Categoría: Institucional

Honorable señor
MSc. Álvaro Montero Sánchez
Director Ejecutivo
COMISIÓN NACIONAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS Y ATENCIÒN DE EMERGENCIAS (CNE)

Estimado señor:

Por este medio le expresamos un saludo respetuoso de parte de parte nuestra; para, de seguido, comentar un asunto de interés para toda la institución y en defensa de la clase trabajadora de la CNE que representamos.

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-CNE es consciente de la apertura mostrada por su persona para que los funcionarios, mediante la legítima representación de los trabajadores, integraran la comisión de estudio de la propuesta del Reglamento Autónomo de Organización y Servicios (RAOS).

La representación laboral, como metodología a desarrollar, se avocó a visitar y consultar a los funcionarios el criterio sobre la propuesta del RAOS. Una vez realizada esta etapa, de recopilar el sentir de los funcionarios, la representación de los trabajadores ha llevado las iniciativas a la mesa de análisis para su posible incorporación.

Con gran desilusión, la representación laboral de la ANEP en la CNE ha venido sintiendo cómo aquella bonita iniciativa, propia de una persona que entiende de liderazgos y conduce procesos que no son fáciles, se comienza a derrumbar, poco a poco, como si fuera un castillo de arena. Manifestamos de esta manera nuestro descontento y más que descontento, desilusión, porque cuando usted, don Álvaro, tomó la palabra y puso la pauta para conformar una representación de la Administración Superior y una de los trabajadores; y, nos diéramos a la tarea de revisar la propuesta de lo que pretende ser el nuevo reglamento, nos lo tomamos con la seriedad que ameritaba y comenzamos por escuchar propuestas de todos los compañeros y todas las compañeras, trabajadoras y trabajadores de la CNE, las cuales fueron abundantes y muy enriquecedoras.

Llegado el momento de entrar en el trabajo sesudo de análisis, con la contraparte delegada por la Dirección Ejecutiva, nos encontramos que uno de ellos, no está representando de la mejor manera a la Administración Superior; o, al menos, lo que creemos es la buena fe de la Administración. Está demás citar que dicho trabajo, por ser tan delicado, debe estar ajustado al principio de legalidad, por ser la propuesta un instrumento que regulará la relación de los trabajadores con su patrono, el Estado, en la persona jurídica de la CNE.

Sin embargo, a pesar de la anuencia y disposición mostrada por su persona, nos informa nuestra Seccional ANEP-CNE, que de que el análisis y estudio del documento de propuesta del RAOS se encuentra en “punto muerto” ; y, que a pesar del esfuerzo que se realizó para compilar inquietudes de todos los funcionarios y de haber entregado ya varios capítulos al Sr. Javier Abarca Meléndez, representante de la Administración, existe por parte de dicho funcionario, un alto grado de impertinencia, desdén, irrespeto, intolerancia, con un vocabulario soez, cierta impericia técnica y hasta intransigencia.

Metódicamente, los compañeros representante de los trabajadores se han reunido para hacer el trabajo encomendado con esta persona, pero en ocasiones el Sr. Abarca pasa de la serenidad al disgusto. Además, es frecuente su impuntualidad o no se presenta del todo a las reuniones RAOS, dejando a los compañeros “plantados” sin ningún tipo de justificación y por tanto atrasando el proceso.

No muestra el Sr. Abarca Meléndez la más mínima intención de entrar en un diálogo franco, transparente, respetuoso y distendido, donde se logre avanzar con la tarea que se nos ha encomendado por parte de la Administración Superior y en representación de todos y todas las compañeras y compañeros trabajadores de la CNE. Nos parece que, incluso, en la mayoría de las ocasiones, el Sr. Abarca, asume conductas, poco elegantes, faltas de tacto inteligente, pero aún peor, hasta asume posiciones que no le corresponden, como si la última palabra la tuviera él, tratando de ignorar no solo lo que estamos proponiendo, sino hasta lo que puedan pensar sus superiores.

La Junta Directiva de la Seccional ANEP-CNE y esta Secretaría General de la ANEP, con todo respeto para su digna autoridad pero con potente vehemencia, expresa su inconformidad al respecto y decidimos presentar esta queja formal a la Administración Superior, por la falta de capacidad del Sr. Abarca para manejar diferentes situaciones que se están presentando. No logramos comprender la actitud de quien, creemos, está llamado a ser garante de la representación delegada y, a la vez, de la buena fe y apego a la legalidad.

De lo anterior solicitamos, de manera expresa y respetuosa, se destituya al Sr. Abarca como representante de la Administración Superior y se nombre a otro interlocutor, con las capacidades mínimas necesarias y de respeto a los trabajadores, para poder avanzar y concluir con éxito el proceso ya iniciado.

Quedamos a la espera de que lo resuelto en la Asamblea de Trabajadores convocada por la Dirección Ejecutiva se mantenga, se respete y podamos continuar por el mejor camino del diálogo, el respeto mutuo e igualmente, podamos concluir este importante instrumento institucional, como lo es el nuevo Reglamento Autónomo de Organización y Servicios de la CNE. No está de más mencionar que la Seccional ANEP-CNE, con el respaldo de esta Secretaría General, está en toda disposición de continuar el proceso y, por nada, renunciar a la participación en la comisión RAOS. Además, nos encontramos anuentes a comentarle, de manera personal para ampliar lo comentado en líneas anteriores.

El grupo multisectorial “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja” denunció tres nudos que impiden su correcto desarrollo en las actuales circunstancias del país y que, sin duda, son las razones que provocaron la crisis en que se encuentra nuestra, la querida Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS); a saber:

• El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidarios.

• El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugosos negocios con la enfermedad.

• El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.

Se han vulnerado los nobles principios pilares de la seguridad social; fundamentalmente la solidaridad (incluida la financiera), así como la misma universalidad de los servicios.

Es evidente que en doce largos años la incapacidad institucional para resolver problemas como las listas de espera, la actitud cómplice de direcciones médicas, de direcciones regionales, de gerencias y sucesivas juntas directivas, con la competencia pseudoprivada que subsidia la Seguridad Social, como aquellos y aquellas profesionales en ciencias médicas que, al mismo tiempo se dedican a sus consultorios privados; o incluso, el presunto maquillaje de cifras (hecho denunciado ante el Ministerio Público); son solamente algunas expresiones de lo que ha representado la mala gestión institucional originada por intereses políticos de corto plazo, así como de los manejos gremiales corporativos que enfrenta a la población asegurada con un pequeño grupo de profesionales que sólo vela por sus propios intereses, en perjuicio de la equidad y oportunidad de los servicios que recibe la ciudadanía asegurada, básicamente la clase trabajadora.

Es posición de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), de que se hacía necesario revertir el proceso de desconcentración hospitalaria que otorgó a los entes desconcentrados potestades de gestión directa económico-administrativo y del recurso humano en 16 hospitales y 18 clínicas de la institución, en las que se han detectado en no pocos casos, seriesísimos problemas de corrupción y mal uso con los recursos, derivados de las cotizaciones obreras, principalmente, con lo cual se sostiene el sistema de salud costarricense.

Al ser tan evidente lo sucedido con el fracaso de la desconcentración, en nada se justifica que a directores de los entes desconcentrados se les siga pagando de un 30% a un 50% adicional a sus salarios; razón de más para que sea suspendido ese pago de inmediato a todos aquellos que lo estén recibiendo. Esto es una exigencia que realizamos a la actual junta directiva de la institución.

La Caja Costarricense del Seguro Social es del pueblo y por ello se hace absolutamente necesario agilizar un proceso de amplia participación social que sustente las mejores ideas y esfuerzos para sacar a la Caja de la crisis a que fue conducida por los intereses que inciden en la mala gestión y en la crisis en que se encuentra.

Las entidades multisectoriales “Diez medidas para comenzar a ordenar la Caja”, ha presentado su propuesta a la señora Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la República; a la señora Ofelia Taitelbaum Yoselewicz, Defensora de los Habitantes de la República; a la junta directiva institucional de la Caja en la persona de su Presidenta Ejecutiva, la doctora Ileana Balmaceda Arias; quienes han manifestado complacencia, coincidencias y voluntad política para con nuestra propuesta.

Llegó el momento de la verdad; llegó el momento de mover voluntades alrededor del Seguro Social; llegó el momento de desterrar la intromisión política, el desorden, el clientelismo, los intereses gremiales abusivos; llegó el momento de expulsar a los mercaderes del templo que hacen negocios con la salud del pueblo; llegó el momento de desterrar la intromisión político-partidaria de los asuntos de la Caja…

Si revisáramos lo que aconteció en los momentos en que se impuso la tal desconcentración hospitalaria, nuestra posición fue diáfana: en contra. El tiempo nos dio la razón.

A todos los que recibimos beneficios de la Seguridad Social nos llegó el momento de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para heredar a las nuevas generaciones una institución caracterizada por el manejo transparente, responsable, eficiente y de calidad, en lo financiero, en lo administrativo y de su valioso recurso humano. Es urgente que los actores de la sociedad civil sean convocados a debatir sobre el presente y futuro de la Caja Costarricense Seguro Social (CCSS). La Patria espera…

Oficio SG-SINAECR-019-2013
Oficio ANEP-11-13-0941-13

San José, 20 de marzo, 2013
Señores y señoras Junta Directiva
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)
San José

ASUNTO: SEPARACION DEL CARGO DE DIRECTOR MEDICO DEL HOSPITAL DE SAN CARLOS

Estimados señores directivos y estimadas señores directivas:

Las organizaciones que nos dignamos en representar, siempre se ha caracterizado por defender la honorabilidad de los trabajadores y de las trabajadoras del sector Salud; así como por velar por el respeto y buen nombre de nuestra honorable institución: la Caja Costarricense de Seguro Social.

En ese mismo espíritu, nos dirigimos a ustedes mediante esta carta, con el fin de exponer nuestra gran preocupación con relación a la situación anómala e irregular que se ha estado suscitando en el Hospital de San Carlos.

En reuniones recientes con el personal de este nosocomio y a través de los medios de comunicación colectiva, nos enteramos de que desde hace aproximadamente 7 años se inició un procedimiento administrativo disciplinario en contra del Director Médico del supracitado centro de salud, el cual al día de hoy no se ha resuelto, amén de que se encuentra en la etapa recursiva y el investigado no ha sido suspendido de su cargo como director hospitalario; por ende, dicha posición le da una gran ventaja, puesto que podría estar obstruyendo el curso de la investigación administrativa incoada en su contra.

Lo peor y más delicado de dicha situación es que, al parecer, dicho funcionario fue despedido por este Honorable Cuerpo Directivo y a pesar de ello, dicho trabajador se mantiene en su puesto y no ha sido siquiera suspendido o removido provisionalmente de su cargo, hasta que se termine de resolver su situación jurídica, sea en sede administrativa y/o judicial.

En este sentido, es sumamente preocupante que a pesar de encontrarse el indicado el director médico de dicho nosocomio bajo una investigación tan seria, la institución no haya tomado las precauciones necesarias para evitar que el investigado pueda influir en el ínterin de la investigación, ya que dicha posibilidad es sumamente viable.

Es consabido que cuando un funcionario público, se encuentra bajo la lupa de la investigación, máxime si se tratan de funcionarios con puestos gerenciales administrativos, lo pertinente es separarles de su cargo, hasta que se aclare o dilucide su situación.

Desde el punto de vista procesal, la remoción del investigado en puestos de gerencia es sumamente vital, ya que se tiende a evitar que las pruebas de un proceso se vean malogradas, lo cual afectaría la cadena de custodia de la Prueba, DEJANDO NULO TODO LO ACTUADO en su contra, dejándole en completa y total impunidad, lo cual sería una burla a la justicia administrativa, amén de la judicial.

El Dr. Juan Gutiérrez Puniol, jurista penal argentino, con relación a las investigaciones administrativas y judiciales, ha manifestado lo siguiente: “El acervo probatorio va a depender de la evacuabilidad o no de la prueba presentada en un determinado proceso, lo que determina si existe o no una responsabilidad penal o civil por parte del investigado; pero si el investigado, no solo goza de un puesto de poder o confianza, sino que tiene el poder para acceder al expediente incoado en su contra, la presunción de violación a la cadena probatoria y su debida custodia se rompe, dejando expósito el proceso y por ende nugatorio en todos sus aspectos…” (La Cadena de la Custodia Probatoria y su rompimiento, Editorial Buenos Aires, Tomo I, año 1997, Pág. 45)

Como bien lo ha expuesto el Dr. Gutiérrez Puniol, es posible que se pueda malograr el acervo probatorio y, por ende, la legitimidad de todo el proceso y es esto lo que realmente nos preocupa tanto al SINAE como a la ANEP.

La posición del investigado, no es la de un funcionario común y corriente, sino más bien encierra una cuota de poder real que le permite cierta manipulación en el manejo del caso en su contra, lo que entorpecería todo el procedimiento, máxime que como investigado que es, tiene libre acceso al expediente, pudiendo manipular mucho más fácilmente las probanzas ofrecidas en su contra.

La Normativa de Relaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social, en el CAPÍTULO VII: DE LAS GARANTÍAS, PERSONALES Y DE LAS MEDIDAS. CAUTELARES (NRLCCSS), Artículo 197, establece dentro de las medidas cautelares, la obligación de separar al jerarca investigado, mientras transcurre dicha investigación, con el fin de no alterar las probanzas en el proceso.

Como bien lo establece el ordinal 197 de la NRLCCSS, la cual dice: “_La jefatura inmediata podrá ejercer su potestad de separar temporalmente a la persona denunciada de su puesto de trabajo, como una medida cautelar, o proceder a su traslado a un lugar diferente al sitio donde normalmente desempeña sus funciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 de la Normativa de Relaciones Laborales. Si el (la) denunciante solicita la aplicación de esa medida cautelar, corresponderá a la jefatura inmediata o a quien haya iniciado el procedimiento, resolver dicha petición. Si se deniega la petición deberá razonar a su vez, su posición y cabrán contra ésta, los recursos ordinarios que el derecho público prevé. Podrá ser también parte de las medidas cautelares, la permuta y la prevención al (a la) denunciado (a) de no acercarse ni comunicarse, en modo alguno, con el (la) denunciante y ofendido (a) ni con los testigos._

La aplicación de la última medida cautelar no excluye las anteriores. En caso de que el (la) denunciante con carácter de ofendido (a) considere necesario su traslado temporal a otra dependencia dentro de la Institución, podrá solicitarlo ante la jefatura inmediata o al superior de la jefatura inmediata en el evento de que ésta sea la involucrada. Toda medida cautelar deberá ser debidamente fundamentada por parte de la jefatura inmediata”.

Como bien lo dice la norma antes indicada, es obligación separar de oficio o a solicitud de parte al funcionario investigado, máxime si estamos frente a uno que ostenta un cargo de poder gerencial, como es el caso que nos atañe.

En este cuadro fáctico, el director médico de un hospital es el jerarca que, en primer instancia, resuelve cualquier causa que se le someta a su conocimiento, por lo que si la presente investigación en su contra es sometida a su propio conocimiento ¿NO SE ESTA VIOLENTANDO EL PRINCIPIO DE OBJETIVIDAD? ¿CÓMO PUEDE RESOLVER EL JERARCA UN PROCESO EN EL CUAL EL MISMO ES EL INVESTIGADO Y A LA VEZ RESUELVE SOBRE SI MISMO? ¿NO ES ESTO UNA CAUSAL PARA SEPARARLE DE SU PUESTO? ¿NO ES LO NORMAL Y PROCEDENTE QUE SE SUSPENDA DE SU CARGO Y SE NOMBRE OTRO DIRECTOR HOSPITALARIO AD INTERIN PARA QUE RESUELVA SOBRE SU CASO? ¿NO ES ESTO CORRUPCION?

Además de este hecho tan alarmante, tenemos conocimiento de que el señor jerarca hospitalario tiene en su despacho un “staff” de cinco profesionales en Medicina trabajando a su disposición en funciones administrativas, quienes podrían estar haciendo lo propio de su cargo; y a su vez utilizar a uno de ellos, para que procediese a ocupar su puesto de forma provisional, mientras se investigan los hechos en su contra, esto con el fin de que la institución no incurra en mayores gastos.

Siendo así las cosas, ¿NO SE LLAMA ESTO UN MAL USO DEL RECURSO INSTITUCIONAL? ¿NO ESTAMOS FRENTE A HECHOS QUE PODRIAN DENUNCIARSE A LA LUZ DE LA LEY DE ENRIQUECIMIENTO ILICITO EN LA FUNCION PUBLICA? ¿NO ES ESTO UNA MANIOBRA PERMISIVA PARA BUSCAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO Y, POR ENDE, LOGRAR IMPUNIDAD DE LA MANERA MAS VIL Y CORRUPTA?

Señores Junta Directiva de nuestra Honrosa Institución: les solicitamos, vehementemente, en nombre de la Moral, el Honor, la Justicia y la Probidad que ordenen, ipso facto, la separación del puesto del señor jerarca del Hospital de San Carlos, ya que su sola presencia es una mancha al buen nombre de cientos de trabajadores adscritos a ese centro de salud, desfigurando en gran manera la imagen tan alta que tanto le ha costado mantener a nuestra Benemérita Institución.

Respetuosamente,

Yolanda Tenorio González
Secretaria General
SINAE

Albino Vargas Barrantes
Secretario General
ANEP

Don Guillermo Constenla Umaña propició la creación de un ente paralelo al histórico y original Instituto Nacional de Seguros (INS): “INS SERVICIOS S.A.”; o si se prefiere y para estar a tono con la orientación globalizadora dominante: “Insurance Services S.A.” (el otro INS).

Son varias las consecuencias negativas que se han derivado de ello: Desde un punto de vista humanitario y de cara al Código de Trabajo, hoy en día a dos tipos de relaciones laborales: las regidas por la actual Convención Colectiva de Trabajo (la del INS original); y las que están fuera de la misma (las del “INS SERVICIOS S. A.: flexibilidad laboral total al mejor estilo neoliberal).

El personal del otro INS (el “flexibilizado”) gana, prácticamente, la mitad de lo que devenga, salarialmente hablando, quienes siguen trabajando para el INS original (aunque a ambos les han pulverizado la estabilidad laboral propia de una relación laboral de empleo público).

Dentro de una serie de acciones para combatir y detener este proceso de precarización laboral, el sindicato UPINS, al cual apoya la ANEP, abrió un proceso judicial que tendrá una crucial audiencia judicial en junio de 2013; precisamente para que en cuanto a materia de relaciones de empleo, los “dos” INS tengan el mismo sistema laboral: la Convención Colectiva de Trabajo.

Buscando “disimular” (o más bien, para camuflar) esta especie de derogatoria de las leyes laborales costarricenses y de cara a la mencionada audiencia judicial, se ha producido una inoportuna y sorpresiva decisión de “INS SERVICIOS S.A.”, trasladando todo su personal a un edificio en Curridabat; lo cual no solamente tendrá un fuerte impacto negativo en la gestión del servicio al cliente; sino que va a debilitar los procesos de control interno y de necesaria transparencia; afectando la calidad de los estándares de servicio del INS original y su propia seguridad.

El otro INS, “INS SERVICIOS S.A.”, decide imponerse a las autoridades gerenciales del INS original; y su inoportuna y desafortunada decisión de que todo su personal se traslade a Curridabat, se ve potenciada imponiendo traslado de personal de planilla del propio INS, el original, a este lugar; con lo cual llegaremos a la vergonzante situación de que en un mismo espacio físico habrá trabajadores con distintos salarios aunque hagan lo mismo; trabajadores con dos distintos regímenes laborales (aunque trabajadores igualmente amenazados por este ambiente de gran incertidumbre, desigualdad, autoritarismo, zozobra y resentimiento)

De tal manera que “INS SERVICIOS S.A.” se impone sobre el propio INS, el original. El colmo de los colmos: el inquilino le dice al dueño, cómo administrar su casa.

Estamos hablando de los mismos fondos públicos y con este tipo de políticas de clara intencionalidad de deterioro del servicio al cliente, se abre más posibilidades de golpear las finanzas institucionales, aumentando el riesgo de quiebra. La opinión pública debe saberlo.

Por considerar que dichas medidas atentan en forma esencial contra la prestación del servicio a nuestros clientes y asegurados, así como constituyen una violación a los contratos administrativos, sumamente cuestionables, entre la subsidiaria (el otro INS) con el propio INS, el original, procederemos de conformidad.

En el fondo lo que “INS SERVICIOS S.A.” hace es cuestionar, grave y peligrosamente, la jerarquía de las gerencias del INS, el original, desafiando su capacidad de, realmente, imponer su autoridad en la gestión del INS.

Rechazamos vehementemente que el poder fáctico gerencial del INS, el original, esté ahora en manos de INS SERVICIOS S. A. (el otro INS), y en los próximos días estaremos realizando acciones al respecto.

San José, lunes 25 de marzo de 2013.

Freddy Sandi Brenes
Secretario General UPINS

Albino Vargas Barrantes
Secretario General ANEP

Ha llegado a nuestras manos el informe AI-748 del 1 de Octubre de 2012, de la Auditoría Interna de la Junta de Protección Social (JPS), confirmando que la Junta en los diferentes sorteos que realiza está actuando como un jugador más de sus propios sorteos. Quien firma este documento es la M.Sc. Doris María Chen Cheang, Auditora Interna de la JPS.

Esto, sin lugar a dudas, deja en una complicada situación a la JPS, pues se demuestra por parte de su propia auditoría que ha venido incurriendo en incompatibilidad de funciones, y no se estaría brindando al público consumidor una garantía razonable de éxito en los sorteos, al incluir en éstos series completas o semi-completas que fueron destruidas o que no fueron vendidas antes de los mismos.

Viene a fundamentar esta denuncia el hecho de que el gordo navideño de este año 2012 se quedó en la JPS, porque precisamente la Junta no hizo caso a las prevenciones de su propia auditoría; y estaría entonces, posiblemente, violentando con este actuar la Ley de Control Interno y la Ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.

Es necesario señalar que en seis oportunidades distintas, la Auditoría Interna de la JPS ha señalado la irregularidad del procedimiento por medio del cual la JPS se está volviendo un jugador más; siendo la primera ocasión su oficio AI-795, fechado el 30 de noviembre de 2009.

En otra nota de dicho despacho, la AI-770 del 26 de noviembre de 2010, enviada al actual Gerente General de la JPS, señor Francisco Ibarra Arana, se le indicó:

“Por tanto, esta Auditoría cree que no se estaría brindando al público consumidor una Garantía Razonable al incluir la Administración Activa series completas en primera y segunda emisiones destruidas en su totalidad antes del sorteo. De tal manera no comparte la propuesta del señor Milton Vargas Mora, Director de Producción y Ventas, ya que consideramos que la Junta de Protección Social al darle curso a esta práctica pasaría de ser una institución que produce, distribuye, vende y realiza el sorteo de juegos de azar, a participar como un jugador más del sorteo de los juegos de lotería que ella promociona, teniendo en apariencia la Junta funciones incompatibles”.

Ante esta grave situación la ANEP procederá, en forma inmediata, a denunciar ante los órganos de control y fiscalización del Estado, el posible actuar irregular de la máxima jerarquía político-tecnocrática de la JPS; asimismo, estaremos procediendo por la vía judicial a presentar las acciones que consideramos necesarias en el ánimo de salvaguardar los intereses de los y de las costarricenses, tanto como de los inherentes a la institucionalidad de la Junta de Protección Social.

Todo lo anterior nos lleva a preguntarnos: ¿Debe la Junta de Protección Social repetir el sorteo? ¿Hay un “engaño” tácito para con los jugadores de lotería?… Creemos que se le debe dar la palabra a la ciudadanía.

Igualmente, aprovechamos para denunciar, públicamente, el acoso antisindical que ya se está manifestando en la JPS, contra la institucionalidad sindical de la ANEP; acoso que se materializa en la apertura irracional de procesos en contra del Lic. Rolando Rodríguez Aguirre, Vicepresidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS; así como en contra de la ciudadana Cinthya Cortés Marín, integrante de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-JPS-Vendedores de Lotería, causándole a ella un grave perjuicio económico porque le cerraron su puesto de venta de lotería electrónica, siendo la única a la que han impuesto tan arbitraria decisión. En ambos casos, la ANEP está solicitando la intervención urgente de la cartera ministerial de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).