Categoría: Acción Sindical

Recorte al presupuesto de Migración y Extranjería dejaría en jaque las deportaciones y diversas funciones administrativas

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Las Seccionales ANEP-Policía Profesional de Migración y Extranjería (PPME) y ANEP-Administrativa, denuncia ante la opinión pública qué el rebajo del Presupuesto Ordinario asignado a la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) para el ejercicio 2021, aprobado por los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa, afecta al 100% los recursos como viáticos en el interior y exterior del país, impresión de material para información de usuarios sobre trámites y prevención de delitos, así como el seguimiento a proyectos administrativos de la institución.

Lo señalado anteriormente, no permite que la labor que se realiza sea efectiva, pues afecta a nivel operativo a la Policía Profesional de Migración y a los usuarios, ya que limita la labor policial y aumenta el desconocimiento de los alcances, reglamentos y leyes costarricenses; situación que vendría afectar la buena aplicación de las mismas, ya que afecta en gran parte las deportaciones de las personas extranjeras. 

La DGME, también debe velar por la seguridad nacional, y en los últimos días ha circulado una noticia en medios de comunicación ante la  encuesta sobre la percepción de la seguridad en Costa Rica durante el año 2019, realizada por el Programa Migraciones, Cambio Social e Identidades (PMCSI) del Instituto de Estudios Sociales en Población (IDESPO) de la Universidad Nacional (UNA), de la cual se obtuvo que un 69% de la población nacional se siente en un país inseguro, por lo que esto es una razón más por la cual apelamos a no realizar un recorte presupuestario de tal magnitud.

Es de conocimiento, la necesidad de hacer recortes económicos por el bienestar del país; sin embargo, en el caso migratorio, se estaría también generando un problema a nivel de seguridad, por lo que sería un doble daño al país. Recortar el contenido presupuestario del Ministerio de Gobernación es afectar de forma directa a una de las instituciones de que ha cobrado en la contención de las fronteras, la cual ha tomado mayor relevancia durante la emergencia sanitaria por el COVID -19 en nuestro país.

La DGME cuenta con proyectos a nivel nacional que se verían afectados, cómo la administración de las Estaciones Migratorias del Bicentenario y la atención a poblaciones vulnerables a través de Migramóviles (visitas a las comunidades), Mantenimiento Preventivos y Correctivos de los equipos tecnológicos, Mantenimientos de edificios, solicitudes de refugio en fronteras según el estado de vulnerabilidad, apoyo administrativo y logístico en operativos policiales, atención medica de los funcionarios destacados en las regionales.

Ante este escenario las seccionales de la ANEP en la PPME y Administrativa apelamos a una revaloración de las medidas, ya que todos debemos trabajar por el bienestar de Costa Rica.

Gerardo Mora Ordóñez
Presidente de la Seccional ANEP-PPME
Directivo Nacional de ANEP.

Paolo Cascante Marín
Presidente de la Seccional ANEP ADMINISTRATIVA

Don Elián no tiene, ni tendrá, problemas para comprar la canasta básica por más alto sea el impuesto de ventas que le pongan

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  • Rotunda oposición de la ANEP a aumentar el i.v.a para la canasta básica
  • La canasta básica debe ser exonerada, totalmente, de pagar i.v.a
  • Gobierno de Alvarado legitima la democracia de la calle como mecanismo de defensa civil contra la violencia económica

Don Elián Valverde Villegas, Ministro de Hacienda, propuso en la mesa de diálogo gobiernista, aumentar el más que injusto Impuesto al Valor Agregado (IVA), a la canasta básica, para elevarlo de su actual 1 % hasta el 13 %.

Don Elián, al igual que todas las personas jerarcas integrantes de la alta cúpula gubernativa de Alvarado, no ha tenido ni tendrá dificultad alguna en pagar el impuesto IVA a la canasta básica, por más alto que éste sea.

Es completamente censurable que don Elián no tuviera reparo alguno, ni un ápice de sensibilidad social, para lanzar semejante propuesta en medio de la actual crisis económico-fiscal y de salud pública que sufren las mayorías ciudadanas de nuestro país; especialmente quienes son integrantes de la clase trabajadora con empleo o sin él, sumidas en la informalidad y hasta en el hambre.

Bien se sabe que el impuesto al valor agregado, IVA, es el más injusto de todos los impuestos; y que aplicado a la canasta básica resulta doblemente injusto. El IVA por sí solo y cargado a la canasta básica, es propulsor de la creciente desigualdad que azota a la democracia costarricense; desigualdad que ya era torturante para la mayoría del pueblo costarricense desde antes de la llegada de la pandemia.

ANEP deja constancia pública de su rotunda oposición a que se aumente el IVA a la canasta básica en cualquier proporción. Por el contrario, a la canasta básica hay que exonerarla de pagar tal impuesto, como siempre ha sido nuestro planteamiento original. Fue un grave error político de la actual Asamblea Legislativa cuando la gravó con ocasión de la tramitación de la ley 9635, el “combo fiscal”.

A los sectores pudientes que tendrían la opción de favorecerse por una exoneración generalizada de carga IVA a la canasta básica, se les puede poner otro tipo de impuestos que gravan la acumulación y la riqueza misma; algo de lo cual carece el actual y perverso sistema tributario costarricense, injustamente regresivo.

Don Elián, Alvarado y todo el gobierno lo que hacen es, sin “proponérselo”, darle un espaldarazo a la necesidad de nuevos episodios de lucha social bajo el concepto de Democracia de la Calle; legitimando la necesidad de la autodefensa civil del pueblo costarricense contra esta forma de violencia: violencia económica.

¡Sí!, es violencia económica quitarle a una familia trabajadora desempleada, agobiada por el alto endeudamiento salarial, precarizada por la pérdida descendente del poder adquisitivo del salario cuando el costo de la vida sigue siendo altísimo, entre 7 mil y 25 mil colones por aumento del IVA a la canasta básica. ¡Eso es violencia económica!

Esta injusta y desequilibrada propuesta de impuestos a la canasta básica, es parte de la actual estrategia gubernativa de cara a un “nuevo” planteamiento para el Fondo Monetario Internacional (FMI); estrategia que se está implementando en la mesa de diálogo de Alvarado, ante la urgente necesidad que éste tiene de obtener algo de legitimidad social para ir de nuevo al indicado ente.

Hacemos votos y redoblamos nuestro compromiso y esfuerzo por una nueva y revitalizada expresión popular lo suficientemente contundente e impactante, para una defensa civil activa, por todo el país, contra esta violencia económica gubernativa.

Albino Vargas Barrantes, Secretario General ANEP
Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto ANEP

ANEP rechaza, de manera contundente, proyecto de Empleo Público

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De manera contundente, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), rechaza, con toda contundencia, el Expediente Legislativo No. 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público, a punto de dictaminarse en la Comisión de Gobierno y Administración de la Asamblea Legislativa.

Esta decisión, unánime y firme, de la Junta Directiva Nacional (JDN) de la organización, se adoptó en su sesión No. 2217, de este viernes 30 de octubre de 2020.

Luego de un profundo análisis de dicho proyecto de ley, en sus distintas versiones, todas surgidas de la más irresponsable improvisación gubernamental, los defectos y las aberraciones de naturaleza político-jurídica contenidas en ese proyecto, provocan el más fuerte rechazo de la ANEP, así como de todo el mundo obrero y gremial de la clase trabajadora asalariada del sector Público.

El Expediente Legislativo 21.336, denominado Ley Marco de Empleo Público constituye una “colección” de violaciones al orden constitucional todavía vigente en el país, surgido en 1949; atropella compromisos-país, mediando las correspondientes legislaciones, contraídos con el orden jurídico-legal global:  tanto a nivel de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), como de los sistemas continental y mundial en materia de Derechos Humanos (DD.HH.); los correspondientes al propio Sistema Interamericano de Derechos Humanos como el que tutela la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Por otra parte, la creación de una mega-ministerio, una súper-cartera ministerial, por encima de la división constitucional de poderes, convertiría al Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplan), en una entidad de verticalista corte autoritario, al mejor estilo de estados totalitarios que sumieron a sus respectivos pueblos en vivencias de inenarrable dolor y sufrimiento. Esta circunstancia, quizás la más aberrante de este nefasto proyecto de ley, le desnuda en cuanto su carácter profundamente antidemocrático.

La desaparición, prácticamente explícita, del concepto filosófico-político que animó la estipulación constitucional de Servicio Civil, lleva a la Dirección General de Servicio Civil a un estadio peor que el que presenta en la actualidad: del control de la Casa Presidencial pasa a “departamentalizarse” dentro del ente totalitario del Mideplan. El retroceso aquí es inaceptable para las conciencias democráticas de verdad.

El confuso e incomprensible sistema de evaluación de desempeño que propone este proyecto 21.336, convierte a la persona trabajadora empleada pública, en “esclava” de la jefatura intermedia, dado que dos evaluaciones consecutivas negativas, inferiores al 70 % produce el despido, ipso facto, sin indemnización alguna.

Decimos “esclava” por cuanto la negativa de concesión de favores sexuales, la diferencia de color partidario, los celos subjetivos por capacidades, malas relaciones interpersonales no canalizadas y más bien acumuladas, rencillas, militancia sindical, etc.; pueden convertirse en factores de peso al momento de la evaluación anual, sin que los derechos a la debida defensa y al debido proceso, sean considerados de peso como para imponer la máxima objetividad posible en el proceso evaluativo. Prácticamente, será la indefensión, la característica fundamental en tal sentido.

Las consideraciones críticas presentadas por la ANEP ante la indicada comisión legislativa, jamás fueron tomadas en cuenta. Pese a ser elaboradas por prestigiosos profesionales en el Derecho Laboral, de sólida formación y experiencia más que sobrada, nos sentimos burlados en cuanto al magno esfuerzo que realizamos para demostrar la perversidad antijurídica y anticonstitucional de ese proyecto 21.336.

Es por ello que pensamos que el sensible tema del empleo público debe discutirse en un foro “descontaminado” de los prejuicios ideológico-políticos y mediáticos que han vulnerabilizado las posibilidades de una discusión objetiva y transparente. Además, es más que notorio cuál es el clima sociopolítico reinante en el país y la naturaleza ultra-sensible de la paz social en estos momentos. Ese proyecto 21.336. solamente significa más gasolina en el fuego ardiente de la disconformidad social, prácticamente, generalizada.

El Foro Multisectorial de Diálogo Nacional que está desarrollando la Asamblea de Trabajadores y de Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (ATTBPDC), ofrece la posibilidad de que una discusión sana se dé en materia de empleo público. ANEP aspira a que así sea.

Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP)

Albino Vargas Barrantes, Secretario General

Wálter Quesada Fernández, Secretario General Adjunto

 San José, viernes 30 de octubre de 2020.

Trabajadores solicitan garantías de salud ocupacional para ser trasladados a nuevas instalaciones

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Trabajadores municipales de la Unidad de Construcción, Obras y Mantenimiento de Edificios de la Municipalidad de San José, solicitan al ayuntamiento josefino brindarles las condiciones de salud ocupacional optimas antes de realizar cualquier traslado de la unidad a una nueva sede.

La solicitud de los trabajadores se da luego de que este lunes autoridades municipales clausuran la bodega de esta unidad, luego de que un camión recolector de basura impactara la estructura, sin embargo, los trabajadores aducen que esta no sufrió daños mayores.

Representantes de la ANEP en la Municipalidad de San José indicaron que actualmente existe una solicitud al Ministerio de Salud para que evalué las condiciones con las que debe contar el nuevo inmueble para albergar las cuadrillas, además de un Recurso de Amparo presentado por otra organización sobre el mismo tema. Por lo que aducen que hasta que no se resuelva esta situación no realizarán el traslado