Categoría: Municipal

Desde las 6 de la mañana de este lunes 15 de enero trabajadores operativos y administrativos de la Municipalidad de Cañas, con el apoyo de ANEP, iniciaron un movimiento de huelga que se extendió por 12 horas, el cual finalizó con un acuerdo satisfactorio.

La molestia de los trabajadores se debió al incumplimiento de la Convención Colectiva por parte del Alcade, Luis Fernando Mendoza.

Dentro de los incumplimientos de la Alcaldía a los trabajadores se enuentran: el no pago de la peligrosidad, un reajuste salarial por costo de vida del 2%, así como la implementación de una poliza colectiva de vida. Esto pese a darse un acuerdo en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social entre las partes.

Reymol Jiménez sobre molestias de trabajadores

Este movimiento representa el primero de su tipo bajo el amparo de la Reforma Procesal Laboral, ya que la ANEP estará solicitando en las próximas horas ante un juez de trabajo la legalidad del movimiento por incumplimiento jurídico.

Ante estas acciones la Alcaldía abrió el espacio de diálogo a eso de las 2 de la tarde con la mediación de un representante del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y tras 4 horas de negociación se establecieron los acuerdos que llevó al levantamiento de la huelga.

Albino Vargas sobre acuerdos

Dentro de los acuerdos alcanzados se establece el respeto por parte de la administración de la Convención Colectiva, así como la implementación de una póliza colectiva de vida. Respecto al reajuste salarial se establecerá una comisión entre las partes, que tendrá hasta el 30 de mayo para presentar una propuesta.

En el tema de la peligrosidad, la Alcaldía se compromete a elaborar un instrumento (formulario) para que sea enviado a los jefes de departamentos y, una vez llenado será presentado a la vicealcaldesa para que esta lo presente a la empresa Servicios Empesariales MDM para la elaboración de un informe, el cual será presentado al Consejo Municipal para hacer de su conocimiento el pago de la peligrosidad.

Felicitamos a la Seccional ANEP-Municipalidad de Cañas y los trabajadores que participaron de este movimiento.

Acuerdo Municipalidad Cañas by EugenioGuerrero on Scribd

De acuerdo con la Resolución Nº 448-2017 de la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía de Sarapiquí, se tramitó la causa penal número 16-000695-573-PE, por el delito de peculado, contra un funcionario de la Municipalidad de Sarapiquí de apellido Huertas y el alcalde Pedro Rojas Guzmán.

La demanda interpuesta por Albino Vargas Barrantes, Secretario General de la ANEP alega que el alcalde omitió abrir dos procesos de investigación en contra el funcionario y “amigo”, pese a informes de la Auditoría Interna que así lo requerían.

El funcionario de apellido Huertas aparentemente utilizó de materiales propiedad del municipio para la construcción de un portón para uso personal y además habría utilizado indebidamente patrimonio municipal al donar “unas llantas” propiedad de la alcaldía sin autorización.

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“El 6 de octubre del 2016, la fiscal auxiliar de Sarapiquí (…Bermúdez), solicitó de manera oral, ante el Juzgado Penal de Sarapiquí, la desestimación de la causa penal número 16-000695-573-PE, señalando como motivo la falta de interés, acto que realizó la señora Bermúdez (…), sin requerir ni contar con la autorización de la Fiscalía Adjunta de Probidad Transparencia y Anticorrupción, y sin tomar en cuenta que el órgano jurisdiccional competente, para conocer el caso era el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública del II Circuito Judicial de San José, incumpliendo la servidora judicial (…) , con su actuar omiso los artículos 2 y 6 de la circular número 1-ADM-2014 de la Fiscalía General de la República y el artículo 1 de las Reglas prácticas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y de la Función Pública, comunicada en circular 36-2003 de Corte Plena, al haberse desestimado el caso desde el 10 de octubre del 2016”, indica el documento de la Fiscalía.

Debido a ello, la Fiscalía resolvió imponerle a la fiscal auxiliar de apellido Bermúdez, una sanción disciplinaria de advertencia por incumplimiento de los deberes propios del cargo e inobservar los artículos 2 y 6 de la circular número 1-ADM-2014 de la Fiscalía General de la República y el artículo 1 de las reglas prácticas para la aplicación de la Ley de Jurisdicción Penal de Hacienda y de la función pública, comunicada en circular 36-2003 de Corte Plena que se le ha venido atribuyendo, al considerarse una falta de carácter leve, según artículo 194, con relación al 195 inciso a) de la ley orgánica del poder judicial. además, se exhorta enfáticamente a la encausada para que ponga todo su esfuerzo en que situaciones de este tipo no se repitan”, agrega el documento.

Cabe destacar que la denuncia contra el funcionario de apellido Huertas, desencadenó el despedido injustificado y adrede de tres funcionarios municipales, quienes fueron testigos de los hechos y de la denuncia presentada.