“Es criminal quien sonríe al crimen; quien lo ve y no lo ataca; quien se sienta a su mesa; quien se sienta a la mesa de los que se codean con él o le sacan el sombrero interesado; quienes reciben de él el permiso de vivir.” José Martí
Wálter Quesada Fernández Rafael Ángel Mora Solano Giovanny Ramírez Guerrero
Nos referimos al artículo titulado “_Undeca firme y consecuente en la defensa de la salud del pueblo_”, publicado en la sección de opinión del Diario Extra, el pasado 22 de junio y firmado por Martha Rodríguez, Secretaria General Adjunta de esa organización, en donde con enojo desmedido desenfunda su pluma (suponemos que lo escrito es de su autoría), como si se tratara de un duelo contra el compañero Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP.
El pecado de Albino Vargas fue haber hecho un llamado de autocrítica y autorreflexión a toda la dirigencia sindical de la Caja Costarricense del Seguro Social, incluida la misma ANEP, en su columna del miércoles 30 de mayo último, y titulada “_La Caja y el chorizo de mezclar lo público con lo privado_”; en vista de la grave crisis que afecta a esta institución y enfocada en tres aspectos que en nuestro criterio carcomen a la Caja, a saber: 1) El conflicto existente entre el interés público y los intereses político-partidistas. 2) El conflicto existente entre el interés público y los intereses mercantiles de quienes hacen jugoso negocio con la salud (o más bien, con la enfermedad) de las personas. 3) El conflicto existente entre el interés público y el interés gremial.
Al parecer es en el punto tres en donde doña Martha no está de acuerdo, por lo que suponemos que sí avala el enfoque del resto de lo escrito, lo cual ya es muy bueno. Pero, doña Martha se rasga las vestiduras y llama al compañero Albino Vargas “_traidor_”, por haber escrito el siguiente párrafo:
“_Autocríticamente debemos asumir nuestras propias responsabilidades gremiales siendo cómplices por omisión (para decirlo lo más “suavemente” posible) de que esto estuviera pasando, durante tanto tiempo, ante los ojos de prácticamente todas las agrupaciones sociolaborales y profesionales que tienen vida al interior de la Caja. Algunas agrupaciones hemos decidido asumir nuestra responsabilidad histórica en el actual marco de condiciones críticas que enfrenta la CCSS y proponer medidas correctivas a todo esto, pero sin quitar derechos laborales consolidados que ya tiene la inmensa mayoría de la población trabajadora institucional que no es integrante de los “estamentos reales” del gremialismo corporativo que forma parte del segmento más rico del país. Ha llegado la hora de hablar claro de todo esto: la Caja es del pueblo, no de los dirigentes sindicales_”.
¿Qué tiene de injurioso, de afrenta, o de traicionero ese párrafo?, ¿Por qué no se sintió usted doña Martha o los compañeros de Undeca más bien identificados con la segunda parte de ese párrafo, es decir, dentro de las organizaciones que han decidido asumir su responsabilidad histórica proponiendo medidas correctivas para afrontar esta crisis, y denunciando anomalías y corrupción, como dice usted lo han hecho desde UNDECA? En verdad nos parece que las motivaciones de su escrito no tienen que ver estrictamente con la columna de don Albino, sino más bien, con una estrategia inducida por otros de confrontar y por qué no decirlo hasta declarar la guerra a una organización sindical que como la ANEP, siempre ha caminado a la par de UNDECA, como organizaciones hermanas de clase y en defensa de la seguridad social; llegando a un nivel de empatía política tal que tanto la misión como la visión estratégica que la ANEP ha definido para sí misma, UNDECA la adoptó y hasta un banner tiene en su sede central señalando la coincidencia de ideas estratégicas.
En la ANEP no nos estamos autonombrando los “_salvadores_” de la Caja y aunque tenemos una menor afiliación que UNDECA, la nuestra es representativa y eso nos da el derecho a opinar y a crear dentro de nuestra afiliación una sensibilización social de profundo rostro humano con relación a la grave crisis de la seguridad social en nuestro país.
Priva en este momento un llamado al diálogo, al respeto mutuo entre dos organizaciones que como UNDECA y ANEP, tienen una gran responsabilidad sobre el futuro de la Caja Costarricense del Seguro Social.
Un importante grupo representativo de vendores de lotería se manifestaría este lunes 2 de julio, a partir de las 8 de la mañana en las afueras de la sede central de la Junta Protección Social (JPS), para protestar por la próxima entrada en vigencia de la lotería electrónica, luego de un cuestionado refrrendo por parte de la Contraloría General de la República (CGR), pese a que la Procuraduría General de la República (PGR), había indicado que este tipo de juegos de azar no debia salir del control directo de la JPS.
Los vendedores de lotería se sienten amenzados con su exclusión definitiva de esta actividad, dado que el contrato que la JPS ha firmado con la trasnacional que manejará la lotería electrónica, habla de que esta es una primera etapa, generándose así sentimientos de miedo de que una “segunda“ etapa sea la entrega de la lotería en papel,
Como bien sabemos la JPS juega un estratégico papel para combatir la exclusión social de gtrupos vulnerables de la población y la introducción de la lógica mercantil en lo que debe ser sus ámbitos de promoción del juego de azar con fines sociales, provoca protestas y movimientos como éstos.
La ANEP ha decido respaldar a los vendedores de loteríaen su protesta de este lunes 2 e insta a todo el personal de la JPS a sumarse a la actividad durante el rato que esta protesta ha de durar.
Señores miembros de nuestra Junta Directiva: Dr. Guillermo Constenla Umaña Sr. Luis Casafont Flores Dra. Eugenia Chaves Hidalgo Masc. Edgar Brenes André Lic. Luis Alonso Gutiérrez Herrera Sr. Henry Ramírez Azofeifa Lic. Moisés Valitutti Chavarría
Estimados señores y señora Directores:
Con gran preocupación nos hemos enterado el día de hoy, a través de un diario de circulación nacional, las gravísimas situaciones que acontecen en el órgano colegiado, máximo jerarca administrativo del INS.
Como organización representante de la Fuerza Laboral del INS, hacemos un respetuoso llamado a la cordura, al respeto y a priorizar en la atención de los asuntos para los cuales prestaron juramento. La buena salud de la Junta Directiva es un asunto de todos, incluyendo el Consejo de Gobierno y la Presidencia de la República.
Lejos de criterios subjetivos personalistas, ustedes están llamados a honrar la tradición de buen nombre, hidalguía y prestigio del órgano director.
El ejercicio de la dirección del INS es un asunto técnico, profesional, nunca un tinglado para amenazas personales. La dirección del INS debe ser una gestión apegada a la ley y sobre los Directores pesa la grave responsabilidad de hacerla cumplir.
Nos extraña que habiéndose presentado el evento, los mismos señores Directores no intervinieran para que las aguas volvieran a su cauce.
Todo órgano colegiado supone la confrontación de diferentes puntos de vista, criterios, visiones, precisamente para ello son órganos de varios miembros a quienes la ley exige requisitos personales y profesionales.
Que no se permita la exposición de criterios alternos a la mayoría, es un síntoma grave en el ejercicio de la conducción del INS y en general de la sana conducción de un pilar de la institucionalidad democrática en Costa Rica.
Al estructurar el régimen de superior dirección de esa forma, lo que se busca es garantizar que no impere la visión personalista, autoritaria de un solo sujeto.
Nuestro llamado es a sanar las heridas que pudieron abrirse en el debate, a respetar la independencia de criterio de cada Director, a permitir con absoluto respeto, el libre ejercicio de la superior vigilancia de la gestión institucional y a no caer en conductas que mancillen el trato cordial que debe ser la norma.
Nunca es tarde para arreglar las cosas y en este caso se impone la Institucionalidad y los altos intereses de la Patria.
Reiteramos el llamado a todos los miembros de la Junta Directiva para que se permitan reparar la necesaria armonía a lo interno del órgano. Lo peor que puede pasar es que un tercero venga a resolver lo que ustedes están en capacidad y obligación de lograr.
Licenciado Jorge Luis Vargas Espinoza Director General Imprenta Nacional
Estimado señor:
De parte de nuestra organización sindical, nos es grato saludarlo de la manera más respetuosa.
En la Imprenta Nacional existe una comisión que está trabajando en un proyecto de reestructuración, liderada por las señoras Marta Porras, encargada de la Oficina de Recursos Humanos y Lourdes Hernández Sanso, de la Oficina de Planificación; proceso que en un principio sólo iba a abarcar la actualización del organigrama institucional, para lo cual tal comisión de reestructuración le concedió una audiencia a la representación oficial de la ANEP en la institución, Seccional ANEP-Imprenta Nacional, para que hiciera aportes al mismo.
Sin embargo, nos hemos dado cuenta de que dicha comisión amplió su ámbito de intervención y de acción y que, por tanto, el proceso de reestructuración ya no es parcial sino que es integral.
Decimos que es una reestructuración integral, entre otras cosas, porque como ya es de su conocimiento, el señor Orlando Brenes, supervisor de Offset presentó un proyecto que busca cerrar el departamento de Fotomecánica, mismo donde laboran dos de nuestros dirigentes sindicales de la seccional de la ANEP. Es más, de manera anticipada el señor Brenes ya ha externado públicamente su interés de cerrar un departamento por lo que el proceso pierde legitimidad, al haber adelantado un criterio sumamente subjetivo.
Como usted entenderá, nuestra organización sindical tiene mucha experiencia en este tipo de procesos de reestructuración y, por lo general, se prestan para, si nos permite expresar una opinión popular, “_sacadas de clavos_”; principalmente de los mandos inferiores que sin criterio técnico, legal e incluso político, hacen planteamientos que muchas veces van en detrimento de los trabajadores y de las trabajadoras, lo cual, como ya sabemos, enrarece la atmósfera institucional y abre paso a focos de conflictividad.
Para el caso de la Imprenta Nacional, ya son muchas las intentonas de hacer una reestructuración integral, sin embargo, por este tipo de errores que son comunes, como el del señor Brenes Zúñiga han dado al traste para que dicho proceso se pueda implementar, sobre todo porque el mismo debe contemplar a la Convención Colectiva de Trabajo, que en su Capítulo VII, artículo 36, inciso B dice textualmente:
ARTÍCULO 36.
B) La Imprenta garantiza la estabilidad laboral a los dirigentes sindicales de la ANEP, entendiéndose los directivos de la seccional y los miembros de la Junta Directiva, por motivo de sus actividades eminentemente sindicales; sus plazas no podrán ser eliminadas de los presupuestos ordinarios ni extraordinarios. En caso de reorganización de personal, éstos como tales no podrán ser removidos de sus puestos ni aún trasladados; pero si lo podrá hacer la Imprenta siempre y cuando exista acuerdo entre ambas partes.
Como usted entenderá, el señor Brenes Zúñiga, en su ignorancia nunca observó más allá de lo que obliga la Convención en el mencionado artículo 36; es más, ni siquiera informó a los interesados del Departamento de Fotomecánica de sus planes. Para nosotros esto es persecución sindical y acoso laboral.
Así las cosas, de la manera más respetuosa, le solicitamos que antes de mandar dicho proyecto de restructuración a Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplan), nos permita una copia del mencionado proyecto; e incluso, nos permita un tiempo prudencial hacer las observaciones de rigor que sean necesarias a todo el proyecto de reestructuración, sobre todo para que no transgreda en nada el artículo29, inciso B, de la Convención Colectiva de Trabajo. De más sobra decir que por ley tenemos derecho a una participación activa en dicho proceso.
Nos ponemos a sus órdenes para lo que considere pertinente.
Fundamentamos nuestra solicitud en el artículo 27 de nuestra Carta Magna, en el artículo 32 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional y en el artículo 2 de la Convención Colectiva de Trabajo que la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) ha suscrito con la Imprenta Nacional.
Quedando en espera de su pronta respuesta, aprovechamos para reiterarle nuestra mayor consideración y respeto,
CONTRATOCONGTECH ES LA PRIVATIZACION DE LA LOTERIAELECTRONICA Y SE ENTREGA EN FORMAILEGAL A UNA TRANSNACIONAL
En sesión de Junta Directiva del 12 de octubre de 2010 (acta Nº 34) nombra la Junta Directiva la Comisión que elabora el Cartel de Licitación de la lotería electrónica.
Esta comisión fue la que en su momento llevo las recomendaciones a la Junta Directivo para que se tomaran los acuerdos necesarios, para que fuera designado la empresa CONSORCIOG-TECH, como adjudicataria de la licitación en cuestión.
El martes 8 de marzo del 2011 (acta nº9) se aprueba el Cartel de Licitación Pública “_DESARROLLO, IMPLEMENTACIÓN Y OPERACIÓN DE LA LOTERÍA ELECTRÓNICA EN LÍNEA Y TIEMPO REAL_”,
La Junta Directiva concesiona (Licitación Nº2011 LN-000002-PROV) a la empresa Consorcio GTECH – BOLTGAMING, mediante esta Licitación Pública en sesión de Junta Directiva del 9 de agosto de 2011, Acta 28. Este contrato ya fue refrendado por la CGR.
De PROVEDURIAJPS : indicaron a la C.G.R. que la justificación de estudios técnicos entre los que enumeran la masificación, procurar la generación de mayores recursos para los diferentes programas sociales, contrarrestar los juegos ilegales con una oferta alternativa de productos para nuestros clientes; aducen también que la lotería electrónica internacional nunca ha sido explotada a través de microcomputadoras en cambio son terminales de venta especializadas de venta de lotería electrónica, sin embargo cabe recalcar que cuando la JPS incursiono en esta modalidad para el año 2007, fueron los servidores de la misma y los equipos de los canales de distribución (con Microcomputadoras) los que han llevado hasta el día de hoy a ser un negocio exitoso; según INFORME DE LABORES 2010 – 2011 ( VEASEPRESENTANCION DE LABORES 2008 – 2010):
“_Los productos de Lotería Electrónica están experimentando un crecimiento importante en ventas. Es decir, la taza de crecimiento acumulada desde enero hasta junio del 2011, (en comparación a las ventas acumuladas desde enero a junio del 2010) ha crecido en más de un 49%, dato que demuestra el excelente desempeño de las ventas de los productos electrónicos en el presente año._”
Dado todo lo anterior y debido a la adjudicación de estos productos a la empresa internacional G-TECH, la cual sería la encargada de administrar y expandir masivamente las loterías electrónicas de la Junta de Protección Social; incluyendo en un futuro provisorio, las loterías pre impresas llámese CHANCES – LOTERIANACIONAL.
En principio el punto más vulnerable para la actividad laboral de los vendedores de lotería electrónica, es que la Ley 8718 en su transitorio I, indica lo siguiente:
1. LA LEY 8718 INDICA: TRANSITORIO I.- Los vendedores de lotería que a la fecha de publicarse la presente Ley disfruten de un porcentaje de descuento de un doce por ciento (12%) por la distribución de los productos de la Junta de Protección Social, en adelante seguirán recibiendo, como mínimo, ese porcentaje como un derecho adquirido. Los demás casos serán regulados según lo indicado en la presente Ley.
No obstante lo anterior, a la empresa G-TECH se le dará un 22% del total de las ventas, siendo un 12.79% la comisión, es decir a GTECH no solo se le mejora la comisión por venta en comparación con los vendedores nacionales, sino que además se lleva una parte importante de los fondos públicos que se recolectan por esta actividad.
Los contratos sostenidos con los diferentes canales de distribución de lotería electrónica que actualmente están vigentes según nota enviada el 20 de abril del 2012 a la Contraloría General de la Republica indica que para el mes de mayo dará por concluidos todos los contrato, falacia o contradicción, porque a la fecha no han sido notificados los interesados; así mismo en el contrato y las negociaciones la JPS y G-TECH, hace alusiones de la comisión a cancelar a los puntos de venta, actuales canales de distribución de un 5% hasta un 8%, donde los contratos suscritos con la JUNTA directamente son de un 12% como lo estipula la ley.
En nuestro criterio la JPS, le está facilitando el negocio en forma ilegal porque violenta su propia ley de creación y hasta pronunciamientos de la Procuraduría General de la República, a una empresa Norteamericana – Italiana que hasta el momento no tienen ningún ligamen o arraigo con este país excepto por una inscripción ante el registro público de una empresa denominada CONSORCIOG-TECH-BOLDGAMING, dejando así a más de 215 familias y subsecuentes sin el derecho al trabajo, engrosando las listas de los desempleados del país y en el peor de los casos siendo esas familias una carga más para el país y las supuestas acciones sociales que realiza la JPS, por tratarse en muchos casos de individuos con problemas de inclusión laboral.
Los fondos que maneja la JPS, son fondos públicos y tiene que ser administrados por este ente, en el menor término que se tenga, como hasta ahora a estado funcionando; es decir la venta de los productos que la junta vende tienen que estar en las arcas del estado y no en manos de “_otros_” como se interpreta en el acta 09-11 JUNTADIRECTIVAJPS, los intereses que sobre pesa en los montos que e manejarían con 1000 terminales por el largo y ancho del país, por términos de dos a una semana son excesivos.
“_ARTÍCULO 2.- Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social La Junta de Protección Social es un ente descentralizado del Sector Público; posee personalidad jurídica y patrimonio propios, así como autonomía administrativa y funcional para el desempeño de sus funciones. Tendrá a su cargo, en forma exclusiva, la creación, administración, venta y comercialización de todas las loterías, tanto las pre impresas como las electrónicas, las apuestas deportivas, los juegos, los video-loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional, a excepción de los casinos; sin perjuicio de las concesiones o autorizaciones que otorgue para la administración o comercialización de estos productos, en cumplimiento de los fines públicos asignados, para la aprobación de la concesión o autorización respectiva, será necesario el voto de dos terceras partes de los miembros de la Junta Directiva._” (adjuntamos dictamen de Procuraduría del año 1997).
Por lo anterior, nos estamos oponiendo a este contrato y cuestionaremos en estrados judiciales y cualesquiera otros la legalidad del mismo. Además estaremos manifestándonos el próximo 4 de Julio frente a la Junta de Protección Social de San José.
De cara a la feroz competencia en el manejo de correspondencia y paquetería, tanto física como virtual, Correos de Costa Rica se propone modernizar la institución, para hacerla más competitiva y que no muera en el proceso.
Lamentablemente, la experiencia nos ha dado la enseñanza de que estos procesos de rediseño de instituciones públicas siempre vienen acompañados de “sacrificados”, siempre trabajadores y trabajadoras que se ven de pronto sin empleo.
Gracias a la gestión de la seccional ANEP – Correos, y al trabajo de la ANEP en su conjunto, se llegó a un acuerdo firmado por la patronal y la representación sindical para que este proceso de modernizar Correos no implique el despido masivo de personal.
Junto a este acuerdo se logró visibilizar que es inaceptable ningún tipo de acoso laboral, de maltrato ni al personal ni a las personas que utilizan los servicios de la institución. También, se acordó el mejoramiento tanto en la estructura del Correos, así como en su infraestructura, equipamiento tecnológico, y capacitación de personal, para alcanzar los más altos estándares de servicio.
Se logró, además, el acuerdo de involucrar a la representación sindical en el proceso, compartiendo toda la información sobre los proyectos que se ejecutan.
Hay un reconocimiento de la poca competitividad que tienen los salarios en Correos de Costa Rica, y se asumió esto como un reto para mejorar la situación económica del personal.
La actividad sindical en Correos de Costa Rica nunca ha sido fácil, mucho menos desde que se transformó en una Sociedad Anónima. Pero la contundencia del trabajo de nuestra Seccional ha hecho posible este acuerdo, el cual estará supervisado en todo momento por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Mañana miércoles 20 de junio, a las 10 de la mañana, diversas organizaciones de vendedores de lotería dejarán claro al país su posición en torno al refrendo del ente contralor a la privatización de la lotería electrónica.
Indicarán las razones por las cuales temen ser desplazados de su actividad social-mercantil y anunciarán que darán a lucha por preservar el carácter humanista de la Junta de Protección Social (JPS.
Igualmente darán a conocer información que le da un carácter controversial a la empresa extranjera que explotará el negocio privatizado de la lotería electrónica.
La Conferencia de Prensa será a las 10 de la mañana, de mañana miércoles 20 de junio, en la sede central de la ANEP, en calle 20.
Desde ya agradecemos a los diferentes medios de comunicación su valiosa cooperación.
La estrategia es manejada políticamente por el PLN, con una fuerte injerencia desde la casa presidencial y con un cómplice llamado ARESEP/SUTEL.
Con la ley No. 8642, Ley General de Telecomunicaciones, publicada el 30 de junio de 2008, surge la SUTEL como órgano regulador y dentro de sus competencias tiene la tarea de fijar las tarifas y el manejo del Fondo Nacional de Telecomunicaciones, FONATEL, con el fin de procurar acceso universal, servicio universal y solidaridad, en los servicios de telecomunicaciones.
Frecuencias entregadas al MINAET
El ataque básicamente consiste en minar las finanzas de la institución, por ejemplo, del acuerdo entre el MINAET y el Presidente Ejecutivo del ICE, Ing. Pedro Pablo Quirós con data del 18 de diciembre de 2009 (ante el cual las organizaciones presentamos una apelación a la CGR, una acción de inconstitucionalidad y una denuncia ante los juzgados por ser considerada como ilegal), el Ing. Quirós acepta un pago de $6,55 millones de dólares por la limpieza de las bandas y entrega de las frecuencias al MINAET, generándose además, la declaratoria de “uso no exclusivo” de frecuencias del espectro radioeléctrico asignadas en el año 1997 al ICE. A la fecha el ICE sigue esperando el pago $6,55 Millones de dólares.
Tarifas por Interconexión
Denunciamos la imposición de tarifas por interconexión por parte de la SUTEL, a través de sus resoluciones RCS 324-210 y RCS 325-210, por considerar que son tarifas ruinosas por no cubrir los gastos de operación de la institución, mientras al ICE le cuesta ₵8 minuto completar el tráfico, recibe de los operadores ₵3,63 por minuto. Situación que pone en serio riesgo la estabilidad financiera de la institución y como lo dijimos en su momento, esta resolución generaría pérdidas por 30.000 millones de colones anuales, poniendo en riesgo los programas de inversión y la sostenibilidad de la calidad del servicio brindado. Ante esta situación la Presidencia de la República, a través del ministro de la presidencia obliga al Ing. Eduardo Doryan a retirar el Contencioso Administrativo que la administración superior había presentado en los tribunales en el último cuatrimestre del 2010. El FIT responsablemente presenta, en representación de los trabajadores, un Contencioso Administrativo, en marzo de 2011, y a la fecha, nos encontramos a la espera de resolución por parte de los tribunales.
Tarifas por servicios
El Instituto Costarricense de electricidad tiene tarifas del año 2004 para los servicios fijos y en el 2002 se fijo el precio del minuto celular, el ente regulador ni siquiera ha considerado realizar ajustes por inflación de esas tarifas. También le negó la posibilidad de tarifaria para servicios de valor agregado como el MMS y video-llamada desde el 2009 a marzo de 2012 a la institución, aunado a esto, a la fecha no ha asignado tarifas para datos móviles, obligado al ICE a dar un servicio móvil sin límite de descarga, ocasionando estrés en la red móvil, deterioro de la calidad y sobre inversión en la red móvil.
FONATEL
Los recursos del Fondo Nacional de Telecomunicaciones (FONATEL) son de aproximadamente $ 200 millones de dólares, $ 170 millones de dólares provenientes principalmente de lo obtenido por las concesiones realizadas para el uso del espectro radioeléctrico de los servicios celulares y del 1,5% de los ingresos brutos devengados por los operadores desde el año 2010 .
A la fecha no se ha utilizado ni un solo colón para procurar la tan llamada solidaridad en el acceso y servicio universal de los servicios de telecomunicaciones, por el contrario existen costarricenses como la Sra Rezard de Wuovej, a quien la SUTEL en su oficio 274-SUTEL-DGC-2012 fechada 30 de enero de 2012, le indica: “En este nuevo escenario los nuevos operadores……. ….. no están obligados a desarrollar proyectos que no les sea rentables”, así mismo existen comunidades que están quedando aisladas bajo el mismo concepto de la SUTEL, no son rentables, ¿y los fondos de FONATEL, cuando se usaran?.
Inversión de los recursos de FONATEL
Tampoco sería aceptable el uso de estos $200 millones de dólares para algún festín político, como pareciera ser lo acostumbrado en las últimas administraciones.
Hacia donde se dirigen esos fondos, se destinarán al uso de consultorías o asesorías (ver artículo del diario la República del Jueves 7 de Junio 2012 “Consultorías se disparan en la ARESEP” y Documento SUTEL-Términos de referencia para la contratación de Recursos para Conformar la Unidad de Gestión del Fideicomiso) o se duplicarán inversiones contratando lo que el ICE ya realizó, en estudios, diseños y redes, o bien, como fue sugerido en la Asamblea Legislativa, para resolver las debilidades del gobierno y sus instituciones.
Portabilidad Numérica
De los países centroamericanos, Costa Rica es el último en abrir su mercado a la competencia, en ninguno de ellos se ha implementado la “portabilidad numérica” y la SUTEL está contratando a un tercero para que en término de 4 meses la implemente en el país, beneficiando únicamente al capital extranjero y perjudicando la inversión que el pueblo de costarricense ha realizado durante estos 50 años.
Amenaza el ente Regulador
El ente Regulador amenaza con sanción de rebaja de un 21 % en la tarifa celular pasando de 30 colones a 23,7 colones (La Nación 6 de junio de 2012), cuando ha existido responsabilidad del MINAET en la asignación de enlaces, errores en la metodología utilizada por SUTEL en sitios donde no existe oferta comercial y algunas mediciones y umbrales establecidos muy alejados de la realidad nacional. Pareciera que la intensión es clara con el ICE, minar sus finanzas y la credibilidad de los clientes.
La seccional de ANEP-IDA no acepta bajo ninguna circunstancia la propuesta presentada por la Presidencia Ejecutiva en el sentido de sacar a concurso interno todas las plazas que actualmente posee la institución.
El artículo 192 de la Constitución Política establece que: “los servidores públicos serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado que exprese la legislación de trabajo, o en el caso de reducción forzosa de servicios“.
En el caso que nos ocupa no estamos ante una reducción forzosa de personal ni ante un cierre de la institución, por el contrario estamos ante un fortalecimiento institucional que implica la ampliación de potestades y que garantiza el respeto adquirido de los trabajadores, bajo esa tesis no vamos a aceptar la propuesta de la Presidencia Ejecutiva y vamos a defender con todos nuestros recursos el derecho que nos asiste, en espacial la estabilidad laboral que tanto protege la legislación laboral y pronunciamientos constitucionales y judiciales.
Como lo hemos dicho siempre nuestra organización está dispuesta a dialogar, pero defiende el derecho a disentir y en este caso concreto disentimos de la Presidencia ejecutiva y sus pretensiones.
Hacemos un llamado a los trabajadores para que no nos dejemos amedrentar y por el contrario nos unamos para defender nuestros derechos.
Atentamente Walter Quesada Fernández Presidente Seccional ANEP-IDA Secretario General Adjunto ANEP
Albino Vargas Barrantes explica las causas de la denuncia.
San José, 7 de junio de 2012.
Honorable señor Lic. Gilbert Calderón Alvarado Procurador de la Ética Procuraduría General de la República
Estimado señor:
El suscrito, Albino Vargas Barrantes, mayor, soltero, promotor sindical, vecino de San José, con cédula de identidad número 1-457-390, en mi condición de Secretario General y representante legal del sindicato denominado “_ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOSPUBLICOS Y PRIVADOS_” (ANEP), con el debido respeto a usted expongo:
Que de conformidad con los artículos 1 y 11 del Reglamento a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Decreto Ejecutivo No. 32333-MP-H, y lo dispuesto en la misma ley antes citada, comparezco con la representación del Sindicato ASOCIACIONNACIONAL DE EMPLEADOSPUBLICOS Y PRIVADOS (ANEP), a solicitar se investigue formalmente la situación que paso a describir, para que oportunamente se realice un formal pronunciamiento acerca de si dicha situación resulta o no ajustada a los conceptos y regulaciones contenidas en la Ley No. 8422 y su reglamento.
Los hechos y circunstancias a que se refiere esta petición son los siguientes:
1.- Que el señor Guillermo Constenla Umaña, actual Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Seguros (INS), a raíz de un accidente con su vehículo automotor fue atendido por el Instituto Nacional de Seguros y cubierto por la cobertura del Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA); que dicha atención derivó en una incapacidad de 47 días comprendidos entre el 13-04-2012 al 07-05-2012 y del 10-05-2012 al 31-05-2012, según consta en copia de certificación que se adjunta y emitida por el mismo Instituto Nacional de Seguros.
2.- Que durante esos días de incapacidad, en apariencia, se presentó a laborar varios días al INS y, específicamente, se habría presentado a las sesiones de la Junta Directiva del INS, de la cual es Presidente y sesionó según consta en las actas de las sesiones celebradas los días 23 de abril, 30 de abril, 07 de mayo, 16 de mayo, 21 de mayo, y 24 de mayo del año en curso.
3. Que en el Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía del II Circuito Judicial, existe un expediente bajo el número 11-001830-0173-LA-4 por Infracciones a las Leyes de Trabajo y Seguridad Social, presentado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contra el Instituto Nacional de Seguros y cuya representación ostenta Don Guillermo Constenla Umaña en su calidad de Presidente Ejecutivo.
En dicha demanda se plantea el despido de una funcionaria del INS que se encontraba en periodo de lactancia, infringiéndose con ello las disposiciones contempladas en los artículos 94 y 94 bis del Código de Trabajo y por ello haciéndose acreedor el INS, en la representación del señor Constenla Umaña, a la sanción prevista en los artículos 614 y 616 del Código de Trabajo, 70 inciso d), 75 y 80 del Código Procesal Penal.
Dentro del proceso, el Tribunal de Trabajo convoca al señor Guillermo Constenla Umaña como imputado, en calidad de representante del INS, para comparecer en juicio oral y público, para el día 25 de Mayo del 2012 a partir de las 10 horas con 30 minutos.
El señor Constenla Umaña por intermedio de su abogado, el Lic. William De la O Villalobos, presenta escrito a dicho Tribunal Trabajo, solicitando la suspensión de la audiencia programada para ese día 25 de mayo, aduciendo que el señor Constenla Umaña se encontraba incapacitado, para lo cual adjuntó la correspondiente certificación de incapacidad y el dictamen médico (mismos que se adjuntan a esta denuncia).
No obstante lo anterior, el señor Guillermo Constenla Umaña, a pesar de estar incapacitado y así habérselo manifestado al alto Tribunal de Trabajo, mantuvo una reunión de trabajo con los señores Dirigentes del Sindicato UPINS; reunión que se celebró ese día 25 de mayo en la planta ejecutiva del Instituto Nacional de Seguros y que empezó a las 10:00 a.m., y se prolongó por aproximadamente 2 horas. Esto se puede corroborar según lo indica el oficio PE-2012-00463, del 23 de mayo del 2012 (oficio debidamente firmado por el señor Constenla), y en el oficio UPINS-00106-2012 del 24 de mayo de 2012 (se adjuntan los dos oficios).
4. Que lo aquí denunciado aumenta su gravedad cuando el señor Constenla Umaña sale del país hacia un Congreso de Aseguradoras de Centroamérica y Panamá, que se celebró en Tegucigalpa, Honduras, del 27 de mayo al 31 de Mayo del 2012, fechas en las que se encontraba incapacitado según lo indica la misma certificación que entregará el señor Constenla al Tribunal de Trabajo.
Además según consta en el oficio JD-0026-2012, del 14 de mayo del 2012, de la Junta Directiva del INS, por acuerdo V de la sesión 9106, al señor Constenla Umaña se le aprobaron gastos con fondos públicos por la suma de ¢ 1.220.158,60 colones para que participara en dicho Congreso.
ANALISIS
Según lo aquí denunciado, el señor Constenla Umaña, Presidente Ejecutivo del INS, posiblemente habría engañado a un alto Tribunal de la República al presentar certificación de incapacidad, pero a la vez ese mismo día estar en una reunión de trabajo con el sindicato UPINS; habría violentado así las leyes y normas de la Seguridad Social al presentarse a laborar estando incapacitado, además haber salido del país a representar al Instituto Nacional de Seguros con fondos públicos que le fueron otorgados para la participación en el Congreso de Aseguradoras en Honduras en ese mismo periodo de incapacidad.
En principio estaría el señor Constenla Umaña faltando al “_deber de probidad_” que le asiste a todo funcionario público y máxime a las altas autoridades y jerarcas de las instituciones públicas, tal y como lo establece la ley Contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, en su artículo No. 3 que indica lo siguiente:
“Artículo 3º—Deber de probidad. El funcionario público estará obligado a orientar su gestión a la satisfacción del interés público. Este deber se manifestará, fundamentalmente, al identificar y atender las necesidades colectivas prioritarias, de manera planificada, regular, eficiente, continua y en condiciones de igualdad para los habitantes de la República; asimismo, al demostrar rectitud y buena fe en el ejercicio de las potestades que le confiere la ley; asegurarse de que las decisiones que adopte en cumplimiento de sus atribuciones se ajustan a la imparcialidad y a los objetivos propios de la institución en la que se desempeña y, finalmente, al administrar los recursos públicos con apego a los principios de legalidad, eficacia, economía y eficiencia, rindiendo cuentas satisfactoriamente.”
Es de importancia recordar que el señor Constenla Umaña estuvo incapacitado por el Instituto Nacional de Seguros, con un seguro que es parte fundamental de la Seguridad Social Costarricense como lo es el Seguro Obligatorio de Automóviles (SOA) y en reiterada jurisprudencia de la Sala Segunda se indica que un trabajador incapacitado por la seguridad social “_no puede trabajar_”; por ejemplo, así lo dice la Sala en su resolución 2010-000598 donde indica lo siguiente:
“_Es claro que el actuar del demandante, resulta ser una falta grave al contrato de trabajo, suficiente para justificar su despido sin responsabilidad patronal, pues las actividades que don … realizó, pusieron en riesgo su salud, faltando al principio de buena fe y lealtad, así como a otras obligaciones inherentes al contrato de trabajo, el cual se mantiene vigente aún durante el período de incapacidad, pues así lo regula el artículo 73 del Código de Trabajo, al establecer que la suspensión total o parcial de los contratos de trabajo, no implica su terminación, ni extingue los derechos y obligaciones que emanen de los mismos_”, “_(…) el trabajador o trabajadora que incumple las órdenes dadas por un médico de la Caja Costarricense de Seguro Social, ve afectada en primer lugar su salud, pero también, falta a los principios de universalidad, igualdad, solidaridad, subsidiaridad, obligatoriedad, unidad y equidad, que caracterizan el sistema de salud costarricense, pues, al desatenderse la orden del médico, implica, en muchos casos, utilizar nuevamente los servicios de salud, lo cual, sin duda alguna, los encarece. Además, quien no sigue los lineamientos ordenados por el médico que lo y la incapacita, vulnera los principios de buena fe, lealtad para con su patrono, pues, desobedecer la orden del galeno, implica poner en riesgo la salud, retrasar su recuperación y su reincorporación al trabajo_”.
Es tal la gravedad de los hechos aquí denunciados que consideramos que estamos ante un caso claro de desviación de poder, el cual resulta contrario al ordenamiento jurídico del país.
PETITORIA
Con fundamento en lo expuesto, solicitamos se inicie una investigación administrativa por parte de esta Procuraduría de la Ética, a fin de determinar si los hechos aquí denunciados, resultan ajustados a derecho, y si además se ajustan a los principios y normas éticas contenidas en la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública y su reglamento.
PRUEBA
Sin perjuicio de cualquier otro elemento probatorio que se nos solicite y se encuentre en nuestro poder aportar, adjunto:
-Copia de certificación de la incapacidad y del dictamen médico del Señor Guillermo Cónstenla Umaña -Copia de la convocatoria al juicio oral y público del Tribunal de Trabajo de Menor Cuantía al señor Guillermo Cónstenla para el día 25 de Mayo de 2012 -Copia del escrito presentado por el abogado de Guillermo Constenla, Lic. William De La O, al Tribunal de Trabajo, en donde indica no poder asistir al juicio por encontrarse incapacitado. – Copia de los oficios PE-2012-00463, del 23 de mayo del 2012 (oficio debidamente firmado por el señor Constenla), y en el oficio UPINS-00106-2012 del 24 de mayo de 2012. -Copia del oficio JD-00226-2012 del 14 de mayo del 2012, de la Junta Directiva del INS, en donde al señor Constenla Umaña se le aprobaron gastos con fondos públicos por la suma de ¢ 1.220.158,60 colones para que participara en el Congreso de Aseguradoras en Honduras. – Copia de carátula y primeras páginas de expediente del Tribunal de Trabajo con el número 11-001830-0173-LA-4 donde se sigue causa contra Guillermo Constenla Umaña en su calidad de Presidente Ejecutivo del INS
Más allá de las características personales e histriónicas que el Sr. Chaves Robles suele mostrar cada miércoles, para solaz esparcimiento de su fanaticada; estamos obligados a esforzarnos por auscultar las reales intenciones, ideológico-estratégicas, que mueven su irrupción abrupta en la desprestigiada política costarricense.
“Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”. Imposible para cualquier persona costarricense de firme convicción democrática, sin importar su ideología político-partidaria, dejar desaparecida esta clarísima amenaza del Rodrigo Chaves Robles de atentar y de desestabilizar el orden constitucional de la República, próximo a cumplir 75 años de su promulgación, el 7 de noviembre de 1949.
El próximo 7 de Noviembre se cumplirán los 75 años de la promulgación de la Constitución Política de Costa Rica, vigente desde 1949, que integró, entre otros importantes avances, el Voto Femenino, el acceso al agua potable y a un medio ambiente sano y equilibrado, Derecho a la Salud, la Paz Social, la Educación, las Garantías Sociales, la Jornada Laboral de 8 horas,
Es claro que el Presidente Chaves poco conoce sobre el significado de la fauna en nuestro país, ya que hasta ha llegado a utilizar este término en varias oportunidades para referirse de manera inapropiada a la prensa nacional; y, cuando se necesita referirse a la fauna, lo primero que podemos denotar es que su intención es reducir el problema a un asunto de economía ambiental, bajo la óptica del todo mercado-nada Estado.
