Categoría: Acción Sindical
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Municipalidad de Talamanca es obligada a dar información a ANEP
Como parte de las acciones que pretende efectuar la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) dentro de las municipalidades para garantizar la transparencia en el desarrollo de las funciones de las mismas, se presentó un amparo ante la Sala Constitucional contra la Municipalidad de Talamanca a fin de que se entreguen una serie de documentos que permitan conocer detalles sobre presuntas irregularidades dentro del gobierno local.
Además, existe una gran cantidad de incógnitas sobre las acciones internas, de los cuales, la ciudadanía también se ha manifestado preocupada, como por ejemplo la infraestructura vial, que es pésima.
Tras ser analizado por parte de los Magistrados se resolvió con lugar lo solicitado y se le dio un plazo a la Municipalidad para que entregue la siguiente información:
- Asfalto de caminos Paraíso y la Unión.
- Copia manual puestos y nombramientos.
- Lista de pagos tiempo extra.
- Nombre de trabajadores enviados por covid y criterio para hacerlo.
- Nombre de la persona designada como director.
- Reglamento y publicación de caja chica y vales solicitados
- Acuerdo donde se modificó la caja chica por parte del Concejo Municipal.
Jonathan Cascante Torres, presidente de la seccional se refirió a la información que debe brindar la municipalidad en los cuales hay preocupación por la forma en la que se está actuando, y en donde por parte de la municipalidad no hay intervención.
El primero refiere a la forma en la que dos funcionarios están cobrando viáticos, sin siquiera cumplir con los requisitos correspondientes “El reglamento que ellos tienen especifica una hora para la cena, pero ellos lo pasaron por alto. La cena es por decir a las 8:00p.m y ellos lo cobraban desde las seis de la tarde y así sucesivamente. Lo que presuntamente están haciendo es sacar algo similar a un salario mensual de esta forma.”, indicó.
Así mismo, el vicepresidente de la seccional, Cristian Rivera González, fue enfático en que debe haber transparencia en los diferentes procesos que desarrolla la municipalidad, ya que llama la atención que ante las diversas solicitudes que se presentaron para pedir información, la mayoría fueron negadas por parte de la administración.
“Buscamos que se llegue al fondo de las consecuencias y buscamos que la municipalidad se apegue a brindar claridad. Esperamos que muy pronto con el fallo de la Sala Constitucional se pueda dar ante la ciudadanía y la opinión pública un desglose de todas las situaciones”, manifestó.
CARTAS COVID
Uno de los puntos principales de la denuncia radica en que el alcalde Rugeli Morales Rodríguez, sin tener la potestad, envió, curiosamente, a quienes son afiliados de la ANEP para la casa, emitiendo una especie de orden sanitaria relacionado a la covid 19.
Deiby Porras Arias, asesor sindical de ANEP, indicó que este tipo de acciones no se pueden permitir ni pasar por alto, puesto que el jefe del municipio se brincó al Ministerio de Salud y a los médicos para tomar esta determinación.
De parte de la seccional y de la ANEP central se van a presentar las acciones judiciales que correspondan ante las constantes negativas de la administración junto a las actuar irregular, por lo que se irá hasta las últimas consecuencias.
Compartimos la Resolución Amparos de Legalidad Municipalidad de Talamanca
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Juzgado de Trabajo da curso a proceso contra Pilar Garrido y Elian Villegas por infracciones a las leyes de trabajo
El Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José dio curso a un proceso de investigación contra La Ministra de Planificación, Pilar Garrido González y contra el Ministro de Hacienda, Elian Villegas Valverde, por infracciones a las leyes de trabajo y previsión social.
La decisión del Juzgado de Trabajo de elevar el caso a audiencia oral se da luego de la demanda presentada por el representante sindical Luis Leal Ruiz, quien funge como Presidente de la Seccional ANEP-Imprenta Nacional, por incumplimiento del Estado en el pago de reajuste salarial por costo de vida durante el año 2020.
Los hechos se remontan al 17 de diciembre del año 2019 cuando se publicó el decreto Nº 42121-MTSS-H-MIDEPLAN, en el cual se dispuso un aumento salarial anual al salario base de todas las categorías del sector público de 7.500 colones, que se haría efectivo de forma retroactiva en la segunda quincena del mes de febrero del año 2020. Sin embargo, luego en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN, se suspendió el aumento establecido.
Ante esta situación, la ANEP y el presidente de la seccional ANEP-Imprenta Nacional acuden al Jugado de Trabajo al no realizarse el reajuste salarial establecido, a pesar de que existe la partida presupuestaria para proceder con su aplicación.
Dentro de los alegatos presentados por la ANEP ante el Juzgado de Trabajo, se indica que la conducta adoptada en el decreto Nº 42286-MTSS-H-MIDEPLAN es disconforme con el ordenamiento jurídico laboral, ya que violenta lo dispuesto en el artículo70, inciso i, del Código Trabajo, así como los artículos 167,177 y 178 ídem.
A estos argumentos, se suma “la transgresión cometida también violenta normas prohibitivas de carácter supra constitucional y de naturaleza legal, destinadas a proteger el salario y el patrimonio como derechos fundamentales de todos los servidores y servidoras públicas y como elemento esencial del contrato de trabajo, pues según lo establece el numeral 167 del Código, a trabajo igual corresponde salario igual, prohibición que surge de una interpretación armónica de este numeral, más los cánones 83 inciso i) y 70 inciso i) ibídem”.
Además, indican que “el actuar de estos servidores públicos, transgrede los mandatos de la Constitución Política y del Código de trabajo y esto constituye una infracción a las leyes laborales; sin dejar de lado las normas que permiten actualizar los salarios por costo de vida. Además de convenios internacionales referentes a la protección del salario”.
La ANEP también detalló, entre ostros aspectos, que ha existido inflación durante los años 2019, 2020 y 2021 generándose una pérdida del valor adquisitivo de los salarios, de acuerdo con lo indicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Ante estos y otros alegatos por parte del sindicato, el Juzgado de Trabajo del Segundo Circuito Judicial de San José y de conformidad con los ordinales 672 del Código de Trabajo convoca a las partes a una audiencia oral, establecida el 17 de enero del año 2023. No obstante, la ANEP ya está gestionando lo pertinente para el adelanto de la audiencia.
Operatividad de comités de Cruz Roja en riesgo por falta de pago del Gobierno
El 7 de septiembre del 2020 el presidente, Carlos Alvarado firmó una ley en la cual se estipulaba trasladar un aproximado de 3.000 millones de colones a la Cruz Roja por concepto del impuesto a la telefonía móvil y convencional, lo cual permitiría la contratación de unos 300 socorristas nuevos, pero a la fecha no se ha depositado un solo colón.
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Seccional ANEP-Cárceles OIJ denuncia mala gestión y atención de casos COVID 19 en celdas del Primer Circuito Judicial de San José
Así lo denuncia la seccional ANEP-Cárceles OIJ, luego de que se debiera cerrar temporalmente la sección de cárceles del I Circuito Judicial de San José, debido a un brote de Covid 19 entre los oficiales destacados en el lugar y los privados de libertad que se mantiene en celdas.
Así lo confirma un correo enviado por el Sub Secretario General del Organismo de Investigación Judicial, Armando Castillo Fallas, a varias personas a lo interno del Poder Judicial, donde indica la situación sanitaria que afecta de forma critica a las personas funcionarias destacadas como custodios de personas detenidas de la Sección de Cárceles del Primer Circuito Judicial de San José.
“Se han alcanzado un total de 34 personas incapacitadas y aisladas lo que representa un 43% del total del equipo de trabajo destacado para esas funciones, quienes al sumarse al personal administrativo supera el 50% de quienes lamentablemente no pueden ofrecer sus servicios en los horarios de turno durante las 24 horas del día, y considerando de manera adicional que, tenemos por confirmado un total de 23 personas detenidas n el aérea de celdas de dicha sección con el virus SARS-COV2, es entonces que se vuelve materialmente imposible mantener la operatividad de la sección”, indica la comunicación electrónica
Además, agrega “Y en razón de lo anterior es urgente suspender temporalmente, hasta nuevo aviso, el ingreso de personas detenidas a efecto de no exponerlas a un posible contagio por esta enfermedad”.
Para la seccional ANEP-Cárceles OIJ era cuestión de tiempo para que esta situación sanitaria se presentara en cualquier momento, ya que no se respetan las normas sanitarias respectivas por la pandemia, a pesar de las constantes denuncias por parte del sindicato.
“Siempre se pasan con el aforo de los detenidos. La cantidad de infecciones es bastante y no se toman medidas preventivas. Existe hacinamiento, los espacios sin ventilación, el equipo de protección y limpieza es insuficiente. Es imposible mantener metro ochenta de distanciamiento establecido por las autoridades sanitarias en la labor del custodio de cárceles. La cantidad de infecciones se ha tratado con un secretismo impresionante”, manifestó José Poveda Cedeño, presidente de la Seccional ANEP-Cárceles OIJ.
Poveda detalló que en sitios donde deben de permanecer solo sesenta personas en ocasiones hay más cien. Además, indicó que la activación de los protocolos es insuficiente.
“Cuando se presenta un caso positivo de Covid-19, no se toman las medidas con el personal que tuvo contacto con esa persona, y por eso la transmisión se extiende sin control en algunos momentos. La desinfección de las instalaciones se da 4 o 5 días después, mientras que los resultados de las pruebas de los detenidos tardan 5, 6 y hasta 8 días. Producto de estas malas prácticas ahora la situación se desbordó y ahora se tiene el cierre del Primer Circuito Judicial”, explicó Poveda.
La Seccional ANEP-Cárceles hace un llamado al Ministerio de Salud, para que no sea permisivo y pasivo ante la situación que se vive en la Sección de Cárceles del OIJ, ya que actualmente el personal de Salud Ocupacional del Poder Judicial pareciera no importarle la situación.
