Categoría: Institucional

1. Que se nombre a un funcionario de recursos humanos del Nivel Central de éste Ministerio para que se revise y se proponga un Manual de Puestos en coordinación con la Seccional de Gestores Ambientales, los cuales pueden colaborar en la orientación con respecto a la competencia y perfil técnico y profesional de las personas destacadas en éstos puestos. Se solicita dicha persona tenga designada esta tarea dentro de sus funciones ordinarias, con la finalidad que participe activamente en las reuniones correspondientes.

2. Que se elimine la práctica inadecuada de delegar funciones de gestión ambiental a personas con carencia de conocimiento en el campo, así como que no se asignen labores ajenas a la competencia técnica y profesional de los gestores y gestoras ambientales, con la finalidad de garantizar un servicio de calidad a los usuarios.

3. Que se brinden los insumos necesarios para la realización de las labores cotidianas, teniendo prioridad sobre los aspectos de equipo de protección personal y que esto sea informado a las direcciones tanto regionales como de áreas rectoras de salud, con respecto a la necesidad de dotación de bloqueador solar(salidas a campo, especialmente en zonas costeras), capas(época lluviosa), botas(inspección en zonas boscosas), zapatos de seguridad, casco de seguridad, lentes de seguridad, mascarillas, tapones de seguridad (inspecciones en industrias y construcciones) , jackets (supervisión de eventos de pólvora), repelente (atención de denuncias por vectores como mosquitos o visitas a zonas con brotes de dengue o chiconkunya), entre otros.

4. Que se priorice la contratación de personal en plazas de saneamiento ambiental según estudio previo de la oficina de Recursos Humanos del Nivel Central, de la carga de trabajo y cantidad de establecimientos industriales y comerciales así como viviendas de cada una de las Áreas Rectoras de Salud.

5. Revisión y análisis de las guías existentes de manera conjunta por parte de la Dirección de Protección al Ambiente Humano con la Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales, en donde se garantice la participación del personal de campo con el conocimiento suficiente para garantizar un uso efectivo y eficiente de los recursos disponibles (papel, tinta, tiempo, personal, vehículos, entre otros). Y se logre un consenso con respecto a la información pertinente a recabar en las inspecciones.

6. Coordinación prioritaria con el Consultorio Médico del Nivel Central para vacunación del personal de saneamiento ambiental (programado anualmente por el médico), con respecto a vacunación, así como refuerzos de vacunas especialmente en el acompañamiento a la atención de brotes (de hepatitis, A1N1, Sarampión, Varicela, entre otros).

7. Que se coordinen capacitaciones de calidad impartidas por Universidades Estatales u otras entidades para los funcionarios en temas relacionados a la regulación de la salud, por ejemplo, supervisión de eventos con explosivos, inocuidad alimentaria, sustancias peligrosas, ruido, salud ocupacional, aguas residuales, contaminación del aire, manejo de residuos especiales, entre otros, en los que se garantice la participación de todo el personal de saneamiento ambiental de las áreas rectoras de salud, así como se gestione certificados con reconocimiento ante el servicio civil.

8. Que se efectúen concursos internos para la asignación de plazas vacantes en el Ministerio, antes de contratación de personal nuevo, garantizando mantener la experiencia del personal tanto interino como en plaza existente en el Ministerio.

9. Que se mejoren las condiciones físico-sanitarias de los puestos de trabajo.

10. Que se reconozca el pago de rubro de peligrosidad a los gestores y gestoras ambientales según lo solicitado con anterioridad ante la Dirección General de Salud.

11. Que se resuelva la recalificación de los puestos de asistentes de servicio civil para aquellas personas que cumplan con los requisitos legales.

12. Que se coordine por parte de las Unidades de Rectoría de la Salud Regionales reuniones mensuales o bimensuales para abordar temas técnicos y legales del trabajo desarrollado por los gestores y gestoras ambientales de manera cotidiana, esto como por ejemplo sucede con la realización de las reuniones de médicos directores. Dichas reuniones solicitamos sean autorizadas mediante directriz Ministerial.

13. Que se convoque a la Seccional de Gestores y Gestoras Ambientales cuando se trabaje en instrumentos o normativa que va a ser aplicable por parte de dichos funcionarios, con la finalidad que exista una retroalimentación con la experiencia del personal existente.

14. Que se priorice la salud pública antes que los intereses políticos, eliminando directrices que contravienen la normativa vigente y minimizan el criterio técnico y profesional, por ejemplo el procedimiento de valoración de clausura de cierto tipo de establecimientos.

15. Que se indique mediante directriz que la Ley N°9028 puede ser aplicada por cualquier funcionario del Ministerio de Salud y que no es responsabilidad exclusiva de los gestores y gestoras ambientales, para lo que deseamos destacar que consideramos importante que las mismas sean priorizadas en asignación al personal de vigilancia de la salud, quienes tienen el conocimiento suficiente con respecto a las enfermedades provocadas por el consumo de tabaco, los cuales al atender este tipo de denuncias pueden tener mayor injerencia en la concientización acerca de la problemática del consumo de dicha sustancia.

16. Que se efectúe un análisis de labores desempeñadas por los funcionarios de las distintas Áreas Rectoras de Salud, en las que se evidencia la carga de trabajo asignada a los mismos, y la capacidad de resolución del trabajo asignado, sin tomar como criterio definitivo el emitido por los y las directoras de las Áreas rectoras de Salud, sino más bien el trabajo desempeñado según la carga de trabajo asignado y disponibilidad de recursos, y a partir de esto se tomen las decisiones pertinentes. Garantizando que los puestos de trabajo que se asignan hagan un uso efectivo y eficaz de los recursos y se considere la reubicación de personal que no desempeñe de manera adecuada las funciones para las que fue contratado. Mejorando la imagen del Ministerio ante la sociedad costarricense.

17. Revisión y análisis de los distintos puestos de jefaturas (jefaturas y coordinadores), en los cuales se realice una apertura para los profesionales de saneamiento ambiental, puesto que la regulación de la salud está relacionada directamente con las funciones y conocimiento técnico y profesional de dichos funcionarios y que no sólo se limite a los profesionales en medicina.

18. Que se efectúe el análisis y respectivas aclaraciones mediante informe con respecto al reconocimiento de incentivo de zonaje a varios funcionarios y a otros no, en áreas rectoras de salud alejadas del área metropolitana.

19. Que exista un funcionario de las oficinas de asuntos jurídicos de las diversas regiones del país que brinde soporte legal a los gestores y gestoras que se encuentren inmerso en un proceso contencioso administrativo, siendo el asesor legal de dicho funcionario.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su Seccional en la Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPM), se oponen rotundamente a que oficiales de Migración y Extranjería, destacados en diferentes puestos de control migratorio, realicen el cobro de multas a personas extranjeras que salgan del país y hayan permanecido en suelo nacional más del tiempo establecido.

Ante esta situación la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración envió una nota dirigida a la Viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz Quesada, para que den marcha atrás con dicha directriz que empezaría a regir a partir del 15 de abril del año en curso.

Según Gerardo Mora Ordoñez, Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración, existen muchos riesgos para el cobro de las multas pues los y las oficiales se estarían convirtiendo en “cajeros bancarios, siendo esto muy peligroso”, ya que la multa equivale a $100 por cada mes irregular en el país.

“Existen oficinas donde no hay sedes bancarias para realizar los depósitos y no hay cajas de seguridad donde resguardar el dinero recaudado. Se da así un gran riesgo para que dicho dinero se pierda ya sea por asalto u otra forma. El personal no está capacitado para realizar dicho cobro y se le estarían variando las funciones”, explicó el Presidente de la Seccional.

Ordoñez indicó que existen ejemplos de cobros similares asignados a cuerpos policiales en el pasado, los cuales no han dado resultado y se ha prestado para situaciones irregulares.

“Si vemos la historia tenemos que en la Fuerza Pública, se comenzó a “perder” el dinero cuando eran los propios policías los que cobraban las pensiones alimentarias, y por ese motivo es que ahora los interesados deben depositar al banco dicho pago. De la misma manera sucedía cuando se pagaban los derechos de salida con timbres fiscales, éstos eran escaneados y falsificados. Las multas por infracciones a la ley de tránsito se tienen que pagar en los bancos estatales, también”, manifestó Mora.

Otro de los puntos en que enfatiza Mora, es que la normativa actual no indica en ningún apartado que sean los oficiales de la Policía Profesional de Migración los que realicen este tipo de cobro.

“Consideramos que el Gobierno debe buscar un mecanismo seguro donde el oficial no tenga que tocar dinero en efectivo por dicho cobro y así prevenir cualquier situación anómala y/o de infortunio que se pueda presentar; solamente verificar que el pago se haya efectuado en los lugares autorizados”, finalizó el Presidente de la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y su seccional en la Policía Profesional de Migración, se encuentran preocupados por diversas situaciones labores que afectaría principalmente la aplicación del nuevo Manual de Puestos y el Estatuto Policial, así como temas relacionados a roles de trabajo y carencia de personal.

Ante esta situación, la ANEP y la Seccional ANEP-Policía Profesional de Migración han solicitado una reunión de carácter urgente con la Viceministra de Gobernación y Policía, Carmen Muñoz Quesada, para tratar los siguientes temas que afectarían el clima laboral.

PRIMERO: Dejamos constancia de que discrepamos de la posición de la honorable señora Directora General de Migración y Extranjería, Licda. Kathya Rodríguez Araica, de vincular la implementación del nuevo Manual de Puestos de la Policía Profesional de Migración y Extranjería, a la realización del curso de portación de armas que, como bien sabemos, está pendiente en unos 180 casos. Si tal idea se oficializa, a lo que nos oponemos, se estará generando un nuevo traspiés, sumamente desestimulante y desmotivante, a una larga espera de varios años y a un complejo “vía crucis” de nuevo, luego de múltiples esfuerzos sostenidos por este honorable personal de servicio público que, con responsabilidad cívica, ha sido enormemente tolerante en lograr el objetivo de su profesionalización y, por ende, del abandono del estado de precariedad salarial en que todavía se encuentra.

SEGUNDO: Es preciso puntualizar que el ingreso a la propiedad en el marco del Estatuto Policial abre posibilidades de estar dentro del mismo de manera directa, cumpliendo las regulaciones reglamentarias que se han establecido al respecto, dentro de las cuales no se establece consideraciones negativas con relación a sanciones leves que impidieran ese ingreso; notándose ahora que se pretende desplegar una excesiva puntillosidad para bloquear tal aspiración; simplemente, para citar un caso, no presentarse a laborar al día siguiente de la incapacidad pues coincidía con día libre, amén de ser un asunto que se dio hace unos tres años.
TERCERO: En cuanto a los roles de trabajo se hace necesario definir un protocolo de respeto de manera tal que se establezca que el día de descanso que se anula para “reforzar” al personal en actividad, debe considerarse como jornada extraordinaria que debe pagarse según las estipulaciones laborales del Código de Trabajo; teniendo claro que ya hay una claridad absoluta, por intermediación de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, de que el reconocimiento del sobresueldo por Disponibilidad, no tiene relación alguna con el reconocimiento de pago de horas extra, pues son dos conceptos radicalmente distintos entre sí y no un sustitutivo del otro.

CUARTO: Queremos advertir de los graves riesgos institucionales por la carencia de personal a fin de atender como se merece la población extranjera visitante de nuestro país que está ingresando por los aeropuertos nacionales, debido a irracionales restricciones presupuestarias para nombrar más personal y/o para sustituir con celeridad a quienes están abandonando la institución. Los y las turistas muestran gran enojo y molestia por la disminución de la celeridad en su tramitación de ingreso, debiendo soportar el o la oficial que les recibe la situación de estrés que implica esta circunstancia. Es urgente un cambio de política radical al respecto que, por supuesto, incluye los puestos fronterizos por tierra.

Un sonoro aplauso desde la clase trabajadora usuaria del transporte público modalidad autobús, merece el grupo ciudadano Red Solidaria Nacional, en la persona de don Olman Bonilla, quien con gran propiedad en el tema por ser el creador del modelo de tarifas para buses, ha denunciado las alteraciones que el mismo sufre hoy en día, con la complicidad de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), para favorecer los intereses de lucro privado del empresariado autobusero; actividad que, por cierto, está en una peligrosa ruta de concentración de la propiedad.

El clamor que días atrás hiciera público la ANEP de que pese a la rebaja de los precios internacional del petróleo, con reflejo directo en ocho bajas consecutivas en los precios de los combustibles en Costa Rica, las tarifas de autobús no han bajado; ahora se potencia más.

La denuncia de la Red Solidaria Nacional deja, completamente, “al desnudo” a la Aresep: prácticamente “tomada” por ese empresariado autobusero, lo que ha dejado a los usuarios de buses totalmente indefensos.

Los cuestionamientos son múltiples para la Aresep. Por ejemplo, dar por cierto, por veraz, sin cuestionamiento alguno, el dato empresarial sobre la cantidad de pasajeros que se movilizan por bus; permitirle al empresariado autobusero que incluya para temas de costos los buses de su flota que tiene en reserva, que no está usando; en rutas de diferentes costos por tramo de recorrido, en vez de emplear un factor promedio, se utiliza el más alto, favoreciendo al empresario pero perjudicando al usuario.

Aresep es permisiva permitiendo que haya muchas tarifas de buses en condición de irregularidad, pues según la entidad denunciante, se están utilizando indicadores y coeficientes distintos a los creados en el modelo. Tal es la opinión experta del ciudadano Olman Bonilla.

Puede decirse que las personas usuarias del transporte público modalidad autobús han venido siendo, prácticamente, “estafadas” en los últimos tiempos: pagando tarifas de autobús infladas que podrían ser hasta el doble de lo que en realidad se debe pagar; y por otro, la rebaja en el precio de los combustibles no ha implicado ninguna reducción en los pasajes de autobús.

Evidentemente, el empresariado autobusero estaría enriqueciéndose muy aceleradamente; una actividad que, por demás, está en una peligrosa ruta de concentración de propiedad.

¡Ciérrenla! Es lo mejor para la población trabajadora usuaria de los servicios públicos de transporte por autobús y, en términos generales, usuaria de los otros servicios públicos que la Aresep ha venido “regulando” en cuanto tarifas pero no para favorecer el bien común.

Si ahora hay diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa que están planteando “llamar a cuentas a la Aresep”, buena iniciativa es; pero, ¿y después qué?

Si se habla de una indemnización para la población usuaria de los buses, ésta debería ser de, al menos, a) inmediata reducción drástica en las actuales tarifas, especialmente las de las zonas rurales; b) debería abrirse un proceso penal para los responsables de la agresión económica que ha sufrido la clase trabajadora usuaria de tal servicios, abriéndose expedientes para personeros de la Aresep y para representantes empresariales autobuseros; y, c) finalmente, debería considerarse un cierre de la Aresep.

La verdad es que en esto de las tarifas de autobús, los usuarios que son abrumadoramente integrantes de la clase trabajadora, han estado indefensos, han sido abusados y engañados y hasta “asaltados”.

Los oficiales marcharon desde la sede central de la policía de tránsito en Plaza Víquez hacia la Procuraduría General de la República para solicitar el pronunciamiento de dicho órgano respecto al pago de horas extra.
Homer.

El apoyo de la ANEP a los oficiales de la Policía de Tránsito se dan en el marco de un acercamiento inter-gremial a partir de la confluencia de aspiraciones de mejores condiciones de trabajo y empleo de las cuatro principales policías del gobierno central Fuerza Pública, Policía Penitenciaria, Policía Profesional de Migración y la Policía de Tránsito.

Mauricio Rojas Cartín, Gerente de Correos de Costa Rica, considera que debe de haber cercanía, diálogo y consensos entre la institución y la Seccional ANEP-Correos de Costa Rica para crecer juntos.

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) y el Sindicato Nacional de Auxiliares en Enfermería, presentó la denuncia formal ante la auditoria interna de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) por el desperdicio y destrucción de reactivos médicos, que le cuesta a la institución cerca de 1 500 millones de colones.

Al final de esta nota se adjunta la denuncia respectiva

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), solicita a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), brindar explicaciones e información que sea totalmente real y veraz, con relación al grave problema de cientos de personas trabajadoras asalariadas que laboran para La Caja, en condición de interinas y que han sido burladas por la institución.

Lo anterior debido a que se anunció por parte de la Caja Costarricense del Seguro Social, la apertura de los concursos de rigor, para que los trabajadores interinos optaran por una plaza en propiedad. Sin embargo, en las últimas horas se ha decidido cancelar dichos concursos.

“En las últimas horas, la ANEP ha recibido numerosas exhortaciones por diversas vías a fin de que traslademos hasta las autoridades respectivas y la opinión pública, las grandes preocupaciones y molestias sobre el tema, ya que en primera instancia el anuncio oficial primero y luego su cancelación, de la apertura de los concursos de rigor, con lo cual se ha venido incrementando la zozobra del personal afectado”, dijo Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.

Vargas agregó, que muchas de estas personas en condición de interinos “acumulan varios años en una situación de gran incertidumbre e inseguridad, pese a que en la prolongación del tiempo en tal situación laboral, han demostrado idoneidad en el cargo, han servido con eficiencia y con eficacia y, no menos importante, se han desempeñado con gran honestidad y con gran dedicación a la población usuaria de los servicios que proveen”.

Ante esta situación, en ANEP aflora la imperiosa necesidad de que las máximas autoridades de la CCSS y el despacho de Recursos Humanos de la institución planteen con toda claridad, de una vez por todas, una contundente directriz que no dé lugar a dudas de que ahora sí, la situación “va en serio”.

Ambas organizaciones, integrantes de Patria Justa, solicitan explicaciones a la Regencia de Microbiología y las Comisiones de Laboratorio Clínico de la CCSS, así como a la Junta Directiva y a la regente del Área de Microbiología del almacén donde se guardan los reactivos químicos, brindar explicaciones y acciones sobre lo sucedido.

Tal y como en su momento lo advirtió la ANEP, se confirmó en tribunales estadounidenses fallo contra el Instituto Nacional de Seguros (INS), elevándose así el costo del proceso judicial por la “terca” apelación institucional, a una suma superior a los 10 millones de dólares, unos 5.500 millones de colones; juicio que ganaron las firmas reaseguradoras HRG y HOWDEN.

Tanto el señor Guillermo Constenla Umaña, expresidente ejecutivo del INS, como los jerarcas y funcionarios involucrados deben responder por este catastrófico fallo en contra de las finanzas de la institución aseguradora y del país

Según el actual y máximo jerarca institucional, el Lic. Sergio Alfaro Salas, la condena y el pago a las reaseguradoras HRG y HOWDEN será de $4.4 millones de dólares y los costos de todo el proceso fueron de alrededor de $ 6 millones de dólares, por lo que todo el costo del mismo supera los $10.4 millones de dólares, es decir, unos ¢5.500 millones de colones.

*Como se había informado en los primeros meses del año 2014*, este caso fue investigado y tramitado en Estados Unidos, país en el cual el INS, representado en ese momento por su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla Umaña, interpuso una demanda en contra de Hemispheric Reinsurence Group y contra el corredor de seguros Howden, por una supuesta estafa de 3 millones de dólares, en el cobro de primas por reaseguro de la póliza U500 del ICE.

A pesar de que lo que en principio Constenla quería “recuperar” era alrededor de un millón de dólares, sólo los gastos para el pago de la firma de abogados que representaría al INS (honorarios legales), fueron superiores a los 4 millones de dólares; más otros gastos de atención del proceso, entre ellos varios viajes a Estados Unidos del Sr. Constenla y el grupo de funcionarios del INS encargados del mismo, rondaron los $ 6 millones de dólares.

Por el mal manejo de esta póliza del ICE, la U500, la cual respalda los equipos de represas hidroeléctricas, plantas eólicas, y equipo de telecomunicaciones por mencionar algunos; la Contraloría General de la República (CGR), ordenó sancionar a varios exfuncionarios del INS en el año 2009 y, al mismo tiempo, planteó la alternativa de investigar lo actuado por el entonces presidente ejecutivo del INS en este asunto. Pero el asunto de la investigación no continuó y, al parecer, la Contraloría lo dejo “pendiente”.

En ANEP le advertimos en ese momento al Sr. Constenla y a su administración que no debía seguir adelante con este proceso en contra de las reaseguradoras mencionadas; y que, por tanto, no debía apelar el mismo pues los costos en caso de una ratificación de condena se duplicarían, cosa que al final sucedió. Sin embargo, él insistió sin mayor argumentación y dijo públicamente que en ANEP no sabíamos de que hablábamos. Al final tuvimos razón.

En ANEP denunciamos la mala decisión administrativa del señor Guillermo Constenla Umaña y un mal manejo de la póliza U500 por parte de su administración, le cueste al Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, al país, tantos millones de dólares; juicio que entendemos el señor Cónstenla planteó en tribunales para recuperar un supuesto sobreprecio de poco más de un millón de dólares por el pago del reaseguro de dicha póliza y que, al final, le salió costando mucho más de los 10 millones de dólares.

Por lo anterior, exigimos al actual Presidente Ejecutivo del INS, Lic. Sergio Alfaro Salas, al cual también en su momento le advertimos de los riesgos de este proceso, que actúe en forma inmediata y sin dilaciones políticas contra Guillermo Cónstenla Umaña y contra el grupo de funcionarios involucrados en este asunto, para que los mismos sean responsabilizados por esta terrible pérdida financiera para el INS y para el Estado costarricense.

Asimismo, exigimos a la Contraloría General de la República (CGR), y al propio Ministerio Público actuar de oficio en este asunto; y, ante la posible inacción de la actual administración del INS, también ejercer las medidas correspondientes de cara a evitar otro “sonado caso de impunidad” en el manejo y la administración de fondos públicos.