólo los gastos para el pago de la firma de abogados que representaría al INS (honorarios legales), fueron superiores a los 4 millones de dólares. Además, sigue diciendo la nota, el jurado condenó al INS a pagar 3 millones de dólares más por otros asuntos del litigio y un pago más, de 781 mil dólares, a la empresa Hemispheric Reinsurance Group.

Por el mal manejo de esta póliza del ICE, la U500, la cual respalda los equipos de represas hidroeléctricas, plantas eólicas, y equipo de telecomunicaciones por mencionar algunos; la Contraloría General de la República ordenó sancionar a varios ex funcionarios del INS en el año 2009 y, al mismo tiempo, planteó la alternativa de investigar lo actuado por el Presidente del INS en este asunto, pero el asunto de la investigación no continuó y, al parecer, la Contraloría lo dejo pendiente.

Para terminar, indica la nota de “navegalo.com”, que consultado sobre este grave asunto, Constenla indicó que no se referiría la mismo por encontrarse el fallo del Tribunal de Florida en un proceso de apelación por parte del INS.

En ANEP lamentamos muchísimo que, al parecer, una mala decisión administrativa del señor Guillermo Constenla y un mal manejo de la póliza U500 por parte de su administración, le cueste al Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, al país tantos millones de dólares; juicio que, entendemos, el señor Constenla planteó en tribunales para recuperar un supuesto sobreprecio de poco más de un millón de dólares por el pago del reaseguro de dicha póliza y que, al final, le puede salir costando todavía mucho más de los 9 millones de dólares que serían cobrados solo en la primera fase del proceso.

Por lo anterior, exigimos al Presidente Ejecutivo del INS, Guillermo Cónstenla Umaña que aclare urgentemente al país, el ¿por qué? de estas malas decisiones; y que, además, valore inmediatamente su dimisión como Presidente Ejecutivo de tan importante institución aseguradora del país.

El caso de los 108 estudiantes que fueron admitidos en la Universidad Nacional (UNA) de forma anómala, y a los cuales no se les anuló su matrícula debido a que caducó el plazo para hacerlo, retumba en la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

Carlos Cruz, director de la seccional de ANEP en la UNA, exige que la universidad revele los nombres de esos estudiantes.

“Lo que van a hacer es todo lo posible porque no salgan los nombres de los estudiantes que fueron admitidos irregularmente, pues cualquier periodista o investigador acucioso vería, y diría pero este es hijo del decano tal, del miembro universitario tal. Lo que pasó en la Universidad es que se abrió un portillo, la gente encontró que el muchacho y la muchacha que no ganó el examen de admisión lo metían por ahí”, sostuvo Cruz.

Francisco González, vicerrector Académico de la UNA, alegó que fue un error de interpretación el que llevó a admitirlos en condiciones irregulares.

“Se trató de alumnos que se sometieron de buena fe a los procedimientos que las instancias universitarias aplicaban, y que por error de interpretación de las distintas autoridades de las unidades académicas en los procedimientos administrativos y normativas aplicables, se tenían como válidos (no existiendo dolo alguno en estas actuaciones). En todos los casos determinados se detectó que ocurrieron con anterioridad al año 2009, y en muchos de ellos ya los jóvenes habían concluido sus estudios en apego a lo contemplado en los diferentes planes de estudio. Por lo que en aplicación de los tiempos de caducidad, según la normativa nacional vigente, no se podían iniciar procesos de nulidad contra los estudiantes, tomando en consideración además los daños colaterales que se les podía causar a los mismos.

DIARIO EXTRA solicitó la lista de los estudiantes a la UNA, pero la entidad no las envió pese a la petición.

IRREGULARIDADES

Las anomalías en las matrículas quedaron comprobadas desde el 2009, cuando en un informe de la Controlaría Universitaria se verificó la denuncia de la jefa de admisión Sonia Salazar, quien señala que se estaba utilizando la figura de estudiante extraordinario para saltarse los requisitos.

Cuatro años después, el Consejo Universitario resolvió que las matrículas no podían anularse porque había caducado el periodo para ello, y también resolvió que ningún funcionario de la entidad, incluida la actual rectora Sandra León, tenía responsabilidad de los hechos.

“Siguiendo el debido proceso fueron los diferentes superiores jerárquicos los cuales realizaron las investigaciones, y tomaron las correspondientes resoluciones, mismas que constan en cada expediente, incluyendo la de la señora Rectora, en donde se nombró un órgano director competente”, alegó González.

Para Cruz es inaceptable que “a la Controlaría Universitaria le tomó nada más dos meses para hacer una investigación y decir que todas las irregularidades que denunció la jefe de admisión son ciertas”, mientras al Consejo Universitario cuatro años, en donde todos los casos prescribieron. Además asegura que todos los funcionarios quedaron libres porque están involucrados en la misma investigación.

Para el representante de la ANEP aparte de las anomalías, es inaceptable que a la jefa de Admisión que denunció los hechos la Universidad la someta a un proceso de acoso laboral, que ya fue dictaminado así por un juez. Sobre la condena por acoso la UNA confirmó que ya apeló el fallo, y por el momento no se va a referir al estar en los tribunales.