JPS incumple directriz del ICD en lotería electrónica

Tal y como lo ha venido denunciando la ANEP, junto con sus secciónales de Trabajadores de la Junta de Protección Social y de Vendedores de Lotería, sobre los riesgos de haber privatizado y trasladado la venta de lotería electrónica a la transnacional de juegos de azar GTECH AND BOLD GAMMING; el Instituto Costarricense sobre Drogas )ICD), por medio de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), advierte sobre el riesgo de legitimación de capitales (lavado de dólares), que conlleva la forma irregular en que la empresa GTECH opera con la venta de las loterías electrónicas de la JPS.

En su oficio O-UIF-037, del 12 de febrero de 2014, dirigido al Gerente General de la JPS, Lic. Milton Vargas y a la Junta Directiva de esa institución, la UIF, del ICD, indica lo siguiente:

  • Que la actividad de loterías desarrolladas por la Junta de Protección Social, ha evidenciado el pago de sumas considerables en forma reiterada a un mismo apostador
  • Que la perdida que representa para este apostador no supera el 50% de los recursos jugados o invertidos lo cual podría resultar atractivo para legitimadores de capitales bajo esquema de pagos de premios.
  • Que uno de los aspectos fundamentales para lavar dinero es garantizar el anonimato de beneficiario final y distanciar los flujos de utilidades del delito precedente, siendo que actualmente se obvia la recaudación de datos importantes como la identificación del apostado.
  • Que no existen controles que validen en forma efectiva los datos de identificación contra un documento válido conforme a los estándares de identificación establecidos en el país.
  • Que por las funciones propias de la Junta de Protección Social, le corresponde, como regulador natural, aplicar los controles necesarios que reduzcan al mínimo los riesgos de lavado de dinero bajo los esquemas de los juegos que ofrece.

Indica además la UIF del ICD que desde el mes de febrero de 2013 viene trabajando con las autoridades de la JPS, una labor consultiva y no vinculante, referente a la prevención del lavado de dinero, pero que el proceso ha sido lento, es decir, la implementación de las recomendaciones; entonces se optó por la vía de emitir dichas recomendaciones, según lo que establece el artículo 126 de la Ley 8204, que dice lo siguiente:

“Artículo 126.—El acatamiento de las recomendaciones propuestas por la Unidad y avaladas por el Consejo Directivo del Instituto, tendrá prioridad en el sector público y, especialmente, en las entidades financieras o comerciales, a efecto de cumplir las políticas trazadas para combatir la legitimación de capitales y, con ello, incrementar la eficacia de las acciones estatales y privadas en esta materia.”

Pero también insiste la UIF del ICD en que la JPS tiene que realizar una serie de acciones que a pesar de que se han comentado bastante al parecer no se han cumplido como lo es Emitir y aprobar políticas y normativas preventivas del lavado de dinero.

Pero a esto se une lo externado por la misma procuraduría General de la República en su oficio OJ-001-2014 fechado 07 de enero de 2014, dirigido a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público (Comisión que investiga las actividades de la JPS y la lotería electrónica a cargo de la transnacional GTECH), y que en sus conclusiones, puntualmente en su puntos 4 y 6, indica lo siguiente:

“4- El dictamen C.060-2013 señala que corresponde a la Unidad de Inteligencia Financiera del Instituto Costarricense sobre Drogas dictar la normativa sobre registro y reporte de transacciones de los sujetos obligados conforme el artículo 15 bis de la Ley 8204. Reconocimiento que parte, precisamente, de que en el tanto en que la Junta de Protección Social organice, administre y lleve a cabo, directa o indirectamente, apuestas u otros juegos de azar distintos de la lotería quedará comprendida por lo dispuesto en dicha ley.

6- Por ello, si la UIF y el Instituto Costarricense sobre Drogas determinan que existe un riesgo de que la lotería sea utilizada para legitimar capitales o financiar el terrorismo puede incluirla entre las actividades que se sujetan a las disposiciones de la Ley y, por ende, respecto de las cuales regirán las distintas obligaciones que establecen la ley sobre Estupefacientes y su Reglamento.”(el resaltado no es del original)

Es por todo lo anterior, que la ANEP, y sus seccionales en la JPS, exigimos a la Junta Directiva y jerarcas de la Junta de Protección Social, prescindir y anular el contrato para la venta de sus loterías electrónicas que tiene con la transnacional GTECH AND BOLD GAMMING, pues ésta no cumple con lo exigido por la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD; exigencias que con el equipo actual de venta de lotería electrónica que ha instalado dicha transnacional, resultan prácticamente imposibles de cumplir.

Para poner un ejemplo de lo grave de esta situación, en una reunión sostenida días atrás con el señor Gerente de la JPS, Lic. Milton Vargas y varios subgerentes de la institución, el mismo nos comentaba que tuvieron que intervenir un puesto de los administrados por GTECH, debido a que un comprador de lotería electrónica había llegado a comprar con tres millones de colones y le apostó a cada número (del 00 hasta el 99), treinta mil colones. Eso lo hizo en la mañana y en la tarde pasó a retirar la suma de dos millones cien mil colones (ya que la apuesta paga 70 veces lo invertido); es decir, aunque aparentemente perdió, en realidad lo que ocurrió es que se lavaron 2.100.000,00 colones.

Asimismo, solicitamos se intervenga por parte de las autoridades competentes la Junta de Protección Social (JPS), y se obligue a sus jerarcas al cumplimiento inmediato de las disposiciones de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD).

Por último nos preguntamos: ¿Qué intereses hay detrás de defender a la transnacional de juegos de azar GTECH AND BOLD GAMMING?, y ¿quiénes en la junta la están defendiendo?…

El INS deberá pagar casi $9 millones a reaseguradora HRG

El medio digital “navegalo.com”, publicó en su página web que el Instituto Nacional de Seguros (INS) fue condenado por el jurado del Tribunal de la Florida, en el condado de Dade Miami, al pago de 9 millones de dólares a Hemispheric Reinsurance Group, es decir, aproximadamente unos 5 mil millones de colones por el manejo de la póliza U-500 del ICE.

Indica el medio digital que este caso fue investigado y tramitado en Estados Unidos, país en el cual el INS, representado por su Presidente Ejecutivo, Guillermo Constenla, interpuso una demanda en contra de Hemispheric Reinsurence Group por una supuesta estafa de 3 millones de dólares.

A pesar de que lo que en principio Constenla quería “recuperar” era alrededor de un millón de dólares, indica la noticia, sólo los gastos para el pago de la firma de abogados que representaría al INS (honorarios legales), fueron superiores a los 4 millones de dólares. Además, sigue diciendo la nota, el jurado condenó al INS a pagar 3 millones de dólares más por otros asuntos del litigio y un pago más, de 781 mil dólares, a la empresa Hemispheric Reinsurance Group.

Por el mal manejo de esta póliza del ICE, la U500, la cual respalda los equipos de represas hidroeléctricas, plantas eólicas, y equipo de telecomunicaciones por mencionar algunos; la Contraloría General de la República ordenó sancionar a varios ex funcionarios del INS en el año 2009 y, al mismo tiempo, planteó la alternativa de investigar lo actuado por el Presidente del INS en este asunto, pero el asunto de la investigación no continuó y, al parecer, la Contraloría lo dejo pendiente.

Para terminar, indica la nota de “navegalo.com”, que consultado sobre este grave asunto, Constenla indicó que no se referiría la mismo por encontrarse el fallo del Tribunal de Florida en un proceso de apelación por parte del INS.

En ANEP lamentamos muchísimo que, al parecer, una mala decisión administrativa del señor Guillermo Constenla y un mal manejo de la póliza U500 por parte de su administración, le cueste al Instituto Nacional de Seguros y, por supuesto, al país tantos millones de dólares; juicio que, entendemos, el señor Constenla planteó en tribunales para recuperar un supuesto sobreprecio de poco más de un millón de dólares por el pago del reaseguro de dicha póliza y que, al final, le puede salir costando todavía mucho más de los 9 millones de dólares que serían cobrados solo en la primera fase del proceso.

Por lo anterior, exigimos al Presidente Ejecutivo del INS, Guillermo Cónstenla Umaña que aclare urgentemente al país, el ¿por qué? de estas malas decisiones; y que, además, valore inmediatamente su dimisión como Presidente Ejecutivo de tan importante institución aseguradora del país.

UNA alega “error de interpretación” en matrículas anómalas

El caso de los 108 estudiantes que fueron admitidos en la Universidad Nacional (UNA) de forma anómala, y a los cuales no se les anuló su matrícula debido a que caducó el plazo para hacerlo, retumba en la Asociación Nacional de Empleados Públicos (ANEP).

Carlos Cruz, director de la seccional de ANEP en la UNA, exige que la universidad revele los nombres de esos estudiantes.

“Lo que van a hacer es todo lo posible porque no salgan los nombres de los estudiantes que fueron admitidos irregularmente, pues cualquier periodista o investigador acucioso vería, y diría pero este es hijo del decano tal, del miembro universitario tal. Lo que pasó en la Universidad es que se abrió un portillo, la gente encontró que el muchacho y la muchacha que no ganó el examen de admisión lo metían por ahí”, sostuvo Cruz.

Francisco González, vicerrector Académico de la UNA, alegó que fue un error de interpretación el que llevó a admitirlos en condiciones irregulares.

“Se trató de alumnos que se sometieron de buena fe a los procedimientos que las instancias universitarias aplicaban, y que por error de interpretación de las distintas autoridades de las unidades académicas en los procedimientos administrativos y normativas aplicables, se tenían como válidos (no existiendo dolo alguno en estas actuaciones). En todos los casos determinados se detectó que ocurrieron con anterioridad al año 2009, y en muchos de ellos ya los jóvenes habían concluido sus estudios en apego a lo contemplado en los diferentes planes de estudio. Por lo que en aplicación de los tiempos de caducidad, según la normativa nacional vigente, no se podían iniciar procesos de nulidad contra los estudiantes, tomando en consideración además los daños colaterales que se les podía causar a los mismos.

DIARIO EXTRA solicitó la lista de los estudiantes a la UNA, pero la entidad no las envió pese a la petición.

IRREGULARIDADES

Las anomalías en las matrículas quedaron comprobadas desde el 2009, cuando en un informe de la Controlaría Universitaria se verificó la denuncia de la jefa de admisión Sonia Salazar, quien señala que se estaba utilizando la figura de estudiante extraordinario para saltarse los requisitos.

Cuatro años después, el Consejo Universitario resolvió que las matrículas no podían anularse porque había caducado el periodo para ello, y también resolvió que ningún funcionario de la entidad, incluida la actual rectora Sandra León, tenía responsabilidad de los hechos.

“Siguiendo el debido proceso fueron los diferentes superiores jerárquicos los cuales realizaron las investigaciones, y tomaron las correspondientes resoluciones, mismas que constan en cada expediente, incluyendo la de la señora Rectora, en donde se nombró un órgano director competente”, alegó González.

Para Cruz es inaceptable que “a la Controlaría Universitaria le tomó nada más dos meses para hacer una investigación y decir que todas las irregularidades que denunció la jefe de admisión son ciertas”, mientras al Consejo Universitario cuatro años, en donde todos los casos prescribieron. Además asegura que todos los funcionarios quedaron libres porque están involucrados en la misma investigación.

Para el representante de la ANEP aparte de las anomalías, es inaceptable que a la jefa de Admisión que denunció los hechos la Universidad la someta a un proceso de acoso laboral, que ya fue dictaminado así por un juez. Sobre la condena por acoso la UNA confirmó que ya apeló el fallo, y por el momento no se va a referir al estar en los tribunales.

ANEP-SINART se reunió con el presidente ejecutivo de la institución

El pasado viernes representantes de la Seccional ANEP-SINART, junto a nuestro Secretario General, Albino Vargas, se reunieron con el Presidente Ejecutivo del Sistema Nacional de radio y Televisión (SINART), Rodrigo Arias para tratar diversos temas; entre ellos el tema salarial y diferencias de interpretación de la convención colectiva, que rige en la institución desde agosto del 2013.

Alejandra Marín, Presidenta de la Seccional ANEP-SINART, indicó que respecto a la convención colectiva aún existen muchos puntos en el aire, los cuales deben de aclararse. “Existen cosas que se van aplicando, se van resolviendo, pero otras no”.

“Con la convención colectiva aún existen muchas dudas, además de cosas en las que no nos ponemos de acuerdo; estamos en ese aprendizaje, vamos avanzando “, dijo Marín.

Otro de los temas tratados en la reunión del viernes anterior, en la sala de sesiones del SINART, fue sobre el percentil 25, el cual consiste en un aumento salarial para los trabajadores que son remunerados mediante el salario compuesto.

“En el año 2013, habíamos firmado La Ley del SINART, donde se decía que los salarios iban a aumentar, ahí se habló del percentil 25, sin embargo hasta que no se definiera una escala salarial ese percentil 25 no se podía aplicar. Pero resulta que desde el 2011 se firmó lo del estudio salarial y todavía la mayoría de trabajadores que están en el salario compuesto aún no se le aplica ese aumento, mientras que a los trabajadores que tiene salario único sí”, dijo Marín.

En este último tema, y debido a que en apariencia el SINART no cuenta con la capacidad económica para cubrir el percentil 25, según indicó su Presidente Ejecutivo, Rodrigo Arias se podría negociar un nuevo percentil.

“Debido a esa situación, vamos a reunirnos en abril para tratar de llegar a establecer un nuevo percentil, para que el salario de los trabajadores que no están gozando de ese beneficio aumente”, dijo la Presidenta de la Seccional ANEP-SINART.

Actualmente la Seccional ANEP-SINART está compuesta por unos 100 agremiados, lo que representa casi el 50% de trabajadores que laboran en el Sistema Nacional de Radio y Televisión

Proyecto que utiliza energía radioactiva se desarrolla en pleno centro de San José

En días pasados un grupo de trabajadores del Hospital San Juan de Dios (HSJD), se comunicó con nuestra organización, muy preocupados por el carácter de los trabajos que se están realizando en el terreno anexo al hospital San Juan de Dios, ubicado específicamente diagonal a la “Puerta de Médicos”, esquina suroeste del Parque La Merced, bulevar Avenida 4 y Calle 14.

Según nuestras informaciones, corroboradas con una visita rápida que realizamos el día de ayer, se está construyendo un tipo de bóveda reforzada con su respectiva instalación eléctrica de gran formato, y que, aparentemente, tiene algo que ver con energía radioactiva.

“Esto lo decimos por dos aspectos que logramos observar: unos cilindros ubicados en el suelo con el reconocido logo de radioactividad y el logo de la compañía NECSA impreso en la estructura. Dicha compañía, según nuestra búsqueda por internet, es la Corporación de Energía Nuclear de Sudáfrica (http://www.necsa.co.za/)”, indicó Albino Vargas, Secretario General de la ANEP.

Ante la confianza depositada por parte de estos trabajadores en nuestra organización, y ante las negativas de las autoridades del centro médico de brindarles información sobre dicho proyecto. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), envió este viernes una carta dirigida a la Dirección Médica del Hospital San Juan de Dios, representada por el doctor Daniel Quesada; así como a la Presidenta Ejecutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Ileana Balmaceda, solicitando información sobre la construcción de dicha bóveda reforzada, que aparentemente sería utilizada para el desarrollo de un proyecto que utiliza energía radioactiva en pleno centro de San José.

“Solicitamos información, de manera urgente, sobre los protocolos de seguridad abordados para la construcción de dichas instalaciones, los atestados del personal o la empresa contratados para dicha construcción, sobretodo relacionados a la experiencia en el manejo de material radioactivo y, por último, quisiéramos saber cuáles son los fines de dicha construcción”, aseveró el Secretario General de la ANEP.

Vargas agregó, que esto es una preocupación que no solo ataña a los trabajadores del centro médico, sino también, de las miles de personas que a diario transitan en las cercanías de dichas obras; “que Dios no lo quiera, pudieran verse afectados si un accidente ocurriera con un material tan peligroso como el nuclear”.

Irregularidades en admisión de UNA prescribieron, y sin señalar responsables

Escrito por Javier Córdoba Morales (Javier.cordoba@ucr.ac.cr)

Más de 108 casos de irregularidades en la admisión de estudiantes en la Universidad Nacional (UNA), denunciados desde el año 2008, se dejaron caducar y sin señalar a ningún funcionario como responsable, según consta en un reciente informe del Consejo Universitario.

La Contraloría Universitaria de la UNA determinó en 2009 varios casos de estudiantes que ingresaron a esa casa de estudios sin presentar el título de Bachillerato o que fueron ingresados irregularmente mediante el uso de la categoría de “estudiante extraordinario” sin cumplir los requisitos.

El ente contralor inició una investigación luego de las denuncias presentadas por la directora de Admisión, Sonia Salazar, quien desde entonces se convirtió en objeto de acoso laboral por parte de sus superiores.

El pasado 10 de febrero un tribunal de trabajo condenó a la UNA y al director de Registro, Marvin Sánchez, por el acoso laboral en contra de Salazar, lo que dejó en evidencia la veracidad de sus denuncias y permitió conocer el informe de la Contraloría, que el Consejo Universitario declaró confidencial hace casi cinco años.

El vicerrector Académico de la UNA, Francisco González, aseguró que la UNA cumplió con todos los procedimientos necesarios para corregir las anomalías detectadas por la Contraloría, y se realizaron las investigaciones necesarias a los funcionarios involucrados, pese a los cual ninguno fue sancionado.

INFORMEBLICO

Uno de los resultados inmediatos del proceso judicial de Salazar en contra de la UNA permitió dar a conocer el informe C.362.2009 de la Contraloría Universitaria, en el que se comprueba la veracidad de las denuncias planteadas por Salazar.

UNIVERSIDAD solicitó en 2010 el contenido completo de este informe pero una carta del entonces rector, Olman Segura, aseguraba que el documento había sido declarado “confidencial” por el Consejo Universitario.

Fue a solicitud de la jueza en el caso de Salazar que el documento se dio a conocer al público, al formar parte del expediente.

La Contraloría seleccionó una muestra de 65 personas admitidas y matriculadas en el 2008, de las cuales 29 (45%) no presentaron la fotocopia del título de bachillerato y en 27 casos no se encuentra la certificación del Ministerio de Educación Pública de haber ganado el bachillerato.

La mayoría de los estudiantes en esta condición presentaron sus documentos después de la fecha límite establecido para que el Departamento de Registro verificara estos requisitos.

Incluso, señala el informe, una estudiante con “restricción de pendiente por montos vencidos y no presentación de documentos” al 11 de noviembre del año anterior aún se encontraba en el sistema, tras haberse solicitado exclusión desde el 4 de setiembre del 2008.

En cuanto a la categoría de “Estudiante Extraordinario” que, según las normas de la Universidad, se define como “aquel que demuestra una aptitud superior en el área del conocimiento de la carrera” y a quien se le permite matricular uno o varios cursos pertenecientes a un plan de estudios al margen de los requisitos definidos a los estudiantes regulares, este criterio se aplicó a varios estudiantes que no cumplían con la condición citada, incluyendo a la hija de un integrante en ese momento del Consejo Universitario.

También se consignó el caso cuatro personas obtuvieron notas menores a siete en pruebas específicas, dos de las cuales pusieron como segunda opción el ingreso a la carrera de Enseñanza de la Educación Física, Deporte y Recreación, por lo que no fueron admitidas en los periodos de matrícula ordinaria ni extraordinaria.

De acuerdo con el informe, el Director de la carrera mencionada envió cartas al Director de Registro para la inclusión de estas personas en calidad de extraordinarios, por lo que finalmente fueron matriculadas a pesar de estar fuera de fecha, “con lo cual todos tuvieron un trato diferenciado respecto a los demás estudiantes”, señala el informe.

TULOS FALSOS

Salazar también había denunciado la excesiva demora de las autoridades de la UNA para atender los casos de títulos falsos de bachillerato, entre los cuales se encontraba el de la hija de una entonces decana de la Institución.

Salazar acudió en octubre del 2009 a presentar la denuncia ante el Ministerio Público por estos hechos; sin embargo, las autoridades judiciales tampoco han prestado atención al caso.

El informe de la Contraloría detalla que en noviembre de ese mismo año se solicitó a los estudiantes involucrados que se presentaran a aclarar las inconsistencias, mientras que el vicerrector Francisco González afirma que, tras la investigación realizada, ninguna de las personas con título falso ingresó a la Universidad.

El informe de la Contraloría Universitaria del 2009 ordenaba a la administración llevar a cabo una investigación con la totalidad de la admisión cuestionada. La respuesta a esta solicitud no se concretó hasta el pasado 28 de febrero del 2014, mediante el oficio SCU-307-2014 “Informe final sobre los procedimientos administrativos ejecutados a partir de la relación de hechos de la Contraloría Universitaria C.362.2009”.

Según ese oficio, el 28 de noviembre del 2011 se transcribió el acuerdo del Consejo Universitario en el que se declaró la “caducidad del plazo para iniciar el proceso de nulidad absoluta de la admisión y matrícula de 108 casos de estudiantes adicionales que detectó el estudio realizado por la administración”.

En enero del 2012, se dio por cerrado el proceso del informe de la Contraloría, solamente a la espera de la resolución de las investigaciones relacionadas con funcionarios presuntamente responsables en estos casos; finalmente, nadie fue sancionado.

El vicerrector Académico, Francisco González, aseguró que al realizar el análisis completo de la admisión desde el 2001, se encontraron estos 108 casos de irregularidades, pero muchos de estos habían prescrito por el tiempo que había pasado.

El funcionario dijo que las recomendaciones de la Contraloría se habían adoptado para mejorar los procedimientos de admisión y “garantizó” que este tipo de situaciones no se han vuelto a repetir en la UNA desde entonces.

Acosada por denunciar

En mayo del 2010, UNIVERSIDAD publicó el caso de la jefa de Admisión de la UNA, Sonia Salazar, quien afirmaba ser objeto de acoso laboral y persecución luego de determinar y denunciar una serie de irregularidades en el proceso de admisión 2007-2008.

Salazar dio cuenta del ingreso y matrícula de estudiantes que no habían presentado el título de bachillerato o que presentaron uno falso, según confirmación del Ministerio de Educación Pública; además del uso de la figura de “estudiante extraordinario” para dar ingreso a personas que no habían ganado la prueba de admisión de manera ordinaria o, bien, que no habían participado del todo en el proceso.

Según consta en la sentencia del Juzgado de Trabajo de Heredia del 10 de febrero anterior, tras las denuncias por estas irregularidades, Salazar fue víctima de acoso laboral por parte de sus superiores, quienes intentaron hacerla a un lado de las funciones propias de su cargo, relacionadas directamente con las denuncias que había planteado.

A Salazar se le retiró la clave de acceso al sistema informático en el que se ingresa a los estudiantes y se le entregó esta clave a otro funcionario subalterno, fue relegada de las reuniones propias de su cargo, se le bloqueó su correo electrónico institucional y fue objeto de malos tratos por parte de su jefe.

Posteriormente, Salazar fue trasladada a otra unidad donde pasó a desempeñar labores técnicas relacionadas con las cámaras de seguridad de la Institución como “medida cautelar”, mientras se investigaban las denuncias.

La afectada recordó que en el proceso interno que realizó la UNA se descartó cualquier tipo de acoso o afectación a su persona, pero al recurrir a los tribunales laborales estos condenaron en primera instancia a la Institución y al Jefe de Registro por el daño moral demostrado en la sentencia.

“Todo esto ha sido muy duro, lo que yo quisiera es que termine ya porque llevamos mucho tiempo. Espero que esta sentencia ayude de alguna forma para ninguna otra persona sufra lo que yo he sufrido”, expresó Salazar.

El vicerrector Académico, Francisco González, indicó que no podía referirse específicamente al caso de Sonia Salazar, pues la UNA presentó una apelación a esta sentencia.

AyA Autofores renueva su dirigencia sindical

Este martes 11 de febrero se realizó a Asamblea General de los trabajadores de AyA Autofores, en el centro de la Capital, para escoger una nueva Junta Directiva que lidie con los problemas de los trabajadores de campo de Acueductos y Alcantarillados.

Entrega de recibos y lectura de medidores son las tareas asignadas a los trabajadores de esta área de Acueductos y Alcantarillados y están viviendo una problemática particular al anunciar la institución que se prepara para la digitalización de todos sus recibos para noviembre de este año.

La incertidumbre se sirve junto al desayuno de estos trabajadores, que no saben cual será su futuro, algunos con hasta 30 años de estar realizando la labor de entrega de recibos. Movilidad laboral, traslado a otras dependencias, cambios de horarios y funciones… No hay ninguna certeza sobre qué pasará.

Con este tema, además de muchos otros más propios de este tipo de institución, tendrá que trabajar la nueva Junta Directiva, que quedó conformada de la siguiente manera:

Presidente: Walter Araya Gamboa
Vice Presidente: Luis Rolando Salas Duarte
Secretaría de Divulgación y Actas: Juan Luis Sancho Corrales
Secretaría de Finanzas: Ronald Campos Gutiérrez
Secretaría de Formación Sindical: Alexander Zepeda Madrigal
Secretaría de Organización: Alexander Monge Ramírez
Vocal: Jesús Sibaja Bustamante.

Le deseamos la mayor de las suertes a esta nueva Seccional, que tiene un duro trabajo por delante.

ANEP denuncia compra de fincas de mala calidad y presuntos pagos indebidos por parte del INDER

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) junto a la Seccional ANEP-INDER denunciaron ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República la compra de dos fincas de mala calidad para la producción agrícola y agropecuaria, así como presuntos pagos indebidos por parte del Instituto de Desarrollo Rural (INDER), con el objetivo de que los casos sean investigados y se sienten las responsabilidades que corresponda.

Así lo manifestó esta mañana en conferencia de prensa el Lic. Walter Quesada, Secretario General Adjunto de la ANEP y Presidente de la Junta Directiva de la Seccional ANEP-INDER quien indicó que la compra de dos fincas por parte del INDER, en el sector de Guanacaste, adolecen de condiciones para el desarrollo de proyectos productivos (agrícola y agropecuario), terrenos que, además fueron adquiridos sin el consentimiento de la Comisión de Compra de Fincas, órgano técnico del INDER.

Según Quesada, la primera de estas fincas llamada Los Jilgueros fue rechazada por la Comisión de Compra de Fincas, al determinar que: “en la finca del centro hacia el norte, se presenta la Unidad Cartográfica denominada Río Tempisque (con 90.91 ha que representan el 42,6 del área total del terreno) que corresponde a suelos clasificados como vertisoles (arcillas que se expanden en invierno y se contraen en verano, características físicas que los hace de muy difícil manejo, tanto en período lluvioso como el seco)…lo anterior unido al hecho de que este sector de la finca no tiene actualmente disponibilidad de agua para riego (no hay certeza de que se pueda irrigar a futuro)”.

La otra finca adquirida por el INDER de forma irregular es la conocida como La Urraca, la cual fue comprada a Nelson Espinoza Hernández, sin embargo esta también fue rechazada por la Comisión de Compra de Fincas como consta en el acta 09-2013 del 30 de mayo del 2013.

“La comisión de Compra de Fincas la rechaza por cuanto: “no hay posibilidad de abastecimiento de la finca por medio de agua superficial, se debe pensar en abastecimiento de agua subterránea para lo cual el SENARA (Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento) ha indicado que la finca se ubica cerca de fuentes de agua subterránea, pero no existe un estudio específico para la finca que determine, no solo la existencia, sino la capacidad de abastecimiento para un desarrollo parcelario intensivo y el proyecto productivo que en él se establezca”, indica el acta.

Ante estos escenarios, Quesada indicó que se formularon las respectivas denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría General de la República para sentar responsabilidades, ya que “algunas personas podrían estar sacando beneficio por la compra de los terrenos”.

Presuntos pagos indebidos en el INDER

Además de las denuncias interpuestas por la compra de fincas de mala calidad por parte del INDER. La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados junto a la Seccional ANEP-INDER formularon dos denuncias más en contra de la institución, esta vez por presuntos pagos indebidos. Ambas ya fueron interpuestas ante la Contraloría General de la República y el Ministerio Público.

Quesada detalló que la primera de ellas se formula por un pago de prohibición que desde hace varios años se le viene haciendo a dos directores de la institución.

“Respecto a esto la Contraloría ha dicho que el pago le corresponde a la persona o personas que ocupen un puesto de jefatura en las proveedurías del sector público, fuera de las cuales ningún otro cargo de dirección se entiende cubierto por la prohibición”, explicó el Secretario General Adjunto de la ANEP.

El otro caso se refiere a la contratación de un chofer para la Gerencia General, el cual paso de ganar ¢400.000 antes de pensionarse a ¢1.100.000 después de recibir ese beneficio.

“Son cuatro denuncias graves, en las cuales dicho sea de paso podría tener responsabilidad Rolando González Ulloa, candidato a diputado en primer lugar por el Partido Liberación Nacional en la Provincia de Alajuela y expresidente del Instituto de Desarrollo Rural”, finalizó Quesada.

A estas denuncias se une la realizada públicamente por la ANEP, en donde se deja en manifiesto que los requisitos que piden para los puestos vacantes del INDER hacen prever que cada puesto ya tiene nombre y apellidos, lo que ha permitido que se nombre a familiares y amigos sin determinar si tales contrataciones corresponden o no a las necesidades institucionales.

ANEP firma convenio con la Universidad Técnica Nacional en beneficio de sus agremiados

La Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) firmó el pasado viernes un convenio con la Universidad Técnica Nacional (UTN), el cual traerá grandes beneficios para los agremiados de la organización en materia de capacitaciones.

Dicho convenio firmado en el marco del Consejo Consultivo Nacional de la ANEP, permitirá que cientos de agremiados puedan realizar cursos de capacitación en diversas áreas, lo que permitirá un crecimiento laboral, profesional y humano de los agremiados de la ANEP.

Luis Fernando Chaves, Vicerector de la UTN indicó que la primera área que abarcarán en los cursos de capacitación es la de fortalecer los conocimientos en materia de salud ocupacional y laboral, posteriormente se realizará un segundo programa en el área de gestión y administración, con la intención de generar nuevos emprendedores sociales.

“La relación con la ANEP es fundamental para dar una demostración de que queremos trabajar en formación y capacitación con este tipo de organizaciones. Por eso la posibilidad que nos ha dado la ANEP es muy importante para nosotros, puesto que nos da de manera concreta y real la posibilidad de vincularnos con este tipo de organizaciones”, dijo Chaves.

Dentro de los beneficios que podrán disfrutar los agremiados de ANEP con la firma del convenio resaltan los descuentos especiales, un abordaje metodológico distinto y con metodologías muy modernas. Además los programas de capacitación no tendrán restricciones; como quizás si los pueda tener en otro nivel, por lo que se pueden inscribir personas con niveles de escolaridad baja, media y alta. A esto se suma que los precios que maneja la universidad son los más bajos del mercado.

Otro de los beneficios para los agremiados, es que los cursos de capacitación se impartirán en las diversas sedes con las que cuenta el centro universitario, por lo que los agremiados que residen fuera del Valle Central tendrán la opción de inscribirse en la sede que mejor les convenga, las cuales se ubican en Alajuela, Atenas, Puntarenas, Guanacaste y San Carlos.

El convenio de nuestra organización y la UTN está para implementarse a la brevedad, y posiblemente los cursos de capacitación den inicio en marzo próximo en el área de salud ocupacional y laboral.

Fondo de Ahorro de AyA retiene utilidades a trabajadores

Queremos externarles nuestra preocupación por sus repetitivos argumentos sobre el atraso en el pago de las utilidades correspondientes a quienes con un gran esfuerzo ahorramos, mes a mes, un 5% de nuestro salario al Fondo de Ahorro, Retiro y Garantía (FARG).

Creemos que existe mala intención sobre quienes necesitamos de esos recursos económicos para satisfacer las diferentes necesidades.

Es sabido que en la actualidad el área contable del FARG, cuenta con dos funcionarias para realizar los cierres contables, la Licda. Kathia Camacho Jiménez y la Licda. Julieta Guillén Alvarado. Esta última recientemente reclasificada para dicha área.

No obstante, según las políticas para reasignaciones individuales de puestos, deben transcurrir como mínimo seis meses entre el momento en que se inicia el cambio en las actividades y responsabilidades del puesto.

ANEP insiste en señalar la mala intención porque ustedes indican que hay 5 meses de atraso por falta de un contador. Algo que no es verdad porque hace más de 6 meses, debido al traslado de la Licda. Ivon Mata Núñez a otra dirección, fue trasladada la Licda. Guillen Alvarado al área contable para cubrir las funciones en conjunto con la Licda. Camacho Jiménez.

Entonces nos preguntamos:

¿Por qué existe atraso si siempre ha habido dos personas en el Área Contable?

¿Cómo es que ustedes no se preocupan más bien por verificar si hay incumplimiento de deberes?

¿Cómo es que ustedes permiten atrasos sin hacer nada para evitarlo?

¿Por qué insisten en responsabilizar a la administración superior?

Además, también existe un cronograma para cierres contables aprobado por la Junta Administradora del FARG, mediante el cual se establece un máximo de 13 días hábiles para concluir el proceso de los cierres contables. (Adjuntamos cronograma)

Respetables señores: no quisiéramos pensar que hay una especie de “complot” para cobrar tiempo extra, algo que podría resultar rentable tomando en cuenta que el año pasado tan solo a la jefatura de contabilidad se le pagó cerca del millón de colones en horas extras para que pusiera al día la contabilidad. Habiendo podido realizar dichos cierres en horario regular. Esto se puede constatar en Recursos Humanos. ¿Qué es lo que ahora pretenden, que se sigan desperdiciando vanamente los recursos en horas extras, siendo un hecho comprobado que los cierres pueden realizarse en horario regular?

ANEP INSTA A LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR A VELAR PORQUE LOS FUNCIONARIOS CUMPLAN CON SU TRABAJO, PUESTO QUE EL A Y A ES QUIEN PAGA MES A MES SUS SALARIOS. Y QUE NO SE SIGA PERJUDICANDO MÁS A LOS AFILIADOS DEL FARG CON EL MISMO ARGUMENTO DE LOS ÚLTIMOS AÑOS.